Marcelo Marchese
Amenaza: “Si ellos entran, quemamos el hogar”, dijeron cabecillas del motín
Lindo por fuera
EDUARDO BARRENECHEjue nov 27 2014
EDUARDO BARRENECHEjue nov 27 2014
La amenaza consta en el expediente judicial del
motín, ocurrido en la noche del viernes 21, en el Centro de Estudio y
Derivación del INAU. El establecimiento, ubicado en General Flores y
Bulevar Artigas, fue inaugurado hace ocho meses.
En las declaraciones efectuadas el lunes 24 ante el
juez de Adolescentes Gerardo Peduzzi y la fiscal Nancy Hagopian, los 16
menores que se amotinaron advirtieron que no aceptarán que los dos
funcionaros cuestionados —cuyos nombres no fueron divulgados— integren
la plantilla de trabajo del Centro "porque verduguean" a los internos.
"Reiteramos: se va a pudrir todo", testificó un
adolescente de 17 años. Se trata del único reincidente alojado en el
centro y uno de los cuatro organizadores del motín, según autoridades
del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), organismo que
gestiona los hogares con privación de libertad del INAU.
Reglas.
"Algunos muchachos de ese centro no quieren reglas
estrictas, como tener horarios para levantarse, para las comidas, los
recreos o la higiene. Se molestan con los funcionarios que hacen cumplir
las normas tal como ha establecido el Directorio" del organismo, dijo a
El País el presidente del Sirpa, Ruben Villaverde, quien también
concurrió el lunes 24 a declarar sobre el motín.
Al finalizar las a udiencias, donde también prestó
testimonio el integrante de la dirección Jorge Gago, el juez Peduzzi
hizo lugar al pedido de Hagopian y les inició procedimientos a los
amotinados por un delito de atentado, daños y lesiones personales
(lesionaron a tres funcionarios).
A las 21:30 horas del viernes 21, después de la cena,
16 adolescentes internados en uno de los cuatro módulos del Centro de
Estudios y Derivación comenzaron a golpear las puertas. El
establecimiento aloja a 60 menores infractores.
Un grupo de los amotinados logró acceder al salón
multiuso. El coordinador del centro ingresó y trató de mediar. En ese
momento los adolescentes trasmitieron su única demanda: el cese de dos
funcionarios.
.
Ante el juez Peduzzi, el coordinador del centro confirmó las palabras de los adolescentes. "Ellos me dijeron que iban a quemar todo. No supe que iba a ser algo tan extremo". Además de destruir sensores de movimientos colocados en las celdas, los internos rompieron micas (láminas aislantes) y muebles. Pese a la medida, las autoridades del Sirpa decidieron mantener a los dos funcionarios cuestionados en el establecimiento de General Flores. Nuevo. El Centro de Ingreso, Estudio, Diagnóstico y Derivación (Ciedd) fue inaugurado el 22 de abril de este año y presentado como un "centro modelo" para menores con medidas judiciales cautelares. El establecimiento sustituye al ex Hogar Puertas, ubicado en Burgues y Espinillo, como puerta de entrada del sistema. Ese hogar, en muchas oportunidades, había sido ocupado por el gremio del INAU como medida de presión para poder alcanzar sus demandas. Hoy, en el nuevo centro, técnicos de diferentes materias elaboran un perfil de los adolescentes infractores derivados por la Justicia y luego proponen en qué tipo de hogar deberán ser internados. Después de dos años de rozar el colapso por falta de plazas, el gobierno inauguró el flamante establecimiento con bombos y platillos. Además de los celdarios, el local cuenta con espacios abiertos, salones multiusos y una sala de recreación. A los funcionarios y a los internos, el INAU les otorga vestimenta. En agosto de este año, una denuncia por malos tratos por parte de funcionarios en ese centro, generó un enfrentamiento entre jerarcas del sistema y el gremio del INAU. Villaverde concurrió personalmente al centro junto con su asesora legal, Mónica Rodríguez, y tomaron actas. Luego de la investigación administrativa, se les inició sumarios a 12 funcionarios, de los cuales ocho sufrieron separaciones del cargo. Además se presentó una denuncia penal. El secretario general del sindicato del INAU, José Lorenzo López, dijo a El País que dos de los separados del cargo no estuvieron en el turno donde se generó el incidente con los menores internados. "Se cambió las reglas de juego. Antes, se esperaba que terminaran las investigaciones para hacer las denuncias penales. Hoy no se están dando las garantías del debido proceso. Se sigue el lema: por las dudas, denuncio. Entonces nosotros vamos a seguir la misma lógica", dijo López. Villaverde, por su parte, señaló a El País que la relación con el gremio "es correcta" y que solo tuvo diferencias "en un solo caso", lo cual "no da para pensar" que hay un cambio en las reglas de juego entre ambas partes. Comcar: copia del original Motines para boicotear reglas internas en los centros de reclusión también han tenido lugar en las cárceles de adultos. En febrero de 2011 ocurrió un incidente en el Módulo 3 del Comcar. A partir de ese momento la Policía dejó de ingresar en ese módulo hasta su cierre definitivo. Los módulos 2, 4 y 5 de ese penal estaban "boqueteados", lo cual permitía a los presos pasar de una celda a otra. El Módulo 1 estaba semiboqueteado. En esos módulos la presencia policial era limitada. En los últimos dos años, esos módulos fueron cerrados o refaccionados.
Eduardo Barreneche
Así lo denunciaron al Comité de los Derechos de
Niño educadores del instituto, familiares e internos, dijo a El País el
integrante de esa organización no gubernamental, Luis Pedernera. "Se
nos ha dicho que en algunos hogares del INAU viene gente de afuera y
golpea a los gurises internados. Es decir, hay un uso excesivo de la
violencia según los testimonios que recibimos", reiteró Pedernera.
El activista señaló que viajará mañana lunes a Ginebra,
Suiza, a una reunión de la Organización Mundial contra la Tortura,
dirigida por el suizo Eric Sottas. "Seguramente vamos a incluir la
existencia de ese grupo en el informe que se hará sobre los derechos de
los niños y adolescentes en Uruguay", adelantó Pedernera.
Los integrantes de esta fuerza de choque -generalmente
son entre 12 y 15 funcionarios con una experiencia de 20 años en el
manejo de adolescentes infractores- acuden en un micro a un centro de
internación amotinado o donde hay que realizar una requisa.
Según fuentes del INAU, los requisitos de los llamados
para integrar este equipo son dos: tener una buena complexión física y
haber aprobado sexto año de Primaria.
En diciembre del año pasado, ingresó una tanda de 400
funcionarios, de los cuales fueron seleccionados para formar parte de
este grupo aquellos con mayor complexión física, agregaron las fuentes.
En sus inicios este grupo fue creado para realizar
traslados, luego recapturar a jóvenes fugados y hoy se encarga de
intervenir en motines. "Su rol es apoyar a los funcionarios del centro
movilizado", dijo a El País el presidente del Sistema de Responsabilidad
Penal Adolescente (Sirpa), Rubén Villaverde. El Sirpa es un organismo
que gestiona los centros de internación del INAU, y que comenzó a
funcionar el 11 de abril de 2012.
Tanto en la Colonia Berro, Canelones, como en los establecimientos de Montevideo se utiliza un sistema similar de seguridad.
En la noche del domingo 17 y madrugada del lunes 18
en el Centro de Medidas Cautelares (CMC) de Montevideo, varios internos
rompieron un televisor y con los pedazos de vidrio hirieron a dos
funcionarios. "De inmediato la dirección del Centro convocó a esta gente
y concurrieron 15 funcionarios a hacer una requisa general en el
establecimiento para controlar la situación", dijo Villaverde.
Advirtió que las actuaciones de este grupo se
realizan "en forma profesional", aunque aclaró que en los casos donde
existieron denuncias de malos tratos se han realizado investigaciones
administrativas, sumarios y denuncias penales.
Una opinión similar señaló el director del Sirpa
José María Mieres (Partido Nacional). "Se trata de un grupo de
funcionarios que no es orgánico. Se conocen entre ellos y se ayudan
cuando ocurren incidentes en los hogares", dijo a El País.
Mieres rechazó que este grupo utilice golpizas para
reducir a los menores. "Si los funcionarios utilizaran la fuerza
desmedida, los internos terminarían en el hospital", dijo.
Malos tratos.
En las últimas tres semanas, las autoridades del
Sirpa debieron enfrentar tres situaciones críticas: un funcionario
denunció la existencia de golpizas a internos en el Hogar SER; a un
adolescente del Hogar Cimarrones se le dejó salir en libertad sin aval
judicial y cometió dos rapiñas y dos secuestros hasta que fue
capturado en Rocha; y 15 menores se amotinaron y luego se fugaron del
Centro de Internación Transitoria en la noche del domingo 17. Tras una
serie de recapturas y entregas, cinco fugados quedan aún prófugos.
El lunes 18, menores recapturados denunciaron ante
la jueza de Adolescentes Teresa Larrosa y la fiscal Nancy Hagopian que
fueron golpeados después de ser alojados en el Hogar SER de la Colonia
Berro. Hagopian solicitó que se citara a Villaverde para el día
siguiente. "En esa audiencia se habló del tema del motín y efectivamente
había jóvenes que fueron golpeados", dijo a El País el defensor de
oficio de menores, Daniel Sayagués Laso.
Según el abogado, los golpes "no ocurrieron durante
el motín en el Centro de Internación Transitoria sino en el Hogar SER.
Se trajo a jóvenes que le contaran a Villaverde lo ocurrido, se los
derivó al médico forense para que comprobaran las heridas y se remitió
el testimonio a la Justicia Penal".
Según Villaverde, un adolescente planteó una
disconformidad con la cena que le habían dado y agregó que otro interno
declaró en el Juzgado que había recibido un golpe. "El chiquilín se
levantó la camiseta y me mostró que tenía un raspón en la cadera",
indicó.
Villaverde anunció que ordenaría investigaciones.
Denuncia penal y liberaciones
En 13 días, el INAU enfrenta dos denuncias penales.
El miércoles 6, la fiscal de Menores, Nancy Hagopian solicitó que la
Justicia de adultos investigara al Hogar Cimarrones por permitir que un
adolescente saliera sin autorización judicial y luego protagonizara un
raid que incluyó rapiñas y secuestros en Montevideo y Rocha. El martes
19, menores del Centro de Internación Transitoria recapturados
denunciaron haber recibido una golpiza de funcionarios en el Hogar SER.
El caso también fue derivado al Juzgado Penal.
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