El plan cóndor sigue vivo
Una tarde quedó de capitán servicio el “Chepe” González en el cuartel de Paso de los Toros. Se emborrachó como dios manda y bajó a las catacumbas para verduguearmos un poco y matar el aburrimiento. Fue el día que Raúl Sendic le lanzó una trompada a través de las rejas y el “Chepe” se descontroló totalmente: “van a terminar como esos “pichis” que aparecieron flotando en el Río de la Plata, pero los vamos a tirar al agua acá nomás en el Río Negro”, gritó histérico. Esta primer noticia sirvió para sonsacar más información a los guardias. Repitiendo la versión oficial, algunos nos explicaron que los muertos eran “chinos” que tiraban de los barcos de pesca. Con un poco de imaginación supusimos historias parecidas a los “vuelos de la muerte”.
Cadáveres sin identificar
Al primero lo encontró Aurelio Leiva, el
8 de noviembre de 1975, exactamente al mediodía, en la ciudad de
Carmelo, frente a la cantera vieja de Martín Chico. El último hallazgo
lo hizo Rogelio González, el 7 de abril de 1979 a las seis de la mañana,
entre el balneario Santa Mónica y la boya petrolera, en José Ignacio,
departamento de Maldonado. En total fueron 31 cadáveres los que
aparecieron en las playas de Colonia, Montevideo, Maldonado y Rocha.
Casi 35 años pasaron hasta que el equipo de antropólogos dirigidos por
López Mass, logró darles una identidad a cinco de los cuerpos hallados:
María Rosa Mora, Floreal Avellaneda y Raúl A. Niño (argentinos), Liborio
Gadea (paraguayo) y Atilio Eleuterio Arias (uruguayo). Todavía quedan
26 por identificar.
Todos los cadáveres fueron examinados
por médicos forenses de la dictadura. Ninguno de ellos vio nada
sospechoso en los signos de violencia que había en los cuerpos ni en las
muñecas maniatadas con alambres. Ni la policía ni nadie investigó los
hechos y se procedió a enterrar los cadáveres lo más rápidamente posible
como “nn”, mientras la prensa informaba que eran marineros asiáticos
desconocidos. Decenas de fiscales y jueces omitieron cumplir su deber:
investigar los asesinatos para identificar sus autores. Por el
contrario, encubrieron los crímenes sin el menor escrúpulo.
Sin embargo, dada la impunidad-ambiente
del Uruguay, esos magistrados continuaron sus carreras después de 1985,
año en que la dictadura se replegó a los cuarteles. Algunos de ellos,
como Jorge Ruibal Pino, llegaron a ser miembros de la Suprema Corte de
Justicia. Según el relato de Walter Pernas en BRECHA, la historia
criminal de Ruibal se inició cuando era fiscal letrado de la ciudad de
Carmelo en 1978: “A tres semanas de haber desempacado en su nueva
oficina, llegó el aviso: el señor Emilio Diez caminaba a las ocho de la
mañana por la costa del Parador Punta Gorda, en Nueva Palmira, donde las
aguas del río Uruguay se juntan con las del Río de la Plata, cuando
encontró un cuerpo tendido en la arena, boca abajo”. Jorge Ruibal Pino
eligió renegar de los principios generales del derecho y esconder el
expediente en el rincón más polvoriento de su fiscalía. Sus méritos como
encubridor de desapariciones forzosas valieron para hacer carrera al
amparo de la dictadura militar: en menos de un año fue Juez Letrado del
departamento de Colonia. En su despacho se acumulaban los expedientes de
los cadáveres no identificados hallados en el Río de la Plata. Con sus
jóvenes 33 años, a Jorge Ruibal Pino, dejó que esas causas murieran por
inanición. No le importaban unos cadáveres más o menos, lo importante
era detener el avance del castro-comunismo internacional. Estaba
orgulloso de pertenecer al brazo judicial de la dictadura militar.
El maestro Julio Castro
En 1981 Ruibal Pino recibió otro premio a sus merecimientos y fue nombrado en un juzgado penal de Montevideo, justo donde estaba radicada la denuncia por la desaparición forzosa del maestro Julio Castro. La cuestión de los desaparecidos era su karma, lo perseguía. Ruibal se cuidó de que el caso permaneciera encajonado en su escritorio. Y, cuando apenas retornada la legalidad tutelada en 1985, los familiares del maestro intentaron desempolvar la causa, Ruibal Pino no dudó un instante en colocar otro ladrillo en la muralla de impunidad: archivó la causa, postergando por veinte años la investigación de uno de los crímenes de lesa humanidad más horrorosos que cometieron las fuerzas armadas uruguayas.
Néstor Tróccoli, capitán de la marina uruguaya, fue arrestado en Salerno el 23 de diciembre de 2007. La fiscalía de Roma le imputa la desaparición forzosa de 30 ciudadanos uruguayos y seis italianos que vivían en Uruguay: Ileana y Edmundo Dossetti, Yolanda y Julio César D’Elia, Edgardo Borelli y Raúl Gambaro. Es lícito que el lector italiano se pregunte: ¿por qué no lo procesaron los jueces uruguayos? Para responderle es preciso hacer un poco de historia: el Pacto del Club Naval (1984) fue un acuerdo de los generales con dos partidos políticos (Frente Amplio y Partido Colorado), que permitió el retorno a la vida parlamentaria y electoral. Los mandos militares exigieron no ser castigados por sus delitos. A partir de entonces, la impunidad se volvió el programa político del partido militar y embanderados con ella, transitan esta “democracia” que se les impuso. La firmeza de sus reclamos doblegó la voluntad de las élites e impuso las políticas de impunidad que determinan el clima ideológico actual. El discurso y actitudes de olvidar y perdonar confunden a la gente, pese a que casi el 50% de los uruguayos votaron en el 2009 para anular la Ley de la Impunidad. En esa confusión medran jueces y fiscales que hicieron su carrera asociados con la dictadura militar -como Ruibal Pino, por ejemplo- y encubren a los acusados en lugar de procesarlos y condenarlos por sus crímenes. Pese a los recomendaciones internacionales de ser diligentes en las causas de derechos humanos, parecen haberse comprometido a desconocer las denuncias a militares acusados de desapariciones forzosas, asesinatos, violaciones y torturas.
Otro interrogante lícito es ¿Cómo diablos un delincuente de la catadura de Jorge Ruibal Pino llegó a la Suprema Corte de Justicia, el organismo encargado de velar por los derechos humanos?. La respuesta es sencilla y seguramente no puede enorgullecer al Frente Amplio: al quedar vacante un cargo de ministro de la Corte, en el Senado no hubo acuerdo para nombrar una persona más idónea y cediendo a las presiones de la derecha más rancia, los parlamentarios frenteamplistas designaron a Jorge Ruibal Pino pese a saberlo asociado al terrorismo de Estado. Sus méritos eran pertenecer a la masonería como Tabaré Vázquez, entonces Presidente del Uruguay, y ser el más antiguo miembro de los tribunales de apelación. Así es que personaje tan tenebroso desempeña en una de las funciones más delicadas del Estado, la encargada de vigilar por el respeto a los principios de la justicia y la democracia.
En 1981 Ruibal Pino recibió otro premio a sus merecimientos y fue nombrado en un juzgado penal de Montevideo, justo donde estaba radicada la denuncia por la desaparición forzosa del maestro Julio Castro. La cuestión de los desaparecidos era su karma, lo perseguía. Ruibal se cuidó de que el caso permaneciera encajonado en su escritorio. Y, cuando apenas retornada la legalidad tutelada en 1985, los familiares del maestro intentaron desempolvar la causa, Ruibal Pino no dudó un instante en colocar otro ladrillo en la muralla de impunidad: archivó la causa, postergando por veinte años la investigación de uno de los crímenes de lesa humanidad más horrorosos que cometieron las fuerzas armadas uruguayas.
Néstor Tróccoli, capitán de la marina uruguaya, fue arrestado en Salerno el 23 de diciembre de 2007. La fiscalía de Roma le imputa la desaparición forzosa de 30 ciudadanos uruguayos y seis italianos que vivían en Uruguay: Ileana y Edmundo Dossetti, Yolanda y Julio César D’Elia, Edgardo Borelli y Raúl Gambaro. Es lícito que el lector italiano se pregunte: ¿por qué no lo procesaron los jueces uruguayos? Para responderle es preciso hacer un poco de historia: el Pacto del Club Naval (1984) fue un acuerdo de los generales con dos partidos políticos (Frente Amplio y Partido Colorado), que permitió el retorno a la vida parlamentaria y electoral. Los mandos militares exigieron no ser castigados por sus delitos. A partir de entonces, la impunidad se volvió el programa político del partido militar y embanderados con ella, transitan esta “democracia” que se les impuso. La firmeza de sus reclamos doblegó la voluntad de las élites e impuso las políticas de impunidad que determinan el clima ideológico actual. El discurso y actitudes de olvidar y perdonar confunden a la gente, pese a que casi el 50% de los uruguayos votaron en el 2009 para anular la Ley de la Impunidad. En esa confusión medran jueces y fiscales que hicieron su carrera asociados con la dictadura militar -como Ruibal Pino, por ejemplo- y encubren a los acusados en lugar de procesarlos y condenarlos por sus crímenes. Pese a los recomendaciones internacionales de ser diligentes en las causas de derechos humanos, parecen haberse comprometido a desconocer las denuncias a militares acusados de desapariciones forzosas, asesinatos, violaciones y torturas.
Otro interrogante lícito es ¿Cómo diablos un delincuente de la catadura de Jorge Ruibal Pino llegó a la Suprema Corte de Justicia, el organismo encargado de velar por los derechos humanos?. La respuesta es sencilla y seguramente no puede enorgullecer al Frente Amplio: al quedar vacante un cargo de ministro de la Corte, en el Senado no hubo acuerdo para nombrar una persona más idónea y cediendo a las presiones de la derecha más rancia, los parlamentarios frenteamplistas designaron a Jorge Ruibal Pino pese a saberlo asociado al terrorismo de Estado. Sus méritos eran pertenecer a la masonería como Tabaré Vázquez, entonces Presidente del Uruguay, y ser el más antiguo miembro de los tribunales de apelación. Así es que personaje tan tenebroso desempeña en una de las funciones más delicadas del Estado, la encargada de vigilar por el respeto a los principios de la justicia y la democracia.
El caso de la jueza Mariana Mota
El Poder Judicial argentino, que está tan activo hoy día, hizo pública su intención de investigar el origen de los cadáveres que la dictadura uruguaya había enterrado sin identificar. Ruibal Pino, entonces presidente de la Suprema Corte, corría el peligro de ser llamado en calidad de indagado por encubrimiento. En consecuencia, quiso curarse en salud y logró que la Suprema resolviera por mayoría la prescripción de los crímenes del terrorismo de Estado: se estaba protegiendo a sí mismo, en su rol de encubridor de asesinos y torturadores.
La doctora Mota tenía en su despacho 55 expedientes con denuncias por delitos de lesa humanidad. Había procesado al Coronel Carlos Calcagno por la desaparición de Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana y se atrajo el rencor de los “gorilas” del Centro Militar y del Ministro de Defensa, amigo del militar procesado. Mota estaba decidida a hacer valer las leyes internacionales que declaran permanentes -y, por ende, imprescriptibles- los delitos cometidos por el terrorismo de Estado. Ruibal no podía aceptarlo. Con el tácito consentimiento de Presidencia de la República, la Suprema Corte de In-justicia, desterró la juez Mota hacia un juzgado civil donde no molestara a los criminales impunes protegidos por las élites partidarias.
Obedeciendo la sentencia Gelman de la Corte Interamericana, la Dra. Rosana Canclini estaba diligenciando rápidamente el expediente ficha 2-39048/2011, donde se denuncia por tortura a los jefes, subjefes y encargados del S-2 de las unidades donde estuvieron recluidos los llamados “ nueve rehenes”. Más de cien torturadores serían llamados a declarar. Serían citados además, como testigos, José Mujica, el actual Presidente del Uruguay y Eleuterio Fernández, el vactual Ministro de Defensa. Canclini también fue desterrada a un juzgado en materia civil por una resolución “administrativa” de la Suprema Corte de Justicia.
El traslado forzoso de ambas juezas fue rechazado el 15 de febrero del 2014 por unos mil ciudadanos uruguayos que se hicieron presentes en las puertas de la Suprema Corte. Estaban Luisa Cuestas y otros referentes de la lucha contra la impunidad, artistas como Daniel Viglietti y Eduardo Galeano y destacados periodistas muy involucrados en el tema de derechos humanos como Samuel Blixen, Roger Rodríguez y Walter Pernas. Los ministros de la Suprema Corte tienen la piel muy delicada cuando les reclaman Verdad y Justicia y se quejaron de sufrir “presión sicológica”, que temieron por sus vidas e integridad física. En castigo por la protesta pacífica, han tomado medidas “ejemplarizantes” con algunos de los que fuimos a presenciar la represalia contra Mota y Canclini. El fiscal Zubía, hijo y sobrino de generales de la dictadura pidió nuestro procesamiento por el delito de asonada. Hasta el propio Fiscal de Corte, Dr. Jorge Díaz, entendió que era inconstitucional el pedido de procesamiento de su subordinado, pero …hasta el momento no hay ninguna novedad sobre cómo se dilucidará el caso y siete ciudadanos uruguayos continúan procesados violando su derecho a protestar.
Temerosas por las presiones del partido militar, las instituciones democráticas del Uruguay permanecen omisas frente a la impunidad de los criminales del terrorismo de Estado. No se toma partido decidido por la Verdad y a Justicia: ¿qué impide crear uno o dos juzgados especializados en crímenes de lesa impunidad para acelerar la investigación y procesamiento de los responsables? ¿Por qué no se dedican partidas presupuestales sustanciosas para la investigación? ¿Por qué no se forman equipos especiales? Sería simplemente cumplir con las recomendaciones de los organismos internacionales en materia de derechos humanos. La impunidad de los militares crea un clima subjetivo de doble moral que es funcional al terrorismo de Estado y tiene consecuencias concretas:
1) la violencia policial contra los jóvenes de los barrios empobrecidos, denunciadas por SERPAJ, IELSUR y otros organismo de derechos humanos;
2) las torturas que sufren los adolescentes recluidos en cárceles para menores de edad, denunciadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en la Naciones Unidas;
3) la firma de acuerdos con los EEUU para la instrucción de policías y guardias carcelarios uruguayos. ¿Qué podrán enseñar? ¿Actuar como la policía en Ferguson? ¿Tratar a los detenidos como hacen en Guantánamo? Lo que enseñen los estadounidenses se agrega a lo enseñado por los israelíes, la misma policía que controla y persigue palestinos en Cisjordania.
4) la pusilanimidad del gobierno para denunciar el genocidio israelí en Gaza. Ni siquiera se ordenó el regreso del embajador uruguayo a Montevideo. Los intereses comerciales imperan sobre la sensibilidad ante la violación de los derechos humanos: es un criterio derivado de la política de olvido y perdón del gobierno uruguayo.
El Plan Cóndor sigue vivo…
Jorge Pedro Zabalza Waksman,
(Minas, 1943), apodado “el tambero”, es un político uruguayo, ex dirigente del Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros (MLN-T) y ex edil de la Junta Departamental de Montevideo. Estuvo preso en calidad de rehén durante toda la dictadura cívico-militar que gobernó Uruguay entre 1973 y 1985 (detenido desde 1972). Su hermano Ricardo Zabalza Waksman, también tupamaro, murió en una acción armada realizada por el grupo, el 8 de octubre de 1969, recordada como “Toma de Pando”. Su padre, Pedro Zabalza Arrospide, varias veces senador, formò parte del Consejo Nacional de Gobierno que gobernó Uruguay en el periodo 1952 – 1967 resultó asumiendo el cargo el 1 de marzo de 1959.
El Poder Judicial argentino, que está tan activo hoy día, hizo pública su intención de investigar el origen de los cadáveres que la dictadura uruguaya había enterrado sin identificar. Ruibal Pino, entonces presidente de la Suprema Corte, corría el peligro de ser llamado en calidad de indagado por encubrimiento. En consecuencia, quiso curarse en salud y logró que la Suprema resolviera por mayoría la prescripción de los crímenes del terrorismo de Estado: se estaba protegiendo a sí mismo, en su rol de encubridor de asesinos y torturadores.
La doctora Mota tenía en su despacho 55 expedientes con denuncias por delitos de lesa humanidad. Había procesado al Coronel Carlos Calcagno por la desaparición de Gustavo Inzaurralde y Nelson Santana y se atrajo el rencor de los “gorilas” del Centro Militar y del Ministro de Defensa, amigo del militar procesado. Mota estaba decidida a hacer valer las leyes internacionales que declaran permanentes -y, por ende, imprescriptibles- los delitos cometidos por el terrorismo de Estado. Ruibal no podía aceptarlo. Con el tácito consentimiento de Presidencia de la República, la Suprema Corte de In-justicia, desterró la juez Mota hacia un juzgado civil donde no molestara a los criminales impunes protegidos por las élites partidarias.
Obedeciendo la sentencia Gelman de la Corte Interamericana, la Dra. Rosana Canclini estaba diligenciando rápidamente el expediente ficha 2-39048/2011, donde se denuncia por tortura a los jefes, subjefes y encargados del S-2 de las unidades donde estuvieron recluidos los llamados “ nueve rehenes”. Más de cien torturadores serían llamados a declarar. Serían citados además, como testigos, José Mujica, el actual Presidente del Uruguay y Eleuterio Fernández, el vactual Ministro de Defensa. Canclini también fue desterrada a un juzgado en materia civil por una resolución “administrativa” de la Suprema Corte de Justicia.
El traslado forzoso de ambas juezas fue rechazado el 15 de febrero del 2014 por unos mil ciudadanos uruguayos que se hicieron presentes en las puertas de la Suprema Corte. Estaban Luisa Cuestas y otros referentes de la lucha contra la impunidad, artistas como Daniel Viglietti y Eduardo Galeano y destacados periodistas muy involucrados en el tema de derechos humanos como Samuel Blixen, Roger Rodríguez y Walter Pernas. Los ministros de la Suprema Corte tienen la piel muy delicada cuando les reclaman Verdad y Justicia y se quejaron de sufrir “presión sicológica”, que temieron por sus vidas e integridad física. En castigo por la protesta pacífica, han tomado medidas “ejemplarizantes” con algunos de los que fuimos a presenciar la represalia contra Mota y Canclini. El fiscal Zubía, hijo y sobrino de generales de la dictadura pidió nuestro procesamiento por el delito de asonada. Hasta el propio Fiscal de Corte, Dr. Jorge Díaz, entendió que era inconstitucional el pedido de procesamiento de su subordinado, pero …hasta el momento no hay ninguna novedad sobre cómo se dilucidará el caso y siete ciudadanos uruguayos continúan procesados violando su derecho a protestar.
Temerosas por las presiones del partido militar, las instituciones democráticas del Uruguay permanecen omisas frente a la impunidad de los criminales del terrorismo de Estado. No se toma partido decidido por la Verdad y a Justicia: ¿qué impide crear uno o dos juzgados especializados en crímenes de lesa impunidad para acelerar la investigación y procesamiento de los responsables? ¿Por qué no se dedican partidas presupuestales sustanciosas para la investigación? ¿Por qué no se forman equipos especiales? Sería simplemente cumplir con las recomendaciones de los organismos internacionales en materia de derechos humanos. La impunidad de los militares crea un clima subjetivo de doble moral que es funcional al terrorismo de Estado y tiene consecuencias concretas:
1) la violencia policial contra los jóvenes de los barrios empobrecidos, denunciadas por SERPAJ, IELSUR y otros organismo de derechos humanos;
2) las torturas que sufren los adolescentes recluidos en cárceles para menores de edad, denunciadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en la Naciones Unidas;
3) la firma de acuerdos con los EEUU para la instrucción de policías y guardias carcelarios uruguayos. ¿Qué podrán enseñar? ¿Actuar como la policía en Ferguson? ¿Tratar a los detenidos como hacen en Guantánamo? Lo que enseñen los estadounidenses se agrega a lo enseñado por los israelíes, la misma policía que controla y persigue palestinos en Cisjordania.
4) la pusilanimidad del gobierno para denunciar el genocidio israelí en Gaza. Ni siquiera se ordenó el regreso del embajador uruguayo a Montevideo. Los intereses comerciales imperan sobre la sensibilidad ante la violación de los derechos humanos: es un criterio derivado de la política de olvido y perdón del gobierno uruguayo.
El Plan Cóndor sigue vivo…
Jorge Pedro Zabalza Waksman,
(Minas, 1943), apodado “el tambero”, es un político uruguayo, ex dirigente del Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros (MLN-T) y ex edil de la Junta Departamental de Montevideo. Estuvo preso en calidad de rehén durante toda la dictadura cívico-militar que gobernó Uruguay entre 1973 y 1985 (detenido desde 1972). Su hermano Ricardo Zabalza Waksman, también tupamaro, murió en una acción armada realizada por el grupo, el 8 de octubre de 1969, recordada como “Toma de Pando”. Su padre, Pedro Zabalza Arrospide, varias veces senador, formò parte del Consejo Nacional de Gobierno que gobernó Uruguay en el periodo 1952 – 1967 resultó asumiendo el cargo el 1 de marzo de 1959.
NUCA ME QUEDO CLARO LO DEL PACTO DEL CLUB NAVAL
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