Que no escape

por Roger Rodriguez

 

Tróccoli será juzgado en Roma, temen que se fugue

Preocupa que marino huya antes de audiencia del 12 de febrero.

EL CAPITÁN TRÓCCOLI SERÁ PROCESADO CON LOS
OTROS 31 MILITARES EN CAUSA CÓNDOR DE ITALIA

El prófugo criminal de lesa humanidad uruguayo, capitán de navío Jorge Tróccoli, será formalmente procesado junto a otros 31 militares latinoamericanos que fueron acusados por el fiscal Gianncarlo Capaldo como responsables de la desaparición de ciudadanos italianos en los años de la coordinación represiva de las dictaduras del cono sur de América conocida como Plan Cóndor.
Tróccoli había fugado de Uruguay para evitar la cárcel en una causa por la que fueron condenados el dictador Gregorio Álvarez y el capitán de fragata Juan Carlos Larcebeau, con quienes habría sido responsabilizado del secuestro, tortura, traslado ilegal y desaparición de medio centenar de uruguayo que fueron capturados en Buenos Aires a fines de 1977 y probablemente terminaron siendo ejecutados en Montevideo al año siguiente.
El proceso oral y público comenzará el 12 de febrero de 2015 en la sala búnker de la cárcel romana de Rebibbia, donde el Tribunal de Roma aplicará justicia internacional sobre once militares (Ricardo Arab, José Gavazzo, Luis Maurente, Ernesto Ramas, Jorge Silvera, Gilberto Vázquez, Ernesto Soca, Gregorio Álvarez, Juan Larcebeau y Jorge Tróccoli), un policía (Jorge Sande) y un civil (Juan Carlos Blanco) uruguayos, y otros represores latinoamericanos.
Estos 12 uruguayos imputados se agrega a otros cuatro: Iván Paulós, Ricardo Chávez Domínguez, Pedro Mato y Ricardo Medina, a quienes ya les habían iniciado el proceso en el mes de octubre. En total son 16 represores uruguayos los que comparecerán ante el Tribunal de Roma.

La información proporcionada por el Osservatorio Uruguay desde Roma indica:
Proceso Cóndor en Roma.
Audiencia del 19 de diciembre del 2014.-
Al comienzo el Dr. Fabio Galliani, representante del Estado de Uruguay,evocó la figura del recientemente fallecido embajador del Uruguay en Roma el Dr. Alberto Breccia, siendo observado posteriormente un minuto de silencio.
Se estableció que non existe "ne bis in idem" por ocho imputados uruguayos por los cuales se habían pedido tales verificas y se asume que el Ministro de la Justicia de Italia concedió el consentimiento a la continuación del proceso . Los imputados son: José Ricardo Arab Fernández, Juan Carlos Blanco, José Horacio “Nino” Gavazzo, Luis Alfredo Maurente Mata, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira Quesada, Gilberto Vázquez Bissio.
Por os imputados Ernesto Soca, Gregorio Conrado Alvarez Armellino y Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray luego de una búsqueda en las relativas sentencias uruguayas de 1° y 2° se estableció igualmente la no existencia de "ne bis in idem" tampoco para estos tres imputados.
Todos ellos fueron reenviados al proceso oral y publico que tendrá comienzo el día 12 de febrero de 2015 en la sala búnker del cárcel romano de Rebibbia.
No se ha logrado establecer en el día de hoy lo concerniente al imputado boliviano Luis García Meza Tejada, por el que se fija una audiencia especifica para el día 6 de febrero de 2015.
En orden a la primera audiencia previa por el imputado Jorge Nestor Troccoli se constituyeron como querellantes el Gobierno de Italia, el Partido Democrático y el Frente Amplio y los familiares de las víctimas uruguayas con ciudadanía italiana: Edmundo Dossetti, Ileana Garcia, Julio D’Elia, Yolanda Casco, Raúl Borreli y Raúl Gambaro.
Al mismo tiempo fueron admitidos como querellantes los familiares de víctimas sin ciudadanía italiana. La asociación de ddhh 24marzo onlus en condición de apoderada ha encargado al Dr. Andrea Speranzoni por el caso Guillermo Manuel Sobrino Berardi, al Dr. Arturo Salerni por el caso Miguel Ángel Río Casas, a las Dras. Marta Lucisano y Alicia Mejia en representación de los familiares de Aída Celia Sanz Fernández y los Dres. Mario Angeleli y Andrea Ramadori por los familiares de Elsa Haydee Fernández Lanzani de Saenz.
Jorge Nestor Troccoli fue reenviado junto a todos los demás imputados al proceso oral y publico a partir de la misma audiencia del 12 de febrero 2015
La asociación 24marzo onlus teme por el peligro de fuga del imputado Jorge Nestor Troccoli, quien ya se ha fugado precedentemente de la justicia en el Uruguay.

Tróccoli , que no compareció en el último interrogatorio judicial en Montevideo y fue requerido internacionalmente por el juez Luis Charles, tras su fuga con pasaporte italiano fue detenido en Italia en el 2007 acusado por la desaparición de uruguayos de origen italiano durante los años ‘70.

Fue liberado posteriormente por la falta de un tratado de extradición entre Italia y Uruguay pero ahora con la nueva investigación podría ser procesado en Italia.

Sábado 20 de Diciembre de 2014.
El juez italiano Alessandro Arturi resolvió iniciar proceso jurisdiccional contra doce militares y policías uruguayos, por el secuestro y desaparición de una veintena de personas de nacionalidad italiana, durante el accionar represivo del Plan Cóndor. Arturi anunció, este viernes, que el ministro de Justicia, Andrea Orlando, aceptaba enjuiciar a los represores uruguayos.
La resolución del magistrado recayó sobre el ex dictador Gregorio “Goyo” Álvarez y los integrantes de los servicios represivos de la dictadura Jorge “Pajarito” Silveira, Ernesto Ramas, Ricardo Medina, Gilberto Vázquez, Luis Maurente, José Sande, Lima José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Juan Carlos Larcebeau y Ernesto Soca, según informó la agencia EFE.
El pasado 14 de octubre, el juez Arturi había dispuesto el procesamiento del ex jefe del Servicio de Información y Defensa (SID), general (r) Iván Paulós, y el oficial Pedro Mato Narbondo, por su responsabilidad en el secuestro y desaparición de varios ciudadanos italo-uruguayos, pero había dejado en suspenso la resolución en relación a los ahora imputados, en virtud de las imputaciones en su contra en Uruguay.
Tras recibir la autorización por parte del Ministerio de Justicia de Italia, el juez Arturi decidió que los militares sean sometidos a audiencia el próximo 12 de febrero en la Tercera Sección Penal del Tribunal romano junto Paulós y Mato Narbondo, informa la agencia.
Asimismo, el juez Arturi resolvió el envío a juicio del capitán de navío (r) Jorge Tróccoli, imputado en Italia por la desaparición de seis ciudadanos italo-uruguayos. La Justicia italiana desestimó un pedido de extradición librado por su par uruguaya contra Tróccoli, al entender que el mismo fue presentado en forma extemporánea. Sin embargo, el fiscal Giancarlo Capaldo decidió imputarlo por los crímenes cometidos durante el Plan Cóndor, en un proceso penal donde el Estado uruguayo es parte querellante. Tróccoli también deberá comparecer el próximo 12 de febrero.

El abogado italiano Fabio Galiani, representante del Estado uruguayo en el juicio en Roma por los crímenes del Plan Cóndor. 


Piano se va lontano

Estado uruguayo se incorporó como parte en juicio en Italia para reparar “su imagen internacional” por crímenes del Plan Cóndor.

A 14 años de la radicación de la denuncia, el 11 de octubre se constituyó en Italia el inicio del proceso judicial por los crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor. Durante esa audiencia, el Estado uruguayo, representado por el abogado Fabio Galiani, fue admitido como “parte civil”. Galiani explicó a la diaria el alcance de este hecho, que es considerado histórico, y afirmó que buscará un reconocimiento del daño moral que sufrió el Estado luego de que militares y civiles en el poder actuaran en forma ilegítima en su nombre. El 22 de noviembre se celebrará la próxima audiencia.

El Código del Proceso Penal italiano se basa en el principio acusatorio. Esto significa que el fiscal lleva adelante toda la indagatoria y la investigación y decide cuándo lleva una causa a juicio. El expediente contra acusados uruguayos, chilenos, peruanos y bolivianos por crímenes cometidos durante la coordinación represiva del Plan Cóndor fue abierto a raíz de una denuncia radicada a fines de los 90. Este año, el fiscal Giancarlo Capaldo presentó toda la prueba recabada ante el juez en la denominada “audiencia preliminar”, que se celebró el 11 de octubre. En esa instancia, el juez hizo lugar al inicio de un proceso penal y aceptó la constitución del Estado uruguayo como “parte civil”.
El abogado Alberto Breccia, que entrará en funciones como embajador en Italia el 26 de noviembre, explicó la decisión del gobierno de que nuestro Estado sea “parte civil” del juicio entendiendo que durante la dictadura fue “perjudicado en cuanto a su imagen internacional a partir de la acción de quienes usurparon el poder”. Breccia añadió que se descartó la posibilidad de hacer partícipe al Estado en el juicio mediante la figura de “portador de intereses difusos” porque lo excluía, entre otras cosas, de la presentación de pruebas.
Galiani indicó a la diaria que Uruguay tendrá derecho a presentar pruebas y testigos, a interrogar a los testigos presentados por la otra parte, a proponer excepciones procesales y a resistirse a las que proponga la parte acusada. “Vamos a tratar de presentar documentos que obtuve gracias a un increíble trabajo intensivo del ‘grupo de trabajo’ coordinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, con la participación de la Comisión para la Paz [en referencia a la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia] y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, junto con representantes de los familiares de las víctimas”, afirmó.
Breccia, por su parte, señaló que además del reconocimiento se busca el resarcimiento. En otras palabras, si la Justicia italiana determina la culpabilidad de los imputados uruguayos, el Estado podría solicitar una reparación económica, aunque Breccia agregó que el monto sería “simbólico”.
Para Galiani, la decisión del Estado uruguayo de constituirse como “parte civil” no sólo tiene como objetivo principal “estar cerca de las víctimas” sino también tomar “una posición clara de distancia y de firme condena” a lo ocurrido durante la dictadura. “La iniciativa del Estado uruguayo es necesaria para aclarar ante la historia y el propio pueblo que el Estado y el pueblo fueron los perjudicados y no los responsables de aquellas atrocidades”, resumió.

Dañados y dañinos

¿Cómo se entiende que el Estado se presente como “parte dañada” cuando éste tuvo responsabilidad en los crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor? “En la mayoría de los países del mundo asistimos a crisis de la política; los ciudadanos se alejan cada vez más de las instituciones públicas. A veces, esto nos permite olvidar que el Estado es la comunidad de los ciudadanos, que nosotros, el pueblo, somos el Estado. En este sentido, el Estado fue dañado en sus principios básicos, no responsable de la Operación Cóndor. Si vemos al Estado como un aparato burocrático -que es sólo el instrumento para cumplir con los fines de la comunidad-, es claro que la responsabilidad no fue del Estado, sino de personas que en ese momento estaban actuando en su nombre de forma ilegítima, en violación de normas fundamentales nacionales e internacionales”, explicó. Consultado sobre si esta conceptualización exime al Estado uruguayo de su responsabilidad, Galiani indicó: “Si un alcalde de una ciudad ordena a policías bajo su mando que torturen, la responsabilidad es de ese alcalde y de los policías que cumplan esas órdenes, no de la ciudad ni del conjunto de sus ciudadanos, que por el contrario son víctimas de un perjuicio, no sólo como individuos sino también como comunidad. Así que, sin duda, los responsables de las atrocidades son los que planearon, ordenaron y cometieron tales actos inhumanos”.

Nella sua casa

Galiani inició el vínculo con Uruguay a fines de 2007, cuando el ex militar Jorge Tróccoli fue capturado por las autoridades italianas. “El caso involucraba aspectos de Derecho Penal Internacional y en Italia no hay muchos especialistas en ese campo”, relató Galiani, quien participa en la Asamblea de los Estados Parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional desde el comienzo y ha trabajado a nivel internacional.
En aquel momento, el Estado uruguayo decidió solicitar la extradición de Jorge Tróccoli, imputado en el expediente judicial que más tarde condenaría a Gregorio Álvarez y Juan Carlos Larcebeau por las desapariciones de uruguayos en Argentina entre fines de 1977 y principios de 1978.
La detención se realizó a pedido de un tribunal de Roma, como medida cautelar por su calidad de indagado en el marco de la megacausa por el Plan Cóndor, en la que está acusado de los mismos crímenes por los que lo requirió Uruguay. Más tarde, el mismo tribunal dispuso su libertad al no contar con elementos suficientes para mantener la prisión preventiva, y desde entonces se encuentra libre en Italia.
La extradición nunca se hizo efectiva debido a la entrega fuera de plazo de la solicitud uruguaya, hecho que fue atribuido al entonces embajador Carlos Abín. Breccia, quien llegó a Italia a fines de 2008 para sucederlo en el mandato, presentó los recursos correspondientes con el fin de que Tróccoli fuera juzgado en su territorio.
En febrero de 2009, el Ministerio de Justicia italiano, entonces a cargo de Angelino Alfano [ahora viceprimer ministro y ministro del Interior], hizo lugar al petitorio cursado por la embajada uruguaya. En este punto, la fiscalía apartó el trámite administrativo de Tróccoli de la megacausa y por esta razón no aparece entre los indagados (ver recuadro). No obstante, el expediente para su juzgamiento sigue en curso y también está a cargo del fiscal Capaldo.

Otro frente

Durante la audiencia preliminar también se constituyó como “parte civil” el Frente Amplio, “en nombre de las víctimas”. En una carta fechada el 18 de octubre, los directores del Partido Democrático italiano señalan que es un hecho histórico y que “por primera vez dos partidos políticos de diferentes países cooperan de manera activa en la búsqueda de la verdad y de la justicia en el ámbito de un proceso penal internacional”. Ambos partidos, además, comparten abogado representante, Antonello Madeo.

Lourdes Rodríguez