Enviado por: Bistrus
DESTERRAR EL SILENCIO
LA BÚSQUEDA DE RESTOS DE DESAPARECIDOS
Samuel Blixen (Brecha)
La ubicación de restos óseos en Rincón del Bonete redobló los reclamos sobre información de desapariciones y la apertura de los archivos militares. Una comprensible cautela orienta la búsqueda de restos óseos que un pescador ubicó en el lago de Rincón del Bonete, en una zona cercana a la represa y a la ciudad de Mercedes. Tanto el antropólogo José López Mazz, responsable del equipo que realizó excavaciones en predios militares, como Familiares de Detenidos Desaparecidos prefirieron aguardar a que se concrete el rescate de los restos y se confirme que se trata de huesos humanos. Pero la cautela no borra la expectativa.
Lo que vio el pescador el 18 de mayo último en una lengua de fango que se adentraba en el lago, que habitualmente está cubierta por las aguas pero que había quedado expuesta por la bajante, fue sumamente significativo: los restos estaban “envueltos” en una malla de alambre y sujetos a bloques de cemento, exactamente las mismas características de los restos encontrados en el mismo lago en 1973 y que en 2001 fueron identificados como los del desaparecido Roberto Gomensoro Josman.
Por distintas razones, el pescador también asumió una actitud de cautela: detectó los restos sin intentar sacarlos del fango y comunicó su hallazgo a amigos, que prefirieron dar a conocer la noticia en Montevideo, en lugar de formular la denuncia a la Policía o la justicia de Tacuarembó. La novedad se conoció recién la semana pasada y, tras contactos con la Presidencia, López Mazz se trasladó a Paso de los Toros y habló con el pescador.
La celeridad con que se actuó se justifica en dos antecedentes: uno, el caso de Gomensoro Josman, cuyo cadáver rescatado del lago fue enterrado como nn sin que se realizaran investigaciones; su identificación fue posible porque el médico que practicó la autopsia guardó la cabeza en su casa durante tres décadas.
El otro antecedente refiere a la incomprensible manipulación de los restos ubicados en el cementerio de Vichadero, que generó la expectativa del hallazgo de un cementerio clandestino; pero cuando finalmente los restos –separados de aquellos que correspondían a los enterramientos “legales” de fallecidos del lugar– fueron trasladados a Montevideo, los mismos habían sido “mezclados” de tal forma que se obstaculizó premeditadamente la labor de identificación.
Ayer, jueves, López Mazz rastrillaba, con el auxilio de buceadores de su propio equipo y con detectores de metal, la zona señalada por el pescador para rescatar los restos. Intensas lluvias en el norte redujeron la bajante del lago y por tanto el lugar está nuevamente cubierto por las aguas. Las tareas de rescate cuentan con el apoyo de personal de la Prefectura Naval de Mercedes, que tiene jurisdicción sobre la zona específica, al igual que las unidades del Ejército con asiento en Paso de los Toros, muy activas en la tortura de militantes durante la dictadura.
El equipo de antropólogos ya había recibido información sobre la posible existencia de otros cuerpos arrojados al lago. La información se basaba en comentarios de vecinos de la zona, y aunque las versiones eran extremadamente imprecisas, el antecedente de Gomensoro Josman les daba cierta credibilidad. Las dificultades que enfrentan los esfuerzos por la ubicación de cientos de restos de desaparecidos, y que quedan en evidencia ahora con esta búsqueda, revitalizaron el reclamo de familiares de las víctimas, que el miércoles 4 volvieron a denunciar las “medias tintas” de la actitud presidencial, que no se decide a ordenar taxativamente a los militares que entreguen la información sobre el destino final de los desaparecidos.
El reclamo se asienta en dos evidencias: que hay efectivamente desaparecidos cuyos restos no han podido ser ubicados, y que las Fuerzas Armadas han admitido su responsabilidad. Las organizaciones de derechos humanos rechazan categóricamente la “incapacidad” de los mandos militares para obtener la información de boca de aquellos oficiales directamente responsables de las desapariciones. Por ello, el abogado Óscar López Goldaracena, promotor de la causa por la que fue procesado el dictador Gregorio Álvarez, reclamó al gobierno abrir todos los archivos militares a efectos de facilitar la investigación judicial sobre desapariciones.
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