Millones perdidos con Aratirí

04/10/2020
Aratirí y la inconsistencia de las informaciones oficiales
 

Sólo con el laudo del arbitraje sobre la demanda de Aratirí contra el Estado uruguayo, recientemente conocido, se llega a una cifra confiable sobre el costo de este litigio
 

Víctor L. Bacchetta

Desde parecer que Uruguay había ganado cuatro millones de dólares, hasta saber que el costo real de la defensa del país en el litigio internacional con Aratirí superó los 12 millones de dólares, pasaron casi dos meses donde las fuentes del Poder Ejecutivo proporcionaron cifras erráticas o datos incompletos, con la consiguiente equivocación o desorientación de los medios de prensa, los periodistas y el público.

En los primeros días de agosto, los titulares y noticias de la prensa uruguaya decían todos prácticamente lo mismo:

“Uruguay ganó un millonario juicio internacional contra la minera india Aratirí”

. Y agregaban enseguida:

“Aratirí deberá pagar alrededor de 4 millones de dólares al Estado uruguayo”

. Expresado así el desenlace, sin disponer de mayores explicaciones oficiales, se desataron las interpretaciones.

Como suele ser, lo primero fueron las versiones partidarias interesadas. La nueva oposición representada por el Frente Amplio salió a festejar y sostener que se debía agradecer al ex presidente Tabaré Vázquez por este resultado. Se criticó incluso al gobierno de la coalición multicolor por no demostrar la misma alegría, instalando nuevamente esa eterna disputa sobre quién quiere más a Uruguay.
 

El extremo de esta interpretación lo protagonizó un portal en Internet que tituló: "¿Qué hará el gobierno con los 4 millones de dólares del juicio a Aratirí?".

 Y puso como ejemplo el litigio anterior con Philip Morris, en donde Vázquez

"decidió que los 7 millones de dólares que tuvo que pagar la tabacalera se distribuyeran entre los 120 mil pasivos que tenían menos ingresos en el país"

, según el portal. Aún con fallo favorable y el reintegro de 7 millones de dólares, este litigio le costó a Uruguay 3:319.833 dólares.

Mientras tanto, desde el gobierno no se brindó información adicional, a pesar de ser la fuente original. En el Poder Ejecutivo, tanto en Presidencia como en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), deben estar las resoluciones sobre los gastos realizados y las facturas correspondientes. Además, la web de Presidencia incluye una sección con las designaciones en misiones oficiales y sus gastos respectivos.

Un desorden de fuentes oficiales

Las informaciones oficiales se ampliaron a partir de solicitudes de periodistas y de medios de prensa en base al derecho de acceso a la información pública, plasmado en la ley N°18.381. Pero las informaciones entregadas por esta vía o recogidas en forma directa siguieron siendo insuficientes y confusas, con lo cual se habilitaron nuevas interpretaciones erróneas del resultado económico del litigio.

En respuesta a esas solicitudes, Presidencia entregó un informe dando cuenta de los gastos de pasajes aéreos en misiones oficiales por 72.106 dólares, gastos de viáticos vinculados a esas misiones por 40.123,11 dólares, honorarios del estudio Foley Hoag, contratado para la defensa de Uruguay, por 5 millones de dólares y de expertos “subcontratados” por el mismo estudio por 1:398.537 dólares.

A partir de esta información, sin analizarla suficientemente, y sabiendo que a Uruguay le habían devuelto unos 4 millones de dólares, otro portal en Internet concluyó que el costo del litigio para el país habría sido de un millón de dólares. Para llegar a esta afirmación, no se tuvo en cuenta que, como dice la información de Presidencia, ese fue solo el pago a Foley Hoag

“en la etapa preparatoria del arbitraje” (sic).

Por otra parte, los datos de Presidencia sobre los gastos en pasajes aéreos y viáticos no concuerdan con las resoluciones publicadas en la sección misiones oficiales de la web presidencial. Sólo con las designaciones publicadas allí, la suma de los pasajes aéreos llega a 88.516 dólares y la de los viáticos supera los 100 mil dólares. Es verdad que habitualmente hay devoluciones de viáticos, pero suelen ser pequeñas.

El mismo informe de Presidencia expresa que los pagos posteriores a Foley Hoag se aprobaron mediante resoluciones del MEF.

Sudestada

solicitó esas informaciones y este ministerio respondió que le fueron pagados 10:093.318 dólares al estudio jurídico y 687.500 dólares a la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) como adelanto de los costos del arbitraje, que incluyen los honorarios de los jueces y gastos varios.

Entonces, de acuerdo con lo informado por el MEF, Uruguay llevaba gastado encima de 10:700.000 dólares, es decir, más del doble de lo informado por aquel portal. Si esto se suma a los gastos informados por Presidencia, superan los 15:800.000 dólares. Pero en la planilla entregada por el MEF se repiten facturas del informe de la Presidencia. Por lo tanto, no era claro que debieran sumarse simplemente ambas cifras.

Cifras definitivas del tribunal

Así llegamos a la actual divulgación del fallo del tribunal arbitral que incluye los costos del litigio. Según esta fuente, Uruguay pagó 10:771.245 dólares de honorarios a Foley Hoag, 4:598.294 dólares a expertos, 504:029 dólares por asesores y testigos y 680.596 dólares por costos de arbitraje. En total son16:554.166 dólares, pero al haberle devuelto 4.097.149 dólares, resulta que Uruguay terminó pagando 12.457.017 dólares.

Prácticamente, ninguna de las cifras oficiales entregadas al público coincide con las del fallo del tribunal. No porque no estuvieran en poder del estado, pues las cifras del tribunal responden a lo informado por cada parte y para ser justificadas deben haber sido documentadas por el país. Algunos medios de prensa informaron estas cifras definitivas, sin el alcance ni la repercusión nacional de las anteriores.

El fallo del tribunal trajo otras revelaciones. Por ejemplo, que la representación del estado uruguayo en la segunda sesión de la última audiencia, entre el 19 y el 22 de febrero de este año, estuvo integrada por el ex secretrario de Presidencia de la República, Miguel Ángel Toma, la abogada Sara Ilha, la escribana María Antonella Intrioni, la contadora Giuliana Pérez y el embajador uruguayo en Washington Carlos Gianelli, sin que en la web de Presidencia figuren las designaciones de Introini y Pérez con ese fin.

Pero por sus consecuencias económicas, la mayor revelación del fallo es el hecho de que Uruguay y Aratirí hayan acordado tratar la cuestión de jurisdicción, valorar si los demandantes tenían derecho a realizar esa acción, junto con el problema de fondo, evaluar si Uruguay trasgredió el Tratado Bilateral de Promoción de Inversiones con el Reino Unido como para justificar la compensación reclamada por la empresa minera.

El tribunal falló sobre la primera cuestión y, al carecer los demandantes de legitimidad para tales pretensiones, no tuvo que decidir sobre la segunda. Los alegatos, informes de expertos y testigos citados para debatir la cuestión de fondo no tuvieron ninguna utilidad. Esto no tiene por qué ser así, en el juicio con Philip Morris se trató primero la jurisdicción y luego, al estar habilitada la demanda, se trató el fondo.

En síntesis, el gobierno uruguayo no solo aceptó concurrir a un litigio internacional con Aratirí cuando por el Código de Minería vigente no estaba obligado a hacerlo, sino que aceptó discutir la demanda sin que el tribunal hubiera reconocido su legitimidad, con lo cual los gastos del estado uruguayo más que se duplicaron. Y no terminan, hay una nueva demanda por 800 millones de dólares de una accionaria de la desaparecida aerolínea estatal Pluna.