Ante la solicitud de público conocimiento de la Cruz Roja Internacional, la Mesa Permanente contra la Impunidad manifiesta su repudio e indignación ante un pedido que se opone a todos los acuerdos en DDHH vigentes y que llega para incidir en la campaña electoral.
De acuerdo a nuestras leyes, no pueden beneficiarse con reclusión domiciliaria aquellas personas que hayan sido procesadas por violaciones a los derechos humanos
Este trámite es una burda maniobra pergeñada por los represores y genocidas desde el lugar del que nunca deben salir. Consideramos que este pedido no es vinculante -pues no obliga- a ningún poder del Estado, y que no debió nunca ser gestionado.
Montevideo, 1 de noviembre de 2014
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