Comisión de Verdad brasileña identificó a más de 300 torturadores
Miembro de la Comisión Nacional de la Verdad (CNV),
el ex ministro de Justicia, José Carlos Dias dijo ayer, en São Paulo,
que el informe final de la comisión, que será difundido el que se
conocera mañana, tendrá los nombres más de 300 militares, agentes del
Estado e incluso los ex presidentes relacionados con torturas a
detenidos.
Detallan las torturas que soportó Dilma Rousseff
La presidente de Brasil fue detenida en 1970 por la última dictadura militar. Recibió descargas eléctricas, fue brutalmente azotada e, incluso, padeció simulacros de fusilamientoPese a tener un pasado público, la mandataria nunca quiso revelar detalles. "Nadie sale de eso sin marcas", se limitó a definir en declaraciones a la revista brasileña Piauí días antes de resultar elegida.
Sin embargo, los pormenores comienzan a conocerse. Los diarios Correio Braziliense y O Estado de Minas difundieron datos sobre las largas sesiones de tortura que soportó durante su cautiverio.
Dilma Rousseff sufrió azotes, fue golpeada hasta que le arrancaron un diente y soportó técnicas de tortura psicológica como una simulación de fusilamiento.
Ambos periódicos reproducen el testimonio de Rousseff ante el Consejo de Derechos Humanos de Minas Gerais concedido en 2001, en el que narra las torturas que sufrió entre 1970 y 1973, cuando fue detenida y condenada por un tribunal castrense.
En la declaración, la jefa de Estado dijo que a veces no sabía si los interrogatorios "de larga duración" tenían lugar de día o de noche.
Los torturadores "experimentados" solían atarla cabeza abajo en un palo para después aplicarle cargas eléctricas, un método de tortura que "no deja rastro, sólo te mina", según las palabras de Rousseff recogidas por los diarios.
"Estuve presa tres años. El estrés es feroz, inimaginable. Descubrí, por primera vez, que estaba sola. Encaré la muerte y la soledad. Me acuerdo del miedo cuando mi piel tembló. Hay un lado que nos marca el resto de la vida", atestiguó Rousseff en ese entonces.
Las sesiones de torturas fueron realizadas en el Destacamento de Operaciones de Informaciones-Centro de Operaciones de Defensa Interna (DOI-CODI) de San Pablo, el principal órgano de represión y tortura a opositores políticos, y también en una cárcel de la ciudad de Juiz de Fora, en el estado de Minas Gerais (sureste).
Será progresista,... pero tiene un pasado inmaculado que le queda bien grande a otros exguerrilleros, como bien sabemos no cantó a nadie
Dilma Rousseff lloró ante el “Nunca más” brasileño
Tras dos años de trabajo, la Comisión de la Verdad dio a conocer el informe que resume los crímenes de la dictadura.
Luego de 31 meses de trabajo, la CNV registró 434 muertos o desaparecidos comprobados, a la vez que identificó 230 centros clandestinos de detención en todo Brasil. De acuerdo con el relevamiento, las tareas perpetradas incluían detenciones ilegales, prisión, torturas, ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas.
La comisión sentenció que tales violaciones a los derechos humanos constituyeron una “política de Estado” diseñada por el gobierno de facto brasileño. Tres décadas después, el Estado reabre el debate sobre lo ocurrido aquellos años y evalúa una posible revocatoria de la amnistía dictada en 1979 y ratificada en 2010, que benefició a militares y fuerzas de seguridad implicadas en numerosos casos de violaciones y apremios.
La Comisión Nacional de la Verdad fue creada en 2011 por la propia Rousseff. Como víctima de la dictadura -integró diversas organizaciones armadas clandestinas, fue torturada y condenada a tres años de prisión- la jefa de Estado brindó su testimonio a los investigadores, así como también lo hicieron los expresidentes Luiz Inácio da Silva y Fernando Henrique Cardoso.
Cifras. Según indicaron medios de ese país, el informe indica que 377 agentes del Estado son responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Según la organización Human Rights Watch (HRW), unos 200 estarían aún vivos.
La investigación -similar al informe realizado por la Conadep en Argentina durante los '80- identifica a ocho militares que ejercieron la Presidencia. Además, menciona a exministros y altos jefes militares, e incluye testimonios de violaciones, golpes, mutilaciones, así como diferentes métodos de tortura y agresiones tanto físicas como psicológicas, no sólo contra integrantes de grupos guerrilleros, sino también contra niños, campesinos e indígenas.
El informe sugiere que hubo una política de Estado, por acción u omisión, que favoreció el despojo de tierras y la muerte de unos 8350 indígenas, cifra que podría ser mayor aún.
Contradicción. Frente a ello, la CNV consideró que la ley de amnistía contradice el derecho brasileño y el orden jurídico internacional, por lo que recomendó exceptuar la aplicación de leyes de perdón para aquellos crímenes.
Esos delitos “constituyen crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles y no sujetos a amnistía”, apuntó el informe, según la agencia AFP.
Merecer la verdad. Los resultados del informe de la Comisión Nacional de la Verdad en Brasil no sólo otorgaron importantes avances en la búsqueda de justicia a favor de los familiares de las víctimas de la dictadura, sino que también provocó un conmovedor momento durante el discurso de Roussef.
“La nuevas generaciones merecían la verdad. Sobre todo, merecían la verdad aquellos que perdieron familiares, parientes, amigos y compañeros que continúan sufriendo”, señaló Dilma. “Continúan sufriendo como si murieran una y otra vez”, siguió, sin poder contener las lágrimas.
Cuestión personal. Aunque dijera en varias oportunidades que, con la creación de la CNV, no buscaba venganza, la historia de Rousseff vuelve a la agenda política, como lo hiciera durante la campaña electoral que la llevó a ganar la reelección en octubre de este año.
“La vida lo que pide de nosotros es coraje”, decía dijo el 1 de enero de 2011, cuando se convirtió en la primera mujer presidenta de Brasil, para quienes no tiene nada que envidiar a otras “damas de hierro”, como la alemana Angela Merkel.
"En mi vida, enfrenté situaciones del más alto grado de dificultad, agresiones que llegaron al límite físico, y nada me sacó de mi rumbo, de mis compromisos, ni del camino que tracé para mí misma", declaró Rousseff en junio, mientras le llovían críticas durante el Mundial.
Dilma y la oportunidad de poner fin a la Ley de Amnistía
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien fue
detenida y torturada durante la dictadura militar brasileña, recibió el
informe final de la Comisión de la Verdad, que señala a 377 responsables
--196 continúan vivos-- por los delitos de lesa humanidad cometidos
entre 1964 y 1988. Según la comisión, 434 personas fueron asesinadas y
otras tantas desaparecidas. Dilma habló del "derecho a la verdad" y
señaló que "no debe ser motivo para odios o ajustes de cuentas". El
informe recomienda derogar la Ley de Aminstía de 1979.
"Este
informe contribuirá a que los fantasmas de un pasado muy doloroso y
triste no se protejan en la sombra de la omisión", sostuvo la jefa de
Estado en el palacio de gobierno.
La Comisión, integrada por Rosa Cardoso, exdefensora de Dilma ante
los tribunales militares de la dictadura, incluyó en su informe final la
"recomendación" de juzgar a los culpables de delitos de lesa humanidad.La sugerencia fue incluida en el capítulo de conclusiones del vasto informe de 4.500 páginas, que reabre una polémica sobre la Ley de Amnistía, dictada en 1979 por el propio régimen militar. La norma aún vigente, tras doce años del Partido de los Trabajadores en el gobierno, impide juzgar a los represores y responsables de torturas, desapariciones y otros crímenes.
En ese sentido, Cardoso sostuvo que "las leyes internacionales que Brasil ha firmado dicen que tienen que ser castigados". Por su parte, Jose Carlos Dias, otro de los seis miembros de la comisión, indicó que "una amnistía no puede convertirse en instrumento de impunidad" y agregó que "la dictadura juzgó, condenó, torturó y mató a aquellos acusados de practicar crímenes políticos, pero los crímenes de sus agentes no fueron comunes, sino delitos de lesa humanidad".
A flor de piel
La Comisión Nacional de la Verdad de Brasil presentó su
informe y pidió que se deje de aplicar la Ley de Amnistía.
Después de dos años y medio de investigaciones, la
Comisión Nacional de la Verdad (CNV) presentó su informe final sobre los
delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en Brasil
(1964-1985). El documento será la base del discurso oficial sobre lo
sucedido en ese período, y esto implica que por primera vez el Estado
considerará que los abusos cometidos por la dictadura fueron
generalizados y sistemáticos. Además, el informe amplía el número de
muertos y desaparecidos que dejó ese régimen, y pide a las Fuerzas
Armadas que reconozcan que cometieron violaciones a los derechos
humanos.
“La verdad no significa revanchismo. La verdad no debe ser
motivo para el odio o para el ajuste de cuentas. La verdad nos libera a
todos de lo que quedó por decir, por explicar, por saber. La verdad
libera de aquello que permaneció oculto [...] La verdad produce
conciencia, aprendizaje, conocimiento. La verdad significa, por encima
de todo, la oportunidad de tener un encuentro de nosotros mismos con
nuestra historia y de nuestro pueblo con su historia”. Estas palabras
las dijo en la presentación del informe final de la CNV1 Dilma Rousseff, hoy presidenta de Brasil y entre 1970 y 1972 presa política.
Una Dilma visiblemente emocionada tuvo que hacer una pausa durante su discurso debido a las lágrimas. “Merecen la verdad aquellos que perdieron familiares, parientes, amigos, compañeros y que continúan sufriendo...”, dijo. Con la pausa llegó una ovación de pie de las decenas de personas presentes.
La misión de la CNV era investigar para generar un discurso oficial sobre las violaciones a los derechos humanos en el período comprendido entre 1964 y 1988, ocupado en su mayor parte por la dictadura. Sus primeras conclusiones hacen hincapié en que esa dictadura, contrariamente a lo que se suele creer en Brasil, mantuvo una “práctica sistemática” de detenciones ilegales y arbitrarias, tortura, desapariciones forzosas y ocultamiento de cadáveres. Las “graves violaciones de derechos humanos [...] fueron resultado de una acción generalizada y sistemática del Estado brasileño. En la dictadura militar la represión y la eliminación de opositores políticos se convirtieron en política de Estado”, indica la CNV, para luego señalar que “rechaza integralmente la explicación que hasta hoy es adoptada por las Fuerzas Armadas” de que estas prácticas “se cometieron en algunos pocos casos aislados o por excesos, generados por la voluntad de algunos pocos militares”.
La CNV confirma que 191 personas fueron asesinadas por la dictadura y otras 243 desaparecidas. De estas últimas se encontraron los cuerpos de 33. “Estos números ciertamente no corresponden al total de muertos y desaparecidos, sino sólo a los casos cuya comprobación fue posible [...] a pesar de los obstáculos encontrados en la investigación, en especial la falta de acceso a la documentación producida por las Fuerzas Armadas, oficialmente dada por destruida”.
En base a sus conclusiones, la CNV recomienda 29 medidas, entre ellas la de crear un órgano permanente que continúe con estas investigaciones y vigile el cumplimiento de las recomendaciones realizadas. La primera de las medidas es el “reconocimiento por parte de las Fuerzas Armadas de su responsabilidad institucional por la ocurrencia de graves violaciones de los derechos humanos durante la dictadura militar”. Es necesario, indica el informe, que “además de la responsabilidad que puede y debe recaer” sobre quienes cometieron estas violaciones, haya un reconocimiento expreso de las Fuerzas Armadas sobre su responsabilidad como institución.
A diferencia de lo que se preveía, la CNV pide expresamente que se deje de aplicar la Ley de Amnistía sobre agentes del Estado que cometieron delitos contra la humanidad, y se respalda en que los acuerdos internacionales establecen que este tipo de delitos son imprescriptibles y no pueden ser amnistiados. La CNV también recomienda que se prohíban los eventos oficiales en conmemoración del golpe de Estado, como los que se realizan actualmente tanto en ámbitos militares como civiles, y que se retiren todos los honores a los responsables de delitos contra la humanidad, incluidos los nombres de calles o plazas en su honor.
Además, propone una reforma en la educación de los militares para que reciban formación en derechos humanos, y también que en el sistema educativo civil se incorporen “contenidos que contemplen la historia política reciente del país e incentiven el respeto a la democracia, a la institucionalidad constitucional, a los derechos humanos y a la diversidad cultural”.
La situación hoy
La CNV también concluye que en Brasil todavía se cometen “graves violaciones a los derechos humanos” y se refiere específicamente a detenciones ilegales y arbitrarias, tortura, ejecuciones, desapariciones forzadas y ocultamiento de cuerpos. En el informe se sostiene que estos delitos se siguen cometiendo “en gran parte” como consecuencia de que “no fueron adecuadamente denunciados ni sus autores responsabilizados, creándose las condiciones para su perpetuación”. Se proponen varias medidas para cambiar esta situación, entre ellas la creación de organismos, el fortalecimiento de las Defensorías Públicas y el apoyo a un nuevo órgano de protección y promoción de los derechos humanos. “Debe haber una valorización de los órganos existentes”, afirma la CNV y menciona a las comisiones de la verdad estaduales, municipales y sectoriales que fueron creadas en los últimos dos años.
Además, recomienda que se realicen las reformas necesarias para desmilitarizar a la Policía Militar de los distintos estados y “asegurar” su desvinculación de las Fuerzas Armadas, para que puedan integrarse con las Policías civiles con las que cuenta cada estado. También considera necesario el fin de la Justicia Militar estadual y la exclusión de los civiles de la jurisdicción de la Justicia Militar federal. Recomienda, además, que la Ley de Seguridad Nacional, que fue adoptada por la dictadura y que “refleja las concepciones doctrinarias” de ese período, se sustituya por una norma que se enfoque en “la protección al Estado democrático de derecho”.
Otra de las recomendaciones es que se hagan las modificaciones necesarias para que se puedan tipificar las figuras penales que corresponden para los crímenes contra la humanidad y de desaparición forzada.
En su informe, la CNV presentó una lista de 377 militares responsables de crímenes contra la humanidad, que agrega a 137 que ocuparon cargos de responsabilidad, entre ellos presidentes y comandantes. De estos 137 apenas siete están vivos, informó O Globo. Uno de ellos, Nilton Cerqueira, de 84 años, dijo ayer: “Sólo tengo una pregunta: ¿soy yo el que incumplió la ley, quien violó los derechos humanos? ¿Y los terroristas, incluida la terrorista que es presidente del país, qué son?”.
También se pronunció el presidente del Club Militar -que reúne a militares retirados- Gilberto Pimentel: “Si quieren restablecer la verdad es necesario contar toda la historia y no apenas de forma sesgada”, indicó, antes de anunciar que hoy darán a conocer una lista de soldados muertos durante la dictadura.
Una Dilma visiblemente emocionada tuvo que hacer una pausa durante su discurso debido a las lágrimas. “Merecen la verdad aquellos que perdieron familiares, parientes, amigos, compañeros y que continúan sufriendo...”, dijo. Con la pausa llegó una ovación de pie de las decenas de personas presentes.
La misión de la CNV era investigar para generar un discurso oficial sobre las violaciones a los derechos humanos en el período comprendido entre 1964 y 1988, ocupado en su mayor parte por la dictadura. Sus primeras conclusiones hacen hincapié en que esa dictadura, contrariamente a lo que se suele creer en Brasil, mantuvo una “práctica sistemática” de detenciones ilegales y arbitrarias, tortura, desapariciones forzosas y ocultamiento de cadáveres. Las “graves violaciones de derechos humanos [...] fueron resultado de una acción generalizada y sistemática del Estado brasileño. En la dictadura militar la represión y la eliminación de opositores políticos se convirtieron en política de Estado”, indica la CNV, para luego señalar que “rechaza integralmente la explicación que hasta hoy es adoptada por las Fuerzas Armadas” de que estas prácticas “se cometieron en algunos pocos casos aislados o por excesos, generados por la voluntad de algunos pocos militares”.
La CNV confirma que 191 personas fueron asesinadas por la dictadura y otras 243 desaparecidas. De estas últimas se encontraron los cuerpos de 33. “Estos números ciertamente no corresponden al total de muertos y desaparecidos, sino sólo a los casos cuya comprobación fue posible [...] a pesar de los obstáculos encontrados en la investigación, en especial la falta de acceso a la documentación producida por las Fuerzas Armadas, oficialmente dada por destruida”.
En base a sus conclusiones, la CNV recomienda 29 medidas, entre ellas la de crear un órgano permanente que continúe con estas investigaciones y vigile el cumplimiento de las recomendaciones realizadas. La primera de las medidas es el “reconocimiento por parte de las Fuerzas Armadas de su responsabilidad institucional por la ocurrencia de graves violaciones de los derechos humanos durante la dictadura militar”. Es necesario, indica el informe, que “además de la responsabilidad que puede y debe recaer” sobre quienes cometieron estas violaciones, haya un reconocimiento expreso de las Fuerzas Armadas sobre su responsabilidad como institución.
A diferencia de lo que se preveía, la CNV pide expresamente que se deje de aplicar la Ley de Amnistía sobre agentes del Estado que cometieron delitos contra la humanidad, y se respalda en que los acuerdos internacionales establecen que este tipo de delitos son imprescriptibles y no pueden ser amnistiados. La CNV también recomienda que se prohíban los eventos oficiales en conmemoración del golpe de Estado, como los que se realizan actualmente tanto en ámbitos militares como civiles, y que se retiren todos los honores a los responsables de delitos contra la humanidad, incluidos los nombres de calles o plazas en su honor.
Además, propone una reforma en la educación de los militares para que reciban formación en derechos humanos, y también que en el sistema educativo civil se incorporen “contenidos que contemplen la historia política reciente del país e incentiven el respeto a la democracia, a la institucionalidad constitucional, a los derechos humanos y a la diversidad cultural”.
La situación hoy
La CNV también concluye que en Brasil todavía se cometen “graves violaciones a los derechos humanos” y se refiere específicamente a detenciones ilegales y arbitrarias, tortura, ejecuciones, desapariciones forzadas y ocultamiento de cuerpos. En el informe se sostiene que estos delitos se siguen cometiendo “en gran parte” como consecuencia de que “no fueron adecuadamente denunciados ni sus autores responsabilizados, creándose las condiciones para su perpetuación”. Se proponen varias medidas para cambiar esta situación, entre ellas la creación de organismos, el fortalecimiento de las Defensorías Públicas y el apoyo a un nuevo órgano de protección y promoción de los derechos humanos. “Debe haber una valorización de los órganos existentes”, afirma la CNV y menciona a las comisiones de la verdad estaduales, municipales y sectoriales que fueron creadas en los últimos dos años.
Además, recomienda que se realicen las reformas necesarias para desmilitarizar a la Policía Militar de los distintos estados y “asegurar” su desvinculación de las Fuerzas Armadas, para que puedan integrarse con las Policías civiles con las que cuenta cada estado. También considera necesario el fin de la Justicia Militar estadual y la exclusión de los civiles de la jurisdicción de la Justicia Militar federal. Recomienda, además, que la Ley de Seguridad Nacional, que fue adoptada por la dictadura y que “refleja las concepciones doctrinarias” de ese período, se sustituya por una norma que se enfoque en “la protección al Estado democrático de derecho”.
Otra de las recomendaciones es que se hagan las modificaciones necesarias para que se puedan tipificar las figuras penales que corresponden para los crímenes contra la humanidad y de desaparición forzada.
En su informe, la CNV presentó una lista de 377 militares responsables de crímenes contra la humanidad, que agrega a 137 que ocuparon cargos de responsabilidad, entre ellos presidentes y comandantes. De estos 137 apenas siete están vivos, informó O Globo. Uno de ellos, Nilton Cerqueira, de 84 años, dijo ayer: “Sólo tengo una pregunta: ¿soy yo el que incumplió la ley, quien violó los derechos humanos? ¿Y los terroristas, incluida la terrorista que es presidente del país, qué son?”.
También se pronunció el presidente del Club Militar -que reúne a militares retirados- Gilberto Pimentel: “Si quieren restablecer la verdad es necesario contar toda la historia y no apenas de forma sesgada”, indicó, antes de anunciar que hoy darán a conocer una lista de soldados muertos durante la dictadura.
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