Fiscalía pidió condena de oficiales y proveedores
Armada: Manejo irregular de fondos “era de toda la vida”
El fiscal Carlos Negro solicitó la condena de tres marinos, entre ellos, el contralmirante (r) Hugo Viglietti, y una decena de proveedores por ilícitos en la Armada. Uno de ellos dijo que estas maniobras eran “normales” en toda la Armada.
En efecto, Negro solicitó la condena de los involucrados por los delitos de “fraude” y “abuso innominado de funciones”. En el caso de Viglietti y el oficial Ricardo Rossi, el fiscal reclamó una pena de seis meses de prisión, dos años de inhabilitación especial y una multa de 80 Unidades Reajustables (UR) por los perjuicios económicos contra la administración pública.
Además, se pidió la condena del oficial Carlos Barrero como autor de “un delito continuado de fraude”; en su caso se reclamó una pena de 20 meses de prisión, dos años y seis meses de inhabilitación y multa de 150 UR. También se reclamó la condena de diez proveedores de la Armada a penas de entre trece y quince meses de prisión, como responsables de un delito de “fraude”, según el documento al que accedió Caras y Caretas Portal.
En setiembre de 2010, la jueza Graciela Gatti (hoy ministra de Tribunal de Apelaciones) dispuso el procesamiento con prisión del ex comandante en Jefe, Juan Fernández Maggio y de los capitanes de navío Gerardo Feble, Pablo Da Costa y Danilo Damonte por un delito continuado de fraude, tras comprobarse la “compra fantasma” de una grúa hidráulica y un banco de pruebas para motores por casi 600.000 dólares.
Sin embargo, la indagatoria judicial se extendió hacia más de una decena de compras irregulares, o “compras ficticias”. Ese expediente derivó en el procesamiento de Viglietti y otros dos oficiales, así como una decena de proveedores, vinculados con las maniobras ilícitas. Se estableció que los oficiales de la Armada pergeñaron un sistema para apropiarse de dineros públicos en forma ilícita.
El núcleo de las maniobras involucran a Feble (ex jefe de la División Logística y ex agregado militar en el Consulado de Uruguay en Brasilia -Brasil-), Da Costa (integrante de la Dirección de Material Naval) y Barrero, y tenían como objetivo la obtención de “fondos frescos” que permitieran cubrir las necesidades económicas de la fuerza de mar.
En este marco, y tras analizar el expediente, el fiscal Negro concluyó que los oficiales tuvieron un proceder ilícito en, al menos, dieciocho “compras ficticias”, en las cuales los bienes y materiales adquiridos y pagados no ingresaron a la Armada Nacional. La acusación presentada por Negro destaca las tres formas utilizadas para apropiarse del dinero.
En la primera, se simulaba la necesidad de la compra para lo cual se falsificaban boletas, facturas y recaudos necesarios para dar apariencia de legalidad a las mismas -interviniendo tanto proveedores como marinos-, todo ello sin que los materiales fueran proveídos a la Armada. El proveedor retiraba los cheques, los cobraba y entregaba el dinero a los oficiales de la Armada, operativa por la cual obtenía el 10% del monto total de la maniobra.
Otra forma, era que se falsificaba la documentación y el dinero obtenido por tales compras se lo quedaba el proveedor para de esta forma cancelar deudas por anteriores adquisiciones que efectivamente se habían verificado, todo ello sin confeccionar un respaldo contable donde quedaran asentadas las mismas. La tercera maniobra era falsificar documentos para adquirir “en forma parcial” los materiales determinados en la compra; el resto del dinero era volcado a la Armada por parte el proveedor, todo ello sin un respaldo contable.
En este sentido, Barrero -uno de los oficiales acusados en esta instancia- declaró ante la Justicia que estas eran prácticas habituales en el servicio N4 -Logística-. “Se sabe por todo el mundo que en N4 se manejaban fondos irregulares de toda la vida. Es la voz de los corrillos”, afirmó Barrero ante la Sede. Incluso, el oficial dijo que el cambio de rubro después de una licitación “era normal en toda la Armada”.
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