La impunidad en retirada

La Suprema Corte de Justicia habilitó juzgar fusilamientos en Soca, Amaral y Trabal

Roger Rodriguez


La ofensiva "psicopolítica" de los militares retirados parece derrotada. Su carta pública no tuvo apoyo político y sus amenazas a la prensa provocaron repudio público y alejamiento de la institución militar. Varios miembros del ... Foro Libertad y Concordia dejaron su facebook, ahora copado por ultraderechistas. La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la Ley de Caducidad y la justicia investigará los fusilamientos de Soca, la desaparición de Amaral García y la muerte de Trabal. Los militares siguen desfilando por los juzgados y la impunidad se resquebraja.

a ofensiva "psicopolítica" lanzada por el autodenominado Foro de Libertad y Concordia, donde se reúnen militares retirados que pueden ser indagados por la justicia en causas de violaciones a los derechos humanos, comenzó a cumplir sus amenazas de llegar a "extremos" cuando desde su facebook "de apoyo"se intentó intimidara la prensa y en particular a Caras y Caretas, que había revelado la composición y origen del grupo y sus conexiones con organizaciones de ultraderecha a nivel internacional. Uno de los miembros del Foro, el teniente coronel Héctor Marcos Várela González, publico en Internet los datos personales y domicilio de este cronista y alentó a que otros miembros de Facebook publicaran un mapa de lugar, lo que generó incluso debates internos en la web, en los que se amenazó con la posibilidad de hacer, por lo menos, un "escrache" al periodista que había divulgado información y documentos sobre las relaciones del grupo con el extremista Uno Aménca y represores argentinos.

Héctor Várela González, quien está radicado en un camino aledaño a la ciudad de San Carlos, es el prosecretario de la Agrupación Maldonado de la Organización de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas, que encabezan los torturadores coroneles José A. Baudean y Eduardo Ferro, dos de los militares que podrían ser indagados

por la justicia penal por sus crímenes de lesa humanidad durante la dictadura

Várela González, generación 1970 del Liceo Militar, es egresado del "Basic Combat and Counterinsurgency Course C-6", que dictaba la norteamericana Escuela de las Américas [SOA] en 1975. Revistó a principios de los ochenta en el Regimiento de Caballería N° 1, a donde regresó en 1992, bajo el mando del entonces coronel Manuel Fernández (saliente presidente del Centro Militar) y junto al mayor Enrique Mangini, denunciado judicialmente por el homicidio de Santiago Rodríguez Muela en 1972.

REPUDIO A AMENAZA

La amenaza a la prensa fue denunciada por las redes sociales, en donde se divulgó una captura del facebook del Foro Libertad y Concordia en que Várela González decía: "El citado es de a ratos periodista del pasquín difamatorio La República, en otras 'investigador privado sin patente' y testigo de oídas (cuando lo dejan). De algo hay que vivir y éste es su curro", y pedía la ubicación de la calle Luis Kossuth, en donde el periodista vivió hasta unos meses atrás.

El episodio fue informado a la Asociación de la Prensa del Uruguay (APU), que emitió una declaración en la que alertó al Ministerio del Interior acerca de las implicancias del hecho (método utilizado en Colombia y México para atentar contra periodistas) y rechazó todo intento de intimidación y amenaza contra los trabajadores en el libre desempeño de su tarea de investigación, expresión y difusión a la opinión pública. Directivos de APU se reunieron al respecto con el ministro Eduardo Bonomi. La intimidación lanzada por el Foro Libertad y Concordia generó inmediatas reacciones locales e internacionales, ámbito en que se produjeron declaraciones de condena por parte de personalidades y organizaciones por los derechos humanos, como el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj); la organización Reporteros Sin Fronteras con sede en París, y hasta la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) asentada en Miami. El Movimiento Justicia y Derechos Humanos de Porto Alegre y la Unión de Trabajadores de la Alimentación (UITA] enviaron una carta al propio presidente José Mujica. El ataque a la prense provocó también diferencias internas en el propio Foro, en cuyas páginas de Internet dejó de figurar su fundadora, la psicóloga María Noel Larrosa Rombys, sindicada como hija del torturador sanducero Ramón Larrosa y de la maestra Diva Mayita Rombys, docente del Instituto Militar de Estudios Superiores (IMES) hasta 2008. Larrosa era cuñado del ex candidato a intendente blanco David Dotti, sospechoso en el caso del robo de los restos de Leandro Gómez.

ESPÍRITU HOMICIDA

En el facebook del Foro también se generaron algunas rispidas discusiones sobre la conveniencia de haber publicado los datos del periodista y no faltaron quienes consideraron que la página había sido Infiltrada" mediante algún familiar 0 contacto.





Dos miembros del Foro "hackearon" en la madrugada de ayer el facebook del periodista de Caras y Caretas para publicar luego en su página el diálogo que intercambiaron cuando fueron descubiertos. La página web pasó a ser administrada ahora por el anticomunista Jorge Guidobono y por Isabel Silva, divulgadora de discursos del venezolano Alejandro Peña Esclusa, presidente de la ultraderechista UnoAmérica y actualmente preso en Caracas, acusado de organizar atentados en las últimas elecciones legislativas de su país. También interviene con asiduidad Juliana de Sarro, que en 1986 desmintió ante el Parlamento el testimonio de la enfermera Hay de Trías, quien denunció al coronel Pedro Mato como asesino de Zelmar Michelini. De Sarro es hoy esposa de Mato. El propio Várela González debió salir a la prensa a explicar que sólo había dado información. "La idea es que la gente sepa dónde vive y dónde trabaja, de repente precisan hablar con él, como es un hombre tan inquieto...", dijo con ironía el militar, quien opinó que durante la dictadura no hubo violaciones de mujeres ni secuestros de niños. "Por mis camaradas pongo las manos en el fuego de que ninguno tuvo un espíritu homicida [...] Hubo errores pero no por espíritu homicida", sostuvo.

El Foro Libertad y Concordia emitió una declaración en la que dice que no es su intención "causar ningún tipo de disturbios a la sociedad, ni al gobierno", y replica: "Apreciaciones peyorativas y ajenas a nuestra realidad que aparecen en diarios y revistas menores no se consideran en este comunicado, por entenderse fuera de lugar y ajenas a la cultura de los Orientales". En su local de la calle Las Heras, sin embargo, los principales de la organización habrían valorado negativamente su exposición en prensa, que lo alejó del objetivo de "sumar" a la oficialidad activa de las Fuerzas Armadas.

Por su parte, la legisladora Daniela Payssé, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, haría un planteo parlamentario ante la presencia de varios legisladores y dirigentes políticos entre los "amigos" del grupo en la web. Entre otros, aparecen los colorados Ope Pasquet, Washington Abadala, Daniel García

Pintos, Juan Justo Amaro Cedrés, Yañet Puñales, Martín Aguirrezabala y Fernando Amado, y los blancos Luis Lacalle Pou, Gustavo Penadés, Jaime Trobo, Verónica Alonso, Juan Carlos Cardoso, Gustavo Borsari, Juan Carlos Raffo y Carmelo Vidalín, además de las páginas oficiales del Liceo Militar y la Armada Nacional.

INFORMACIÓN DE "ADENTRO"

En su pasada edición, Caros y Caretas informó que la creación del Foro Libertad y Concordia implicaba un nuevo paso en la "guerra psicopolítica" que protagonizan los militares retirados implicados en violaciones a los derechos humanos para perpetuar su decadente impunidad. El Foro es una continuación de la acción desplegada primero desde los clubes (Centro y Círculo Militar] y luego desde las cooperativas de oficiales y suboficiales. "La ofensiva de los indagables" se tituló el artículo donde se narraba que la nueva organización de defensa de los criminales de lesa humanidad había surgido de debates en el foro Uruguaymilitaria.com y desde la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Oficiales de las FFAA, donde en una comunicación interna el vocero de prensa del grupo, coronel Juan Carlos Araújo, hizo explícito el origen y estrategia de la nueva agrupación pública.

El propio Araújo se contactó con los coroneles Manuel Urrutia, Julio C. Morinelli, Carlos Osear Angelero, Walter Forichi y Walter Villanueva para que los militares retirados se organizaran a través de sus "promociones", como había ocurrido espontáneamente con la tandas a las que pertenecían el general Miguel Ángel Dalmao, tras su procesamiento por el homicidio, en 1974, de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, y el coronel Juan Carlos Gómez, preso por el asesinato de Roberto Gomensoro Jossman, en 1973. Araújo aceleró la reorganización del grupo, en particular para defender a su compañero de promoción el coronel Tranquilino Machado Badaracco, cuyo pedido de procesamiento con prisión fue realizado por el fiscal Juan Gómez y está a estudio del juez que atiende el caso de homicidio

especialmente agravado del estudiante Ramón Peré, primer muerto de la dictadura, en julio de 1973. E! vocero del Foro admitió allí que se reunió con el coronel argentino Horacio Gugliemone, defensor de los represores en su país, a quien conoció en una reunión realizada en Montevideo por la organización ultraderechista UnoAmérica, que preside el venezolano Peña Esclusa. Ambos grupos asesoraron y dieron logística al Foro Libertad y Concordia y son hoy sus amigos en Facebook.

FUSILADOS, AMARAL Y TRABAL

Si la ofensiva de los militares retirados se vio dificultada por las malas repercusiones políticas que tuvieron a nivel de gobierno su carta a los comandantes en jefe y a nivel público su amenaza a la prensa, el objetivo de incidir en las causas judiciales que volvieron a reabrirse este mes sufrió otro duro revés con una nueva e histórica sentencia de la Suprema Corte de Justicia que declaró inconstitucional la Ley de Caducidad para el caso de los fusilados de Soca. La sentencia N° 233?, firmada el 15 de diciembre pasado pero divulgada el miércoles, volvió a imponer los mismos argumentos por los que en octubre de 2009 el máximo órgano judicial uruguayo había dejado fuera de la impunidad la causa de Nibia Sabalsagaray y en noviembre de 2010 habilitó la investigación de 19 casos de muertes por tortura durante la presidencia del dictador Juan María Bordaberry. Por esta causa más de 20 militares retirados serán convocados por la justicia. Estos juicios se suman al de Horacio Gelós Bonilla, desaparecido en enero de 1976 en el Batallón de Ingenieros de Laguna del Sauce, por el que han sido citados al juzgado penal de la calle Misiones los oficiales retirados Gregorio Álvarez, Aquiles U. Morales, Carlos Techera, Víctor H. Stocco Anglet, Eduardo J. Giordano, Dardo Barrios Hernández, Jorge R. Premoli Picaro ni, Juan A. Cirilo Umpiérrez, Roberto Echevarría Ballesteros, Omar Raúl La casa Antelo, Dr. Francisco Pons, Nelson Silvera Argencio, Dardo Barrios, Hugo Aguilera y Daniel Gordillo. El caso de los fusilados de Soca implica el secuestro en Buenos Aires, el 8 de noviembre de 1974, de los pamaros Floreal García, Mirtha Inández, Héctor Daniel Brum, Ms de los Ángeles Corbo (embaraza) y Graciela Estefanell, quienes fueron trasladados a Montevideo y minaron siendo ejecutados el 20 de diciembre de ese año como supuesta represalia por el homicidio en París del agregado militar, coronel Ramón Trabal, cuya muerte también permanece impune.

La decisión judicial incluye el de desaparición de Amaral Garcia hijo de Floreal y Mirtha, quien entregado a una pareja de la SI ) Argentina y terminó siendo el primer niño recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo y traído a Uruguay gracias a gestiones de le Germán Araújo. También incorpora el secuestro de Julio Abreu, un sobreviviente de los seis traslados en el denominado "vuelo ce : quien luego de 30 años de silencio denunció el primer traslado movió en el marco de la coordinación represiva de las dictaduras de época que luego sería denomida Plan Cóndor,

Una futura decisión de la Suprema Corte podría terminar de desmoronar la impunidad que aún sostiene a represores de la dictadura, si habilita la indagación de nuevas denuncias de casos de tortura (tipificadado crimen de lesa humanidad e impcriptible por la jurisprudencia internacional), que se suman al ya presentado a través de Crysol por las víctimas de Boisso Lanza.