Militar uruguayo extraditado a Chile por caso Berríos visitó Uruguay
Tomás Casella pudo viajar a Montevideo por gestiones directas de la Presidencia de Uruguay con su par de Chile.
16 DIC 2014 -
El militar uruguayo retirado, Tomás Casella, condenado a 15 años de prisión en Chile por el secuestro del químico Eugenio Berríos , visitó Uruguay en los primeros días de diciembre por primera vez desde que fue extraditado al país trasandino.
Berríos fue agente de inteligencia de la dictadura de Augusto Pinochet, y fue visto con vida por última vez en 1992 en una comisaría de Parque del Plata. Fue entregado a un grupo de militares y su cuerpo apareció en 1995, enterrado en una playa con disparos en la cabeza.
Por el secuestro y crimen fueron extraditados en 2006 Casella, y otros dos militares: Wellington Sarli y Eduardo Radaelli.
El viaje que Casella realizó este mes a Uruguay se hizo posible gracias a gestiones que se hicieron desde la Presidencia de Uruguay, en contacto directo con el gobierno de Chile. Casella viajó especialmente para ver a su madre de 91 años.
El asesinato de Berríos por los servicios de inteligencia de Uruguay y Chile
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El Ñato y los militares que seguían asesinando en democracia
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Un Ñato fiel
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| Jueves, 30 de marzo, 2006 |
En este enredo ha quedado pringada mucha gente
Berríos
ELEUTERIO FERNANDEZ HUIDOBRO (*)
Puede
ser que los en aquel entonces capitán y mayor (Radaelli y Sarli
respectivamente) hayan secuestrado y fusilado al genocida chileno
Berríos. La Justicia debería investigarlo.
El gran problema es que la Justicia lo investigó durante trece años en un expediente que suma miles de páginas. Incluso pasó por ahí el juez y la policía chilena y allí, en el expediente de Pando, por más esfuerzos que se hicieron para tratar tenazmente de condenarlos, ello no pudo hacerse. Y fue archivado a regañadientes "sin perjuicio" (puede volver a abrir sus fauces).
Parece uno de aquellos expedientes (de antología) de la Justicia Militar sólo que con los papeles cambiados.
Estos oficiales subalternos fueron pasados también por los consabidos Tribunales de Honor y Justicia Militar.
Cuando hasta hace poco en este país oficiales de mucha mayor graduación y civiles concomitantes acusados de cosas tremendas se negaban a pisar un juzgado y no lo pisaban, estos chivos expiatorios eran parroquianos del juzgado de marras.
Con la diferencia, además, de que ahora igual irán presos mientras que los otros salieron sonriendo rumbo a sus casas.
En suma: hasta ahora no se les pudo probar ni secuestro ni homicidio, por el contrario, abundaron los testimonios y datos demostrativos de que el genocida fusilado se movía en Uruguay a sus anchas y hasta incluso visitaba la Embajada de Chile.
Lo que sí ha quedado probado hasta el hartazgo es la prepotencia y el avasallamiento esgrimidos por jueces y policías chilenos sobre testigos, acusados y familiares y sobre las más elementales normas de decoro y respeto a la soberanía y dignidad del Uruguay.
Obviamente va de suyo que esas irregularidades comenzaron en Chile bajo un gobierno electo porque fue de allí, con apoyo oficial evidente, que le encajan a Uruguay el presente griego con documentación gubernamentalmente falsa.
Conviene señalar que en aquel comienzo del fin, el genocida fusilado es trasladado por las autoridades chilenas a Argentina y luego a Uruguay para sustraerlo de dos peligros inminentes: que "cantara" los secretos que conocía o que lo cazaran los pesados traficantes de drogas a quienes Berríos que además de genocida era químico y gran charlatán, estafó ignominiosamente con la promesa tal vez real de producir la cocaína más pura del mundo a bajo costo... Esto y mucho más puede leerse en la causa chilena abierta contra Berríos en la que además de otras irregularidades reposa un hecho judicial de antología: un testigo y a su vez acusado (por tráfico de drogas) chileno se niega a declarar alegando ser además de agente chileno y traficante, ser agente de la DEA (la cacofonía se debe a que el tipo era espía múltiple)
Lo que aunque parezca mentira es corroborado en papel sellado por la Embajada de los EEUU desde donde se le comunica al juez chileno que por lo tanto el hombre no va a declarar nada porque está protegido por el secreto obligatorio de la DEA y de los EEUU. Nótese qué tipo de intereses e influencias se mueven en torno a este asunto y, también, qué tipo de garantías le ofrece la Justicia chilena a la ciudadanía propia y ajena.
Pero es más: la policía chilena le aportó al juez uruguayo datos acerca de un sospechoso viaje de Radaelli a Chile sin aclararle que integraba la numerosa delegación del Montevideo Wanderers Fútbol Club como dirigente.
Datos acerca de los numerosos viajes a Chile de Casella cuya cédula de identidad uruguaya era número doce millones y pico (se comieron el guión) pero ese error permitió comprobar que dicha cédula era real y que pertenecía a un camionero uruguayo de apellido Casella pero de nombre distinto que fue cambiado por la Policía chilena ante el juez uruguayo.
Uno de los testigos en contra de los oficiales uruguayos ante la Justicia uruguaya es nada más y nada menos que Di Matei denunciado mundialmente por Juan Gelman (también en LA REPUBLICA) como estafador (le robó dinero a cuenta de datos sobre su nuera y su nieta que jamás aportó) y violador miserable de los más puros sentimientos humanos.
Se compró testigos para que cambiaran testimonios, se intentó comprar a otros y se los presionó. Se siguió, interrogó y presionó a civiles uruguayos por las calles de Montevideo. Se amenazó a familiares de los acusados. Se les hizo perder el trabajo. Se intentó comprar a los acusados. Policías chilenos anduvieron como Perico por su casa interrogando y presionando gente adentro del juzgado uruguayo.
Todo fue denunciado ante el juez y ante Interpol de Uruguay y de Chile. Interpol de Chile deslindó responsabilidades alegando que esos policías chilenos le eran desconocidos...
Todo esto y mucho más está dentro del expediente de los trece años de edad que no le fue proporcionado a nuestra Suprema Corte de Justicia.
Luego de todos estos desaguisados nada sutiles, propios de un elefante en un bazar: ¿Qué garantías le puede ofrecer Chile en este caso a estos acusados?
La Justicia uruguaya fue la primera en tomar cartas en este asunto pero se cometió el increíble error (decisivo) de informarle al juez Mirabal (en cuya jurisdicción recayó el pedido de extradición) una fecha posterior a la verdadera con lo que la Justicia uruguaya aparecía tomando cartas en este asunto después que la chilena. ¡Pavada de error gramatical!
Todo este lío fue armado y consumado bajo dos gobiernos democráticamente electos. Sus cadenas de mando eran y son meridianamente claras.
Los oficiales Radaelli y Sarli eran en aquel entonces oficiales subalternos. No así Casella que ya era coronel. Actuaron recibiendo órdenes. Ninguno de sus mandos, tampoco los mandos chilenos (Pinochet ha sido declarado por la Justicia inocente del Plan Cóndor) ha sido molestado para nada. Ni los civiles ni los militares.
En este enredo ha quedado pringada mucha gente (civil y militar) bajo gobiernos democráticos.
Como alguien debía pagar el pato (un montón de patos) estos dos "perejiles" (va dicho en su acepción técnica) vinieron como anillo al dedo: "acá nadie va a decir nada porque además si son milicos la izquierda aplaude".
Imposible hubiera sido extraditar a pongamos por caso el coronel Rivas (Jefe de Policía de Canelones) o el general Aguerrondo (quien reconoció haber dado las órdenes) o al teniente general Modesto Rebollo... O a Don Luis Alberto Lacalle mando superior junto con el entonces ministro de Defensa y responsable de todo por acción o por omisión.
Sería un escándalo mayúsculo. O pedir la extradición desde Uruguay del ex presidente de Chile, el ministro, los mandos, etcétera.
Sin olvidar que el Parlamento tomó cartas también en el asunto realizando una sesión secreta con los ministros de la que hasta hoy no ha trascendido absolutamente nada. ¿Qué se informó? ¿Qué se decidió hacer?
¿Será verdad como se comenzó a decir hace poco que Modesto Rebollo le dio un golpe de Estado técnico al presidente Lacalle?
Todo lo taparemos echando sobre la posible memoria algunos oficiales a las fieras.
No importa, las culpas serán expiadas por dos o tres chivos que endilgamos lejos, más allá de los Andes sonarán de vuelta los clarines como en "Uruguayos Campiones", esta vez de la hipocresía y la injusticia. Con aplausos unánimes por distintas razones confluyentes y pretensiones de linchamiento contra quienes no quieran cantar la "retirada", otro ataque a la soberanía desde un país hermano...
Hay gente que con suicida irresponsabilidad alega que igual está bien que extraditen a estos porque eso abre las puertas para extraditar a los otros. El costo de una tal vez futura justicia sería la injusticia y la soberanía. Hacemos lo mismo que nos hicieron ellos: una especie de Plan Cóndor al revés.
La "vindicta pública" será valga la triple redundancia, una vileza ramplona y ordinariaza.
Por último: la familia Frei quiere demostrar que su antecesor (el contemporáneo de Allende y de Pinochet) ex presidente no murió de muerte natural sino que fue envenenado por Berríos. Bastaría que algunos de estos oficiales uruguayos declarará acá o en Chile que Berríos les dijo que sí para que ello cobrara un principio de prueba (además Berríos está muerto y los muertos no declaran). Obviamente que si se llega a comprobar que hubo secuestro se estaría a las puertas de probar que el fusilamiento del genocida fue en el marco de un Plan Cóndor oficial u oficioso con lo que en ese caso, y solo en ese caso, la familia Berríos estaría también en condiciones de reclamar...
Creo que estos oficiales se están haciendo llevar presos por no "arreglar" sus declaraciones. Son, como dicen algunos, unos "giles".
Desde que los gobiernos chilenos repararon monetariamente a la familia del mártir Orlando Letelier asesinado por Pinochet en las calles de los EEUU, han ido llegando demasiados mercaderes al templo. A veces revientan su crisma en Uruguay. Y no lo entienden... *
El gran problema es que la Justicia lo investigó durante trece años en un expediente que suma miles de páginas. Incluso pasó por ahí el juez y la policía chilena y allí, en el expediente de Pando, por más esfuerzos que se hicieron para tratar tenazmente de condenarlos, ello no pudo hacerse. Y fue archivado a regañadientes "sin perjuicio" (puede volver a abrir sus fauces).
Parece uno de aquellos expedientes (de antología) de la Justicia Militar sólo que con los papeles cambiados.
Estos oficiales subalternos fueron pasados también por los consabidos Tribunales de Honor y Justicia Militar.
Cuando hasta hace poco en este país oficiales de mucha mayor graduación y civiles concomitantes acusados de cosas tremendas se negaban a pisar un juzgado y no lo pisaban, estos chivos expiatorios eran parroquianos del juzgado de marras.
Con la diferencia, además, de que ahora igual irán presos mientras que los otros salieron sonriendo rumbo a sus casas.
En suma: hasta ahora no se les pudo probar ni secuestro ni homicidio, por el contrario, abundaron los testimonios y datos demostrativos de que el genocida fusilado se movía en Uruguay a sus anchas y hasta incluso visitaba la Embajada de Chile.
Lo que sí ha quedado probado hasta el hartazgo es la prepotencia y el avasallamiento esgrimidos por jueces y policías chilenos sobre testigos, acusados y familiares y sobre las más elementales normas de decoro y respeto a la soberanía y dignidad del Uruguay.
Obviamente va de suyo que esas irregularidades comenzaron en Chile bajo un gobierno electo porque fue de allí, con apoyo oficial evidente, que le encajan a Uruguay el presente griego con documentación gubernamentalmente falsa.
Conviene señalar que en aquel comienzo del fin, el genocida fusilado es trasladado por las autoridades chilenas a Argentina y luego a Uruguay para sustraerlo de dos peligros inminentes: que "cantara" los secretos que conocía o que lo cazaran los pesados traficantes de drogas a quienes Berríos que además de genocida era químico y gran charlatán, estafó ignominiosamente con la promesa tal vez real de producir la cocaína más pura del mundo a bajo costo... Esto y mucho más puede leerse en la causa chilena abierta contra Berríos en la que además de otras irregularidades reposa un hecho judicial de antología: un testigo y a su vez acusado (por tráfico de drogas) chileno se niega a declarar alegando ser además de agente chileno y traficante, ser agente de la DEA (la cacofonía se debe a que el tipo era espía múltiple)
Lo que aunque parezca mentira es corroborado en papel sellado por la Embajada de los EEUU desde donde se le comunica al juez chileno que por lo tanto el hombre no va a declarar nada porque está protegido por el secreto obligatorio de la DEA y de los EEUU. Nótese qué tipo de intereses e influencias se mueven en torno a este asunto y, también, qué tipo de garantías le ofrece la Justicia chilena a la ciudadanía propia y ajena.
Pero es más: la policía chilena le aportó al juez uruguayo datos acerca de un sospechoso viaje de Radaelli a Chile sin aclararle que integraba la numerosa delegación del Montevideo Wanderers Fútbol Club como dirigente.
Datos acerca de los numerosos viajes a Chile de Casella cuya cédula de identidad uruguaya era número doce millones y pico (se comieron el guión) pero ese error permitió comprobar que dicha cédula era real y que pertenecía a un camionero uruguayo de apellido Casella pero de nombre distinto que fue cambiado por la Policía chilena ante el juez uruguayo.
Uno de los testigos en contra de los oficiales uruguayos ante la Justicia uruguaya es nada más y nada menos que Di Matei denunciado mundialmente por Juan Gelman (también en LA REPUBLICA) como estafador (le robó dinero a cuenta de datos sobre su nuera y su nieta que jamás aportó) y violador miserable de los más puros sentimientos humanos.
Se compró testigos para que cambiaran testimonios, se intentó comprar a otros y se los presionó. Se siguió, interrogó y presionó a civiles uruguayos por las calles de Montevideo. Se amenazó a familiares de los acusados. Se les hizo perder el trabajo. Se intentó comprar a los acusados. Policías chilenos anduvieron como Perico por su casa interrogando y presionando gente adentro del juzgado uruguayo.
Todo fue denunciado ante el juez y ante Interpol de Uruguay y de Chile. Interpol de Chile deslindó responsabilidades alegando que esos policías chilenos le eran desconocidos...
Todo esto y mucho más está dentro del expediente de los trece años de edad que no le fue proporcionado a nuestra Suprema Corte de Justicia.
Luego de todos estos desaguisados nada sutiles, propios de un elefante en un bazar: ¿Qué garantías le puede ofrecer Chile en este caso a estos acusados?
La Justicia uruguaya fue la primera en tomar cartas en este asunto pero se cometió el increíble error (decisivo) de informarle al juez Mirabal (en cuya jurisdicción recayó el pedido de extradición) una fecha posterior a la verdadera con lo que la Justicia uruguaya aparecía tomando cartas en este asunto después que la chilena. ¡Pavada de error gramatical!
Todo este lío fue armado y consumado bajo dos gobiernos democráticamente electos. Sus cadenas de mando eran y son meridianamente claras.
Los oficiales Radaelli y Sarli eran en aquel entonces oficiales subalternos. No así Casella que ya era coronel. Actuaron recibiendo órdenes. Ninguno de sus mandos, tampoco los mandos chilenos (Pinochet ha sido declarado por la Justicia inocente del Plan Cóndor) ha sido molestado para nada. Ni los civiles ni los militares.
En este enredo ha quedado pringada mucha gente (civil y militar) bajo gobiernos democráticos.
Como alguien debía pagar el pato (un montón de patos) estos dos "perejiles" (va dicho en su acepción técnica) vinieron como anillo al dedo: "acá nadie va a decir nada porque además si son milicos la izquierda aplaude".
Imposible hubiera sido extraditar a pongamos por caso el coronel Rivas (Jefe de Policía de Canelones) o el general Aguerrondo (quien reconoció haber dado las órdenes) o al teniente general Modesto Rebollo... O a Don Luis Alberto Lacalle mando superior junto con el entonces ministro de Defensa y responsable de todo por acción o por omisión.
Sería un escándalo mayúsculo. O pedir la extradición desde Uruguay del ex presidente de Chile, el ministro, los mandos, etcétera.
Sin olvidar que el Parlamento tomó cartas también en el asunto realizando una sesión secreta con los ministros de la que hasta hoy no ha trascendido absolutamente nada. ¿Qué se informó? ¿Qué se decidió hacer?
¿Será verdad como se comenzó a decir hace poco que Modesto Rebollo le dio un golpe de Estado técnico al presidente Lacalle?
Todo lo taparemos echando sobre la posible memoria algunos oficiales a las fieras.
No importa, las culpas serán expiadas por dos o tres chivos que endilgamos lejos, más allá de los Andes sonarán de vuelta los clarines como en "Uruguayos Campiones", esta vez de la hipocresía y la injusticia. Con aplausos unánimes por distintas razones confluyentes y pretensiones de linchamiento contra quienes no quieran cantar la "retirada", otro ataque a la soberanía desde un país hermano...
Hay gente que con suicida irresponsabilidad alega que igual está bien que extraditen a estos porque eso abre las puertas para extraditar a los otros. El costo de una tal vez futura justicia sería la injusticia y la soberanía. Hacemos lo mismo que nos hicieron ellos: una especie de Plan Cóndor al revés.
La "vindicta pública" será valga la triple redundancia, una vileza ramplona y ordinariaza.
Por último: la familia Frei quiere demostrar que su antecesor (el contemporáneo de Allende y de Pinochet) ex presidente no murió de muerte natural sino que fue envenenado por Berríos. Bastaría que algunos de estos oficiales uruguayos declarará acá o en Chile que Berríos les dijo que sí para que ello cobrara un principio de prueba (además Berríos está muerto y los muertos no declaran). Obviamente que si se llega a comprobar que hubo secuestro se estaría a las puertas de probar que el fusilamiento del genocida fue en el marco de un Plan Cóndor oficial u oficioso con lo que en ese caso, y solo en ese caso, la familia Berríos estaría también en condiciones de reclamar...
Creo que estos oficiales se están haciendo llevar presos por no "arreglar" sus declaraciones. Son, como dicen algunos, unos "giles".
Desde que los gobiernos chilenos repararon monetariamente a la familia del mártir Orlando Letelier asesinado por Pinochet en las calles de los EEUU, han ido llegando demasiados mercaderes al templo. A veces revientan su crisma en Uruguay. Y no lo entienden... *
(*) Senador de la República
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| Miércoles, 05 de abril, 2006 |
La extradición de militares uruguayos
Por cuestiones del momento
HUGO CORES
La extradición a Chile de tres oficiales del Ejército involucrados en el secuestro de Eugenio Berríos ha suscitado una serie de pronunciamientos sobre los que vale la pena detenerse y opinar.
Dejo de lado las declaraciones de los círculos y centros militares. No porque carezcan de importancia, sino porque las diferencias dentro de la izquierda son en este momento más preocupantes.
1 El Senador E. Fernández Huidobro (EFH) dice que los oficiales pedidos por la Justicia chilena son subalternos, que cumplían órdenes. Que procesarlos es una forma encubierta de eludir el compromiso de procesar a sus mandos, los verdaderos responsables, es decir los oficiales superiores que dieron las órdenes de actuar junto a los militares chilenos, cuando fue secuestrado Berríos.
2 El senador EFH dice que cuando la Suprema Corte decide hacer lugar a la extradición a Chile, esta actitud desconoce que el Juzgado de Pando había interrogado a los oficiales acusados, decidiendo archivar el expediente por no existir pruebas que los incriminaran.
3 EFH dice que la extradición sería una revancha, un acto de ensañamiento por tratarse de militares, un Plan Cóndor al revés y que los oficiales acusados serían "presos políticos".
4 EFH y también otros dirigentes del MPP han opinado que el episodio configura un quebrantamiento de la soberanía uruguaya. Sostiene que habría más bien que traer a los chilenos para juzgarlos acá ya que ellos delinquieron en Uruguay.
5 Queda sin saberse qué opinan estos compañeros sobre la circunstancia que, 14 años después del secuestro y 11 después de la aparición del cadáver de Berríos, el juzgado de Pando no haya resuelto ningún procesamiento.
Es decir, la ausencia de un proceso judicial a fondo acerca de la responsabilidad del Ejército en el episodio Berríos sería, para el compañero EFH la "razón" por la cual la extradición no se justifica.
6 El lenguaje empleado intenta presentar la defensa de los militares como una acción "desde abajo" y una intervención "justiciera".
El estilo es el de la denuncia ante "la existencia de chivos expiatorios sacrificados para salvar a los de arriba".
Los oficiales serían "capitancitos", "perejiles", "víctimas" de la cobardía de algunos, del sentimiento de venganza de otros o de una conspiración urdida en Chile.
7 Primera paradoja: esas denuncias son formuladas por un senador del gobierno, presidente de la Comisión de Defensa del Senado e integrante de la mayoría parlamentaria. ¿Qué medidas propone para asumir desde la comisión que preside o desde la mayoría que integra o desde el ministerio que respalda?
O, después de presentar una defensa enconada de los tres oficiales acusados, ¿el senador de la mayoría le propone al país la resignación, revivida ahora con un gobierno de izquierda, ante el mantenimiento de la impunidad de los mandos que les dieron las órdenes?
O sea que todo el alegato del Senador EFH debe entenderse sobre la base que Aguerrondo y los responsables de los servicios de inteligencia militar que coordinaron con Pinochet siguen siendo tan intocables hoy como cuando gobernaban blancos y colorados. ¿Es ese el mensaje?
8 El crimen de Berríos y las circunstancias que lo rodearon fue un asunto discutido muchas veces en el Frente Amplio. En Congresos, Plenarios, Mesas Redondas, libros y artículos periodísticos. Siempre se analizó, acertadamente, como una muestra rezagada y capciosa de la coordinación represiva montada en los años 70 y conocida como Plan Cóndor. Una expresión de la complicidad de los gobiernos blancos y colorados con el mantenimiento de esa y de todas las impunidades.
El esclarecimiento de la operación Berríos formaba parte, según ese contexto de análisis, de la lucha contra la impunidad y se inscribía en el proceso de profundización de la democracia que estaba en el orden del día de un gobierno popular. Profundizar la democracia es decir eliminar de las instituciones del Estado los elementos residuales de la normativa, los valores y las doctrinas del periodo dictatorial.
Durante años, congreso a congreso --el último fue el de diciembre de 2003-- se discutieron y se aprobaron mociones que señalaban la necesidad de depurar las Fuerzas Armadas. Depurarlas, entre otras cosas, de los mandos comprometidos con los hechos y con el pensamiento de la dictadura.
9 La denuncia de la impunidad y la lucha por terminar con ella siguen siendo un problema importante para la democracia uruguaya. La actitud del Poder Ejecutivo, a través del Presidente de la República, ha sido clara en el respeto a lo decidido por la Suprema Corte de Justicia.
Al mismo tiempo, los defensores de la impunidad han intentado, sin éxito, presionar a la Presidencia para que actúe impidiendo que Uruguay cumpla con el Tratado de Extradición suscrito con Chile.
Tras la defensa a ultranza de los militares ahora requeridos, en nombre de los intereses de la familia militar anida un soporte permanente a la impunidad en toda la línea.
La imposibilidad legal de juzgar a los militares de la dictadura ¿es o no un problema? La impunidad ¿es o no una traba para la democracia?
A la existencia de una ley de caducidad que bloquea la actuación de los magistrados en los casos más importantes y que más han conmovido a nuestro pueblo, como el asesinato de Michelini y Gutiérrez Ruiz, los secuestros de Orletti, la desaparición de María Claudia García y el robo de su hija, hay que sumar todo lo que los gobiernos blancos y colorados agregaron a la ley.
Una verdadera cultura de la impunidad que amplifica el contenido de la ley, tanto en el tiempo como en el espacio y que se saltea las pocas, casi ínfimas, garantías que contenía el texto de la ley aprobada en 1986, como el artículo 4º al que ni Sanguinetti ni Lacalle ni Batlle dieron cumplimiento efectivo.
10 Analizamos los hechos desde el punto de vista histórico del FA, de lucha contra la impunidad.
En tren de "denuncias justicieras", asumir la defensa de los oficiales acusados en Chile, es saltearse el hecho que, en función de la ley de caducidad y del predominio de la Doctrina de la Seguridad Nacional, la ausencia de justicia por los crímenes de la dictadura es lo que caracteriza al Uruguay que el gobierno progresista ha heredado en materia de Derechos Humanos.
Así lo han entendido y lo entendemos varias organizaciones sociales y políticas que impulsamos la anulación de la Ley de Caducidad, en el entendido que la impunidad es una traba seria para la democracia y que unas Fuerzas Armadas que no han pasado por un proceso de depuración no son las que el país necesita.
11 Resulta difícil saber adónde conduce el rezongo opositor cuando se está en el gobierno. En todo caso, en el terreno de la Defensa y la cuestión de las FFAA, el gobierno del FA tiene mucho para hacer. Son necesarios foros y coloquios. Pero sobre todo ideas claras. No le han faltado al Frente Amplio ni a sus comisiones especializadas en el tema. Y, siendo esa la línea definida, no se ven las razones para cambiarla.
Como se puede concluir, las diferencias de opinión acerca de las extradiciones forman parte de un paquete más amplio de divergencias que iremos discutiendo en el FA. Mientras tanto, todos, en el gobierno, el Parlamento o en el debate público, deberíamos atenernos a lo que hasta ahora tiene resuelto democráticamente nuestra fuerza política.
Lo otro es alimentar confusiones. *
Wisky berreta y coherencia
En declaraciones a la prensa, el ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro se refirió a las críticas que el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) realizó contra el gobierno por entender que no están aportando datos y además dificulta la investigación sobre violación a derechos humanos durante la última dictadura civico-militar. "Es una ONG financiada por las peores fundaciones imperiales", dijo y agregó: "Si Serpaj me autoriza a torturar, yo capaz que le consigo información".
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por Marcelo Marchese
Fernández Huidobro debe renunciar por no haber entendido qué significa ser funcionario público. Es un empleado que hemos puesto ahí y no puede dedicarse a obstaculizar el trabajo de otros funcionarios, por ejemplo los funcionarios judiciales. Ahora, en cuanto a su frase "si me autorizan a torturar les consigo información" de ninguna manera se puede entender como apología de la tortura. El Ministro Impresentable está haciendo uso de la ironía y es harto preocupante que se tomen estas palabras al pie de la letra. Esta pretendiendo decir que Serpaj y demás somos unos fascistas que quisiéramos torturar a los torturadores, pero no está diciendo que él quiera o defienda hacerlo. Es más, está diciendo que se opone a hacerlo. Lo que se debe denunciar no es que él "pretenda torturar" sino que acuse a otros de querer hacerlo. En boca de cualquiera es un disparate, pero en boca del Ministro de Defensa, es inaudito. También es inaudita, y preocupante, esta incapacidad para advertir la ironía, que está al mismo nivel que la denuncia de racismo contra aquellos artistas que en sus obras incluyen personajes racistas
Resoluciòn del Comitè Central
21 de diciembre 2014
Publicado el: 21 de diciembre de 2014 a las 19:34
El Comité Central del Partido Socialista de Uruguay reunido en el día de la fecha resuelve:
1° Que rechaza los dichos del compañero
Ministro de Defensa Nacional Eleuterio Fernández Huidobro en relación a
las organizaciones de defensa de los DDHH, dichos que por otra parte
reiteran expresiones ya vertidas en anteriores oportunidades.
2° Que también considera inaceptables
las declaraciones del Ministro sobre la búsqueda de la verdad y justicia
en Uruguay, declaraciones que además entran en abierta contradicción
con la acción de nuestro gobierno y fuerza política en relación a este
tema.
3° Que reafirma su identificación con los
valores de verdad y justicia, y con la voluntad expresada en forma
firme en el programa del Frente Amplio y sus acciones de gobierno en
esta materia, reconociendo lo mucho que todavía nos queda por hacer, y
condenando toda forma de impunidad. De igual manera, manifestamos
nuestro más férreo compromiso con la defensa irrestricta de los DDHH en
su integralidad, en relación al pasado, el presente y el futuro.
Casa del Pueblo, 21 de diciembre de 2014.
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