La institucionalización de los movimientos sociales y su desarticulación

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De Sandra Petrovich Gómez

La desmovilización de los movimientos sociales como consecuencia de la institucionalización promovida por el progresismo y el estado. 

“La institucionalización es función del fracaso de la “profecía”. Es un proceso que los términos “movilización””burocratización”, “traición de los dirigentes” etc, describen muy mal. No se trata de un fenómeno extraño, y menos aún de una consecuencia de la “perversidad de la naturaleza humana”, si no de un proceso político muy claro”. “La institucionalización no es más que la negación del proyecto de que era portador el movimiento social al reclamarse místicamente de la “misión” o la “función de la institución”. René Lourau(instituido, instituyente, contra institucional)
A la hora de analizar en este caso el movimiento social en Uruguay en materia de derechos humanos, es pertinente echar una mirada retrospectiva del mismo, a fin de poder entender y/ o mejor interpretar la actualidad en estos temas. Temas que por otra parte ocupan y preocupan por motivos diferentes a encontrados sectores de nuestra sociedad. Convengamos primero que la fuerza política del Frente Amplio instituida actualmente en gobierno, nunca fue una herramienta de la cual se pudiera esperar alcanzar cambios profundos en la sociedad, operando dentro del sistema del estado , dominado por la burguesía nacional y los grandes capitales corporatistas.
Por lo tanto no era más de esperar que una vez en el gobierno tan solo pretendiera una mejor administración del sistema capitalista y eventualmente llevar adelante algunas reformas sociales dentro de las instituciones constituidas.
Tenemos entonces que el Frente Amplio llega al gobierno en Uruguay no porque la izquierda haya experimentado un crecimiento real en base a su programa reformista fundacional, si no que llega porque justamente con el tiempo va devaluando su programa y desdibujando con ello su perfil político. De todas formas el Frente Amplio logra enraizar una mística del cambio en el seno de las capas populares, favorecido por lo que representó la fuerza política como espacio de resistencia durante la última dictadura militar de los años 70 y por el agotamiento de los partidos tradicionales conservadores.
Esta mística es la que garantiza que el gobierno opere casi sin oposición; es la que al fin de cuentas favorece la institucionalización del proyecto de cambio que sobretodo estaba en el imaginario colectivo de la gente más que en la real intención de la mayoría de sus dirigentes.. Esta reflexión nos sirve para lograr un mayor entendimiento acerca de lo que ocurre en materia de derechos humanos en nuestro país y su actual encrucijada o encerrona según se lo mire.
Desde la Comisión por la Paz en su momento, presidida por el cuestionado Gonzalo Fernández, pasando por el famoso “estado del alma” hasta la conformación de la Coordinadora por la Anulación de la Ley de Caducidad, algo se fue procesando en torno a uno de los temas que mayor movilización congrega dentro del pueblo uruguayo, y esto fue sin duda alguna el haber encausado este reclamo dentro del marco de la institucionalidad del estado. En ese terreno es donde el campo popular pierde la contienda y se produce la desmovilización.
Así es que en el transcurso del proceso la fuerza política del Frente Amplio y su gobierno van a criminalizar y aislar a los sectores que se movilizaron en los “escraches” que durante años estuvieron en la calle señalando a los asesinos y torturadores de la dictadura. ¿Porqué esto? Con seguridad hoy aparece evidente que había que darle un cauce institucional al reclamo por la anulación de la ley de caducidad para conducirlo a un fracaso difícil de revertir. Hoy asistimos a tímidas y formales convocatorias por parte de ciertas organizaciones sociales entre ellas el PIT-CNT (central obrera) y la FEUU (Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay). Estas convocatorias se siguen dando cita en Plaza Libertad; lejos bien lejos del parlamento o de los partidos políticos que no quieren ni nombrar la Anulación de la Ley de Caducidad. Sobre esto en algún momento los políticos deberán dar cuenta ante un pueblo que creyó casi a ciegas en ellos y que hoy no entiende. Estas organizaciones sociales tanto el PIT-CNT como la FEUU que hoy convocan sin movilizar, forman parte del gobierno o son funcionales al mismo, ya no operan con autonomía y este es el primer y más importante paso para la aniquilación del movimiento popular.
¿Cuál es el dilema hoy, consecuencia de todo el proceso antes descrito? Por una parte tenemos que la Suprema Corte de justicia ya se pronunció en el tema y optó por aplicar las normas internacionales, cuando corresponda. Resta a saber que aptitud va adoptar el parlamento y ya se habla de encontrar una solución transitoria reformando eventualmente el código penal. El círculo se estrecha y al Frente Amplio le está llegando la hora, el punto de quiebre en donde o será consecuente con lo prometido al pueblo o será responsable de la consagración de la impunidad en nuestro país. Que el pueblo registre, que haga memoria, porque ¡después será después!
Lo único de desear es que a partir de ese momento se produzca el corrimiento de las bases, de las instituciones del sistema, como única forma de transitar un camino que recupere su dignidad recuperando su espíritu de lucha.

http://www.alternativas-uy.org