MENSAJE DE LA 36
¡QUÉ VERGÜENZA… JODER AL PUEBLO DE VENEZUELA!
“De las 12 mil viviendas prefabricadas que Venezuela compró a Uruguay en el año 2005, solamente once han sido construidas, aun cuando el país entregó un anticipo por 70,6 millones de dólares, lo que equivale a 45,47% del total del contrato, hace más de dos años”.
“Las once viviendas construidas debieron ser terminadas con materiales nacionales, pues la contratista “no había recibido ningún kit completo”.
continuación de:
El fraude de UMISSA con viviendas a Venezuela
Mientras un grupo de jovencitas y jovencitos de la sociedad uruguaya, bien protegidos y abrigados contra el frío, pintaban unas casillas de madera en la Plaza del Entrevero, más parecidas a “cuchas de perro” que a una vivienda, tenían a la intemperie a varios niños claramente diferenciados de los llamados barrios carenciados, pasando frío en la dura mañana de este viernes. Al mismo tiempo en Venezuela, volvía a estallar la joda de las viviendas para gobierno bolivariano de la empresa uruguaya UMISSA, de las cuales solamente ha entregado según la prensa venezolana unas once mil convenidas, pese a que ese país ya abonó más de la mitad del pago unos 45 millones de dólares.
El 13 de setiembre de 2007 publicábamos que la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM) realizaba graves acusaciones contra varios legisladores del Movimiento de Participación Popular.
Los dirigentes de FUCVAM denuncian la posible vinculación con el negocio de venta de casas prefabricadas a Venezuela a dos legisladores y un edil del MPP.
El problema político no ha saltado aún, porque los acusados en probables negociados han preferido evitar el debate público y prefieren la estrategia de permanecer callados ante posibles acciones legales y parlamentarias.
El secretario general de FUCVAM, Daniel De Souza, lanzó la denuncia de investigar los vínculos de los Diputados Luis Rosadilla y Javier Salsamendi, lo mismo que la del Edil por Montevideo, Luis Luján, con una empresa de reconocida relación con el empresario venezolano Alejandro Guido Antonini Wilson, el hombre que pretendió ingresar a la Argentina con 800 mil dólares sin declararlos en la aduana.
Luis Rosadilla, Javier Salsamendi y Luis Luján, según lo informa el semanario Búsqueda del jueves 13 de setiembre, pertenecen todos a la Corriente de Acción Pensamiento Libertad que integra el MPP.
El semanario recuerda que el dirigente cooperativista de FUCVAM Daniel De Souza fue reclutado por el propio Diputado Luis Rosadilla para el “Movimiento 26 de Marzo en el Uruguay”.
Se trata de un grupo político creado en 1984 por Luis Rosadilla y el Director del Semanario Mate Amargo y Radio Panamericana, Edmundo Canalda, y el Escribano Ruben Castro y que después de un par de años, con el respaldo de los viejos dirigentes del MLN, fuera anexado a esa organización.
El Diputado Luis Rosadilla por tanto nunca tuvo nada que ver con el 26 de Marzo actual.
El Secretario de FUCVAM declaró que Antonini tiene “probada vinculación comercial con la empresa UMISSA”, encargada de la fabricación de viviendas para Venezuela.
Daniel de Souza dijo en La Diaria el 29 de agosto que los dos legisladores y el edil del MPP tenían vínculos con UMISSA SA (Unión Metalúrgica Industrial del Sur) una empresa a la que llamó de “asociación para delinquir”.
“Hay familiares que trabajan en la empresa, algunos en cargos importantes y eso fue confirmado por compañeros del comité de la UNTMRA durante una reunión que mantuvimos con ellos”, declaró De Souza.
El Diputado Luis Rosadilla quien regresó de un viaje a la república de Haití, frente a la gravedad de estas denuncias solicitó a sus compañeros de bancada del Espacio 609, MPP, y agrupamientos aliados, una declaración de respaldo ante los agravios de que viene siendo objeto.
En cambio, otro de los presuntamente implicados el Diputado Salsamendi prefería mantenerse callado, por no tener claro hasta el momento de qué se les acusa.
Al parecer Rosadilla habría solicitado asesoramiento legal para saber con qué derechos cuenta para defender su honor ante la canallada de gente con muy mala leche que lo afecta familiarmente.
Varios legisladores del MPP ante el reclamo de Rosadilla fundamentaron que lo más conveniente era “enfriar el tema”, para que no siguiera trascendiendo públicamente.
Esteban Pérez Vilinski otro de los diputados del MPP afirmó que él mismo tuvo problemas parecidos con un coronel retirado que buscaba protagonismo político y que le parece que “no hay que dar por el pito más que lo que el pito vale”.
Pérez Vilinski se refirió al dirigente de FUCVAM como un lío entre empresarios que buscan protagonismo de un lado el empresario De Souza y del otro la empresa UMISSA.
El Diputado de Compromiso Frenteamplista, Gonzalo Mujica en cambio estuvo de acuerdo con Luis Rosadilla y consideró que el texto de la declaración no debería decir que todos los compañeros del Frente Amplio sean intocables, o que por ser frenteamplistas no pueden estar envueltos en actos de corrupción.
No estamos inoculados con el don de la virtud moral y yo no hago actos de fe en nadie, dijo el legislador Gonzalo Mujica integrante en aquel entonces del grupo político que lidera el vicepresidente de ANCAP, Raúl Sendic y que desde hace un tiempo participa en las reuniones del MPP.
Para Gonzalo Mujica de Compromiso Frenteamplista en caso de hacerse una declaración debería rechazar los agravios pero no descartar las investigaciones y no defender a priori a nadie.
Según las declaraciones aparecidas en Búsqueda, Daniel De Souza habría respondido a Gonzalo Mujica visiblemente molesto, señaló que él si hacía un acto de fe en sus compañeros como lo hace con sus hijos, su mujer y su familia. Los actos de fe se tienen y se rompen pero a priori no ponía bajo sospecha la responsabilidad y la confianza en los compañeros.
Para otro de los legisladores del MPP, el tema de las denuncias de FUCVAM ya se está olvidando y no habría que levantarlo.
El martes 11 durante la sesión de Diputados las denuncias de FUCVAM volvieron a salir a luz y motivaron la intervención del legislador blanco José Cardozo.
“La semana pasada dijimos que estábamos esperando la reacción, a través de un planteo de fueros, de algunos legisladores que han sido acusados públicamente. En algún momento eso iba a pasar; espero que no demore demasiado, porque lo que aconteció con este asunto es bastante delicado” comentó el legislador.
Cardozo le dijo a Búsqueda que si Rosadilla hizo un planteo porque no le dieron la visa para ingresar a los Estados Unidos, es obvio que las denuncias de FUCVAM ameritan también un planteo de fueros.
El mismo martes 11, Gabriel Ayala, uno de los Coordinadores del MPP, presentó en la reunión delComité Ejecutivo un borrador de declaración, pero la echaron para atrás para no seguir revolviendo la cosa y Rosadilla estuvo de acuerdo.
Ahora vamos a ver que hacen los blancos, si “revolean la piola” o dejan todo quieto como hasta ahora.
Por su parte FUCVAM tiene previsto continuar con el tema y entregará al presidente Tabaré Vázquez y al Canciller Reinaldo Gargano un documento en el que adelanta sus denuncias de los presuntos hechos de corrupción vinculados con la venta de casas prefabricadas a Venezuela y que involucran a los diputados del Movimiento de Participación Popular MPP, Javier Salsamendi, Luis Rosadilla, al edil Luis Luján y hasta el propio Embajador en Venezuela, Gerónimo Cardozo.
La propia Búsqueda -que según aclara accedió a al texto de este informe- señala que existen groseras implicancias de “operadores del gobierno, que favorecieron la concreción del contrato que firmó la empresa de casas prefabricadas UMISSA con el Estado venezolano”.
Ante las denuncias públicas de FUCVAM, tal como era de esperar, generó que en una reunión que se realizó en Venezuela la semana pasada y en la cual participaron el Embajador uruguayo Gerónimo Cardozo y el Secretario de FUCVAM, Daniel de Souza, el embajador acusara a la federación de “hacerle el juego a la derecha”.
Según el relato del Secretario de FUCVAM cuando en el año 2005 vino un ministro venezolano a firmar el acuerdo con UMISSA, “quien opera con visibilidad y encomio” para que salga favorecida esa empresa fue el diputado Javier Salsamendi y su secretario, junto a la funcionaria de Cancillería, Rosario Portel.
El 28 de agosto FUCVAM había emitido un comunicado denunciando graves irregularidades en los negocios de UMISSA con el Estado venezolano y el papel que habían jugado algunos diputados oficialistas tuvieron en su concreción.
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| Daniel De Souza |
El secretario de FUCVAM, De Souza afirmó que los diputados Salsamendi y Rosadilla estaban vinculados con esos negociados. Al ser consultado De Souza por el diario La Juventud sostuvo que “algunos elementos que sustentan su denuncia provinieron del hijo de un diputado del MPP”.
El dirigente de FUCVAM ha dicho al Semanario Búsqueda que el denunciante fue el propio hijo de Esteban Pérez Vilinski que a la vez casualmente trabaja en UMISSA y que afirmó que una reunión con FUCVAM que le llamaba la atención que hubiera varios familiares de diputados del MPP vinculados directamente a la empresa.
De Souza señala que de 27 empresas constructoras que se trasladaron en el año 2005 a Venezuela, solo una se beneficio con este negocio.
Fue tan desprolijo que solamente con una gran mano de alguien que quiera promover una empresa de este tipo se pudo concretar, dijo De Souza.
“Nosotros sabemos que esos diputados que denunció” el hijo de Pérez Vilinski, “son los que hicieron lobby” por la empresa.
FUCVAM denuncia también al Embajador en Venezuela, Gerónimo Cardozo quientambién habría hecho lobby a favor de una empresa que vende unidades potabilizadoras de agua (UPA), a Venezuela, en detrimento de otras dos.
Según ahora denuncia FUCVAM tanto la empresa que respalda el Embajador Cardozo como UMISSA tienen un mismo socio venezolano.
FUCVAM en su denuncia también menciona a ANCAP cuando señala que:
El beneficiario y representante, casi excluyente de las dos empresas que tienen interrelación evidente es el empresario Norberto Barcos titular de CERJECA y del amplio espectro de negocios que lo vinculan al Fideicomiso PDVSA - ANCAP.
El documento de FUCVAM sostiene que el viaje de Antonioni Wilson quien pretendió ingresar a Buenos Aires con 800 mil dólares sin declarar su origen iba a venir también Barcos para hacer otro convenio por más casas para la provincia en la que viven.
El secretario de FUCVAM, Daniel de Souza asegura tener pruebas y documentos que fundamentan todas sus acusaciones y señaló que, a partir de sus denuncias cayeron dos ministros de vivienda en Venezuela.
En relación al negocio de las potabilizadoras de agua UPA, dijo que tiene correos electrónicos enviados por el Embajador uruguayo en Venezuela Gerónimo Cardozo a un ministro venezolano en el que se “muestra la injerencia” que tuvo este diplomático para favorecer a una de las empresas.
Según De Souza en uno de esos correos se aprecia la conducta impropia y reñida de ética del embajador uruguayo.
De Souza dijo que durante un viaje que realizó la semana pasada a Venezuela se encontró con Cardozo y que este lo acusó de “hacerle eljuego a la derecha”.
“Le dije que tal vez que si pero, que no hicimos negocios con la derecha. Esa es la principal diferencia con él”comentó De Souza.
En Venezuela las denuncias de corrupción del Secretario de FUCVAM implicaronla renuncia de dos ministros de Chávez.
Pero aquí es difícil que pase algo parecido o similar porque la mayoría de que dispone el oficialismo le permite eludir las investigaciones y el control de la actuación de los hombres de gobierno.
La acusación hecha por el Embajador Cardozo es la más común y normal de todas y casi la única, nosotros hace más de dos años y medio que la escuchamos “hacerle el caldo gordo a la derecha”.
Con eso se permite todo, porque al fin de cuenta desde la crítica hasta la información de la verdad terminará -a la corta o a la larga- haciéndole “el juego a la derecha”, pero en realidad tal como dice De Souza, “son los del gobierno progresista los que hacen negocios con la derecha”.
Si están los documentos y las pruebas de las graves denuncias realizadas por FUCVAM debería habilitarse una investigación profunda sobre las actuaciones del embajador Cardozo, los diputados Rosadilla, Salsamendi, el edil Luján y la empresa UMISSA que al parecer fue creada especialmente para ganar esta licitación de construcción de viviendas y está compuesta además por los hijos y familiares de los mismos diputados del MPP.
Hoy trece de agosto de 2010 nuevamente aparecen denuncias en los medios de prensa venezolanos sobre este negocio de las viviendas prefabricadas. De las12 mil viviendas prefabricadas que Venezuela compró a Uruguay en el año 2005, solamente once han sido construidas, aun cuando el país entregó un anticipo por 70,6 millones de dólares, lo que equivale a 45,47% del total del contrato, hace más de dos años.
Así lo denunció el contralor general de la República, Clodosbaldo Russián, en el informe anual que esta semana presentó a la Asamblea Nacional y en el cual se quejó de que Petróleos de Venezuela (Pdvsa), organismo que realizó los desembolsos, no haya suministrado “la totalidad de los soportes” que justifican los pagos.
En su reporte, el encargado de velar por el buen uso de los fondos públicos cuestionó que la estatal petrolera haya entregado esa suma de dinero, a pesar de que la fianza que la empresa Unión Metalúrgica Industrial del Sur SA (Umissa) estaba vencida y de paso le faltaba cancelar 67% de la misma, es decir unos 15,73 millones de dólares.
De la misma manera Russián resaltó que las once viviendas construidas debieron ser terminadas con materiales nacionales, pues la contratista “no había recibido ningún kit completo”.
El contralor también se quejó porque ni en Pdvsa ni en el Ministerio de Vivienda le suministraron información detallada sobre el acuerdo, lo cual le impidió “determinar la exactitud, sinceridad y legalidad de las operaciones realizadas”. Precisamente debido a la carencia de datos reconoció que su despacho “desconoce el total de los pagos efectuados, cantidad de componentes que integran un kit, vivienda prefabricada, los suministrados e instalados, así como el avance o porcentaje de ejecución y cumplimiento del referido contrato comercial”.
Este convenio ascendía a 155 millones de dólares.
En el informe, Russián también cuestionó la falta de coordinación entre el Ministerio de Vivienda y el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, Seniat, para acelerar los trámites de nacionalización de los insumos en las aduanas, los cuales, según información que dio el Ministerio de Finanzas a la Contraloría, comenzaron a llegar en el año 2006.
Por último, el contralor no dudó en acusar al despacho de Vivienda de no supervisar ni controlar efectivamente los “recursos del Estado”.
Alejandro Lagrenade, es el dueño de Umissa y firmo con el gobierno de Hugo Chávez un negocio por US$ 150 millones para proveer a Venezuela de casas prefabricadas.
El financiamiento fue a cuenta del fidecomiso de Ancap y Pdvsa firmado por Tabaré Vázquez y negociado por Jorge Lepra y Daniel Martínez. El 10 de mayo de 2006 Venezuela hizo un giro a Umissa por 23.320.050 dólares, pero que el mismo día que se acreditó ese importe, se hizo una transferencia por 18.569.700 dólares a otra cuenta que estaba a nombre del dueño de Umissa, Alejandro Lagrenade, de Antonini Wilson, del representantes de Umissa en Caracas, Norberto Barcos, y de una mujer venezolana.
Uruguayos, frenteamplistas, sindicalistas con todo respeto les preguntamos: ¿Hasta cuándo van a seguir creyendo tanta mentira, engaño y traición de estos gobiernos progresistas?
Seguramente ya han perdido hasta la idea de cuantos actos de corrupción se han ido sumando a lo largo de estos años de gobierno progresista.
¿Se acuerdan de lo que pasó con Mario Areán, con los Casinos y Bengoa, y otros puestos a dedo por Mujica en los Casinos?
¿Y con el “amigovio” de la hija de Marina?
¿Y con la deuda en Canal 5 de Breccia?
¿Y con el contrato de obra de su hijo?
¿Y aquel hombre de ANTEL?
¿Y el afano en el Hospital Maciel, donde estaba la mujer de Huidobro? ¿Y las casas para Venezuela?
¿Y cuando Mujica fue a ver a los Peirano a Cárcel Central?
¿Y los camiones de azúcar brasilero en la frontera?
¿Y la compra de CALVINOR, Roldós en el Mercado del Puerto?
¿Y los vinos uruguayos con droga adentro?
¿Y la gira por el interior de Jaime Roos con el auspicio de un Ente del Estado en sociedad con el hijo de Astori como su representante; y un palo verde por lo menos en juego?
¿Y al hombre que encontraron muerto en Maldonado, que era el principal testigo sobre otros negocios de software con Venezuela?
¿Y la operación de Nicolini?
¿Y la denuncia sobre compra de armas denunciada por oficiales del ejército, donde aparecía un hermano de Nin Novoa?
¿Y el enriquecimiento, varias veces tanto del Presidente como del vicepresidente?
¿Y el promedio de un viaje al exterior cada dos meses del legislador Baraibar?
¿Y la multa de 47 mil pesos puesta Fripur?
¿Y los años que hace que Fassano no paga la luz eléctrica?
¿Y ahora los Peirano salen a la calle y quedan libres de todo prontuario?
¿Cuántos uruguayos perdieron todo lo que tenían por culpa de ellos?
¿Cuántos otros se suicidaron?
En cambio ¿Quién piensa en la suerte que corrieron los 12 jovencitos quemados vivos en la cárcel de Rocha, algunos de ellos por haberlos agarrado fumando un porro?
¡MUJICA, HUIDOBRO AMIGOS DE LOS PEIRANO Y LOS FERRÉ!
¡TUPAMAROS Y COMUNISTAS EN EL GOBIERNO SOCIOS DE BUSH Y ALVARO URIBE!
¡QUIÉN LO IBA A DECIR!
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| Antonini Wilson |
EDUARDO DELGADO
La justicia ordenó levantar el secreto bancario de cuatro personas: Guido Antonini Wilson, Alejandro Lagrenade, dueño de Umissa, de Norberto Barcos, su representante en Venezuela y de Gabriela Alcalá. Umissa admite vínculos con Antonini.
La medida judicial fue dispuesta por la jueza Fanny Canessa tras una denuncia policial que recayó en su sede presentada por el padre de un ex socio de Antonini, Franklin Durán Guerrero. Durán está siendo juzgado en Miami acusado de actividades ilegales de inteligencia en territorio estadounidense para el gobierno venezolano, con el fin de encubrir el origen y destino de la valija con casi US$ 800 mil que Antonini Wilson intentó ingresar a Argentina sin declarar.
Canessa dispuso el levantamiento del secreto bancario de dos cuentas que, según la denuncia presentada ante el Departamento de Delitos Económicos de la Policía por el padre de Durán, pertenecen, una a la empresa Umissa y otra tendría como titulares a Antonini, Lagrenade, Barcos y Alcalá.
La magistrada solicitó también al Banco Central que le informe del estado y movimientos de otras cuentas que haya a nombre de los mencionados en la denuncia.
La denuncia de Durán señala que de la cuenta de Umissa que recibió un anticipo de US$ 23.320.050 del gobierno de Venezuela por el contrato de la empresa por US$ 156 millones para la venta de 12.000 kits de casas prefabricadas, se desviaron U$S 18 millones a la cuenta conjunta y que de allí se giraron fondos para Antonini y su esposa en Miami.
Fuentes de Umissa consultadas por El País dijeron que la denuncia de Durán apunta a Antonini y "es una pelea entre dos ex amigos". No obstante reconocieron la vinculación entre el empresario venezolano y Barcos, representante de Umissa en Venezuela, y el pago de servicios a Antonini por compras de materiales para la empresa en las que intermedió el "empresario de la valija".
El padre de Durán presentó una denuncia penal como apoderado de su hijo el martes pasado y sostuvo que de la cuenta de Umissa a la que Venezuela giró el anticipo se transfirieron US$ 18.569.700 a otra cuenta conjunta de Antonini, Barcos, Alcalá y Lagrenade. También señala que de esa cuenta se giraron US$ 868.000 a una cuenta de Antonini y su esposa en un banco extranjero.
En la denuncia, Durán afirma que en el año 2006, Antonini le propuso a su hijo actuar como avalista o reasegurador del contrato que se iba a celebrar entre Umissa y el Ministerio para la Vivienda y Hábitat de Venezuela. El objetivo del contrato era que el gobierno venezolano comprara a Umissa las casas prefabricadas.
El denunciante sostiene que a Umissa se le exigieron garantías del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato y del anticipo en dinero que recibiría del ministerio venezolano. Umissa logró ese aval con la empresa venezolana de seguros La Previsora, que a su vez, para respaldar esa póliza, requirió un reaseguro que consistía en un aval solvente. Según Durán, Antonini le propuso a su hijo que lo otorgara.
Agregó que de ese forma, el 15 de agosto de 2006, su hijo se constituyó en el fiador solidario, a cambio del pago de una comisión equivalente a la tasa de mercado, y que ese aval fue complementado con una garantía real que compromete bienes de su patrimonio.
Durán agregó que el 13 de julio de 2008, su hijo comenzó a recibir pedidos de información por parte de la aseguradora venezolana sobre el estado de cumplimiento y avance del contrato. A su vez, el empresario empezó a solicitar a Umissa y a Antonini las explicaciones, rendiciones de cuentas e informes pertinentes.
Agregó que ante las evasivas y falta de respuesta, Durán hijo logró averiguar que el 10 de mayo de 2006, Umissa recibió de Venezuela, el anticipo en su cuenta del banco BBVA en Uruguay y el mismo día US$ 18.569.700 fueron transferidos a la cuenta conjunta de los denunciados.
Según la denuncia, adicionalmente existen datos de que personas vinculadas a Umissa pagaron los honorarios de abogados de Antonini Wilson en Estados Unidos.
La denuncia del padre de Franklin Durán es contra Antonini, Barcos y Umissa, y entre los delitos que señala se pudieron cometer están la apropiación indebida y la asociación para delinquir.
Las fuentes de Umissa consultadas aseguraron que no se realizó ningún contrato con Durán para que avale el seguro que se acordó con la aseguradora venezolana y que tampoco se pagó a ningún abogado de Antonini.
Indicaron que Antonini no es socio de la empresa aunque se admitió que gestionó sin éxito la venta de viviendas prefabricadas a otros países.
Respecto a las cuentas bancarias, las fuentes expresaron que el 80% de los US$ 23: del anticipo financiero que Umissa recibió fueron depositados como garantía y que se auditaron los gastos para insumos y servicios. "No hubo desviación de fondos y lo demostraremos en la Justicia", destacó la fuente.
Se señaló también que los US$ 800.000 que la denuncia sostiene fueron transferidos a Antonini a Miami, fueron por el pago de materiales y comisiones que el empresario venezolano intermedió en Estados Unidos.
"Así como demostramos que las anteriores denuncias eran mentira, lo haremos esta vez", dijeron las fuentes, que señalaron que la empresa está deseosa que la Justicia uruguaya investigue sus cuentas y negocios.
Personajes del caso
Guido Antonini Wilson - empresario venezolano
Intentó ingresar US$ 800 mil a Argentina sin declarar. Luego viajó a EEUU, donde colaboró en la investigación sobre actividades de agentes de inteligencia de Venezuela. Argentina y Venezuela piden su extradición.
Franklin Durán - empresario venezolano
Está detenido en Miami acusado de actividades de inteligencia ilegales. Denunció que fondos destinados a Umissa fueron derivados a cuentas de particulares y que personas cercanas a la empresa pagaron a abogados de Antonini en EEUU.
Alejandro Lagrenade - propietario de Umissa
Negoció con Venezuela y logró un acuerdo para exportar 12 mil casas prefabricadas a cambio de US$ 156: Es uno de los denunciados por Durán. Fuentes de la empresa negaron las acusaciones, pero no el relacionamiento con Antonini.
Norberto Barcos - abogado venezolano
Hijo de uruguayos, es el representante de Umissa en Venezuela y quien acercó a la empresa a Antonini Wilson. Dirige la empresa Cerjeca y fue intermediario en acuerdos realizados en el marco del Fondo Bolívar-Artigas.
Fanny Canessa - jueza penal
Es la jueza que con la fiscal Mónica Ferrero tramita el caso. Ordenó el levantamiento del secreto bancario de varias cuentas. La investigación la realiza con el Departamento de Delitos Económicos de la Jefatura a Policía de Montevideo.
Rodolfo Wanseele - uruguayo radicado en EE.UU.
Fue detenido en Miami por su presunta vinculación con organismos de inteligencia venezolanos. Primero se declaró inocente y luego culpable al igual que dos de los otros tres detenidos. Solo Durán mantiene que es inocente.
Ajeno a acuerdo bilateral
Bernardo Villamil, el abogado que representa legalmente al padre de Franklin Durán, declinó hacer comentarios a El País, pero aclaró que "la denuncia es ajena a los gobiernos de Venezuela y de Uruguay y a los acuerdos entre los dos países". Dijo que se trata de una denuncia entre personas físicas. El negocio de las casas prefabricadas fue presentado por el gobierno como parte de los acuerdos entre ambos países, pese a que se gestó y concretó antes de que los gobiernos de Tabaré Váz-quez y Hugo Chávez realizaran esos acuerdos.
Acciones y vínculos en la mira opositora
Tras conocerse que Guido Antonini Wilson intentó ingresar US$ 800.000 a Argentina sin declarar -los que presuntamente tenían como destino la campaña presidencial de la entonces candidata Cristina Fernández-, y la posterior detención en Miami del empresario, trascendieron datos de sus visitas y actividades en Uruguay.
Legisladores de la oposición marcaron su preocupación sobre las acciones del empresario venezolano en Uruguay y la posibilidad de que tuviera relación con el gobierno o personas cercanas a él, lo que fue negado por autoridades del Poder Ejecutivo y legisladores del Frente Amplio.
Los diputados blancos Pablo Abdala, Gonzalo Novales y Mauricio Cusano presentaron una denuncia penal en la que solicitaron al juez Juan Carlos Fernández Lecchini que investigue las actividades de Antonini en el país.
Empleados de PDVSA Uruguay declararon ante el juez y negaron que esa empresa tenga algún vínculo con Antonini.
A la denuncia de los legisladores nacionalistas se su-mó días atrás la presentada al juez penal Sergio Torres por el diputado colorado Washington Abdala, que pidió se investiguen los negocios hechos al amparo del Fondo Bolívar-Artigas, un fideicomiso creado en base al dinero que paga Uruguay a Venezuela por las compras de petróleo. Abdala pidió que se cite a jerarcas y empresarios, entre ellos un hijo del presidente Tabaré Váz-quez, que es parte de una empresa que vendió software a Venezuela.
El fiscal Ricardo Perciba-lle estudia el escrito de Abdala para resolver si solicita medidas al juez Torres.
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