Informe Preliminar
Montevideo, 8 de agosto de 2019
I. INTRODUCCIÓN
La VIII Asamblea Nacional de Derechos Humanos1 o Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo de la INDDHH, como cada año, convocó a dialogar en torno a las prioridades en materia de derechos humanos del país. La iniciativa reunió a 77 participantes provenientes de organizaciones de la sociedad civil, organismos del Estado y organismos internacionales con sede en Uruguay, a los que se sumaron integrantes de los equipos de trabajo de la INDDHH.
La convocatoria a la Asamblea Nacional del año 2019 se realizó bajo la propuesta “Derechos humanos: Estrategias para su exigibilidad”, debido a que la INDDHH aprobó para el período 2019-20232 su Plan Estratégico que enmarca las líneas de trabajo a desarrollar en ese lapso y ese tema es uno de los ejes que articulan dicho plan. Por esta razón, para poder intercambiar opiniones y explorar posibilidades de desarrollar acciones en conjunto, con los valiosos aportes de todos, es que se definió proponer la discusión en torno a ese eje.
II. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y CONFORMACIÓN DE SUBGRUPOS DE TRABAJO
Luego de la rendición de cuentas, la Asamblea se organizó en cuatro subgrupos temáticos que trabajaron en base al tema central de la convocatoria “Derechos humanos: estrategias para su exigibilidad” con 4 enfoques diferentes:
• Exigibilidad del derecho al acceso a la justicia y su relación con las garantías de no repetición de los delitos de lesa humanidad.
• Exigibilidad de la protección frente a la violencia institucional: en relación a la seguridad ciudadana y las garantías a las personas privadas de libertad.
• Exigibilidad del derecho a vivir en un ambiente sano.
• Exigibilidad del derecho a la igualdad y a la no discriminación
En este subgrupo se nuclearon 26 de las 77 personas que asistieron a la Asamblea, tenían como propuesta reflexionar en torno a los conceptos y situación de nuestro país con relación al acceso a la justicia y garantías de no repetición en casos vinculados a delitos de lesa humanidad. Para ello contaron con información actualizada sobre el tema, algunas definiciones como punto de partida y cuatro preguntas orientadoras del debate:
1) ¿Cuáles son los obstáculos principales que se visualizan para el avance de la justicia?
2) ¿A quiénes se interpela en el ejercicio de la exigibilidad de justicia?
3) ¿Cómo las organizaciones sociales pueden fortalecer y coordinar su agenda para aportar al avance de las investigaciones judiciales?
4) ¿Cómo la INDDHH puede fortalecer las acciones de promoción, defensa y protección del derecho a la justicia?
Las principales preocupaciones planteadas por el grupo fueron:
- En términos generales se expresa que “vivimos en una cultura de impunidad, debido a que los delitos de lesa humanidad siguen siendo un tema pendiente, principalmente como consecuencia de la inacción de los organismos del Estado.”
En particular el grupo destacó los siguientes obstáculos a la hora de exigir el cumplimiento del derecho al acceso a la justicia:
- La falta de voluntad política de los tres Poderes del Estado.
-El Poder Judicial en sí mismo se visualiza como un obstáculo, en particular, la política llevada adelante por la Suprema Corte de Justicia; que incumple las obligaciones que el Estado se ha comprometido al suscribir tratados y convenios internacionales, con eso ampara y retroalimenta la cultura de la impunidad en la que estamos viviendo.
- Muchas denuncias y causas se encuentran trabadas en los juzgados porque la Suprema Corte de Justicia ha decidido construir una muralla de impunidad, como lo han dicho públicamente.
- En ese marco, y referido a la Suprema Corte de Justicia detectan que hay opacidad en el mecanismo de designación de los Ministros: el nombramiento lo hace el Parlamento, no es explícita la negociación, se desconocen los argumentos de las decisiones. Este es un debe del parlamento y las fuerzas políticas que allí están presentes, y del Poder Ejecutivo que es quien propone al parlamento los candidatos.
- Se plantea preocupación por la dispersión y fragmentación de los archivos que contienen información sobre delitos de lesa humanidad, y la situación inadecuada en la que se archivan (cajas de cartón en lugares no adecuados para su conservación, o bajo la custodia de organismos que no resultan recomendables o sin supervisión). Esta situación dificulta enormemente la tarea de la justicia, se considera que esto es en sí una política del Estado. Se propone que sea centralizado el archivo, sistematizado y que haya un compromiso del Estado para garantizar el acceso a la información que está en esos archivos.
- Respecto a qué pueden aportar las organizaciones sociales plantean que seguirán luchando como vienen haciéndolo hasta ahora, se trata de una responsabilidad del Estado y no de la sociedad civil.
-Respecto a qué puede hacer la INDDHH plantean que debe buscar por todos los medios fortalecerse, principalmente exigiendo los recursos para llevar adelante una efectiva política pública de memoria.
La Institución está comprometida con el tema, pero como institución del Estado ella y sus integrantes están sometidos a la política general de inacción del Estado.
- Plantean que la educación es la herramienta adecuada para proponerse desarmar la cultura de la impunidad.
- Se expresa preocupación por la vigilancia a las manifestaciones populares: se fotografían, filman, se realiza seguimiento de personas y se generan archivos sobre los manifestantes. Exigen saber por qué y para qué, que se cumplan los protocolos internacionales al respecto.
- Finalmente, se plantea la necesidad de poner fin a las prisiones domiciliarias para criminales de lesa humanidad, por tres motivos: porque no las cumplen, porque pueden escapar y porque desde esa posición privilegiada operan políticamente para mantener las situaciones de impunidad.
>>> El informe completo
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