Arquitectura de la impunidad

El general Barneix

Por Samuel Blixen

Arquitectura de la impunidad

La imputación –absolutamente adecuada¬– de arquitectos de la impunidad, no alcanza para explicar la desfachatez y la arrogante arbitrariedad de la Suprema Corte de Justicia, la Fiscalía de Corte y el Ministerio de Defensa Nacional, a la hora de impedir la aplicación de la justicia a los terroristas de Estado que cometieron crímenes de lesa humanidad. 

El general Pedro Barneix no sólo es uno de los pocos militares que lograron llegar al generalato en democracia a la sombra de su protagonismo en los crímenes de la dictadura. También ostenta el récord de ser, quizás, el único acusado de homicidio que ha logrado posponer por más de dos años el pedido de procesamiento solicitado por una fiscal y sobre el que dos juezas no han podido fallar –todas protagonistas femeninas, dicho sea de paso, en honor a su integridad como magistradas– debido a las chicanas promovidas por la defensa.

Y sus abogados han logrado que vuelva a dilatarse. Aun existiendo dos sentencias, una del juzgado penal y otra del tribunal de apelaciones, declarando que el caso no prescribe, la Suprema Corte resolvió aceptar un pedido de la defensa para que analice los fallos, en régimen de casación, una instancia que aparentemente no tiene precedentes. Lo que implica que la Suprema Corte recién podrá analizar el pedido en febrero, al finalizar la feria judicial mayor. Y lo más insólito: la Corte acepta revisar su propio fallo, que el 10 de setiembre declaró “inadmisible el recurso de casación oportunamente interpuesto” por la defensa de Barneix.

Pero para entonces es posible que la fiscal Ana María Tellechea, que recusó esa decisión, haya sido trasladada a otro ámbito judicial, como pasó con la jueza Mariana Mota. Ocurre que en otro expediente, en otro juzgado penal, según informó el periodista Roger Rodríguez, Tellechea solicitó el procesamiento de un joven que había ingresado a una cárcel una torta para un recluso amigo que contenía algunos gramos de marihuana. Fue procesado por la jueza Fanny Canessa. Posteriormente los abogados defensores argumentaron que el joven había sido engañado por la compañera de su amigo, quien introdujo la droga en la torta. La fiscal revisó la solicitud y la jueza debió aceptar el archivo de la causa.

Pero el fiscal de corte, Jorge Díaz, olió en el episodio algo “extraño”, justo al otro día en que Tellechea presentó el recurso ante la SCJ en el caso Barneix. Díaz ordenó una investigación administrativa que puede dar la excusa a la Scj para iniciar un sumario y trasladar a la fiscal Tellechea. Díaz ya había promovido otro traslado, el del fiscal que había solicitado la condena del coronel Juan Carlos Gómez, por la desaparición y homicidio de Roberto Gomensoro Josman, en 1973, justo inmediatamente después de que el ministro Eleuterio Fernández Huidobro escribiera una carta defendiendo la inocencia del coronel Gómez. El nuevo fiscal sobreseyó el caso, y una jueza de Tacuarembó ordenó la libertad del procesado. El fiscal de Corte también ordenó el traslado de la fiscal Diana Salvo, quien recientemente solicitó el procesamiento del coronel retirado Asencio Lucero, en el expediente que indaga la comisión de múltiples delitos sexuales contra prisioneras de la dictadura.

El fiscal Díaz exhibe oportunas iniciativas sobre sedes judiciales que entienden en casos de delitos de lesa humanidad y en las que están involucrados militares que desde hace 30 años eluden el castigo, con y sin ley de caducidad. Sus decisiones invariablemente alejan a magistrados decididos a ejercer justicia antes de que el asunto lo resuelva la biología, como proponen algunos gobernantes. Pero, ¿quién le da las órdenes al fiscal de Corte? ¿El ministro de Cultura, Ricardo Ehrlich, de quien depende Díaz? ¿El ministro de Defensa, Fernández Huidobro, cuya militancia a favor de los terroristas de Estado requiere de apoyos fiscales? No se sabe, como no se sabe la razón de la exposición de la Suprema Corte en decisiones como la remoción de la jueza Mota o la ratificación de la ley de caducidad, que la misma Corte había declarado inconstitucional. En el caso del general Barneix, pivote de una batalla entre la justicia y la impunidad, hay un elemento a tener en cuenta: su condición de masón, que comparten algunos miembros del supremo tribunal. Pero, que se sepa, el ministro Fernández Huidobro no es masón, todavía, de modo que su empeñosa militancia podría explicarse por una suerte de chantaje, según se comenta en círculos políticos.

Por lo pronto, la carta del ministro en reacción a la divulgación del documento presidencial que restituyó la pensión plena al coronel en situación de reforma Gilberto Vázquez atribuye a “periodistas e internautas” gestos fascistas, para justificar la ratificación política de un fallo de un tribunal de honor militar. Lo hizo, él sí, con métodos fascistas del tero que grazna lejos del nido. A los que denunciaron la desfachatez de devolver la pensión al coronel Vázquez por “buena conducta”, el ministro se pregunta: “¿Qué quieren, que los torturemos, que los matemos…?”. Nada de eso: simplemente que el ministro cambie el chip. ¿Qué buena conducta tiene el coronel Vázquez, procesado y condenado por múltiples asesinatos y por la desaparición de María Claudia García de Gelman? ¿Tiene buenos modales, habla en voz baja, no grita, no se disfraza con pelucas, es atento con sus compañeros presos? La otra “buena conducta” es inadmisible: Vázquez sabe dónde están enterrados los desaparecidos, sabe dónde enterraron a María Claudia, pero no lo dice, se calla y todavía gargantea: “Los desaparecidos nunca van a aparecer”, dijo. Pero la desaparición forzada es un delito continuado, así que, en ese aspecto, el que verdaderamente importa, Vázquez tiene mala conducta. Y el ministro también, que no busca a los desaparecidos, y entorpece la búsqueda que hacen otros.