>>> Estado paralelo
“El término “estado paralelo” está ahora siendo utilizado con mayor frecuencia para describir la existencia de un nexo clandestino entre el liderazgo político formal, las facciones al interior del aparato del Estado, y el crimen organizado y/o los expertos en violencia.
Avanza la investigación por espionaje militar en democracia
Resabios de aquellos tiempos
Mauricio Pérez
24 septiembre, 2020
Una quincena de oficiales de las Fuerzas Armadas declararon en la Fiscalía por la indagatoria penal del espionaje ilegal en democracia. La investigación parece confirmar varias de las situaciones denunciadas por el Parlamento.
El fiscal Enrique Rodríguez avanza en la indagatoria penal sobre espionaje ilegal en democracia. Desde hace dos años está abocado al análisis de la profusa documentación agregada en la denuncia que revela la cuantiosa información recopilada por los servicios de inteligencia desde el retorno de la democracia. Esta –presentada en 2018 por los diputados Gerardo Núñez y Luis Puig– detalló las conclusiones de la comisión investigadora de la Cámara de Representantes. Esa comisión fue creada luego de que Brecha difundiera los documentos del denominado archivo Berrutti, hallados en 2007 en el antiguo Centro General de Instrucción para Oficiales de Reserva, donde operó la Compañía de Contrainformaciones del Ejército. A esto se le sumó el hallazgo de cientos de documentos en la casa del coronel (r) Elmar Castiglioni, un hombre con activa participación en los servicios de inteligencia.
El informe señala la existencia de una práctica «sistemática y planificada» de espionaje ilegal de partidos políticos, sindicatos, gremios estudiantiles, organizaciones de derechos humanos, empresas, personalidades, periodistas e integrantes del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Este espionaje involucró a «gran parte de la estructura de los servicios de inteligencia del Estado» y fue posible «por la permanencia, en algunos casos casi intocada, de los servicios de inteligencia heredados de la dictadura». También indica que este espionaje ilegal «se desarrolló debido a la debilidad de los controles institucionales y democráticos por parte de los responsables políticos», y que, en algunos casos, los mandos militares, policiales y civiles estaban al tanto de esta operación (véase «Pase a la Justicia», Brecha, 31-VIII-18).
El trabajo parlamentario tuvo dificultades. La comisión invitó a 167 personas (entre políticos, periodistas, policías y militares), pero sólo 63 aceptaron dar su testimonio. El resto, por distintos motivos, declinó comparecer. La mayoría de los ausentes eran miembros y exmiembros del Ejército, «quienes casi corporativamente rechazaron la invitación», entre ellos, el hoy senador Raúl Lozano (Cabildo Abierto). En este contexto, la indagatoria apunta a desentrañar la operación de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado (Dinacie) y la existencia de un eventual sistema de recolección ilegal de información. Pero enfrenta algunas dificultades, como la inexistencia del delito de espionaje y el paso del tiempo, ya que varios de estos hechos podrían estar prescritos, dijeron fuentes del caso a Brecha.
ALINEADOS
Hasta ahora, la indagatoria se enfocó en las jerarquías militares de los servicios de inteligencia en democracia. Dieciséis militares ya declararon ante el fiscal Rodríguez (El País, 20-IX-20). Entre ellos, los exjefes de la Dinacie, el general Francisco Wins (Ejército) y el brigadier José Mayo (Fuerza Aérea). También altos oficiales de la Armada, como los contralmirantes Óscar Otero y Carlos Magliocca, el vicealmirante Carlos Giani –oficial que se encargó de la detención de Wilson Ferreira Aldunate a su retorno a Uruguay, en 1984–, el capitán de navío (r) Jorge Saravia y el capitán Héctor Erosa (Ejército). El relato de los altos oficiales fue unívoco en cuanto a la inexistencia de un esquema de espionaje ilegal en democracia, pero algunos dejaron abierta la puerta en cuanto a eventuales operaciones aisladas.
El general Wins, por ejemplo, afirmó que la unidad operaba de acuerdo a la normativa vigente, recopilando información que pudiera representar o causar alguna alerta en el gobierno «sobre hechos que podían apartarse de la normalidad». La Dinacie, dijo, tenía autonomía de funcionamiento, pero no realizaba tareas operativas de seguimiento ni interceptaciones telefónicas, ya que no tenía recursos ni condiciones técnicas para hacerlo. Su trabajo, por tanto, se hacía mediante la recolección de información abierta o basada en informantes. «¿Estos informantes eran remunerados?», le preguntó el fiscal. Wins respondió que la información se aportaba en forma voluntaria, pero, como «había fondos reservados», puede que «algún caso haya sido atendido con alguna remuneración». «Muchas veces era gente que tenía cargos en la administración pública», agregó.
El contralmirante Magliocca –jefe de la Dinacie en dos períodos, incluido el que va de abril de 2006 a febrero de 2007, durante el primer gobierno del Frente Amplio– coincidió en los límites operativos. Afirmó que el servicio estaba prácticamente desmantelado y que no había material para hacer escuchas ni seguimientos. Por eso, el trabajo se basaba en fuentes abiertas: la información cerrada «no había cómo conseguirla». Declaró que en ninguno de sus dos períodos se pagó por informantes y descartó que se hiciera seguimientos, porque significaba «volver a otras épocas». «Ese no era el espíritu con el que se trabajaba. Si en algún caso hubo necesidad, no había con qué», añadió. Sin embargo, entre los documentos recopilados apareció un informe sobre un escrache que se hizo en 2001 al coronel Manuel Cordero en su casa de Atlántida. Magliocca dijo que en esa fecha se encontraba en el exterior, que no dio la orden de hacer el operativo y que ignoró su existencia hasta que compareció ante la comisión investigadora y le entregaron el documento. Aseguró que analizaba este hecho como algo puntual, que se realizó («Quiero pensar», dijo) porque alguien tenía interés en saber lo que pasaba, ya que el escrache era contra un integrante del Ejército.
RESABIOS
En la indagatoria hubo incesantes menciones a dos oficiales vinculados con los servicios de inteligencia militar: Elmar Castiglioni –exjefe de la División I de la Dinacie, hoy fallecido– y el coronel (r) Eduardo Ferro –prófugo de la Justicia uruguaya en el marco de una investigación por crímenes de la dictadura.
Magliocca afirmó que Castiglioni fue «un personaje muy curioso», que «sobrevivió varios períodos» en la Dinacie. «Era un individuo dedicado a la inteligencia, un obsesionado de la inteligencia. […] Iba y venía con carpetas debajo del brazo, se quedaba horas y horas en el servicio, y siempre hablando con alguien», contó. Según declaró, era un oficial que tenía contactos de alto nivel en los tres principales partidos políticos y era sumamente eficiente en su tarea, siempre y cuando estuviera bajo control: «Si le pierde el control, no tiene límites». El general Wins aportó una descripción similar: «Era un hombre exageradamente volcado a la inteligencia, lo que con el correr del tiempo crea vicios. En el saldo, era de gran utilidad y alguien sobre quien había que tener ciertas aprensiones y cuidados». Contó que desempeñaba sus funciones fuera de la normalidad («Hasta altas horas de la noche, los fines de semana»), por lo que había que tener una supervisión directa. «Era un hombre que tenía sus vicios y sus virtudes», resumió.
El capitán Erosa, quien también declaró ante la comisión parlamentaria, apuntó contra Ferro. Según dijo, en 1990, al ser removido de su cargo en los servicios de inteligencia, «se llevó todos los archivos de la inteligencia junto con un grupo de oficiales que lo apoyaban». «Esas cajas que se llevó Ferro fueron trasladadas a la unidad de Florida y estuvieron en el depósito en el casino de oficiales […]. El casino operaba como un centro de administración de estas cosas», añadió. Allí había mucha información que nada tenía que ver con la inteligencia militar. «Nos investigaban a nosotros, a los generales: si teníamos amantes, si teníamos negocios», afirmó Erosa, quien cumplía tareas en esa unidad. En 1991, Ferro –que reportaba al general Juan Antonio Zerpa– asumió el mando de la unidad con la orden de eliminar de ella a «los comunistas y los quinta columna». Según Erosa, esa operación fue autorizada por los mandos en Montevideo, ya que Ferro tenía el consentimiento y el apoyo de los jerarcas y ciertos integrantes de los partidos políticos, sobre todo del Partido Colorado. Dijo que denunció este y otros hechos vinculados a Ferro ante el entonces ministro de Defensa, Raúl Iturria. Nunca obtuvo respuesta.
>>> Mas milico
El ministro García aseguró que las FFAA son garantes de la libertad y el respeto a los DDHH
El secretario de Estado reconoció a los efectivos militares que custodiaron las urnas en las elecciones.
Al reconocer a los efectivos militares que cumplieron la tarea de custodiar las urnas en las elecciones, el ministro de Defensa Nacional, Javier García, aseguró que las Fuerzas Armadas uruguayas «están al servicio de la democracia y de la República, y son garantes de la libertad y respeto a los derechos humanos».
En el acto estuvieron presentes el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Gral. de Ejército Marcelo Montaner, el comandante en Jefe del Ejército Nacional, Gral. de Ejército, Gerardo Fregossi, el comandante de la Fuerza Aérea, Gral. del Aire Luis Heber de León, el presidente de la Corte Electoral, José Arocena, y los ministros de la Corte Electoral Arturo Silvera y Juan Máspoli.
Este viernes, dirigiéndose a los efectivos formados, que representaban a todos los que participaron de la custodia de las urnas, el ministro García dijo que «queríamos en esta breve ceremonia, pero no por breve deja de ser sentida y profunda, hacer algo que no sé si tendrá antecedentes, pero nosotros consideramos que es justo hacerlo. Durante todas las elecciones y en lo que es más cercano, el domingo pasado, ustedes, mujeres y hombres de nuestras tres fuerzas, estuvieron todo el día custodiando el acto electoral, estuvieron allí firmes, al lado de una urna en los más de 7.000 circuitos que estuvieron repartidos por todo el país».
Agregó que «a los uruguayos que vamos periódicamente a las urnas nos resulta una foto, una gráfica normal, habitual, por eso muchas veces no se le da la importancia porque es parte de ese paisaje natural en un circuito de votaciones el día de las elecciones, tener allí las mesas, la urna, los integrantes de las mesas, los funcionarios públicos, los delegados partidarios».
Sostuvo que «allí y durante todo el acto electoral y empezando los días previos en la preparación, y continuando después del acto electoral, pero ese día durante toda la jornada, un soldado de alguna de nuestras fuerzas o un policía haciendo allí algo que tiene una profundidad que quiero destacar y les quiero agradecer, y lo hago en calidad de ministro de gobierno pero lo podría hacer también en otras circunstancias como dirigente político, pero en estas circunstancias actuales lo quiero hacer como ministro de Defensa, como integrante de gobierno. Están allí cumpliendo con un acto sagrado, que tiene la profundidad que la Constitución de la República nos enseña a todos, que es la de defender en cualquier circunstancia la expresión de la soberanía popular», puntualizó.
Agregó luego: «agradecérselos desde lo más profundo de nuestra consideración y de nuestra representatividad institucional. Y decirles que nos causa enorme orgullo ser responsables por esta institución que son las Fuerzas Armadas. Ser responsables por lo que significan nuestras Fuerzas Armadas desde el más humilde de sus servidores hasta el primero de sus comandantes, lo que significa vivir en una sociedad democrática, libre y republicana donde sus Fuerzas Armadas están al servicio de la democracia y de la República y son garantes de la libertad. Que son garantes de la libertad y del respeto a los derechos humanos. Y que en cada uno de ustedes hay un servidor de la patria, y un servidor de cada uno de los uruguayos que habitamos en este país. Son dignos servidores del Ejército que fundó José Gervasio Artigas».
Una discusión que viene desde la dictadura
Minutos después de asumir como comandante en jefe del Ejército, Gerardo Fregossi hizo una advertencia. El general se subió al estrado, aclaró la voz y, ante la mirada atenta del presidente Luis Lacalle Pou, en la ceremonia de asunción del 4 de marzo repasó los desafíos que tendría al frente de la fuerza de tierra. Los puntos eran varios y el tiempo, escaso. Por lo tanto, Fregossi se centró en uno de los temas que más le preocupaban por entonces: la implementación de la nueva Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, promulgada en 2019 cuando el presidente era Tabaré Vázquez.
Cuando asumió, Gerardo Fregossi reclamó cambios en la nueva ley orgánica de las Fuerzas Armadas.
En desacuerdo con la reforma, el nuevo jefe castrense cuestionó lo que para él era una norma que obligaba a realizar “acciones de impacto profundo”. Estos cambios -aseguró en el acto- a largo plazo afectarían “la organización, funciones y motivación profesional” de los efectivos del Ejército.
Sin embargo, la decisión de volver a discutir la reforma había sido tomada tiempo atrás por la administración entrante. En el rol de senador de la oposición, Javier García había anunciado al final del pasado período legislativo que el Partido Nacional revisaría la ley si ganaba las elecciones nacionales de 2019. Tras el triunfo en las urnas de los blancos y sus coaligados, García fue designado ministro de Defensa y emprendió la tarea de definir cuáles serían las modificaciones.
La ronda de consultas que inició a mediados de este año para acotar la lista fue la novedad del proceso. Los comandantes de la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército entregaron cada uno un informe justificando posibles cambios. Los documentos ahora están en manos de García, quien recibió a El País en su despacho de la sede del Ministerio de Defensa para explicar las modificaciones proyectadas.
Con un manojo de papeles, gráficas y planillas Excel desplegado sobre la mesa, el secretario de Estado defendió la propuesta y señaló que el “corazón” de la nueva reforma fue incluido en el proyecto de ley de Presupuesto. A partir de este martes el texto se votará en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados.
De la veintena de enmiendas incluidas allí, hubo una que se impuso sobre el resto en el debate parlamentario: el cambio en la cantidad de oficiales que integran los escalones más altos del mando de las Fuerzas Armadas, al que el ministro se rehúsa a catalogar como un aumento. “No puede subir lo que nunca bajó”, aseguró García a El País.
La discusión semántica sobre lo que implican los artículos 113 y 114 del proyecto de ley responde a que, desde 2019, a partir de la aprobación de la reforma, está en curso la reducción progresiva de la cantidad de oficiales generales y superiores del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. El proceso debería terminar en 2022, pero si el Parlamento aprueba las disposiciones del Poder Ejecutivo, buena parte de esos cambios quedará por el camino.
La administración de Lacalle Pou propone que el Ejército tenga ahora 14 generales -en vez de 12, la cifra que se fijó en la ley votada en el gobierno de Vázquez- pero mantiene la cuota de oficiales generales proyectada para la Armada y la Fuerza Aérea, que quedarán con siete contralmirantes y seis brigadieres generales respectivamente.
En el caso de los oficiales superiores, el cambio sería más acentuado. El Ejército tendría un máximo de 156 coroneles; la Armada, un límite de 82 capitanes de navío y la Fuerza Aérea hasta 47 coroneles aviadores. La norma vigente obliga a las fuerzas a llegar a un tope de 130 coroneles, 76 capitanes de navío y 45 coroneles aviadores en 2022.
Para el ministro de Defensa, el principal argumento del incremento es que la estructura jerárquica de las Fuerzas Armadas debe asegurar el cumplimiento de las misiones ya establecidas. Los 14 generales del Ejército, por ejemplo, tienen funciones específicas en alguna de las divisiones de la fuerza de tierra o en los servicios dependientes. Entonces, si se redujera la cuota a 12 -aseguró-, no habría un oficial de alto mando para desarrollar esas tareas.
A ello se suma que el Estado podría recibir cerca de 50 demandas si no desanda el camino impuesto por la reforma, según García. La ley orgánica del Ejército -que debe ser reformulada antes de julio de 2021- indica que un porcentaje de los tenientes coroneles puede ascender al grado de coronel por antigüedad, pero este punto no podrá ser cumplido si se quiere llegar a la meta de 130 oficiales superiores en dos años debido a la cantidad de funcionarios que actualmente están en condiciones de ser promovidos de esta forma. Y, como la nueva ley orgánica de las Fuerzas Armadas establece que la reducción progresiva no puede vulnerar “los derechos adquiridos del personal militar”, el gobierno teme que los afectados recurran a la Justicia.
La enmienda propuesta por el Poder Ejecutivo no tiene el respaldo de todos los partidos representados en el Parlamento. Los artículos despertaron críticas de la oposición y también discrepancias en la interna de la coalición de gobierno.
El Frente Amplio está dispuesto a volver a discutir la cantidad de oficiales, pero pide que el debate se dé en una instancia aparte, sin los tiempos acotados y la amplitud de temas de la discusión presupuestal.
El diputado comunista Gerardo Núñez, quien preside la comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Representantes, dijo a El País que el gobierno no ha sabido explicar las “necesidades objetivas” de limitar el alcance de la ley de 2019. Por eso cree que es necesario volver a preguntarse cuál es el rol de las Fuerzas Armadas, lo que permitirá calcular cuántos oficiales efectivamente se necesitan.
La tarea de reformular la ley orgánica militar estaba pendiente desde 2010, cuando el Parlamento aprobó por unanimidad la ley marco de Defensa Nacional tras cuatro años de debate. Pero la discusión recién inició en 2018. En aquel momento el presidente Vázquez remitió al Parlamento el proyecto de ley.
La propuesta del Poder Ejecutivo se acercaba a la que ahora está siendo discutida, ya que limitaba el mando del Ejército a 14 generales y 145 coroneles. Sin embargo, algunos sectores de la coalición de izquierda entendían que se podía ajustar aún más la cuota, y así llegaron al número que el gobierno de Lacalle Pou ahora quiere modificar.
Núñez aclaró que con ello no se buscó “poner en tela de juicio” el rol de los oficiales, sino priorizar las misiones “fundamentales y esenciales” de las Fuerzas Armadas para no seguir incrementando su volumen.
El ministro de Defensa, por el contrario, llega a la misma conclusión que cuando ocupaba su banca en el Senado y se dio esta discusión: que el Plenario del Frente Amplio acordó ese número “en una rebatiña, sin ningún criterio profesional, como si fuera un remate”, “en virtud de una disputa o tironeo” entre los distintos sectores que lo componen.
Pero el respaldo a la propuesta del gobierno tampoco es unánime dentro del bloque oficialista, representado en el Parlamento por legisladores de los cinco partidos de la coalición. Se oponen el Partido Independiente y el Partido de la Gente, que -al tener un solo diputado cada uno- son socios minoritarios y cuentan con menos peso que el Partido Colorado y Cabildo Abierto, los principales aliados del Partido Nacional.
Daniel Peña, el diputado del Partido de la Gente, dijo a El País que no está previsto modificar en la comisión de Presupuesto la redacción de los artículos, por lo que mantiene su decisión de no votarlos así como fueron redactados. La bancada oficialista se reunirá este sábado para intentar acordar los cambios al proyecto de ley y hasta anoche el tema seguía siendo discutido por los diputados.
Una discusión que viene desde la dictadura
El compromiso de revisar la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas fue recogido de manera genérica en el acuerdo programático de la coalición, sin explicar qué puntos se modificarían. Ese es el argumento del diputado del Partido Independiente Iván Posada para explicar por qué no incumple una promesa electoral si no acompaña el aumento de oficiales. Posada ya consideraba que la reducción aprobada en el pasado período había sido “muy tímida”. Su rechazo está ligado al aumento de los altos mandos durante la dictadura, que según dijo supuso que al retornar la democracia las pirámides jerárquicas quedaran con más militares que los que se necesitan.
Redefinición de las misiones.
Para el magíster Santiago Arca Henón, especialista en seguridad nacional y defensa, este tema requiere un debate mucho más profundo y con mayor participación que el que permite la discusión del presupuesto quinquenal. “Lo que el gobierno actual está haciendo ahora no es nada distinto a lo que hizo el Frente Amplio en su momento, cuando redujo arbitrariamente los números”, opinó.
El centro de la discusión, a su juicio, no debería ser la cantidad de oficiales que se fije, sino la necesidad de acordar una política de Estado que, en la medida de lo posible, sea respaldada por todos los partidos. El especialista apuntó que es necesario volver a discutir la ley orgánica militar, poniendo bajo la lupa otros aspectos que determinan más el papel de las Fuerzas Armadas que la cuota de oficiales en cada fuerza. Un posible primer paso es la revisión de las misiones que ellas cumplen: “Hablamos de la cantidad de efectivos que tiene el Ejército Nacional, pero no hablamos de dónde están o qué tareas están haciendo”, resumió.
A grandes rasgos, las misiones militares se pueden clasificar en primarias y secundarias. Las primarias están asociadas a la capacidad bélica para responder a un ataque armado. Y las secundarias al cumplimiento de las leyes y convenciones internacionales, así como al apoyo comunitario. Con el paso del tiempo ambos tipos de misiones cambiaron en la mayoría de los países, en sintonía con los desafíos del mundo moderno.
Sin embargo, Arca explicó que en Uruguay cierta parte del despliegue territorial de las unidades militares data del siglo XIX: “Hoy en día no podemos concebir un Ejército que tenga una distribución geográfica basada en intereses estratégicos y posibles amenazas de esa época”.
Las potenciales amenazas son otras en el nuevo escenario, y en consecuencia surgen nuevas preguntas. ¿Por qué no hay militares custodiando el río Santa Lucía, las plantas de OSE o el data center de Antel en Canelones? Ante la escasez de recursos, ¿las Fuerzas Armadas deberían incrementar el material bélico, o potenciar las misiones de seguridad en el espacio aéreo? El magíster entiende por ejemplo que, para adaptar la estrategia de defensa a las necesidades actuales, las armas de Comunicaciones e Ingenieros del Ejército deberían cobrar más protagonismo.
La redefinición de las misiones de las Fuerzas Armadas no es una tarea sencilla, según el especialista, porque dentro de la institución militar hay “intereses muy fuertes” que tienden a preservar el orden establecido. Además, la discusión toca aspectos sensibles como el tamaño de las fuerzas y la distribución de los recursos económicos.
“Pero si en vez de dar ese debate nos centramos en la discusión de números que parecen bastante arbitrarios, lo que terminás alcanzando no es una reforma militar: es simplemente un cambio en la cantidad de militares”, sentenció Arca, quien en las pasadas elecciones nacionales asesoró al sector Ciudadanos del Partido Colorado.
PROPUESTA
Quieren crear dos nuevos liceos militares
Una idea que está en el tintero es la creación de al menos dos nuevos liceos militares. El lineamiento de austeridad que el gobierno fijó para el Presupuesto frenó esta promesa de campaña del Partido Nacional, pero García dijo que, si los demás integrantes de la coalición están de acuerdo y si la coyuntura económica lo permite, le gustaría volver a poner el tema en agenda. El partido de gobierno, por lo pronto, cuenta con el respaldo de uno de sus socios. En la campaña, Cabildo Abierto propuso la construcción de dos nuevos liceos: uno en el este y otro en el oeste del país. La fuerza política argumentaba que los centros ampliarían la oferta educativa ya existente, que de momento se limita a dos liceos, en Montevideo y en Tacuarembó. “Es una oferta educativa de excelente nivel y muy requerida”, argumentó el ministro. “Las anotaciones se superan ampliamente año a año, lo que habla de que hay muchas familias que quieren que sus hijos estudien allí”, indicó.
Búsqueda de acuerdo.
En todo el arco político hay consenso sobre la necesidad de fijar una política de Estado en materia de defensa que trascienda los cinco años de cada período de gobierno. Luego de asumir como ministro, García se propuso recorrer ese camino e inició una ronda de reuniones con los siete partidos que están representados en el Parlamento.
Para el secretario de Estado, las Fuerzas Armadas deben tener un rol protagónico en las políticas sanitarias, sociales y de seguridad, además de cumplir con los cometidos tradicionales de protección. “Pensar en la defensa en términos de guerra fría, de la mitad del siglo pasado, me parece anacrónico y absolutamente alejado de la realidad de Uruguay. Nosotros no necesitamos Fuerzas Armadas para hacerle la guerra a nadie, me parece una tontería plantearlo en esos términos”, afirmó García.
La emergencia por el COVID-19 tuvo como consecuencia una mayor exposición del ministro de Defensa y de las tareas que cumplen el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. A tres días de que se declarara la alerta, se estrenó la misión de patrullaje en frontera, que facilitó el despliegue de controles sanitarios y el traslado de pacientes y de médicos en las zonas limítrofes. Esta norma de 2018 es resaltada por García al describir cómo deberían ser las Fuerzas Armadas que anhela.
En la oposición, en tanto, hay distintas visiones sobre el tema, con mayor o menor apertura al diálogo y más o menos puntos de encuentro. Núñez, por ejemplo, es partidario de priorizar las misiones primarias en lugar de concentrar recursos en las secundarias.
“Creo que las Fuerzas Armadas deberían estar preparándose para un escenario que uno nunca quiere que se genere: una defensa de carácter nacional dirigida a combatir algún tipo de agresión o defender los recursos”, explicó. “Lo que se va viendo en el transcurso de este gobierno es que las misiones más secundarias van asumiendo mayor relevancia, entonces van quedando relegadas las más importantes”, dijo el diputado comunista.
¿Es posible profundizar en un marco normativo común? ¿En qué se refleja la búsqueda de acuerdos en materia de defensa?
Javier García en la frontera. Foto: El País.
El ministro Javier García en la frontera. Foto: El País.
El presidente de la comisión de Defensa cree que “hay elementos” en los que es posible avanzar, aunque augura que el margen para dialogar será “muy escaso” si el gobierno concibe que la seguridad interna es una de las misiones esenciales de las Fuerzas Armadas.
El ministro de Defensa, en tanto, señaló que se propone “bajar los muros” que distancian al oficialismo de la oposición, dándole mayor participación al Frente Amplio y al resto de los partidos en las decisiones que adopta. Un primer paso será la creación de un comité de seguimiento para controlar la ejecución de un nuevo fideicomiso, a partir del que se sacarán recursos para reponer el equipamiento de la Armada Nacional.
La fuerza del mar recaudó en 2019 alrededor de 14 millones de dólares por diferentes tasas de tráfico marítimo, de los cuales seis millones quedaron en la Armada. La idea es volcar esa recaudación a un fideicomiso que está siendo negociado con la Corporación Nacional para el Desarrollo, que al generar un patrimonio independiente del Ministerio de Defensa no incrementará la deuda pública.
Según un estudio primario, el valor del fideicomiso podría ascender a 137 millones de dólares en 30 años, por lo que el comité multipartidario se encargaría de controlar en qué se invierte el dinero.
El peso de los militares.
Hay una discusión que subyace a la nueva revisión propuesta: cuánto se tuvo en cuenta la opinión de los militares el año pasado, cuando la ley orgánica fue reformada por primera vez desde que se reinstauró la democracia.
En el anterior período legislativo, con los roles de oposición y oficialismo invertidos, algunos dirigentes de los partidos tradicionales señalaron que las modificaciones realizadas no respondían a criterios profesionales.
García, un fiel defensor de ese argumento, suele apelar a la misma analogía cada vez que le preguntan si corresponde consultar a los militares sobre los cambios que podría impulsar el Ministerio de Defensa: ¿alguien emprendería una reforma del sistema de salud sin tener en cuenta la opinión de los médicos?. El titular de Defensa calcula que negarse a escuchar los aportes sería “una señal de prejuicios o de muy poca inteligencia política”. Para el jerarca, la política de Estado es “una arquitectura legal que tiene que nacer de lógicas, no de prejuicios políticos ni de decisiones que no responden a lo que se está exigiendo y a las misiones de las Fuerzas Armadas”.
Arca, en cambio, advirtió que el involucramiento de los militares en la renovación de las Fuerzas Armadas es un tema complejo y sensible. Porque, por más que haya otros profesionales que podrían aportar al debate, históricamente “la política uruguaya ha tenido la mala costumbre de creer que los militares son los únicos expertos en temas de defensa”.
El razonamiento parte de la base de que, más allá de las intenciones de los asesores, la información que reciben los dirigentes “muchas veces termina teniendo el sesgo de lo militar”. Y como en la mayoría de los casos los consejos vienen de oficiales de alto rango, por desconocimiento se terminan consolidando ciertos intereses institucionales, en vez de darle prioridad a las necesidades objetivas en materia de defensa.
Este sesgo no conoce de banderas partidarias: se reitera casi sin quererlo y sin importar la orientación política de los involucrados, según Arca. El magíster recordó que hay decenas de civiles formados en el Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen) -una institución pública que ofrece la maestría en Estrategia Nacional y otros cursos de extensión académica- que podrían ofrecer una visión diferente e independiente.
En este escenario, Cabildo Abierto cobra un rol protagónico. El excomandante en jefe del Ejército y actual senador, Guido Manini Ríos, incursionó en política con la promesa de buscar “justicia” para la institución militar y los más desprotegidos. Su círculo de confianza está compuesto por otros militares retirados, algunos de los cuales ahora ocupan puestos jerárquicos en el gobierno, como es el caso del coronel retirado Rivera Elgue, hoy subsecretario de Defensa.
Al negociar en el seno de la coalición de gobierno las prioridades para el Presupuesto, Cabildo Abierto puso sobre la mesa la fijación de una nueva escala salarial para las Fuerzas Armadas, que había sido prometida en el acuerdo programático establecido el año pasado entre los partidos.
El Partido Nacional en parte cumplió con ese compromiso: el proyecto de ley propone incrementar 2,5% los salarios del personal subalterno, que son los funcionarios públicos que menos ganan, con la posibilidad de fijar nuevos aumentos en futuras rendiciones de cuentas.
No obstante, la propuesta es insuficiente para los dirigentes de Cabildo Abierto, que en la discusión parlamentaria pedirán que el aumento salarial también contemple a otras jerarquías militares además de las cuatro más sumergidas, que son los soldados, los cabos de primera, los cabos de segunda y los sargentos.
Según dijeron fuentes partidarias a El País, la coyuntura económica hará que el aumento propuesto no alcance para superar la inflación y que, en el caso de los militares que no están contemplados, incluso experimenten una rebaja salarial. durante el próximo año.
La idea que le rechazaron a Cabildo Abierto
Hay varios puntos que distancian a los diputados blancos y cabildantes en la discusión del proyecto de ley de Presupuesto del gobierno de Luis Lacalle Pou. De hecho, el director general de Secretaría del Ministerio de Defensa, Fabián Martínez, confirmó esta semana a Búsqueda que el ministro de Defensa Javier García rechazó una propuesta concreta de su socio en la coalición: modificar la ley orgánica para que los militares en ejercicio puedan ocupar cargos en la administración pública. “Haberlo aceptado hubiera significado politizar las Fuerzas Armadas”, indicó Martínez. La idea contaba con el apoyo del subsecretario de Defensa, Rivera Elgue, y de Cabildo Abierto, según el semanario.
45 coroneles aviadores para un puñado de aviones en condiciones de volar.....76 capitanes de navío y prácticamente no tenemos barcos en condiciones de navegar...
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