viernes, 13 de febrero de 2015

No es creible desde el pedestal





El presidente Tabaré Vázquez pondrá nuevamente el acento en la investigación de casos de derechos humanos durante la dictadura militar (1976-1984) creando una comisión de “Verdad y Justicia”. Será presentada este viernes en el Hotel Four Points, donde Vázquez mantiene reuniones con el equipo de gobierno.

El nuevo gobierno pondrá al frente de la institución a Macarena Gelman y a Felipe Michelini (hijos de víctimas del terrorismo de Estado), junto a representantes de las religiones católica, judía, protestante, evangélica, además de las colectividades afrodescendientes. El presidente del Comité Central Israelita, Sergio Gorzy, admitió que la invitación ya fue cursada.

Vázquez había anunciado durante la campaña electoral que llevaría una iniciativa en ese sentido, según recuerda este jueves el semanario Búsqueda. Fue durante el lanzamiento de su campaña en el balneario San Luis.

Este reimpulso contrasta con las quejas que ha recibido el actual gobierno en materia de la investigación sobre los hechos de violencia en el pasado reciente. Este conflicto enfrentó al actual ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, y representantes del Frente Amplio. Huidobro continuará al frente al ministerio a partir del 1º de marzo.




Vázquez presenta Comisión por la Verdad y la Justicia.

vie feb 13 2015
El presidente Tabaré Vázquez presentó esta mañana la conformación de la Comisión por Verdad y Justicia, creada para tratar aspectos de los derechos humanos y los desaparecidos. Vázquez dijo en conferencia de prensa que el criterio de selección  fue de ejecutividad. "Ser ejecutivos en el grupo de trabajo" dijo Vázquez.
La comisión estará integrada por el propio Vázquez, el vicepresidente electo Raúl Sendic, los legisladores Macarena Gelman y Felipe Michelini, Susana Andrade como representante de la colectividad afrodescendiente, Ademas Olivera por la Iglesia Metodista, Emilia Carlevaro como representante de la organización familiares, Pedro Sclofsky por la comunidad judía y Mario Cayota como representantes de la iglesia Católica.

"Queremos ver cómo se puede avanzar más de lo que se pudo avanzar hasta ahora" dijo Vázquez. El futuro mandatario hizo énfasis en que falta información por parte de los militares y que hay que buscarla porque en "algún lugar está". "No hay que bajar los brazos en este sentido" subrayó.
Vázquez dijo que conoce la versión del planteo del Papa Francisco para ayudar en la búsqueda de detenidos desaparecidos solo por los medios y que es una feliz coincidencia que será bienvenida para aportar, pero descartó tener una propuesta formal al respecto. Aclaró que el "Estado es laico y que se va a trabajar como tal". 
Por su parte Juan Andrés Roballo, futuro prosecretario de la presidencia, dijo que en el caso de los desaparecidos durante la dictadura se trabajará con organismos implicados y se digitalizará toda la información para volver a reunir todos los datos. Roballo aclaró que se contaba con mucha información dispersa sobre la que se va a trabajar. También confirmó que habrá un "seguimiento del cumplimiento de las sentencias contra el Estado y del cumplimiento de las leyes reparatorias para las víctimas". 
El secretario de Derechos Humanos del PIT-CNT, Edgardo Oyenart, expresó su molestia a La Diaria por cómo se manejó la conformación de la comisión y por que se le otorgue peso a organizaciones sociales que "claramente no han estado en primera fila en la lucha de todos estos años por verdad y justicia”. Agregó además que se trata de “una nueva Comisión para la Paz” y por eso adelantó que el Pit-Cnt tendrá “la misma posición” que entonces porque “la historia nos dio la razón y quedó demostrado que aquellos era un mero engaño”.





En puerta

Malestar en el PIT-CNT con propuesta de Vázquez de crear una "comisión por verdad y justicia".
El presidente Tabaré Vázquez presentará hoy en el hotel Four Points una comisión "por la verdad y justicia" que comenzará a funcionar durante su mandato, según informó ayer Búsqueda. El equipo de trabajo coordinará directamente con Presidencia de la República y estará integrado, según confirmó Montevideo Portal, por Macarena Gelman, Felipe Michelini, Emilia Carlevaro (Familiares), Susana Andrade por la colectividad afrodescendiente, Ademar Olivera de la Iglesia Metodista y representantes de la Iglesia Católica y de la colectividad judía.
La iniciativa presidencial despertó entusiasmo, pero también varias molestias. Edgardo Oyenart, secretario de Derechos Humanos del PIT-CNT, confirmó que la central sindical no recibió ninguna invitación para la conferencia y opinó que, en caso de confirmarse este esquema, la sociedad civil "no estaría representada".
"No estoy de acuerdo con cómo se está manejando y tampoco con que se les otorgue prevalencia a organizaciones que claramente no han estado en primera fila en la lucha de todos estos años por verdad y justicia", marcó Oyenart. El sindicalista advirtió que se trata de una "nueva Comisión para la Paz" y adelantó cuál será la posición de la central. "De la misma manera que peleamos en aquel momento vamos a pelear ahora. Además, porque la historia nos dio la razón y quedó demostrado que aquello era un mero engaño", sentenció.
Raúl Olivera, del Observatorio Luz Ibarburu, también manifestó su desagrado con la noticia: "Resulta muy llamativo que a un sector como el movimiento sindical, que fue uno de los principales afectados por la represión, no lo integren y que ni siquiera lo hayan consultado o al menos lo hayan informado".
Por su parte, Gastón Grisoni, de Crysol, la asociación que nuclea a ex presos políticos, comentó que el intento de reimpulsar la lucha por verdad y justicia es una "buena señal" del futuro gobierno, que demuestra su "preocupación" por el tema. "Es una buena señal, pero debería fortalecerse con la participación de las organizaciones sociales que más han luchado por este tema. En Crysol tenemos 1.000 asociados demostrables, no adherentes o simpatizantes, y lo mismo pasa con el PIT-CNT, que es un pilar fundamental. No hay información y faltan actores de primer nivel", comentó.
En tanto, Álvaro Rico, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República (Udelar) y representante del equipo de historiadores en la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, dijo que no estaba al tanto de ninguna invitación a la Udelar por parte de Presidencia para participar en la actividad de hoy.
También hubo reacciones más entusiastas con el planteo de Vázquez. El diputado Michelini confirmó que recibió la invitación para la conferencia y evaluó que se trata de una iniciativa "pertinente, que vale la pena y puede aportar". "No creo que sea buena cosa empezar identificando quién está y quién no está. Más allá de quién integra este grupo de trabajo, lo que me importa es el talante de una iniciativa que pueda impulsar con mucha fuerza la búsqueda de la verdad, la memoria y la justicia. Yo estaría encantado de participar en una iniciativa de este tipo", dijo.
Óscar Urtasun, de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, también está entusiasmado con la propuesta de Presidencia. "No creo que sea parecida a la Comisión para la Paz; se está pensando en algo totalmente diferente. Es una experiencia nueva, porque no vale la pena repetir cosas que no dieron resultado. Como idea está bien, sobre todo porque se apuesta a que no haya tanta injerencia de los actores políticos", manifestó.


 Madres y Familiares de desaparecidos
Ante el reciente anuncio del Sr. Presidente electo, Dr. Tabaré Vázquez, referido a la conformación de un Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia - de carácter honorario - en la órbita de la Presidencia de la República al cual ha sido convocada nuestra Asociación, se entiende que corresponde informar los términos en los cuales ha considerado y resuelto su participación:
1 - En nuestro país, por más de cuatro décadas se ha recorrido - con dignidad y fortaleza - un largo y dificultoso camino por todas y cada una de las víctimas del Terrorismo de Estado para, superando la estigmatización, obtener su reconocimiento, proclamar la imperiosa necesidad de la búsqueda de la verdad frente a un sistema represivo que operaba desde el propio Estado, forjar una memoria colectiva y exigir, sin claudicaciones, una justicia integral que hiciera frente a las distintas formas en que la impunidad opera.
Tal camino trasciende las individualidades: sus postulados involucran la construcción de una comunidad consciente del rol preventivo que debe asumir en la vigilancia de sus libertades y derechos, para que el “Nunca Más” no permanezca como mera consigna y la impunidad ante graves violaciones a los derechos humanos no se consolide en nuestro país y comprometa su futuro.
2 - Desde el retorno a la democracia a la fecha, muchos han sido los obstáculos que la lucha por Verdad y Justicia enfrentó, entre otros:
  • se le acusó reiteradamente de “tener los ojos en la nuca” e hipotecar la estabilidad democrática;
  • se le negó el acceso a la justicia utilizando eufemismos para consagrar la impunidad jurídica;
  • se elaboraron muchos y reformulados discursos que han pretendido revertir roles entre víctimas y victimarios, e incluso se presentó trivialmente la dimensión del dolor padecido por las víctimas y sus familiares;
  • se brindaron “verdades” falsas toleradas y complacientes a la impunidad;
  • se intentó desdibujar las responsabilidades estatales e institucionales en la violación sistemática de derechos esenciales asentada en la Doctrina de la Seguridad Nacional, construyendo un “relato” que, con sus variantes, llega hasta nuestros días.
3 - Madres y Familiares ha demostrado cabalmente su voluntad de contribuir responsablemente en todas y cada una de las iniciativas recorridas, actitud que implica tanto reconocer avances cuando han existido, como reclamar legítimamente, desde el lugar que le es propio, las falacias, carencias e insuficiencias de las mismas. Hoy por hoy pretende seguir manteniendo esa actitud de colaboración consciente de su responsabilidad y apostando a que aún es posible la construcción de un auténtico “Nunca Más” en nuestro país.
4 - Por ello, ante la convocatoria propuesta contribuirá designando un representante de su seno para aportar en la generación de un espacio que, desde los ejes de accesibilidad y transparencia en el actuar, asuma un rol proactivo en la búsqueda de la verdad, sin límites ni prejuicios en relación al universo que debe investigar e interpelar, procurando asentar la credibilidad de las diversas institucionalidades que deben asumir cabalmente su responsabilidad frente a las graves violaciones a los derechos humanos.
5 - Sin duda, la verdadera consolidación de un Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia exige, como condición ineludible de su propia consolidación, que sea acompasado y respaldado por una clara y firme voluntad política en la materia.
Así deben existir mensajes inequívocos en la elaboración de las políticas públicas en materia de derechos humanos, debe mediar la construcción de un proyecto integral orientado principalmente al desmantelamiento de las entrañas del aparato represivo que actuó durante el período del Terrorismo de Estado y de su “cultura institucional” y, sobre todos los núcleos problemáticos, debe ser claro en el discurso e implementación de las políticas de defensa - nacional e internacional -, y el rol que compete a las Fuerzas Armadas en una sociedad democrática.
Resulta crucial una actitud gubernamental firme que implique no tolerar, en forma alguna, discursos de actores públicos que desdigan la conducción de esas políticas, ya sea por la desacreditación de las víctimas y los interlocutores de la sociedad civil, ya sea por revivir discursos trasnochados, ya sea por la vía de los hechos cuando meramente se niega o se limita la accesibilidad a los archivos estatales que contienen elementos claves para avanzar en la búsqueda de la verdad o se esgrime sin más la existencia de un “pacto de silencio” como obstáculo insalvable desde el poder civil.
En tal sentido la Asociación ya ha expresado su honda preocupación por la permanencia en el cargo de Ministro de Defensa del Sr. Fernández Huidobro y, recientemente, se ha manifestado respecto de los alcances de las declaraciones públicas del Sr. Comandante en Jefe del Ejército, General Manini Ríos.
6 - A casi veinte años de la Marcha del Silencio, Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desparecidos entiende que la lucha por Verdad y Justicia permanece vigente.


Familiares: siempre cuesta creer


video

sáb feb 14 2015
Sin embargo, esa comisión genera escepticismo en actores que han trabajado en el tema derechos humanos por considerar que el resultado puede ser en "un entierro de lujo" de las indagatorias.
"Falta información y en algún lado está. No hay que bajar los brazos", aseguró Vázquez al presentar ayer la comisión en conferencia de prensa. El grupo que quedará oficializado el 1º de marzo, estará integrada por los legisladores Macarena Gelman y Felipe Michelini; Emilia Carlevaro como representante de la organización Familiares; Susana Andrade como representante de la colectividad afrodescendiente; Ademar Olivera por la Iglesia Metodista, Mario Cayota en representación de la Iglesia Católica; y Pedro Schotsky, por la comunidad judía.
Según anunció Vázquez, el trabajo de la comisión comenzará por relevar la información en los organismos estatales. El futuro prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, dijo que se digitalizará toda la información existente.
Aclaró que se cuenta con mucha información dispersa sobre la que se va a trabajar. También confirmó que habrá un "seguimiento del cumplimiento de las sentencias contra el Estado y del cumplimiento de las leyes reparatorias para las víctimas".
Sin embargo, entre quienes han trabajado por esclarecer los hechos del pasado reciente surge reticencia a la tarea de esta comisión. El abogado Federico Álvarez Petraglia, dijo a El País que se debería poner el énfasis en la Justicia, en que los jueces y fiscales que tienen a su cargo las causas y son quienes deben investigar, puedan trabajar de manera coordinada, más que en crear comisiones.
En la misma línea, el abogado denunciante de varias causas y senador suplente del Partido Comunista, Óscar López Goldaracena, opinó que "una comisión no puede jamás sustituir al Poder Judicial. Estamos de acuerdo en que se busque mecanismos de investigación pero tienen que ser profesionalizados".
"Se trata de interrogar a una banda de desaparecedores, no lo puede hacer cualquiera. Este tipo de comisiones pueden aportar donde la Justicia no ha funcionado, como ocurrió en Chile, pero en Uruguay no. Lo que hay que hacer es darle libertad a la Justicia", aseguró. Añadió que la mayor preocupación está en la "actitud conservadora de la SCJ". "Esto puede ser un entierro de lujo para los temas de derechos humanos", concluyó.
El secretario de Derechos Humanos del Pit-Cnt, Edgardo Oyenart, también expresó su molestia por la conformación de la comisión y por que se le otorgue peso a organizaciones sociales que "claramente no han estado en primera fila en la lucha de todos estos años por verdad y justicia", declaró ayer a la diaria. Agregó además que se trata de "una nueva Comisión para la Paz" y por eso señaló: "la historia nos dio la razón y quedó demostrado que aquellos era un mero engaño".

En respuesta a esa crítica, Vázquez destacó al Pit-Cnt y a Crysol entre los "grupos que trabajaron" en la búsqueda de Verdad y Justicia pero aclaró que no los convocó porque utilizó un criterio de "ejecutividad". Aseguró que se buscó tener un grupo de trabajo "relativamente reducido a efectos de que con ejecutividad pudiera avanzar y tener mayor desarrollo del tema", sostuvo.
Por su parte, el presidente de Crysol Gastón Grisoni celebró el hecho de que antes de que asuma el nuevo gobierno se presente a la comisión pero también enfatizó que "la Justicia es la que tiene el cometido específico de esclarecer los hechos y sancionar a los responsables". "Falta información porque la que tiene que dar avances es la Justicia", dijo.

Fernández Huidobro

Si bien participará de la comisión, la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos reclamó una "actitud gubernamental firme" que no tolere discursos que "desdigan" la búsqueda de la verdad y las políticas de derechos humanos. En un comunicado de prensa, la organización reiteró su rechazo y "honda preocupación" por la permanencia en el cargo del ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro.
También cuestionó las declaraciones del comandante en Jefe del Ejército, general Guido Manini Ríos, sobre la dificultad que existe para conseguir nuevos datos sobre los desaparecidos de la última dictadura militar y la necesidad de "dar vuelta la página".
Solicitó que no se esgrima "la existencia de un pacto de silencio como obstáculo insalvable desde el poder civil".

De la ley de Caducidad al hallazgo de restos

Gobierno de Julio Sanguinetti (1985-1990)
Con la aprobación de la ley de Caducidad (15.848) en diciembre de 1985, que tuvo el apoyo de blancos y colorados, se cerró la posibilidad de que la Justicia investigara las causas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. Si bien se presentaron numerosas denuncias ante la Justicia, los jueces debían remitir esas causas al Poder Ejecutivo, y la respuesta siempre era la misma: la Justicia está impedida de actuar porque el caso está amparado por la Caducidad.
Gobierno de Luis Lacalle (1990-1995)
Durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, el tema de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura entró en un impasse. En ese período, no hubo denuncias contra militares por lo que ningún juez remitió expedientes al Ejecutivo ni el presidente tuvo oportunidad de pronunciarse sobre el tema.
Segundo Gobierno de Sanguinetti (1995-2000)
El 16 de abril de 1989, la "ley de caducidad" fue puesta a consideración de la ciudadanía por medio de un referéndum, en el que se elegía entre el voto verde y el voto amarillo. Sin embargo, logró el apoyo del 54,44% de los electores. Un 42,42% votó en contra de la norma. Con ese resultado se mantuvo la decisión de que todas las causas por violación a los derechos humanos en dictadura fueron declaradas dentro de esa ley, lo que impidió juzgar a los militares denunciados.
Gobierno de Jorge Batlle (2000-2005)
El presidente Jorge Batlle instaló la Comisión para la Paz para conocer el destino de los desaparecidos durante la dictadura. Estaba integrada por Gonzalo Fernández, Carlos Ramela, el entonces arzobispo de Montevideo, Nicolás Cotugno, José Williman, el sacerdote Luis Pérez Aguirre y el histórico dirigente sindical José DElia. Se identifica y ubica a Macarena Gelman. El excanciller Juan Carlos Blanco fue el primer procesado, en su caso por la desaparición de Elena Quinteros.
Gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010)
En su discurso del 1º de marzo Vázquez anunció que respetando la ley de caducidad, ingresará a los cuarteles en busca de restos de desaparecidos. En 2006 un equipo de antropólogos encuentra los restos de Ubagesner Chaves Sosa y de Fernando Miranda. Van a prisión seis militares retirados y dos expolicías, seguidos de los exdictadores Gregorio Álvarez y Juan María Bordaberry. La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la ley de caducidad.
Gobierno de José Mujica (2010-2015)
En 2011 el Poder Ejecutivo emitió un decreto por el cual declaró que todos las denuncias de la dictadura quedan afuera de la ley de Caducidad. El Parlamento aprobó con los votos de FA una ley que declara imprescriptibles los delitos de lesa humanidad. Aparecieron los restos del maestro de Julio Castro en el Batallón 14, pero luego se detienen las tareas y se deja de excavar. En 2013 la Suprema Corte declaró inconstitucional los artículos 2 y 3 de la ley interpretativa de la Caducidad.

Los Casos aún sin fallo

La suprema corte fijará posición
El caso Perrini será emblemático para el futuro de las causas judiciales. Luego de que un tribunal de apelaciones ratificara la decisión de la jueza Beatriz Larrieu de continuar investigando y citar al militar Pedro Barneix, el caso fue apelado. La Corte definirá si la muerte de Aldo Perrini prescribió o, como sostuvo la jueza, mientras estuvo vigente la ley de Caducidad no se pudo computar el plazo de prescripción.
Citaron a jueces y fiscales de la época
La jueza Julia Staricco deberá decidir si hace lugar al pedido del fiscal Carlos Negro de procesar al militar (r) Asencio Lucero, y toma declaración a jueces y fiscales que trabajaron entre 1972 y 1980. Lucero reconoció la aplicación de torturas y vejaciones a mujeres durante la dictadura y afirmó que los detenidos eran enviados por la Justicia al Regimiento de Caballería N° 9. La causa fue iniciada en 2011 por 26 ex presas políticas.
Justicia investiga 164 denuncias
Según datos del Observatorio Luz Ibarburu, que realiza un seguimiento de las causas judiciales, hay 164 en etapa de presumario en los que aún no ha habido militares procesados. Otras diez causas se encuentran en etapa de sumario, es decir que la Justicia ha dictado procesamientos y van camino a tener sentencia definitiva. En tanto, siete se acumularon con otras causas que estaban en trámite. A su vez, 68 expedientes han sido archivados por la Justicia, ya sea por falta de pruebas, porque se entendió que los delitos prescribieron o porque no se halló a los responsables.

http://www.republica.com.uy/amado-apoya-iniciativa-de-vazquez-en-dd-hh/502360/






1 comentario:

  1. los muertos en territorio uruguayo, los muertos asesinados no estan representados, son los muertos clase B, los no desaparecidos, y muertos en uruguay, y sus familiares tambien son y han sido ignorados por 35 años

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