Barreiro fue jefe de torturadores de "La Perla". Participó en asesinatos y secuestros y en la farsa ante la Cruz Roja Internacional; en aquella oportunidad le comentó a los detenidos que "aquí (los prisioneros) están vivos, pero para el resto del mundo están muertos" .
De ideología nazi, se identificaba con la derecha peronista. Antisemita, odiaba a los judíos y tenía hacia los trabajadores un desprecio de clase. Junto a Von Diedrich y otros conformó la "Logia Integralista", que sumaba a cientos de Oficiales fascistas de todo el país y que era liderada por el coronel Mohamed Alí Seineldín.
Barreiro fue arrestado en abril de 1987 durante el proceso n. 31-M-87 de la Cámara Federal de Córdoba por los hechos vinculados al centro clandestino de detención "La Perla". Rechazó de presentarse ante el Tribunal y los militares del cuartel donde se encontroba en arresto lo apoyaron. En breve otros cuarteles fueron ocupados por militares que, fuera de la jerarquía militar, pedían una solución política de los juicios abiertos ante la magistratura ordinaria. El Presidente Alfonsín se presentò en uno de estos cuarteles dando fin a la rebelión. Pocas semanas más tarde, siguiendo una propuesta presidencial, fue aprobada la "Ley de Obediencia Debida" que ponía fin a los juicios contra los militares de grado inferior al de General de Brigada.
Fue denunciado en los juicios italiano y español.
Barreiro fundó el MODIN (Movimiento por la Dignidad Nacional) y luego se acercó al menemismo, trabajando en la FELAC, la fundación que dirige Alberto Kohan. Fue asesor de la familia Trusso, propietaria del quebrado Banco Comercial de La Plata (B.C.P.), además mantiene excelentes relaciones con Amalia Lacroze de Fortabat.
Marcó los lugares donde están los restos de algunos desaparecidos
Rompe el pacto de silencio
En la megacausa por los crímenes
cometidos en los centros del Ejército en Córdoba, Ernesto Barreiro
admitió las desapariciones y torturas durante la dictadura y su rol
protagónico en el levantamiento militar de Semana Santa, en 1987. Tanto
él como los ex jefes de La Perla Héctor Vergez y Jorge Acosta, se
empeñaron en atacar a los testigos sobrevivientes.
-Señor Barreiro: sin que su respuesta lo autoincrimine, puede contestar o no. ¿Qué pasó con ellos (los prisioneros que eran “trasladados” del campo de concentración de La Perla)? -inquirió el abogado querellante Miguel Ceballos.
-Usted me está preguntando algo que supongo que es de buena fe. Yo cumplía órdenes y no me escudo detrás de eso. Pero podía suponer qué les pasaba. Ese es un tema de cada uno, no hace a mis responsabilidades.
-¿Y qué les pasó?
-Mire, supongo que no están... Yo suponía que iban a desaparecer.
La revelación que surgio en este diálogo fue parte de la declaración del ex mayor del Ejército Ernesto Guillermo Barreiro, uno de los 41 acusados de la megacausa por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los campos de concentración del Tercer Cuerpo de Ejército, que se juzga en el Tribunal Oral Federal Nº 1 (TOF Nº 1) de Córdoba.
Ante una pregunta de Claudio Orosz, otro de los querellantes, sobre cuáles eran los “métodos no ortodoxos” de interrogatorios a los que el imputado se había referido, Barreiro contestó: “Hay personas que dicen que fueron torturadas por haber permanecido atadas y vendadas en un calabozo sin poder hablar con nadie. ¿Eso es tortura? ¿Una bofetada es tortura? ¿Un plantón es tortura? Bien, entonces todo es tortura”.
En aras de justificar la tortura, el ex oficial de Inteligencia llegó a citar un informe de Rodolfo Walsh a la conducción de Montoneros. El autor de “Operación masacre” explicaba que los tormentos aplicados por los represores a los militantes eran “una modalidad de búsqueda de información, no la finalidad”. Barreiro valoró que “lo más racional, prudente y sensato, dentro de la locura, era negociar para obtener esos datos”, lo que ejemplificó con el “trato” ofrecido a un prisionero cuya esposa estaba embarazada: “Dejando a su mujer en libertad para que tuviera a su hijo, él colaboraría con nosotros”.
Vestido con un costoso gabán gris y camisa y moño color lavanda, el acusado había comenzado su extensa alocución con una referencia al levantamiento militar “carapintada” de abril de 1987, durante la presidencia de Raúl Alfonsín. “Un testigo dijo que yo salgo en una foto con el coronel Aldo Rico, con casco y uniforme de combate, durante Semana Santa del ‘87. En el ‘87 hubo dos focos: Córdoba y Campo de Mayo. En Córdoba, soy yo el iniciador. En campo de mayo, Aldo Rico. Durante esos episodios, jamás estuve en Campo de Mayo, o sea que es imposible demostrar que yo estuve con Rico en una foto vestido con uniforme de combate”.
El represor, que hasta marzo de 2007 estuvo prófugo y aún no ha recibido condenas por delitos de lesa humanidad, parece tener una contradictoria relación con la fotografía. A la reportera gráfica Irma Montiel, de la agencia Télam, al comienzo de una audiencia le preguntó: “¿Por qué me dejás para el último? ¿Acaso no soy lindo?”. Y ante una advertencia del presidente del TOF Nº 1, Jaime Díaz Gavier, por los insultos y gestos intimidatorios dirigidos por varios acusados a la propia Montiel y su colega Manuel Bomheker, Barreiro se despegó: “No sólo no le he dicho nada a la prensa, sino que estoy permanentemente a disposición de los medios. Es más, hasta poso para las fotos, porque me preocupa mi imagen”.
Paradójicamente, se trata de la misma persona de la que una decena de sobrevivientes ha relatado en el juicio que pudo reconocer en los retratos de un líder carapintada, publicados por los diarios en abril de 1987. Entonces, los actuales testigos le pusieron nombre y apellido al rostro de su torturador.
Hablan los jefes del campo
A su turno, Héctor Vergez, el primer jefe del campo de concentración y exterminio de La Perla, expresó: “En los años ’70, la gente podía dormir tranquila, no como ahora”. Fue una de las insólitas afirmaciones de una declaración orientada a desprestigiar a los testigos sobrevivientes, a quienes acusó de “traición” a sus organizaciones y hasta de haber “fusilado” a otro prisionero.
Además, Vergez negó haberse ufanado de ser el creador del Comando Libertadores de América -versión cordobesa del grupo de extrema derecha Triple A- y haber comandado la masacre de la familia Pujadas, el 14 de agosto de 1975. “No soy ni tonto, ni loco y nunca me he emborrachado, como para adjudicarme semejantes delitos”, aseguró.
Al rebatir la acusación de haber ametrallado a un grupo de prisioneros en el campo de La Ribera, Vergez incriminó a un ex jefe de Gendarmería: “Lo dije en mi primera declaración que quien mató a 19 prisioneros en la ribera fue Omar Rey, comandante de la gendarmería nacional”.
“No recuerdo pero creo que estaba la hermana de ‘Pedro’ (Juan Eliseo) Ledesma, jefe del estado mayor del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo), su esposo y algún pariente más”, señaló cuando el abogado Orosz le preguntó sobre las víctimas de esa ejecución.
Por su parte, el ex capitán Jorge Exequiel Acosta, quien comandaba el grupo encargado de los secuestros, también se “defendió” con ataques a los ex prisioneros que están testificando en el juicio. “Han salido en operativos con nosotros”, afirmó en referencia a los llamados “lancheos”, cuando los cautivos eran sacados del campo de concentración y obligados a señalar a sus compañeros de militancia.
“(La testigo y sobreviviente Graciela) Geuna dice que me gustaba matar. No sé de dónde saca eso. Si es así, acá hemos visto pasar a mucha gente que estuvo en La Perla, lo que quiere decir que me privé de matar a unos cuantos”, declaró quien a mediados del ‘76 suplantó a Vergez en la jefatura operativa del campo de concentración.
Respecto al destino de las víctimas, Acosta fue menos explícito que su camarada Barreiro: “Los traslados eran realizados por gente asignada, vestidos de verde. ¿Qué pasó con los trasladados? No sabemos qué pasó. Venía la lista y los entregábamos”
-Señor Barreiro: sin que su respuesta lo autoincrimine, puede contestar o no. ¿Qué pasó con ellos (los prisioneros que eran “trasladados” del campo de concentración de La Perla)? -inquirió el abogado querellante Miguel Ceballos.
-Usted me está preguntando algo que supongo que es de buena fe. Yo cumplía órdenes y no me escudo detrás de eso. Pero podía suponer qué les pasaba. Ese es un tema de cada uno, no hace a mis responsabilidades.
-¿Y qué les pasó?
-Mire, supongo que no están... Yo suponía que iban a desaparecer.
La revelación que surgio en este diálogo fue parte de la declaración del ex mayor del Ejército Ernesto Guillermo Barreiro, uno de los 41 acusados de la megacausa por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los campos de concentración del Tercer Cuerpo de Ejército, que se juzga en el Tribunal Oral Federal Nº 1 (TOF Nº 1) de Córdoba.
Ante una pregunta de Claudio Orosz, otro de los querellantes, sobre cuáles eran los “métodos no ortodoxos” de interrogatorios a los que el imputado se había referido, Barreiro contestó: “Hay personas que dicen que fueron torturadas por haber permanecido atadas y vendadas en un calabozo sin poder hablar con nadie. ¿Eso es tortura? ¿Una bofetada es tortura? ¿Un plantón es tortura? Bien, entonces todo es tortura”.
En aras de justificar la tortura, el ex oficial de Inteligencia llegó a citar un informe de Rodolfo Walsh a la conducción de Montoneros. El autor de “Operación masacre” explicaba que los tormentos aplicados por los represores a los militantes eran “una modalidad de búsqueda de información, no la finalidad”. Barreiro valoró que “lo más racional, prudente y sensato, dentro de la locura, era negociar para obtener esos datos”, lo que ejemplificó con el “trato” ofrecido a un prisionero cuya esposa estaba embarazada: “Dejando a su mujer en libertad para que tuviera a su hijo, él colaboraría con nosotros”.
Vestido con un costoso gabán gris y camisa y moño color lavanda, el acusado había comenzado su extensa alocución con una referencia al levantamiento militar “carapintada” de abril de 1987, durante la presidencia de Raúl Alfonsín. “Un testigo dijo que yo salgo en una foto con el coronel Aldo Rico, con casco y uniforme de combate, durante Semana Santa del ‘87. En el ‘87 hubo dos focos: Córdoba y Campo de Mayo. En Córdoba, soy yo el iniciador. En campo de mayo, Aldo Rico. Durante esos episodios, jamás estuve en Campo de Mayo, o sea que es imposible demostrar que yo estuve con Rico en una foto vestido con uniforme de combate”.
El represor, que hasta marzo de 2007 estuvo prófugo y aún no ha recibido condenas por delitos de lesa humanidad, parece tener una contradictoria relación con la fotografía. A la reportera gráfica Irma Montiel, de la agencia Télam, al comienzo de una audiencia le preguntó: “¿Por qué me dejás para el último? ¿Acaso no soy lindo?”. Y ante una advertencia del presidente del TOF Nº 1, Jaime Díaz Gavier, por los insultos y gestos intimidatorios dirigidos por varios acusados a la propia Montiel y su colega Manuel Bomheker, Barreiro se despegó: “No sólo no le he dicho nada a la prensa, sino que estoy permanentemente a disposición de los medios. Es más, hasta poso para las fotos, porque me preocupa mi imagen”.
Paradójicamente, se trata de la misma persona de la que una decena de sobrevivientes ha relatado en el juicio que pudo reconocer en los retratos de un líder carapintada, publicados por los diarios en abril de 1987. Entonces, los actuales testigos le pusieron nombre y apellido al rostro de su torturador.
Hablan los jefes del campo
A su turno, Héctor Vergez, el primer jefe del campo de concentración y exterminio de La Perla, expresó: “En los años ’70, la gente podía dormir tranquila, no como ahora”. Fue una de las insólitas afirmaciones de una declaración orientada a desprestigiar a los testigos sobrevivientes, a quienes acusó de “traición” a sus organizaciones y hasta de haber “fusilado” a otro prisionero.
Además, Vergez negó haberse ufanado de ser el creador del Comando Libertadores de América -versión cordobesa del grupo de extrema derecha Triple A- y haber comandado la masacre de la familia Pujadas, el 14 de agosto de 1975. “No soy ni tonto, ni loco y nunca me he emborrachado, como para adjudicarme semejantes delitos”, aseguró.
Al rebatir la acusación de haber ametrallado a un grupo de prisioneros en el campo de La Ribera, Vergez incriminó a un ex jefe de Gendarmería: “Lo dije en mi primera declaración que quien mató a 19 prisioneros en la ribera fue Omar Rey, comandante de la gendarmería nacional”.
“No recuerdo pero creo que estaba la hermana de ‘Pedro’ (Juan Eliseo) Ledesma, jefe del estado mayor del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo), su esposo y algún pariente más”, señaló cuando el abogado Orosz le preguntó sobre las víctimas de esa ejecución.
Por su parte, el ex capitán Jorge Exequiel Acosta, quien comandaba el grupo encargado de los secuestros, también se “defendió” con ataques a los ex prisioneros que están testificando en el juicio. “Han salido en operativos con nosotros”, afirmó en referencia a los llamados “lancheos”, cuando los cautivos eran sacados del campo de concentración y obligados a señalar a sus compañeros de militancia.
“(La testigo y sobreviviente Graciela) Geuna dice que me gustaba matar. No sé de dónde saca eso. Si es así, acá hemos visto pasar a mucha gente que estuvo en La Perla, lo que quiere decir que me privé de matar a unos cuantos”, declaró quien a mediados del ‘76 suplantó a Vergez en la jefatura operativa del campo de concentración.
Respecto al destino de las víctimas, Acosta fue menos explícito que su camarada Barreiro: “Los traslados eran realizados por gente asignada, vestidos de verde. ¿Qué pasó con los trasladados? No sabemos qué pasó. Venía la lista y los entregábamos”
El exmayor y represor Ernesto Guillermo
Barreiro, que al negarse a declarar en 1987 dio origen al levantamiento
carapintada, reveló el martes en el juicio que se le sigue en Córdoba
por delitos de lesa humanidad el lugar donde fueron enterrados 25
desaparecidos en un centro clandestino de detención conocido como La
Perla.
Las fosas, declaró, se encuentran en el predio donde
funcionaba el III Cuerpo de Ejército, y mencionó la identidad de las
víctimas.
El testimonio de Barreiro, que declaró junto con los
represores Luis Manzanelli, José Hugo Herrera y Héctor Romero, significa
un giro histórico en la estrategia judicial de los militares acusados
de violaciones a los derechos humanos, que optaron siempre por mantener
un "pacto de silencio".
Un quiebre.
"Es un quiebre de la línea que se mantuvo constante
en los últimos 30 años. Hasta ahora los restos encontrados nunca fueron
por aportes de la propia tropa", dijo a La Nación un general retirado,
al evaluar el impacto del testimonio del militar.
Barreiro, que se especializó en inteligencia militar,
pero cobró notoriedad durante la Semana Santa de 1987, cuando se negó a
presentarse ante la Justicia y se refugió en una unidad en Córdoba, lo
que fue el inicio del movimiento carapintada liderado por el teniente
coronel Aldo Rico.
Beneficiado con la ley de obediencia debida dictada
durante el gobierno de Raúl Alfonsín, evitó el juicio, pero fue dado da
baja de las filas del Ejército. En 2004 se radicó en The Plains
(Virginia, EE.UU.) con su esposa y cinco hijos, y hace seis años fue
extraditado, al reabrirse las causas de derechos humanos tras la
anulación de indultos y las leyes de punto final y obediencia debida.
Conducido al penal de Marcos Paz, Barreiro fue
trasladado en 2012 a Córdoba para ser sometido a juicio por los delitos
de lesa humanidad cometidos en La Perla, uno de los centros clandestinos
emblemáticos de la dictadura militar, junto con la ESMA y Campo de
Mayo.
En la audiencia del martes, Barreiro dio los nombres
de 20 detenidos sepultados en los Hornos de La Ochoa, en el centro
clandestino La Perla. Otros cuatro detenidos fueron ejecutados y
llevados a una fosa en otro sector del predio y uno más se encontraría
en Villa Ciudad América, en las inmediaciones del dique Los Molinos.
Inspección.
El tribunal, presidido por el juez Jaime Díaz
Gavier, dispuso constituirse inmediatamente en el lugar señalado por el
represor para una inspección ocular, junto con el Equipo Argentino de
Antropología Forense, para determinar posibles hallazgos de restos
humanos.
El propio juez Díaz Gavier dijo que el testimonio de
Barreiro "es un hecho de mucha significación", dado que "nunca ha
ocurrido que imputados en esta causa expresen su voluntad de colaborar".
La megacausa de La Perla reúne 27 causas por delitos
de lesa humanidad, y los imputados suman unos 50, entre los que se
encuentra el ex represor Luciano Benjamín Menéndez, que comandó el III
Cuerpo del Ejército, con asiento en Córdoba. Se estima que el juicio se
prolongará hasta promediar el año próximo. Las audiencias se extenderán
hasta el miércoles próximo y se reanudarán el 4 de febrero. La
revelación del militar, apodado "el Nabo", se conoció en vísperas de la
celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos. El doctor
Osvaldo Viola, su abogado, declaró que más allá de las eventuales
imputaciones los militares que declararon ayer "están dispuestos a
paliar el dolor de sus deudos, indicar guías para que el tribunal pueda
encontrar a las personas".
En fuentes castrenses se interpretó la revelación
del ex carapintada como "una estrategia para negociar algún beneficio en
su situación procesal". Nadie se atrevió a pronosticar si el testimonio
de ayer producirá un efecto contagio en otros militares retirados que
enfrentan juicios por violaciones de los derechos humanos. No se
descarta, en ese sentido, que puedan surgir otros casos aislados.
En los últimos meses comenzó a circular en sectores
del Ejército la idea de promover un pedido de perdón y reconocimiento de
responsabilidades, como un aporte a la reconciliación. Comenzó a
redactarse, incluso, un texto pensado para publicar en una solicitada en
los diarios, que no llegó a reunir un consenso amplio.
"La palabra perdón sigue siendo un tema tabú. Hoy no
es posible por las consecuencias que tendría autoincriminarse. Sería
distinto en un contexto de reconciliación amplia y sin efectos penales",
reflexionó una fuente castrense consultada por La Nación.Argentina,
Derechos Humanos, dictadura, Ernesto Guillermo Barreiro, desaparecidos
Boudou irá a juicio oral por el caso del auto
El vicepresidente argentino Amado Boudou irá a
juicio oral, bajo el cargo de "falsificación de documento público"
originado en el traspaso de un automóvil, lo que agita las aguas
políticas del país que el año próximo elegirá nuevo presidente.
El juez federal Claudio Bonadío firmó la elevación a
juicio pocas horas después de que la Cámara Federal rechazara un
planteo de nulidad de la defensa del vicepresidente.
Bonadío, que enfrenta una embestida del gobierno
desde que ordenó el allanamiento de una empresa de la presidenta
Cristina Fernández, rechazó ayer los pedidos de sobreseimiento de Boudou
y la extitular del Registro de la Propiedad Automotor, María Graciela
Taboada de Piñero, y declaró clausurada la instrucción de la causa.
Bonadío también acumula nueve causas por mal
desempeño de sus funciones asentadas en el Consejo de la Magistratura,
entre ellas, la de dilatar la instrucción de casos de corrupción durante
la década del 90, cuando Argentina era gobernada por Carlos Menem.
El magistrado tiene además dos expedientes en su
contra relacionados con la tragedia ferroviaria de Once, en la que
murieron 51 personas el 22 de febrero de 2012.
En agosto pasado, el vicepresidente fue procesado
por haber sido "partícipe necesario" del delito de "falsificación
ideológica" de los documentos de su Honda CRX del Sol.
Boudou le cambió el motor a ese auto en 1995, un
cambio que nunca fue registrado, y tuvo el auto durante diez años sin
hacer la transferencia a su nombre, lo que finalmente se realizó con
documentación apócrifa.
En los papeles presentados hay firmas apócrifas y se
declara un supuesto domicilio del vicepresidente que en realidad no
existe, acreditado con la fotocopia de una página falsa, inventada, de
su documento de identidad.
Cuando lo procesó, el juez Bonadío señaló que el
vicepresidente ni siquiera puede demostrar que haya comprado el auto: no
presentó un solo papel que así lo acredite.
Boudou está procesado también por el juez federal Ariel Lijo en la causa Ciccone, una empresa que se dedica a impresiones.
El país | Viernes, 12 de diciembre de 2014
BARREIRO NEGO TORTURAS Y ASESINATOS EN LA PERLA
El cinismo del represor
Tras entregar una lista de desaparecidos y sitios donde estarían enterrados, Barreiro dijo por radio que no hubo crímenes en La Perla. El fiscal recordó que hay muchas pruebas sobre los delitos.
“Yo no cambié nunca, sigo siendo el mismo”, alardeó en una entrevista con medios de Córdoba.
“En La Perla no murió nadie”,
dijo Ernesto “el Nabo” Barreiro ayer sin que le temblara la voz, ni
admitiera contradicción alguna con lo que había hecho apenas 24 horas
antes: entregar por propia voluntad al Tribunal Oral Federal Nº 1 un
listado de nombres de desaparecidos, además de ir junto con los jueces a
señalar los sitios en que habrían sido enterrados clandestinamente. Una
muestra más del cinismo del represor, que parece disfrutar de la
perversidad de sus propios dichos.
“Yo no cambié nunca, sigo siendo
el mismo”, alardeó en una entrevista con Radio Mitre Córdoba. Cuando se
le recordó que hay testigos que salieron con vida y contaron haberlo
visto en la sala de torturas, Barreiro hizo lo que él y los demás
imputados vienen haciendo a lo largo de los dos años que lleva el
megajuicio La Perla-Campo de La Ribera: descalificó a los sobrevivientes
como “colaboradores a sueldo” y desestimó sus denuncias y
padecimientos. “No, el destacamento de Inteligencia no fusiló ni enterró
absolutamente a nadie”, repitió, y afirmó que no participó ni en
asesinatos ni en torturas.
Este es el Barreiro que se ve en
cada audiencia en el juicio. Sacando provecho de su propia situación de
imputado, ayer dijo que iba a hablar “dentro de lo que se puede, ya que
estoy en juicio”. Así, con su derecho a no autoincriminarse, dijo de lo
más fresco que no hubo torturas y que nadie murió en La Perla, y enlodó
el nombre de varias de sus víctimas.
El debate ayer en esta provincia
era, luego de estas aseveraciones, si en realidad hubo un quiebre en el
pacto de silencio o el Nabo se había arrepentido de abrir la boca y
seguía encubriendo. ¿A qué Barreiro creerle, al que negó que haya habido
asesinatos en La Perla o al que se paró frente a los jueces y entregó
un listado de nombres de desaparecidos que nadie le pidió? Ese es el
punto con este acusado: es un ex jefe de Inteligencia que sigue
ejerciendo su propia lógica desde la prisión, y en medio de un proceso
judicial que lo acusa por delitos de lesa humanidad.
“Nosotros sabemos que él puede
mentir –le dijo el fiscal Facundo Trotta a Página/12–. Tiene derecho a
hacerlo para defenderse. Lo que tenemos que valorar es si en lo que él
dice hay o no algo de verdad. Tenemos que investigar aun cuando
supongamos que tal vez mienta. Hay cientos de familias que todavía
buscan los restos de sus seres queridos y por ellos tenemos que agotar
todos los recursos posibles. Lo que aquí es real es que es la primera
vez en todos estos juicios que un militar se para voluntariamente frente
a un tribunal y ofrece colaborar. Eso es inédito. No ha sucedido antes.
Si miente o no, se verá. Pero acá hubo un quiebre en la línea que se
venía dando entre los imputados por delitos de lesa humanidad.” El
fiscal precisó que el miércoles se habló de una lista con “25 nombres,
pero en total son 19 las identidades que nos dieron”.
–¿Cómo vio usted a Barreiro en la inspección de los lugares donde dijo que estaban los restos?
–Con imprecisiones, como a los
otros tres imputados que conforman esta “comisión” (los represores José
Hugo Herrera, Héctor Romero y Luis Manzanelli), pero seguiremos la
próxima semana con lo que ellos nos señalen. Queda una locación, cerca
de Villa Ciudad de América, donde dijeron que hay otro cuerpo enterrado.
–Por radio dijo que no hubo tortura ni muertos en La Perla...
–Puede decir lo que quiera, pero
lo concreto aquí son las pruebas y lo que diga ante el tribunal. Y las
pruebas que hay son muchísimas. Los testigos han declarado con mucho
detalle acerca de todos ellos (los imputados) y sobre las personas que
murieron a causa de los tormentos. Si es cierto que quiere colaborar,
que señale fehacientemente dónde están los restos de los de-saparecidos.
Eso no quita todo lo que se le imputa y existe en la causa.
En este juicio se han
escuchado ya 430 testimonios en 197 audiencias. En muchas de ellas, la
figura del Nabo Barreiro en su rol de torturador surgió con seguridad de
boca de los sobrevivientes. Por ejemplo, Liliana Callizo recordó cómo,
el 24 de diciembre de 1976, Barreiro la llevó hasta la sala de tortura
para que presenciara cómo entre él, su cómplice Manzanelli y cinco
represores más “tenían a una chica de piel muy blanca y pelo oscuro,
desnuda, en la parrilla (el elástico de cama que usaban para atar los
cuerpos de las víctimas). La torturaban entre todos. Me sacaron la venda
para que viera. Así que vi al Nabo que estaba todo transpirado con la
camisa arremangada hasta los codos, y a Manzanelli, que estaba sentado
en la cabecera de la cama y tenía una picana en cada mano. El
cuerpo de la chica se arqueaba y le salían chispas, porque le daban con
toda la electricidad y le tiraban baldazos de agua para que muriera más
rápido. Era espantoso”. La víctima, que falleció producto de las
torturas, era Herminia Falik de Vergara.
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