El asesinato de Eugenio Berríos pone en evidencia la coordinación de los servicios de inteligencia del Plan Condor, aún en "democracia"
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21 Jun 2007
Caso Berrios: Militares procesados en Chile.
20 Dic 2014
El
militar uruguayo retirado, Tomás Casella, condenado a 15 años de
prisión en Chile por el secuestro del químico Eugenio Berríos , visitó
Uruguay en los primeros días de diciembre por primera vez desde que
fue ...
24 Abr 2011
Estos
militares estaban involucrados en el secuestro y asesinato del genocida
chileno Eugenio Berríos, ocultado en nuestro país para evitar que
declarara por el asesinato de Orlando Letelier. En aquel debate Hugo
Cores ...
19 May 2010
A
ello se sumaron “conversaciones amistosas con (el ex represor) Gilberto
Vázquez, la defensa de los asesinos del asesino (Eugenio) Berríos, la
cerrada negativa a anular la ley de Caducidad y vaya a saber cuántos ...
Alto, atractivo, elegante, con don de mando, hombre de mundo, experto en inteligencia, tirador eximio, jugador de polo y rodeado de una aureola que le significó incluso el apelativo del “James Bond chileno”. Esas son algunas de las características que se le atribuyen al mayor (R) Arturo Rodrigo Silva Valdés, miembro del Servicio Secreto de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y quien aparece identificado por al menos dos testimonios como el autor chileno –el otro sería uruguayo– de los disparos que terminaron con la vida del químico de la DINA, Eugenio Berríos.
Pero Silva Valdés tiene otros atributos que contribuyeron a engrandecer su leyenda. Es dueño de los secretos de dos de los hombres más poderosos de Chile: Augusto Pinochet y Agustín Edwards, el director y dueño del diario El Mercurio. De ambos fue su jefe de seguridad personal, dueño de su retaguardia y desplazamientos.
RADAELLI: EL OTRO DISPARO
En 1993, cuando el escándalo del secuestro y desaparición de Eugenio Berríos estalló ante la opinión pública en Uruguay, provocando lo que llamaron “un golpe técnico” de los militares, el teniente coronel Eduardo Radaelli debió ser traído en emergencia desde el Zaire, donde se hallaba en “misión de paz”.Y si en un principio se pensó que el oficial sería castigado y procesado, junto al teniente coronel Tomás Casella, muy pronto la presión militar dejó en evidencia que el Presidente Lacalle estaba bajo tutela.
Tomás Casella (Fuente: elmuertoquehabla.blogspot.com)
Han transcurrido nueve años. Radealli sigue activo y hoy debe enfrentar una acusación de homicidio. Sabe que no está solo. Es considerado la cabeza “pensante” de un grupo de oficiales nacionalistas de inteligencia del Ejército que se nuclearon en torno al ex comandante en jefe, teniente general Fernán Amado. En la época del escándalo de Berríos, Amado era jefe de Intendencia del Ejército.
En ese mismo grupo cerraba filas Casella y otro de los involucrados en el secuestro y asesinato de Berríos: el teniente coronel Wellington Sarli. Los tres oficiales no son desconocidos en Uruguay.
Eduardo Radaelli (Fuente: euromundoglobal.com)
Están vinculados a actos de terrorismo de Estado durante la dictadura de ese país. En especial, una serie de atentados con bombas perpetrados en contra de disidentes a fines de los ’80, los que incluyeron una bomba en el estudio jurídico del entonces Presidente Julio María Sanguinetti.
Al grupo se lo conoció bajo la sigla “Guardia de Artigas”, un grupo que nació bajo el amparo de la logia mayor y más poderosa –“Tenientes de Artigas” – pero bajo un perfil más clandestino. La trastienda de la pugna de poder de entonces hizo enfrentarse al general Amado con Sanguinetti. Más tarde, cuando estalló el escándalo Berríos, las trenzas volvieron a disputarse el poder. Según testimonios de oficiales chilenos, una presa que estuvo al medio de la disputa fue la producción de armas químicas que Berríos habría comenzado a realizar para el grupo de sus custodios uruguayos. Lo cierto es que Amado denunció escuchas telefónicas. Responsabilizó al director de Inteligencia, general Aguerrondo, el que finalmente debió partir a retiro. Ahora las nuevas trenzas se mezclan con las viejas y actuales luchas en una pugna por el poder y la impunidad. Y Radaelli está en el centro del huracán.
>>> Uruguay: el reino de la impunidad
Uruguay se vio sorprendido en 1993 por una noticia salida de un libro de ficción: el espía y bioquímico chileno Eugenio Berríos había desaparecido en Parque del Plata, en donde estaba bajo custodia secreta de militares uruguayos. Había intentado escapar con ayuda de la Policía al afirmar que estaba secuestrado, pero se lo devolvió a los militares y nunca más se supo de él hasta que su cadáver apareció semienterrado en la arena de El Pinar con dos balazos en la cabeza.
El objetivo de la protección a Berríos era que no declarara ante la Justicia por causas vinculadas con Augusto Pinochet, en particular sobre la muerte del excanciller de Salvador Allende, Orlando Leterier, y su secretaria. El presidente Luis Alberto Lacalle estaba en Londres y adelantó su regreso al país por el sacudón que significó el caso.
Este martes, la Suprema Corte de Justicia chilena reafirmó la condena a los uruguayos Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli por la muerte de Berríos. En 2012, Código País había hablado con los protagonistas del caso y elaborado un documental que revisita ahora, que el caso volvió a tomar estado público.
Amadeo Ottati, abogado de los tres
exmilitares condenados en Chile por la muerte del exquímico de la
policía secreta chilena Eugenio Berríos, ocurrido en 1995, dijo confiar
en que se aplique un tratado bilateral que permita que puedan cumplir
condena en Uruguay.
“Vamos a tratar de movilizar los mecanismos necesarios para hacer lo único que a esta altura se puede hacer, que es tratar de que en vez de quedar en Chile a la espera de que se termine su condena estén acá cerca de su familia”, explicó el abogado.
La Corte Suprema de Chile dictó hoy sentencia de entre 5 y 15 años de presidio efectivo en contra de 14 acusados por los delitos de secuestro, homicidio y asociación ilícita en la muerte de Berríos, exquímico de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
Entre ellos, Tomás Casella Santos deberá cumplir 10 años de cárcel como autor de secuestro y cinco años por asociación ilícita, mientras que Eduardo Radaelli Copolla cumplirá diez años como autor de secuestro y 800 días por asociación ilícita y Wellington Sarli Pose cinco años como cómplice de secuestro y 60 días más por asociación ilícita.
Otteti aseveró que en base a un tratado vigente entre Uruguay y Chile, se pueden intercambiar las personas que han sido detenidas en un país cuando son juzgadas con una sentencia definitiva para que el cumplimiento de la pena se pueda realizar en el país al que pertenecen los condenados.
“Tiene que haber primero la conformidad de los sentenciados, que obviamente existe, y luego hay que hacer una tramitación por la cual el Estado uruguayo pide que se les traiga o el Gobierno chileno que sean enviados al Uruguay”, añadió el abogado, para matizar que espera que esto sea cuestión de días o de “quizá algún mes”.
“Trataremos que sea el menor tiempo posible, pero son trámites administrativos que hay que realizar entre los poderes ejecutivos de los dos países”, confesó.
Sin embargo, el letrado afirmó que hasta ahora no ha habido ningún caso entre los dos países en el que se haya reclamado a un ciudadano para el cumplimiento de la condena.
“Seguramente trataremos de que sea Uruguay el que tome la conducción del tema porque lógicamente entiendo que al Estado le interesa que los nacionales estén en su país y no en el extranjero”, matizó.
En todas las sentencias emitidas ayer se especifica que los condenados no podrán disfrutar de beneficios.
Berríos huyó a Uruguay en noviembre de 1991 para evitar declarar en el juicio abierto en Chile por el asesinato del excanciller Orlando Letelier y su secretaria Ronnie Moffit en 1976.
Se instaló en Montevideo con el nombre falso de Tulio Orellana y fue visto por última vez en 1992, cuando se presentó en una comisaría de Uruguay para denunciar que estaba secuestrado.
Fue entregado a unos militares y no se supo más de él, hasta que en abril de 1995 se descubrió su cadáver, que había sido enterrado en una playa de Montevideo atado y con disparos en el cráneo.
En 2006 la Justicia de Uruguay concedió la extradición a Chile de los tres militares acusados en el caso para ser juzgados por asociación ilícita y secuestro de Berrios.
Ottati fue su abogado hasta el momento de la extradición, con la que se mostró en desacuerdo, al considerar que “había sobrados motivos” para haberla negado.
Por otra parte, recordó que en Uruguay “se había archivado la causa al no encontrarse prueba de que hubieran cometido ningún delito”.
Respecto a la sentencia, el abogado aseveró que es “una aberración jurídica” hablar de “delito de lesa humanidad”, ya que consideró que estos delitos “no estaban vigentes a la época de los hechos” y además abarcan un “número indiscriminado de personas”.
“Y acá en todo caso si se hubiera cometido un delito fue en perjuicio del señor Berríos, que es una sola persona”, espetó.
El abogado lamentó que hayan estado 20 años de su vida esperando que se dictara una sentencia que desde su punto de vista “tampoco refleja la verdadera responsabilidad que pudieron tener”.
“Vamos a tratar de movilizar los mecanismos necesarios para hacer lo único que a esta altura se puede hacer, que es tratar de que en vez de quedar en Chile a la espera de que se termine su condena estén acá cerca de su familia”, explicó el abogado.
La Corte Suprema de Chile dictó hoy sentencia de entre 5 y 15 años de presidio efectivo en contra de 14 acusados por los delitos de secuestro, homicidio y asociación ilícita en la muerte de Berríos, exquímico de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
Entre ellos, Tomás Casella Santos deberá cumplir 10 años de cárcel como autor de secuestro y cinco años por asociación ilícita, mientras que Eduardo Radaelli Copolla cumplirá diez años como autor de secuestro y 800 días por asociación ilícita y Wellington Sarli Pose cinco años como cómplice de secuestro y 60 días más por asociación ilícita.
Otteti aseveró que en base a un tratado vigente entre Uruguay y Chile, se pueden intercambiar las personas que han sido detenidas en un país cuando son juzgadas con una sentencia definitiva para que el cumplimiento de la pena se pueda realizar en el país al que pertenecen los condenados.
“Tiene que haber primero la conformidad de los sentenciados, que obviamente existe, y luego hay que hacer una tramitación por la cual el Estado uruguayo pide que se les traiga o el Gobierno chileno que sean enviados al Uruguay”, añadió el abogado, para matizar que espera que esto sea cuestión de días o de “quizá algún mes”.
“Trataremos que sea el menor tiempo posible, pero son trámites administrativos que hay que realizar entre los poderes ejecutivos de los dos países”, confesó.
Sin embargo, el letrado afirmó que hasta ahora no ha habido ningún caso entre los dos países en el que se haya reclamado a un ciudadano para el cumplimiento de la condena.
“Seguramente trataremos de que sea Uruguay el que tome la conducción del tema porque lógicamente entiendo que al Estado le interesa que los nacionales estén en su país y no en el extranjero”, matizó.
En todas las sentencias emitidas ayer se especifica que los condenados no podrán disfrutar de beneficios.
Berríos huyó a Uruguay en noviembre de 1991 para evitar declarar en el juicio abierto en Chile por el asesinato del excanciller Orlando Letelier y su secretaria Ronnie Moffit en 1976.
Se instaló en Montevideo con el nombre falso de Tulio Orellana y fue visto por última vez en 1992, cuando se presentó en una comisaría de Uruguay para denunciar que estaba secuestrado.
Fue entregado a unos militares y no se supo más de él, hasta que en abril de 1995 se descubrió su cadáver, que había sido enterrado en una playa de Montevideo atado y con disparos en el cráneo.
En 2006 la Justicia de Uruguay concedió la extradición a Chile de los tres militares acusados en el caso para ser juzgados por asociación ilícita y secuestro de Berrios.
Ottati fue su abogado hasta el momento de la extradición, con la que se mostró en desacuerdo, al considerar que “había sobrados motivos” para haberla negado.
Por otra parte, recordó que en Uruguay “se había archivado la causa al no encontrarse prueba de que hubieran cometido ningún delito”.
Respecto a la sentencia, el abogado aseveró que es “una aberración jurídica” hablar de “delito de lesa humanidad”, ya que consideró que estos delitos “no estaban vigentes a la época de los hechos” y además abarcan un “número indiscriminado de personas”.
“Y acá en todo caso si se hubiera cometido un delito fue en perjuicio del señor Berríos, que es una sola persona”, espetó.
El abogado lamentó que hayan estado 20 años de su vida esperando que se dictara una sentencia que desde su punto de vista “tampoco refleja la verdadera responsabilidad que pudieron tener”.
Uruguay se vio sorprendido en 1993 por una noticia salida de un libro de ficción: el espía y bioquímico chileno Eugenio Berríos había desaparecido en Parque del Plata, en donde estaba bajo custodia secreta de militares uruguayos. Había intentado escapar con ayuda de la Policía al afirmar que estaba secuestrado, pero se lo devolvió a los militares y nunca más se supo de él hasta que su cadáver apareció semienterrado en la arena de El Pinar con dos balazos en la cabeza.
El objetivo de la protección a Berríos era que no declarara ante la Justicia por causas vinculadas con Augusto Pinochet, en particular sobre la muerte del excanciller de Salvador Allende, Orlando Leterier, y su secretaria. El presidente Luis Alberto Lacalle estaba en Londres y adelantó su regreso al país por el sacudón que significó el caso.
Este martes, la Suprema Corte de Justicia chilena reafirmó la condena a los uruguayos Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli por la muerte de Berríos. En 2012, Código País había hablado con los protagonistas del caso y elaborado un documental que revisita ahora, que el caso volvió a tomar estado público.
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