Entre el silencio, la mentira y la impunidad

Privilegios militares en Uruguay



El vocero de la ultra derecha uruguaya, siempre con su teoría de los dos demonios publica la nota:

La intención del próximo gobierno de obtener más información sobre las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985) es recibida con escepticismo por militares retirados e integrantes del Movimiento de Liberación Nacional—Tupamaros (MLN-T), quienes creen que las posibilidades de éxito son pocas.
Los militares retirados consultados por Búsqueda consideran que es “muy difícil” que funcione la comisión por “verdad y justicia” que anunció Tabaré Vázquez para avanzar en la investigación. En algunos casos, opinan que es un proyecto destinado al fracaso porque ningún oficial o subalterno que actuó en la primera línea en las décadas de 1970 y 80 estará dispuesto a aportar algún dato por el riesgo de terminar presos.
Si bien el presidente José Mujica y el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, pretenden que la comisión avance en su trabajo, integrantes del MLN dijeron a Búsqueda que es “muy escaso” el resultado que podrá obtener un grupo de trabajo de esta naturaleza.
El viernes 13, Vázquez anunció en el hotel Four Points la creación de una comisión que trabajará bajo la consigna de la “ejecutividad” para avanzar en el esclarecimiento de los casos de ciudadanos detenidos desaparecidos durante la dictadura.
La comisión estará integrada por Vázquez, el futuro vicepresidente, Raúl Sendic, los legisladores Macarena Gelman y Felipe Michelini (ambos hijos de padres asesinados durante la dictadura), Susana Andrade como representante de la colectividad afrodescendiente, Ademar Olivera por la Iglesia Metodista, Emilia Carlevaro como representante de la organización de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Pedro Sclofsky por la comunidad judía y Mario Cayota por la Iglesia católica.
“Queremos ver cómo se puede avanzar más de lo que se pudo avanzar hasta ahora”, dijo Vázquez. El futuro mandatario hizo énfasis en que falta información por parte de los militares y que hay que buscarla porque en “algún lugar está”. “No hay que bajar los brazos”, subrayó.
Consultado acerca de cómo será la relación con las Fuerzas Armadas para obtener información, el futuro presidente dijo que será igual a la que tuvo durante su primer gobierno (2005-2010). “El relacionamiento” será “institucional”, dijo. “Acá hay una verticalidad. El presidente de la República es el mando superior de las Fuerzas Armadas. Luego está el ministro y el subsecretario. Y ese va a ser el nivel de relacionamiento. Y cualquier elemento que nos llegue, que sea serio para llegar a ser una denuncia en la justicia penal o donde corresponda, no le quepa la menor duda que lo vamos a hacer”.

· “Difícil”. Sin embargo, en el ámbito militar la idea es recibida con escepticismo. El coronel retirado Guillermo Cedrez, presidente del Centro Militar, dijo a Búsqueda que ve “muy difícil” que la comisión propuesta por Vázquez encuentre nueva información sobre los desaparecidos. “Mi intención no es bombardear la comisión que creó el presidente, pero es difícil que alcance algo. No la veo. Hay cosas que ya no se pueden saber más. Yo no sé quién puede tener información, hoy por hoy ni los (militares) que voy a ver, que están presos, poseen información”, agregó.
Para el coronel retirado la situación actual “más que un pacto de silencio es un sálvese quien pueda” porque “cualquiera que vaya a declarar o diga algo, sabe que puede terminar procesado”.
“Hay fiscales que mintieron en aras de procesar gente y al que dice algo inmediatamente se lo acusa de alguna cosa”, agregó.
Cedrez dijo que “muchos hablan de derechos humanos, pero no respetan los derechos humanos de los demás”.
“Además, en ese momento histórico estábamos con otras reglas de juego, cumpliendo órdenes. Y eso también son derechos humanos”, añadió. “Nos dieron órdenes de combatir a la sedición. Acá no hay inocentes, acá hay gente que jugó a los terroristas armados, que secuestró, mató y que perdió por la vía de las armas. Algunos, como Mujica y Huidobro lo admitieron. Otros no, y ahora quieren revancha por la vía judicial o ilegalmente, sin respetar las prescripciones”.
El nuevo comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, parece coincidir en que no será fácil encontrar más información sobre los crímenes ocurridos durante la dictadura. El 2 de febrero, durante la ceremonia en la que asumió el cargo, dijo que no es “muy optimista” en cuanto a que pueda “obtener datos que no hayan obtenido” sus antecesores, quienes “tuvieron toda la voluntad de conseguir esa información”.
“Si yo la llegara a conseguir por alguna razón, sea cual fuere, voy a ponerla a disposición, buscando con eso dar un paso hacia la reconciliación de todos los orientales”, agregó.
Manini Ríos cree que los treinta años transcurridos desde 1985 es “mucho tiempo”, y que la dictadura ya “no es historia reciente, es historia lejana”.
“Tenemos el derecho, los integrantes del Ejército, a hablar de cosas del futuro y no seguir hablando de cosas del pasado. Hay heridas que cuando empiezan a cicatrizar de alguna forma, se les arranca la cascarita y vuelven a sangrar y es un cuento de no terminar”, concluyó.

· “Credibilidad”. Fuentes cercanas a los militares retirados que están presos en la cárcel especial de Domingo Arena fueron aún más duros. “No creo que funcione en lo absoluto. Si existiera alguna información para dar, no creo que nadie la dé”, dijo un abogado que trabajó en la defensa de algunos militares procesados por causas vinculadas a la dictadura.
“El gobierno de Vázquez detuvo a los militares y los enjuició (...). Recordemos que Vázquez, a través del doctor Gonzalo Fernández, propuso a un grupo de militares estar 8 años presos y nada más. Creo que Vázquez no tiene credibilidad alguna y eso deberían saberlo también los familiares de desaparecidos”, concluyó.

 El presidente del Centro Militar, Guillermo Cedrés, ve muy difícil que la comisión por verdad y justicia que anunció Tabaré Vázquez pueda avanzar en la investigación sobre las violaciones a los derechos humanos 

"Hay cosas que ya no se pueden saber más. Yo no sé quién puede tener información”.

 “Cualquiera que vaya a declarar o diga algo, sabe que puede terminar procesado. Hay fiscales que mintieron en aras de procesar gente y al que dice algo inmediatamente se lo acusa de alguna cosa”

 " En ese momento histórico estábamos con otras reglas de juego, cumpliendo órdenes. Y eso también son derechos humanos”.

El nuevo Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia 9 verdad y justicia F Gutierrez Verdad y justicia. Foto: Federico Gutiérrez.


Justo en el enroque, Tabaré Vázquez y José Mujica hacen calentamiento para un juego de tronos que se inaugura en la cancha de los derechos humanos. Al menos en materia de derechos humanos, 15 años de gobiernos frenteamplistas con derroteros ambiguos y contradictorios habilitan posturas que van desde la cautela al escepticismo. 


Tal fue el abanico de reacciones ante el anuncio del presidente electo Tabaré Vázquez sobre la próxima instalación del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, que se propondrá obtener información sobre los desaparecidos, facilitar el esclarecimiento de los crímenes de la dictadura y hacer un seguimiento del cumplimiento de las sentencias internacionales contra el Estado uruguayo. Las distintas tonalidades de desconfianza pueden sintetizarse en la apreciación de un vocero de una organización de derechos humanos: “Es lo mejor que se nos ha ofrecido desde la redemocratización hasta ahora… si se concreta”.

Por lo menos dos organizaciones comprometidas con los derechos humanos hicieron saber su descontento con la forma en que el presidente electo resolvió la integración del grupo de trabajo: Crysol y el Pit-Cnt. El primero reivindicó su condición de representante de los ex presos políticos, y la central obrera recordó su firme compromiso con la búsqueda de los desaparecidos. Vázquez explicó que la integración del grupo buscaba “la ejecutividad”, que quedaría desvirtuada con una especie de “asamblea” de representantes, pero no abundó en las razones por las que están “representadas” diferentes corrientes religiosas.

Vázquez no dejó resquicio para el debate sobre la integración, que decidió en total reserva, como la existencia misma del Grupo. Por lo menos dos semanas antes –y cuando se divulgó la supuesta propuesta del papa Francisco para impulsar “la verdad y la memoria”– comenzaron a trascender informaciones sobre la idea de Vázquez, pero todo intento de obtener una confirmación de esta idea chocó con una infranqueable negativa, en especial porque, off the record, se hacía hincapié en la determinación de Vázquez de ser el primero en hablar sobre el asunto, aunque 24 horas antes la información fue brindada al semanario Búsqueda, precisamente el medio por el que suelen difundirse, en exclusividad, los operativos para interponer chicanas en las causas judiciales que aún permanecen activas. El equipo estará presidido por el propio presidente electo, el vicepresidente Raúl Sendic y el designado secretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, quien de hecho será el nexo, para las cuestiones prácticas, con los demás integrantes. Fueron invitados Macarena Gelman y Felipe Michelini, quienes, además de sus posturas sobre derechos humanos, representan a cabalidad a las víctimas del terrorismo de Estado; Susana Andrade, representante de la colectividad umbandista, Adhemar Olivera por la Iglesia Metodista, Pedro Sclofsky, ex presidente del Comité Central Israelita, Mario Cayota como referente de la Iglesia Católica, y Emilia Carlevaro en representación de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.

La de Carlevaro fue la única designación resuelta por la organización que representa. Casi en simultáneo con el anuncio del presidente electo, Familiares dio a conocer un comunicado que requiere atenta lectura. Después de señalar la larga lista de gatopardismos, define su participación en la disposición de “aportar en la generación de un espacio que, desde los ejes de accesibilidad y transparencia en el actuar, asuma un rol proactivo en la búsqueda de la verdad, sin límites ni prejuicios en relación con el universo que debe investigar e interpelar”. Reclama “mensajes inequívocos en la elaboración de las políticas públicas” sobre derechos humanos, la “construcción de un proyecto integral orientado principalmente al desmantelamiento de las entrañas del aparato represivo que actuó durante el período del terrorismo de Estado”, y advierte que “se debe ser claro en el discurso e implementación de las políticas de defensa –nacional e internacional–, y el rol que compete a las Fuerzas Armadas en una sociedad democrática”.

Madres y Familiares estima “crucial” una actitud firme que no tolere “discursos de actores públicos que desdigan la conducción de esas políticas”, revivan “discursos trasnochados”, o simplemente “cuando se niega o se limita la accesibilidad a los archivos estatales que contienen elementos clave para avanzar en la búsqueda de la verdad o se esgrime sin más la existencia de un ‘pacto de silencio’ como obstáculo insalvable desde el poder civil”. La referencia refiere inequívocamente a las recientes declaraciones del presidente José Mujica pero también implica un mensaje concreto para el futuro presidente, al que se le advierte la “honda preocupación por la permanencia en el cargo de ministro de Defensa del señor Fernández Huidobro”.

Hay un vasto campo aún indefinido sobre el accionar concreto del organismo y sus atribuciones. El Grupo de Trabajo centralizará toda la información que exista en diferentes dependencias oficiales y buscará nuevas fuentes de información, en especial los archivos de los aparatos represivos que aún permanecen secuestrados por militares comprometidos en los crímenes de la dictadura o por oficiales de jerarquía de la inteligencia militar. La centralización de los materiales y su digitalización facilitarán una tarea de inteligencia elemental –el cruzamiento de datos– pero que hasta ahora no fue realizada en forma sistemática por la Comisión del Pasado Reciente, heredera en muchos de sus aspectos negativos de la Comisión para la Paz que instalara el ex presidente Jorge Batlle. También se encargará de recibir y analizar toda información referida a la ubicación de los restos de desaparecidos, la existencia de cementerios clandestinos y eventualmente detectar las responsabilidades de los jerarcas que ordenaban los enterramientos. Pero la decisión final estará centralizada en Tabaré Vázquez, quien definió su función como “viabilizador” de los requerimientos del Grupo, ya sea para entrar a un cuartel a buscar archivos o para proteger un testimonio que podría facilitar la ubicación de un enterramiento clandestino.

Habrá preguntas clave en la búsqueda de la verdad. Por ejemplo, el lugar de enterramiento de María Claudia García de Gelman, o la instancia que decidió el asesinato de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, para citar dos misterios emblemáticos. El dato sobre María Claudia, que en su momento implicó una manipulación de información de la que fue víctima el entonces presidente Tabaré Vázquez, motivó una pregunta específica en la conferencia de prensa durante el anuncio de la creación del Grupo: ¿qué ocurre si una vez más se niega el acceso a la información? “Existe una única cadena de mando, y yo soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas”, respondió Vázquez

No sólo la verdad es una renovada preo­cupación del gobernante electo. También la justicia, y al respecto un documento elaborado por su equipo asesor menciona la intención del Estado de crear “unidades especializadas en el Ministerio Público y en el Poder Judicial con jurisdicción en la investigación de denuncias de graves violaciones de derechos humanos”. Tal anuncio, que implicaría la creación de juzgados especiales, generó la inmediata reacción del novel presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak. Consecuente en la defensa de la impunidad, Chediak, destacado miembro de la masonería, invocó una supuesta inconstitucionalidad, el mismo argumento que facilitó a la actual Suprema Corte el mantenimiento de la ley de caducidad.

Contrastando con su actitud “difusa” en materia de derechos humanos durante su primera presidencia, Vázquez encabeza una ofensiva contra la impunidad que se despliega en dos vertientes: una internacional, tratando de restañar la imagen del país en los organismos internacionales por la vía del cumplimiento de los compromisos asumidos al ratificar convenios y tratados; y otra doméstica, de enfrentamiento abierto con el actual presidente Mujica. Ambas posiciones, la del actual y la del electo, en materia de impunidad, llegan a un punto de antagonismo. Quizás no sea muy aventurado afirmar que Vázquez pretende nivelar la pulseada de poder que se instalará el 1 de marzo. Si Mujica marcó la cancha (la omertà es insalvable, más no se puede hacer, hay que buscar otros caminos, hay que mirar la experiencia sudafricana), como capo di tutti capi en el Parlamento es de esperar una postura regimentada de la principal bancada oficialista, la del Mpp; y si el Pepe está en la que está, todos estarán ahí, de él para abajo. Por eso, prudentemente, Vázquez descartó la posibilidad de que el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia tuviera sanción de ley, una iniciativa arriesgada en el actual toma y daca del cobro de cuentas. Lo que no se puede predecir es si la cuestión de los derechos humanos será la divisoria de aguas de las dos potencias, una que asume la presidencia con un respaldo abrumador pero que no tiene legisladores propios; y otra dispuesta a explotar su poder, como Herrera desde su quinta. O, ya que estamos, como Aparicio desde El Cordobés.

Justicia, justicia y más justicia

jueves, 19 de febrero de 2015

La transición  democrática iniciada en marzo de 1985 tiene aún importantes desafíos por delante para lograr la plena vigencia de las normas de derechos humanos y  de todas las disposiciones constitucionales inherentes a un sistema democrático republicano de gobierno.

La Resolución 60/147 de las Naciones Unidas es el instrumento internacional más avanzado y más exhaustivo en cuanto a la definición de los derechos que tienen las personas que han sufrido graves violaciones. Al mismo tiempo es el documento que detalla de manera pormenorizada las obligaciones de los Estados para superar con justicia y dignidad situaciones como las vividas por nuestro país durante el terrorismo de Estado. 

A la hora de evaluar los avances, diagnosticar el estado de situación para identificar los desafíos a encarar, es el estándar de calidad, el patrón de medida para evitar los subjetivismos de derecha y de izquierda, los voluntarismos y los mesianismos.

La Resolución 60/147 aprobada por la Asamblea General de la ONU establece cinco elementos básicos y esenciales para superar situaciones traumáticas: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Verdad, justicia, memoria y reparación son aspectos sustanciales que resumen la labor que deben llevar adelante los estados de acuerdo a sus normas y disposiciones constitucionales para afirmar la normativa internacional, pacificar y reconciliar a las sociedades,  dignificar a las víctimas y evitar que los hechos puedan volver a repetirse.

La implementación de la Resolución 60/147 de la ONU no es una apuesta al pasado sino una inversión estratégica de largo aliento para construir sociedades armoniosas, pacíficas y civilizadas. El Relator Especial de la ONU, Pablo de Greiff, tiene la responsabilidad de supervisar y de asesorar a los países miembros en cuanto a la implementación de dicha norma en cada uno de los  países.

En Uruguay, en materia de verdad y justicia para las graves violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas, asesinatos, ejecuciones, privación agravada de la libertad, torturas, abusos sexuales, secuestros de niños, más allá de los avances indudables que se han registrado, especialmente en los últimos diez años, solo un pequeño puñado de represores y golpistas ha sido enjuiciado y condenado, a diferencia de lo ocurrido en Argentina donde más de un millar de represores se encuentran en prisión luego del debido proceso. 

A pesar de que la detención masiva de ciudadanos asociada a las torturas y los malos tratos fue la metodología deliberadamente seleccionada por las fuerzas armadas para destruir a los opositores y de que varios militares han reconocido en tribunales haber participado en ellas, hasta el momento no ha habido ni un solo procesado por dicho delito.

Uruguay ha avanzado poco en materia de Verdad y Justicia, no solo por el pacto mafioso y criminal de los represores. Hay una gran zona de oscuridad y de impunidad debido a que quienes dieron el golpe de Estado y perpetraron las graves violaciones a los DDHH siguen teniendo una gran influencia. Aún conservan poder político, ideológico, económico, militar, en los medios de comunicación,  como para impedir que se apliquen las normas y las leyes que los condenarían. Sigue habiendo impunidad como resultado del poder, aunque no hagan ostentación de él, que siguen teniendo los terroristas estatales, que no son solamente quienes se agrupan en los desprestigiados centros militares.

Al Pepe lo que es del Pepe

Bajo amenazas y “ruido de sables” al retornar a la vida democrática lograron votar en diciembre de 1986 la ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Esta norma, aprobada sin los votos necesarios como amnistía, alteró el sistema institucional y supeditó al Poder Judicial al Poder Ejecutivo. Consagró, en los hechos,  la impunidad para los responsables de las graves violaciones y de los crímenes cometidos durante el proceso iniciado en junio de 1968  que desembocó en el terrorismo de Estado desembozado.

Recién en octubre de 2009, a instancias de la fiscal Dra. Mirtha Guianze, la Suprema Corte de Justicia mediante la Resolución 365/2009 estableció la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad para el caso  Nibia Sabalsagaray y mantuvo dicho criterio para recursos posteriores.

Como resultado de dicho pronunciamiento,  en octubre de 2011, el Parlamento aprobó la ley 18 831 que restableció plenamente la pretensión punitiva del Estado y devolvió al Poder Judicial su autonomía e independencia. Luego de más de dos décadas de debilitamiento institucional y del Estado de Derecho, el Poder Judicial recobró su legítimo cometido de investigar, esclarecer, llegar a la verdad de lo ocurrido, identificar a los responsables y enjuiciarlos.

El restablecimiento de la pretensión punitiva del Estado para las graves violaciones a los derechos humanos es el principal y más importante legado, aunque no el único, de la administración del presidente Mujica en lo referido al pasado reciente. Desde el punto de vista legal, desde octubre de 2011, no existen obstáculos legales para que la justicia actúe y cumpla con su razón de ser.

Ha sido acompañado de declaraciones y gestos poco enérgicas en materia de compromiso con las normas de DDHH,  de actitudes que hemos cuestionado como el mantenimiento de Fernández Huidobro como Ministro de Defensa a pesar de los obstáculos permanentes que tuvo hacia el accionar de la justicia o el  desconocimiento de la Recomendación de la Institución Nacional de DDHH de diciembre de 2012 sobre las leyes reparatorias.

Verdad, justicia, memoria y reparación

El nuevo gobierno ha anunciado el pasado viernes su intención de crear una Comisión de Trabajo para seguir avanzando en los temas referidos al pasado reciente con un particular énfasis en la temática de los Detenidos Desaparecidos. Ha anunciado su compromiso de colaborar activamente con el poder judicial para que el mismo pueda desempeñar su labor, nada fácil, por cierto, dado el pacto de silencio de los criminales y el paso del tiempo. También ha anunciado su intención de avanzar en otros aspectos importantes para superar los estragos del terrorismo de Estado.

La justicia no es ni ha sido nunca un obstáculo para llegar a la verdad. Ha sido precisamente la ausencia del pleno funcionamiento del poder judicial,  debido a la Ley de Caducidad durante más de dos décadas, lo que ha impedido mayores avances. La lucha por restablecer la pretensión punitiva del Estado estuvo siempre en primerísimo lugar en la agenda de las organizaciones sociales, habiendo convocado incluso un Referéndum en el año 2009 para lograrlo.

También ha anunciado su intención de avanzar en otros aspectos importantes para superar las secuelas nefastas  del terrorismo de Estado en materia de dignificación de las víctimas ante la sociedad, de forjar la memoria histórica de los hechos y de leyes reparatorias que atiendan las recomendaciones formuladas por la INDDHH y el Relator Especial de las Naciones Unidas Pablo de Greiff.

Nos congratulamos de que la temática de afirmar la normativa de DDHH figure en la agenda del próximo gobierno con un mensaje claro e indubitable al respecto y de que a tales efectos se vaya a conformar un grupo de trabajo específico que nuclea a reconocidas personalidades de diferentes ámbitos sociales.  Es un anuncio importante y trascendente. Es indudable la ausencia de protagonistas de primer nivel en la misma como el Pit – Cnt por poner solo un ejemplo.  No haber sido informados de la iniciativa con antelación y enterarnos por la prensa de que no seríamos convocados, con criterios que no compartimos, no le restan valor ni importancia ni mérito al anuncio gubernamental que consideramos muy auspicio y al cual apoyaremos activamente con propuestas e iniciativas.

La celebración del “Día del Liberado” (expreso político) el próximo Sábado 14 de marzo al cumplirse 30 años de la liberación de los últimos expresos políticos de la dictadura será una instancia de reafirmación de valores y de compromiso militante de nuestro colectivo. Para seguir avanzando.

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Opinando Nº 2 – Año 4 – Jueves 19 de febrero de 2015
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