El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak cuestionó el acuerdo abreviado alcanzado por la Justicia uruguaya entre el empresario argentino Marcelo Balcedo y su esposa, Paola Fiege, por el que evitaron volver a prisión a cambio del decomiso de cuatro millones de dólares, cuatro autos de alta gama y un chalet en Playa Verde.

Kreplak, quien investiga a Balcedo y Fiege por asociación ilícita y lavado de activos en su país, envió un oficio por medio de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional de la cancillería argentina instando a las autoridades uruguayas a que le informen los detalles del acuerdo firmado, señalando que podría incurrir en “un grave incumplimiento del Tratado Bilateral de Cooperación Internacional”, según informó el portal argentino Infobae.

En diálogo con la diaria, el juez argentino explicó que resolvió denunciar la situación al no tener “ninguna información oficial sobre el acuerdo”, y advirtió que sería “problemático” si los bienes involucrados en el proceso abreviado coinciden con los requeridos en la investigación de la causa argentina. “Para nosotros es muy importante saber de qué bienes se trata”, comentó, y señaló que los imputados “no deberían tener libre disponibilidad de esos bienes, en la medida en que están sujetos a medidas cautelares desde Argentina”.

Por otra parte, Kreplak expresó su disconformidad con el accionar de la Justicia uruguaya en materia de cooperación, particularmente con el pedido de Argentina para indagar a Balcedo mientras se procesaba la causa en Uruguay. “Reiteradamente hemos pedido que nos concedan la posibilidad de realizar una audiencia para poder indagar a los imputados y así avanzar en el proceso respecto a ellos”, señaló.

En ese sentido, Kreplak planteó que existe un mecanismo previsto en el Tratado de Cooperación Bilateral que habilita una entrega transitoria a los efectos de que los imputados puedan declarar ante la Justicia argentina y regresar al país de origen. “Nos dijeron que no, pedimos subsidiariamente indagarlos por videoconferencia, que se usa cada vez más y está reconocido por la jurisprudencia uruguaya como un mecanismo que respeta las garantías, y también dijeron que no”, cuestionó el magistrado.

Además, expresó que tampoco se respondió “en tiempo y forma” sobre el embargo de los bienes que pretende Argentina. “Realmente no estamos teniendo la colaboración que esperábamos de nuestros pares uruguayos. Todo lo que encontraron fue a raíz del pedido de detención nuestro y no han tenido ni las más mínima colaboración con nuestro trabajo”, lamentó el juez.

En esa línea, subrayó que los delitos precedentes al lavado de activos detectado en Uruguay son los que investigó Argentina. “No es que había una investigación independiente en Uruguay”, agregó.

Semanas atrás, Kreplak realizó un nuevo pedido a la Justicia uruguaya para conseguir la declaración de Balcedo y Fiege por el cual el juez viajaría a Uruguay para tomar declaración en una sede constituida en el consulado argentino, pero aún no obtuvo respuesta por parte de las autoridades uruguayas.

Los detalles del acuerdo

La firma del acuerdo abreviado, que fue informada el viernes por el diario El País, implica el reconocimiento por parte de Balcedo de los delitos de lavado de activos, contrabando y tráfico internacional de armas, en calidad de autor, mientras que Fiege reconoció un delito de asistencia al lavado de activos.

La jueza María Helena Mainard, quien ratificó el acuerdo alcanzado por el abogado Marcelo Domínguez y el fiscal de la causa Schubert Velázquez, condenó a Balcedo a cuatro años y ocho meses. Descontando la prisión preventiva ya efectiva (2 años y ocho meses), quedará en régimen de libertad vigilada con arresto domiciliario total durante un año y el resto de la pena con arresto domiciliario nocturno, de 22:00 a 6:00, presentándose en la seccional más cercana al domicilio constituido, una vez por semana. En tanto, Fiege deberá cumplir con un año de libertad vigilada, debiendo presentarse ante la seccional una vez por semana.

Además, la Justicia decomisó tres cuentas del Banco República que suman cuatro millones de dólares, el chalet Sounión de Playa Verde, un Porsche Panamera, un Porsche Boxter S, un Chevrolet Camaro y una camioneta Rover Range. También dispuso la destrucción de dos pistolas Glock calibre 40, una carabina colt calibre 22 y un revólver Ruger calibre 38. Por otra parte, se dispuso la devolución de 2.635.335 dólares que le habían incautado a la pareja cuando fue detenida en enero de 2018.

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