Montevideo, 07 de abril de 2021
Tratos crueles, inhumanos y degradantes en el Refugio “Pablo VI”.
En días pasados tomamos conocimiento de la gravísima situación que viven las y los usuarios del Refugio “Juan Pablo VI'', que entre otras graves irregularidades, mantiene en condiciones de alta precariedad a 23 personas diagnosticadas con COVID positivo y un solo baño para todas ellas.
El refugio es administrado y dirigido por la organización “Asociación Civil Obra Social Pablo VI” ubicado en la calle 9 de abril esquina D. Fernandez Crespo, que funciona mediante convenio y financiación del MIDES y BPS por el “servicio” de estadía transitoria para personas adultas mayores en situación de calle.
En diciembre de 2020 en el piso de arriba dormían más de 15 personas una pegada a la otra, en pleno desarrollo de la pandemia. El 22 de ese mes la situación se agudizó ingresando 30 personas provenientes del hogar “La Milagrosa” en las mismas instalaciones que ya estaban desbordadas. A partir de esa fecha en las instalaciones viven alrededor de 50 personas en condiciones de hacinamiento.
Si bien el convenio prevé el pago mensual por $700.000.00 pesos mensuales (compuestos por un monto fijo de $180.000 (ciento ochenta mil pesos), más $9.000,00 (nueve mil pesos), mensuales por cupo efectivamente utilizado, con un máximo de 60 cupos), solicita y recibe donaciones ya que, sus autoridades alegan no cuentan con recursos suficientes para cubrir las necesidades básicas de alimentación de los usuarios y las usuarias, y los materiales de limpieza del lugar.
Frente a los reclamos y planteos de las y los usuarios, se amenaza o se les “invita” a que se queden en la calle o se les dice “acá estás mejor que afuera”.
Al día de hoy la situación es insostenible pues son más las personas que dieron positivo o están con síntomas, que quienes no. La alimentación es inadecuada y existen personas con diversas patologías, cursando la enfermedad COVID-19, sin la contención sanitaria adecuada, poniendo en riesgo su vida.
Con esta situación alarmante en lo sanitario, lo humano y lo psico-social, la Dirección del refugio y equipo técnico no se presenta en el refugio desde el jueves pasado, lo que evidencia la desidia y negligencia con la que se viene actuando desde hace meses.
Sabemos que esta situación no es un caso aislado, sino que existen problemas de trato, higiene y de vulneración de derechos en otros refugios. Seguiremos con atención toda la información que se nos haga llegar para conocer más sobre lo que ocurre en “Pablo VI” y otros centros. Estos datos que hoy hacemos públicos dan cuenta de la desidia institucional de las autoridades tanto del MIDES como BPS. El Estado tiene el deber constitucional de velar por la dignidad e integridad de las personas que se encuentran en el refugio en virtud de no tener garantizado su derecho constitucional a la vivienda.
En las próximas horas estaremos presentando una acción de amparo ante el Poder Judicial para que obligue a las entidades estatales a que adopten todas las medidas necesarias para garantizar los derechos constitucionales a la salud, la vida y la dignidad humana de las personas que se encuentran en el refugio “Pablo VI”. Llamamos a los medios de comunicación y a la comunidad en su conjunto a dar máxima difusión y seguimiento a esta situación y exigimos al Estado poner fin a la sistemática vulneración de derechos fundamentales que ocurren en los refugios y otros centros de estadía para personas en situación de calle.
Grupo de Trabajo de Denuncias y Defensas.
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