Traslado compulsivo a Civil de la Fiscal que pide proceso a militar confeso de torturar presas

El Fiscal de Corte, Jorge Díaz, ordenó traslado compulsivo a Civil de la fiscal penal Diana Salvo.
 
Por Roger Rodriguez
8 de diciembre del 2014

Como antes la jueza Mariana Mota, ahora la fiscal Diana Salvo

 La fiscalía de Corte uruguaya esta flechada por la impunidad

El Ministerio Público y Fiscal, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, resolvió días atrás el traslado compulsivo y sin aviso a una fiscalía civil de la Dr. Diana Salvo, fiscal penal de 10º turno, que estaba a cargo de la causa que indaga las denuncias de malos tratos y abusos sexuales a los que fueron sometidas las ex presas políticas en los años de la dictadura.
La Dra. Salvo había pedido que se formara una pieza independiente para procesar con prisión al militar Asencio Lucero, quien en su testimonio del martes 30 ante la jueza penal de 16º turno, Julia Staricco admitió y justificó la práctica de torturas aberrantes sobre las mujeres que estaban detenidas en el Regimiento de Caballería Nº 9.
La representante del ministerio público, ahora enviada a la Fiscalía Civil de 8º Turno, pretendía que continuaran las investigaciones sobre el caso principal a la vez que pidió el procesamiento de Lucero en un escrito presentado hace más de un mes. Sin embargo, la sorpresiva respuesta de la Procuradoría General de la Nación, a cargo del Dr. Jorge Díaz Almeida, fue su traslado.
El episodio sufrido por la Dra. Diana Salvo (será subrogada por la Dra. Estela Llorente, proveniente de Maldonado), constituye el tercer caso en que en el sistema judicial uruguayo se produce el trasladado al área civil, de un funcionario que se destacaba por su trabajo en indagaciones sobre delitos penales vinculados a hechos de corrupción o a crímenes de lesa humanidad.
A principios de 2012, cuando asumió su cargo el Dr. Jorge Díaz, se produjo el escandaloso cambio de destino del fiscal Ricardo Perciballe quien venía actuando en las fiscalías especiales contra el crimen organizado. Y a comienzos de 2013 la Suprema Corte de Justicia, decidió el traslado compulsivo de la jueza Mariana Mota quien tenía a su cargo 50 causas de derechos humanos.
La confesión de Asencio Lucero, encargado de Inteligencia del Regimiento 9º, fue divulgada por el semanario Búsqueda, quien destacó que “se describen por primera vez en forma detallada las torturas efectuadas por militares a los detenidos políticos” como el submarino mojado o seco, la picana eléctrica, la privación de sueño, el desnudo en mujeres, los plantones y otros apremios.
La Dra. Salvo también atendía el misterioso caso de la bomba que estalló en 2009 en una casa de la calle Plutarco, donde falleció Miriam Mazzeo, funcionaria del Instituto Superior de Formación Física, casada con Carlos A. Díaz. Una nueva línea de investigación estaba en curso luego que se agotaran varias teorías sobre quién puso el explosivo, catalogado como "casero" por los técnicos del Ejército.

Salvo estaba a cargo de una indagatoria penal por la denuncia colectiva de “torturas y delitos sexuales” que impulsó un grupo de ex presas políticas, en octubre de 2011.
Según informó el periodista Roger Rodríguez, Salvo se aprestaba a “emitir su dictamen en torno a la situación procesal del capitán (r) Lucero”, quien en su momento reconoció ante la jueza Penal de 16º Turno, Julia Staricco, la aplicación de torturas, entre ellas “plantones, submarino seco y húmedo, picana, tortura psicológica y la desnudez forzada hacia las mujeres”.
A raíz de tales declaraciones, la Justicia dispuso iniciar una indagatoria penal en su contra, en virtud de que sus dichos pueden valorarse como una “confesión” sobre la existencia de torturas en predios militares.
Según el periodista, “el militar se enfrentaba a la posibilidad de ser imputado por el delito de ‘torturas’, o delitos similares”. Por lo cual sería la primera imputación por “torturas” por los crímenes cometidos por agentes del Estado durante la dictadura.
El lugar de Salvo en la fiscalía penal será ocupado por la fiscal Estela Llorente.

Aplicación del Código del Proceso Penal

En ese marco, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, explicó a Caras y Caretas que “el traslado de Salvo forma parte de un conjunto de movimientos que se realizaron en la órbita de las fiscalías, que tienen como trasfondo la aplicación en un futuro cercano del nuevo Código del Proceso Penal (CPP), por el cual se consagra un sistema acusatorio oral y público, donde la investigación de los ilícitos penales estará a cargo de los representantes del Ministerio Público”.
Díaz remarcó que el traslado “no obedece a razones de índole personal ni a una sanción, sino que forma parte de las políticas de recursos humanos de la Fiscalía de Corte”.

Agregó que el futuro CPP que el Parlamento prevé aprobar antes de fin de año, entrará en vigencia en febrero de 2017 e  implicará un “cambio sustancial en el proceso penal, por lo que se requiere iniciar la capacitación de los operadores, particularmente de los fiscales”.