El decreto –o resolución presidencial– que formalizará la creación del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, el instrumento de la nueva política de derechos humanos impulsada por Tabaré Vázquez, será dictado en la primera semana de marzo, en la primera reunión del Consejo de Ministros que presidirá el para entonces flamante presidente de la República.
En esa instancia también se anunciará la designación de Isabel Wschebor, historiadora, investigadora de la Facultad de Humanidades, como responsable de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, en sustitución de Graciela Jorge. La secretaría, según confirmaron diferentes fuentes, cumplirá de ahora en adelante un papel auxiliar, administrativo, técnico y logístico, del Grupo de Trabajo.
Se informó, además, que es intención de la Presidencia que asume el domingo tramitar lo antes posible la renovación del convenio con la Universidad de la República para la continuidad de los dos equipos universitarios, el de historiadores y el de antropólogos, incorporados desde la primera presidencia de Vázquez a la búsqueda de de-saparecidos y a la sistematización de la información referida a la represión de la dictadura militar.
El convenio vigente con la Udelar caduca mañana sábado 28 de febrero y había sido renovado por el presidente José Mujica, pero éste tardó un año y medio en firmar el documento, desde que asumió en marzo de 2010. Durante ese tiempo el Grupo de Investigación en Antropología Forense tuvo que detener las excavaciones y trabajos en el terreno, y se limitó a tareas de laboratorio. El anuncio de que la renovación se hará en el lapso más breve posible toma en consideración ese antecedente.
Hasta el momento, el equipo de antropólogos está haciendo trabajos de búsqueda en los predios del Batallón 13 de Infantería, en las zonas cauteladas por el juez penal Pedro Salazar; también se avanzó en la inspección de zonas con construcciones en los predios contiguos al Servicio de Materiales y Armamento (Sma), donde se habrían realizado enterramientos clandestinos según diversos testimonios.
Fuentes vinculadas al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia pusieron en entredicho algunas afirmaciones sobre la existencia de fosas comunes del anterior coordinador del Giaf, José López Mazz, en una entrevista concedida al programa Rompkbzas, de radio El Espectador. “Esa debe ser tomada como una opinión muy respetable –aclaró la fuente consultada por Brecha– pero no es una conclusión científica, porque no está probado.”
En su diálogo con el periodista Daniel Figares, López Mazz dedujo la existencia de esas fosas comunes porque, dijo, devienen de la confirmación de que existieron extradiciones clandestinas masivas desde Argentina. A la Presidencia, o directamente al equipo de antropólogos, llegaron a partir de 2007 informaciones reservadas sobre enterramientos masivos en distintos puntos del predio del Sma, donde funcionó el centro clandestino de detención conocido como “el infierno grande” o “300 Carlos”; pero durante mucho tiempo esas instalaciones estuvieron vedadas para el Giaf, porque el Ejército no autorizaba allí las excavaciones. Recién cuando los jueces penales extendieron órdenes cautelares y dispusieron búsquedas concretas se tuvo acceso al Sma, aunque siempre con dificultades, como lo demostró el desacato en que incurrió un alto oficial y después el propio ministro de Defensa cuando se le impidió a la jueza Mariana Mota acceder a las instalaciones donde funcionó el “infierno grande”, para una inspección ocular. El ministro Fernández Huidobro fundamentó el desacato afirmando que en esas instalaciones había “armas secretas”, una ironía que anunciaba la escalada que desembocó en su cuestionado “pedido” de autorización para torturar en búsqueda de información sobre los desaparecidos. La referencia a la existencia de fosas comunes resurge en momentos en que se plantea la renovación del contrato con la Universidad.
Durante la entrevista en Rompkbzas, López Mazz repasó el hallazgo de los restos de cuatro cuerpos de desaparecidos durante el lapso en que fue coordinador del Giaf. Y adelantó que podría considerarse la existencia de otros restos que podrían corresponder a desaparecidos. Se trata de tres pequeñas piezas óseas, entre ellas un peroné y una fracción de radio. Los trabajos de laboratorio no pudieron obtener muestras de Adn del radio porque el hueso había sido “lavado” concienzudamente; de las otras dos piezas se obtuvo el Adn, pero la búsqueda en el banco de muestras de sangre no arrojó coincidencias, por lo tanto no hubo identificación positiva. Fuentes de Madres y Familiares indicaron a Brecha que las tres piezas óseas a las que aludió López Mazz fueron halladas en una zona de relleno (incluso se encontraron trozos de pavimento), por lo que dichos restos no necesariamente deben corresponder a detenidos desaparecidos.
POLÉMICA RENUNCIA. Ante una referencia del entrevistador de Rompkbzas (“estabas molesto con un artículo de prensa, ¿no?”), López Mazz se refirió a un “artículo de Blixen que dice cualquier cosa”, pero no abundó en detalles sobre cuáles cosas desmerecían su trabajo. Sobre la decisión de alejarse de su responsabilidad en el Giaf, López Mazz dijo: “Me voy por un conjunto de situaciones personales, circunstanciales, y además el país vivía una coyuntura particular con elecciones universitarias y nacionales”. No hizo ninguna alusión al hecho determinante, difundido en Brecha, es decir, la decisión de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de retirarle su confianza, una medida de extrema gravedad, como consecuencia de un episodio referido a la búsqueda del hijo de Luisa Cuesta, el desaparecido Nebio Melo. Al respecto sólo dijo, tangencialmente y fuera de contexto, que “nunca tuve ningún problema con ningún juez”, lo que no se ajusta a la verdad. En el artículo de Brecha publicado a mediados del año pasado –de ahí lo extravagante y tardío de la referencia a la “molestia”– se detalló la situación vivida en el Batallón 13 de Infantería y en el Sma cuando el juez penal Juan Carlos Fernández Lecchini pretendió realizar una inspección ocular referida a la búsqueda de Nebio Melo, según los elementos analizados en su despacho, días antes, con la presencia de abogados, representantes de la Secretaría de Derechos Humanos y denunciantes. López Mazz no concurrió a esa reunión –sí lo hicieron otros miembros del Giaf–, pero se hizo presente en el predio militar para informarle al juez que existía una medida cautelar previa dictada por el juez Pedro Salazar. Ese anuncio tardío abortó la inspección programada, pero después el juez Fernández Lecchini confirmó que no existía tal medida de su colega Salazar referida a la búsqueda de Nebio Melo. La inexplicable conducta de López Mazz, cuya consecuencia inmediata fue la detención de las actuaciones, provocó la decisión de Familiares de retirarle la confianza, lo que a su vez desencadenó un proceso de discusión –y de cuestionamiento– sobre las estrategias de la Secretaría de Derechos Humanos (puede escucharse la versión en audio de la entrevista en la página web de Brecha correspondiente a esta edición).
Ante sus allegados López Mazz se justificó afirmando que “no trabajo a demanda” y que “Fernández Lecchini no tiene que decirme qué debo hacer”. Nada de esto fue mencionado por López Mazz en la entrevista radial y quedó oculto bajo el paraguas “Blixen dice cualquier cosa”. Un pedido de aclaración para rebatir la acusación no tuvo andamiento, seguramente debido a las dificultades de estructura del programa.
"Tuve que tragarme varios bichos"
miércoles 18 de febrero del 2015
El antropólogo José López Mazz ratificó en Rompkbzas que está convencido que en Uruguay hay fosas comunes, con restos de desaparecidos durante la dictadura cívico militar, porque hubo “ejecuciones masivas”. López Mazz detalló algunos pormenores que lo llevaron a renunciar a su cargo al frente del equipo de antropólogos de la Universidad de la República, que se encargó de buscar restos de desaparecidos. “En 10 años nunca tuvimos un problema con un juez”, pero “tuve que tragarme varios bichos”, sostuvo.
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