La filial uruguaya del laboratorio trasnacional de origen británico Glaxo Smith Klein (GSK) aplica sobreprecios que varían entre 1.000 y 2.000 por ciento sobre el costo de importación de sus medicamentos. Esa política, que reporta ganancias fabulosas justificadas en un sistema de libre mercado, concierne a productos esenciales para combatir enfermedades que afectan la vida, como el Sida, la trombosis, infecciones y cuadros autoinmunes.
Los registros de Aduana sobre más de una docena de medicamentos importados por Glaxo Uruguay revelan que los precios de venta al público muestran incrementos de entre diez y 19 veces el costo de importación, una vez abonados todos los impuestos y recargos. Sin embargo, los organismos del Estado vinculados a la salud y al comercio exterior confiesan desconocer tal situación y en algunos casos admiten que, en el régimen de libre mercado imperante, la empresa no está impedida de aplicar dichas ganancias, por más que sean escandalosas. Fuentes del sector de los medicamentos explicaron a SdR que los costos de comercialización en Uruguay nunca justifican tales precios, valores muy superiores de productos similares, y que tampoco se corresponden con los precios de los mismos productos de Glaxo en países de la región como Argentina y Brasil.
Enfermarse es caro
Un exhaustivo seguimiento de los precios CIF (Cost Insurance Freight, o sea: el costo en origen más el seguro y el flete), los gastos en muelle y los recargos de Aduana, revela los incrementos de cuatro medicamentos de Glaxo: Telzir, Bactroban, Betnovate y Tracrium, a partir de su ingreso a Uruguay (véase tabla). La investigación incluye el precio de importación, el precio de venta al público y el comparativo con el precio al público en Argentina. El sobreprecio más espectacular lo exhibe Telzir, un medicamento antirretroviral, a base de fosamprenavir, inhibidor de la proteasa, que se receta en el tratamiento de infecciones de VIH-SIDA. Sesenta comprimidos de Telzir tienen un precio de importación de 1.802 pesos, y en farmacias se compra a 34.433 pesos; en Argentina puede adquirirse a 8.158 pesos uruguayos.
Betnovate es una crema antiinflamatoria a base de betametasona 17- valerato, que se aplica en casos de eccema, inflamaciones y reacciones alérgicas. Glaxo Uruguay lo importa a 54 pesos y lo comercializa a precios que oscilan entre 500 y 600 pesos; en Argentina, Glaxo lo comercializa al equivalente de 80 pesos uruguayos, de modo que el mismo producto vale aquí 6 veces más.
Bactroban, un ungüento antibiótico, se aplica en infecciones de la piel y se vende a 621 pesos en farmacias; es el ejemplo de mayor distancia con el precio de importación, que Aduana registra en 29 pesos, es decir, un incremento de 2.000 por ciento. Tracrium inyectable es un bloqueador neuromuscular como complemento de la anestesia general para facilitar la intubación traqueal. Su precio minorista es de 3.499 pesos y en Argentina de 353, pero Glaxo paga 206 pesos por cada envase importado de cinco ampollas. (Los precios del registro de importación fueron calculados a 25 pesos por dólar, y los precios de Argentina a 2 pesos uruguayos por cada peso argentino.)
A esos ejemplos se suman la crema para tratamiento de la psoriasis Dermovate, que tiene un costo de importación de 50 pesos y se comercializa a 785 (1.550 por ciento), el inyectable Arixtra para pacientes con trombosis (formación de coágulos en vasos sanguíneos), que se importa a 663 pesos y se comercializa a 11,327 (1.700 por ciento), o el inmunosupresor Imuran, que aquí se vende por encargo a más de 17.000 pesos por cien comprimidos y en Argentina ronda los 3.000.
Las enfermedades que tratan estos medicamentos son de lo más variadas. El Telzir se administra a pacientes con VIH/ SIDA, enfermedad que afecta a unos 14.000 uruguayos. El Imuran, por su parte, se administra a pacientes con Behcet, una enfermedad autoinmune considerada “rara” por la Organización Mundial de la Salud, que de acuerdo a su prevalencia no afecta a más de veinte personas y no cuenta con el apoyo de los médicos para la administración de medicamentos genéricos. Con demandas tan disímiles, ¿es válido que “el mercado” sea el que determine los precios?
Viva la pepa
Sobre la regulación del precio de los medicamentos existe un gran vacío en nuestra legislación y en las normas de los organismos relacionados. Ricardo Steineck, un empresario del ramo que ha trabajado en comercio exterior durante varios años, explicaba a Sala de Redacción cómo se llegó a la situación actual: “Antes los precios de los medicamentos y de otros insumos de primera necesidad estaban regulados por la Dirección Nacional de Costos Precios e Ingresos (DINACOPRIN); entonces, cuando alguien introducía un producto nuevo al mercado tenías que presentar el costo. Y si era un producto importado se multiplicaba el costo final por un coeficiente de 1.9. Con eso se obtenía el precio al que se le vendía a la farmacia. Después la farmacia tenía una utilidad que se obtenía de multiplicar aquel precio por 1,53125, que resultaba en el precio final al público”.
Las afirmaciones de Steineck fueros confirmadas por un reputado químico farmacéutico, que prefirió quedar en el anonimato, pero que afirmó que “las ganancias de los laboratorios siempre fueron de porcentajes de más de dos cifras, y si era complicado antes, peor es ahora, que está liberado de la regulación. Tratar de penetrar esto es como darse contra un muro”.
Si la regulación estuviera vigente en la actualidad, el mencionado Telzir saldría 5.243 pesos, muy lejanos de los 35.000 pesos a los que se comercializa, y más cercanos a los precios de Argentina. El Tracrium, por su parte, costaría 600 pesos, no 3.500. Tales cifras contemplan las utilidades del importador y de las farmacias.
Steineck mencionaba que incluso con los controles se lograba hacer “trampa”, ya que se declaraba un precio de importación alto y luego se traía la mercadería más barata, pero el primer costo declarado fijaba el precio. Más tarde cuando la situación entró en cierta anarquía, los precios empezaron a ser fijados por los importadores y los intermediarios.
Por su parte, el químico farmacéutico consultado agregó algunos detalles sobre la práctica. Explicó que las drogas, fueran o no producidas en nuestro país, debían venir de la casa central de los laboratorios o de empresas autorizadas por los mismos. Teniendo el negocio aceitado y las confianzas ganadas, se pedía a la casa central o a los intermediarios que traían la droga, que facturaran un precio mayor. A partir de esa factura se fijaba el precio y en las siguientes transacciones los costos eran mucho menores.
En la experiencia de Steineck (“Yo importaba materias primas, conocía lo costos del papel aluminio, del blister, de la cajita”) los sobreprecios siempre fueron práctica común en esta rama del comercio: “Un medicamento que en una farmacia valía 200 pesos, tenía un costo de 7, 8, 9 pesos”. (*)
Si bien el químico consultado coincide en los rangos de los costos de los medicamentos, señala que existe una gran diferencia en los precios, según fueran para una mutualista o para una farmacia: “En el caso de las mutualistas recibían los medicamentos, así como sucede en la actualidad, a precios ínfimos, mientras que las farmacias están sometidas a precios de lista homogéneos que les dan un pequeño margen de ganancia”.
Las políticas de beneficios en el comercio con medicamentos siempre estuvieron bajo sospecha. Consultado por SdR, Edgardo Oyenart, delegado del Sindicato de la Industria del Medicamento y Afines a la Mesa Representativa del PIT-CNT, dijo que desconocía el caso de los sobreprecios en los medicamentos de Glaxo, y que los trabajadores no accedían a los costos de producción, por lo que no podía afirmar si las ganancias de los laboratorios se trasladaban en proporción a los salarios de los trabajadores.
No sabe, no contesta
Resulta necesario preguntarse si casos como el del comercio de medicamentos no ameritan un control de precios. Tal como está regulada la leche, podrían estarlo estos productos que en muchos casos son indispensables para preservar la vida.
La Dirección Nacional de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas fue el órgano que suplantó a la DINACOPRIN. Consultada sobre el tema de la regulación de precios de medicamentos, la Directora General de Comercio, economista Rosa Osimani, dijo que “nuestro organismo no controla los precios de los medicamentos. Solo informamos sobre precios de alimentos y productos de limpieza. El único precio que se controla es el de la leche”.
El Ministerio de Salud Pública (MSP), por su parte, tampoco tiene el tema entre sus atribuciones. El subsecretario del Ministerio, Leonel Briozzo, explicó que “la compra a nivel público está regulada por la Unidad Centralizada de Adquisiciones. La venta de fármacos a nivel privado está regulada por la oferta y la demanda y, de acuerdo a lo que tengo entendido, con topes que pone el ministerio en algunos de ellos; pero no sé realmente”. El encargado de Comunicación y Prensa del MSP, José Luis Varela, explicó que “el Ministerio se encarga de evaluar la seguridad del medicamento para la salud, no del precio. Si lo quieren cobrar a 10 pesos o 10 millones de dólares es un problema de oferta y demanda”. Ninguno de los funcionarios consultados tenía conocimiento de los precios que Glaxo Uruguay fija para sus productos importados; algunos de ellos manifestaron auténtica sorpresa.
Detrás de los precios de los medicamentos hay un aspecto ético que cuestiona la práctica de maximizar utilidades con la salud. Pero todos los intentos por obtener comentarios de ejecutivos de Glaxo Uruguay fueron infructuosos. El experto químico consultado afirmó que, según su experiencia personal, “no es Glaxo el único que lleva adelante estas prácticas, sucede en todos los laboratorios desde siempre”; pero no fue posible verificar la afirmación. Por lo pronto, la posibilidad de multiplicar los precios guarda relación con la importación de productos de la misma empresa.
Mientras el Estado adhiera a la política de permitir, sin intervenir, el criterio del libre mercado en rubros sensibles como los medicamentos, parece poco probable que la situación se revierta en el caso de pacientes que deben desembolsar cifras significativas para acceder a fármacos como los de Glaxo. Mientras, como dijo Steineck, algunas empresas “juntan la plata en pala”.
María Florencia Cremonese
(*) Una vez publicado este informe el Sr Ricardo Steineck se contactó con Sala de Redacción para precisar que sus aportes a la nota anterior se referían exclusivamente a los precios abusivos por parte de empresas importadoras, y no de las que tienen producción nacional, con plantas uruguayas y trabajadores uruguayos, que hacen un enorme esfuerzo para competir con sus productos nacionales y tienen una gran vocación de innovar e invertir para mejorar en forma permanente sus procesos y sus productos. Dejamos constancia.
Multas por 3.000 millones de dólares
La
gigante multinacional del medicamento Glaxo SmithKlein (GSK) ha estado
en la picota del mundo en los últimos años por sus dudosas prácticas de
venta, que la llevaron a pagar multas millonarias en Argentina, Estados
Unidos y China.El vecino latinoamericano fue el más indulgente de los Estados, con una multa de 179.000 euros, aplicada en 2012, por la acusación de falsear permisos para ensayos clínicos en niños, que causaron la muerte de 14 bebés entre 2008 y 2009. El mismo año la trasnacional fue penada con una multa de 3.000 millones de dólares en Estados Unidos, país en el que se declaró culpable de promover dos medicamentos para usos no aprobados y por no brindar información de seguridad de un tercero. El caso más destacado fue el del medicamento para la diabetes Avendia, que provocó infartos, y en algunos casos la muerte, entre 50.000 y 100.000 estadounidenses. Además admitió que tenía en nómina a miles de médicos a los que incitaba a recetar sus productos a cambio de viajes alrededor del mundo.
Cuando parecía que las prácticas desleales habían acabado, GSK fue sorprendida, una vez más, en China. Fue en setiembre pasado cuando la empresa fue declarada culpable por organizar una red gigantesca de sobornos en hospitales y centros médicos del país que resultó en el encarcelamiento de varios jerarcas de la empresa y una multa de 379 millones de euros.
María Florencia Cremonese
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