El silencio de los torturadores

Omertá militar

Testimonios. Militares no aportaron elementos sobre la muerte del militante del PCU

"¿Quién es Gelós Bonilla?"

Cuatro oficiales del Ejército, en situación de retiro, comparecieron ayer en el marco de la indagatoria por el crimen de Horacio Gelós Bonilla, en 1976. Los militares no aportaron mayores datos, pero sus testimonios permiten reconstruir aspectos aún ocultos del crimen.

"No sé nada". El último oficial en declarar y su abogado, al retirarse de la sede judicial.

"no se nada"

"¿Quién es Gelós Bonilla?". La pregunta, cargada de ironía, del abogado de uno de los primeros oficiales del Ejército Nacional en declarar por violaciones a los derechos humanos durante la última Dictadura, en 2011, fue el corolario de una extensa jornada desarrollada en los estrados judiciales, en procura de esclarecer los crímenes del pasado reciente.

El último oficial en declarar ante la jueza Penal de 7º Turno, Mariana Mota, y la fiscal Ana María Tellechea por el secuestro y desaparición de Horacio Gelós Bonilla, en 1976, se retiraba en compañía de su abogado, tras declarar por más de una hora sobre el caso, cuando fue abordado por la prensa.

"No hay declaraciones, no hay declaraciones, no sé nada (...) Esto es para Hollywood, va para Hollywood", contestó el oficial ante las primeras preguntas. Sin embargo, los periodistas insistieron: "¿Pudo responder acerca del paradero de Gelós Bonilla?". "No se nada", respondió, poco antes que su abogado lo rodeara con el brazo y le preguntara, en tono socarrón: "¿Quién es Gelós Bonilla?".

"La gran mayoría no se acordaba de nada pero siempre algún dato se logra rescatar, de a poco se va armando la historia de qué fue lo que pasó en este país durante esos años", expresó, por su parte, la abogada María del Carmen Salazar, querellante en la causa por el secuestro y desaparición de Gelós Bonilla.

Gelós Bonilla, un ex militante del Sunca, integrante del Partido Comunista (PCU) y edil del Maldonado por el Frente Amplio (FA), desapareció en enero de 1976, tras ser detenido en el centro de Maldonado y derivado al Batallón de Ingenieros Nº 4 de Laguna del Sauce. Su cuerpo nunca fue recuperado, recordó Salazar.

En este sentido, Salazar valoró el actual proceso judicial como una forma de obtener "información" para desentrañar los hechos tras la desaparición del militante comunista, en 1976, porque "desde esas fechas se está esperando una instancia como ésta". Sin embargo, "parecería que hubo militares que lo único que hicieron fue cortar el pasto", señaló Salazar.

Más allá de eso, la abogada manifestó su "esperanza" en que el Poder Judicial pueda recabar los elementos necesarios para identificar a los responsables del crimen, por cuanto el testimonio de los testigos del hecho obrantes en autos no son "suficientes" para el esclarecimiento de los hechos.

"Hay una persona que fue detenida, ingresada en un Batallón que es una unidad militar, perteneciente al Estado uruguayo, y que al día de hoy está desaparecida. Alguien tiene que responder por ello (...) lo lógico sería que hubiera algún procesamiento, (porque) la Justicia tiene que actuar", dijo la abogada.

Las audiencias por el crimen de Gelós Bonilla proseguirán esta semana (hasta el próximo lunes 14 de febrero) con la comparecencia de una decena de oficiales activos, en 1976, en el Batallón de Ingenieros Nº 4, como forma de avanzar en los hechos. Los militares comparecerán en calidad de "testigos", pero con asistencia letrada, como forma de ser brindadas todas las garantías durante el proceso, según indicaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.

Jueces Torres, Tapié, Olivera Negrín, Catenaccio y Gradín

Sin avances en el caso Gelós Bonilla

Comparecieron los primeros militares retirados indagados


Los militares que declararon ayer ante la jueza penal Mariana Mota y la fiscal Ana Tellechea, además de negar cualquier vinculación con la desaparición de Horacio Gelós Bonilla, dijeron que no pueden aportar ningún elemento a la investigación ya que, según declararon, no saben nada del hecho.

Durante toda la mañana y parte de la tarde, Mota y Tellechea interrogaron a cuatro militares retirados (dos oficiales y dos que se desempeñaban como personal subalterno) que revistaban en el Batallón de Ingenieros de Combate N° 4 con asiento en Laguna del Sauce (Maldonado) cuando Gelós Bonilla estuvo detenido en esa unidad.

Los militares, que fueron representados por las abogadas Graciela Figueredo y Rossana Gavazzo (hija del coronel retirado José Gavazzo) señalaron que no saben nada de lo ocurrido con Gelós Bonilla, militante del Partido Comunista que fue detenido en Maldonado a principios de 1976 y quien luego de estar recluido algunos días en el Batallón de Ingenieros de Combate N° 4, permanece desaparecido.

Según algunas versiones, tras ser asesinado, Gelós Bonilla habría sido sepultado en forma clandestina en un predio cercano al aeropuerto de Laguna del Sauce.

Hoy, mañana, el viernes y el próximo lunes, Mota y Tellechea tienen previsto continuar tomando declaraciones a militares retirados presuntamente involucrados en la desaparición de Gelós Bonilla.

Ayer, en Maldonado, hubo una concentración en el lugar donde fue detenido Gelós Bonilla como forma de reclamar el esclarecimiento del hecho a 35 años de ocurrido.

"Quien fuera una víctima más del golpe fascista que ocurrió en nuestro país, y que los trabajadores y el pueblo todo repudian, espera se aclare pronto (el caso) y paguen todos los que tengan que pagar", señaló en un comunicado el sindicato de la construcción de Maldonado, del que Gelós Bonilla fue un activo militante.

El caso está siendo investigando por la jueza Mota en forma conexa al juicio que se sigue contra el ex dictador Juan María Bordaberry por el golpe de Estado de 1973.

MOVIDA. Las de ayer fueron las primeras citaciones a militares retirados de 2011 en una causa que indaga violaciones a los derechos humanos, en un momento donde el Foro Libertad y Concordia (que agrupa a varias tandas de uniformados) reclama que no haya nuevos procesamientos.

El grupo se reunió con los comandantes de las tres fuerzas para hacer su planteo e incluso llegó a solicitar al gobierno que frene la posibilidad de nuevos juicios contra militares retirados.

Sin embargo, se espera que en los próximos días, por otros casos, también haya nuevas citaciones. Por ejemplo, en la causa por torturas en la base aérea de Boiso Lanza, iniciada en diciembre de 2010 por un grupo de 12 ex presos.

Además, también en el corto plazo, habrá citaciones por otros 19 casos de homicidios y desapariciones que al igual que la causa de Gelós Bonilla, se indagarán en forma paralela a la de Bordaberry.

Desaparecido: cuerpo habría sido enterrado en un predio próximo a la Laguna del Sauce.

El País Digital

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La justicia y sus límites

Los abogados que defienden a las víctimas de violaciones a los derechos humanos bajo la dictadura tienen prisa: las causas podrían prescribir en unos pocos meses.
Daniel Gatti, Rel-UITA | 7-2-2011 

La mayoría de los militares y civiles que han recibido sentencia y han sido enviados a prisión convencional o domiciliaria (no llegan a quince) fueron procesados por “homicidio muy especialmente agravado”. Lo mismo sucedería con las decenas que están siendo citados por los tribunales desde el 1 de febrero.

El problema es que ese delito, en la jurisprudencia uruguaya, prescribe a los 26 años y ocho meses.

Como la fecha a partir de la cual se inicia la cuenta regresiva es el 1 de marzo de 1985, día de la instalación del primer gobierno democráticamente electo tras el fin de la dictadura, las causas de ese tipo caducarían el 1 de noviembre próximo.

“Todos los abogados de derechos humanos y buena parte de los fiscales pensamos que en realidad los crímenes que se están juzgando, desde la tortura hasta la desaparición forzada, pasando por el secuestro y el homicidio políticos, son de lesa humanidad, y por tanto imprescriptibles, pero los jueces, por ahora, no lo entienden así”, comentó el abogado Juan Errandonea.

“La figura de delitos de lesa humanidad recién fue incorporada a una ley en 2006, y los jueces consideran que los crímenes cometidos antes de esa fecha no pueden ser juzgados con ese parámetro”.

Errandonea es parte acusadora en uno de los procesos más sonados de estos últimos tiempos en Uruguay, el que se le instruye al general Miguel Dalmao, el único oficial en actividad que ha sido enviado a prisión por crímenes cometidos en dictadura.

Existe una posibilidad de que las cosas cambien, y a ella se aferran tanto los abogados como las organizaciones humanitarias, de familiares de las víctimas y de ex presos: la Suprema Corte de Justicia tiene a estudio desde recursos presentados por la fiscal Mirtha Guianze para modificar la tipificación de casos de homicidio especialmente agravado a desaparición forzada.

Allí el panorama sería otro, porque si la justicia uruguaya se alineara con la tendencia que está primando a nivel internacional en la jurisprudencia, de que estos crímenes políticos son delitos de lesa humanidad, no correría la prescripción. En particular el delito de desaparición forzada, que sería considerado un delito permanente hasta que se encuentre el cuerpo de la víctima o se tenga la certeza de que falleció de alguna manera fehaciente, no como hasta ahora que tenemos presunciones, señaló la fiscal Guianze.

“En Argentina, Perú, Chile, en las sentencias a las que he tenido acceso, está aceptado que los delitos cometidos en el marco de las dictaduras del Cono Sur son claramente de lesa humanidad”, comentó.

En esos países la justicia se aviene a “las elaboraciones doctrinarias que se han hecho desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando empezó a considerarse -por entonces en relación al nazismo- que hay determinados delitos de tal gravedad tal que la humanidad tiene la obligación de perseguirlos”.

La ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, aprobada en 1986 con el objetivo de que ningún militar fuera castigado por las barbaridades realizadas entre 1973 y 1985, retardó y mucho la posibilidad de hacer justicia. No anuló todas las posibilidades de castigo, porque algún resquicio dejó y permitió que unos pocos fueran sentenciados, “pero impuso un atraso enorme”, afirmó la fiscal.

“De no haber existido esa ley no estaríamos corriendo detrás de los plazos”.

Los intentos de anular la ley del 86 hasta ahora han fracasado. En dos plebiscitos (1989 y 2009) y en el parlamento. El gobernante Frente Amplio decidió en su último congreso, que precedió de poco a las elecciones que lo llevaron por segunda vez al poder, en noviembre de 2009, sumarse a los esfuerzos por anular la ley de Caducidad.

Sin embargo, fue notorio que algunos de sus sectores poco hicieron para concretar ese objetivo en el plebiscito realizado junto a las elecciones. Y luego, una vez presentado desde las propias filas de la coalición un proyecto para anular el texto en el parlamento, anunciaron que no sumarían los votos de sus legisladores y es muy probable que el nuevo intento fracase. El proyecto de anulación recibió media sanción en la cámara de Diputados, pero chocaría contra un muro en el Senado.

De todas maneras, las presiones del movimiento social para que la “ley de impunidad” de 1985 desaparezca continúan. Y también las presiones exteriores.

La Corte Interamericana de Justicia ha instado varias veces al Estado uruguayo a “suprimir de su ordenamiento jurídico” una ley que “contraviene” todas las disposiciones internacionales en la materia, y podría darse la paradoja de que Uruguay sea condenado por ese organismo cuando está gobernado por un partido de izquierda, en cuyas filas militaron o militan la gran mayoría de las víctimas de la dictadura.

http://www.rel-uita.org/index.htm 

A Bush tampoco se la perdonan