sábado, 28 de febrero de 2015

Andan asesinos sueltos



MARTÍN es compañero de cuarto de Marcos en el piso de Oncología Pediátrica del Hospital Pereira Rossell y en el hospitalito de la Pérez Scremini. Tiene 17 años, vive en Fray Bentos, en un barrio periférico cercano a grandes plantaciones de soja y a escasos mil metros de la planta pastera de UPM (Ex Botnia).
Junto a su mamá, luchan hace casi un año, con admirable valor, contra un difícil cáncer que afectó sus pulmones. Ya ha pasado por decenas de sesiones de quimioterapia, por radioterapia y por cirugía. Nadie sabe mejor que él lo que es soportar durante meses los efectos secundarios de estos tratamientos.
Martín es otra víctima de la epidemia de cáncer que está afectando mayoritariamente a niños del interior del país, con énfasis en el litoral. Niños que antaño disfrutaban del aire más puro, del agua más limpia, del ambiente más sano.
A diferencia de varios científicos reconocidos, los médicos no se animan a afirmar que el aumento de cáncer en la región es debido a la contaminación generada por las abusivas fumigaciones o por los efluentes –cloacales e industriales- que han provocado la putrefacción del río Uruguay, del río Negro y de otras fuentes de agua dulce menores. No lo afirman, pero tampoco lo niegan.



Si se respetara el principio precautorio, las autoridades –el poder político- no permitirían estas actividades que están costando la salud y la vida a miles de uruguayos, entre ellos cientos de niños.
Niñas y niños orientales -como en cualquier lugar del planeta- merecen beber agua pura con seguridad, tanto como consumir alimentos de calidad, tanto como techo, educación y protección. Sus derechos fundamentales están por encima del derecho de unos pocos a enriquecerse. ¿Es necesario decirlo?
Uruguay está en la cima de las estadísticas de cáncer en América Latina, y en cuarto lugar a nivel mundial. No se trata de una azarosa fatalidad, ni de la acción tardía del histórico exceso de consumo de cigarrillos –única amenaza a la salud pública combatida por el estado uruguayo en las últimas décadas-. Las razones configuran ya un escandaloso secreto a voces, que incluye desde la contaminación aquí denunciada hasta una pésima cultura alimenticia. Pero en cada razón parece haber intocables intereses en juego.
Junto a Marcos y a Martín –seguramente se sumarán a esta campaña más niños y familias en el futuro- exigimos se ponga fin a la impunidad que permite a empresarios, funcionarios y políticos, por acción u omisión, por autoría, complicidad o encubrimiento, seguir expandiendo estas sucias actividades económicas, importantes sólo para perpetuarlos en el poder.
¡Pedimos cárcel para ellos!
Tienen la palabra los altos funcionarios del Poder Judicial, si es que a alguno le queda dignidad.
Asamblea Pachamama Uruguay.

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