mar ago 11 2015 16:51
El Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt decidió
este martes que Joselo López, vicepresidente de la central obrera y
presidente del sindicato de funcionarios del INAU (Suinau), de un paso
al costado hasta tanto se tenga la resolución de una investigación que
la misma central comenzará sobre lo ocurrido en el Hogar Ceprili y que abarcará a delegados sindicales.
El coordinador del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, dijo que “Esto que está pasando en el Sirpa se tiene que terminar” y se reiteró el rechazo a los casos de maltratos hacia los jóvenes internados en estas dependencias.
El coordinador del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, dijo que “Esto que está pasando en el Sirpa se tiene que terminar” y se reiteró el rechazo a los casos de maltratos hacia los jóvenes internados en estas dependencias.
Fuga de internos mientras sigue la investigación judicial
Por otro lado, en la madrugada de este martes tres menores del Ceprili se escaparon. En la mañana, cuando los funcionarios del INAU descubrieron que los menores se habían fugado, se encontraron candados rotos.A su vez, desde este martes trece internos fueron citados a declarar por los incidentes que se ven en la grabación de las cámaras de seguridad del hogar, además de 36 funcionarios del INAU, todos identificados por el juez Gustavo Iribarren en las imágenes.
Hoy juega
Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT define hoy qué hacer
con su vicepresidente; hay opiniones divididas en la central.
El aplauso duró más de lo previsto. Los dirigentes de la
Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE)
presentes en la sede de su sindicato festejaron una declaración leída
por su secretario general, Joselo López, poniéndose de pie y haciendo
chocar sus palmas por casi un minuto. La suerte del vicepresidente en el
PIT-CNT se define hoy en el Secretariado Ejecutivo de la central.
López anunció ayer de tarde, durante una conferencia de prensa que convocó COFE, que le exigirá hoy al Secretariado Ejecutivo de la central de trabajadores la creación de una comisión investigadora que incluya a la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, a su equipo de abogados y a representantes de todas las corrientes representadas en el Secretariado. Esta comisión, sostuvo, tendrá como objetivo “evaluar a fondo el accionar de nuestro sindicato y el mío, durante los hechos que se dieron en todo el 24 de julio en el Hogar Ceprili [Centro de Privación de Libertad]”. Ése fue el día en el que se registró el video que evidencia cómo fueron reducidos dos jóvenes recluidos en el centro. La metodología utilizada para reducir a los adolescentes fue cuestionada por organizaciones políticas y sociales, y por dirigentes del PIT-CNT.
Además de la conformación de la investigadora, hoy se discutirá en el Secretariado Ejecutivo si López debe continuar siendo vicepresidente de la central, al menos mientras sesione la comisión. Algunos dirigentes consideran que debería dar un paso al costado. Uno de ellos es Richard Read, de la Federación de Empleados y Obreros de la Bebida. Su agrupación, la 5 de Marzo, es la única que tiene una postura definida con respecto a este tema, aunque el único miembro con voto en el Secretariado es Read. La lista 41, cuyo principal dirigente es López, apoya a este dirigente y tiene tres votos en el Secretariado, aunque uno de ellos es quien está en cuestión. Según pudo saber la diaria, la corriente sindical Articulación -que tiene cuatro votos en el organismo- no propondrá que López se aparte de su cargo. En tanto, la lista 1, integrada mayoritariamente por dirigentes afines al Partido Comunista del Uruguay, definirá hoy, antes del encuentro, su postura, y entre sus dirigentes hay posiciones divergentes. El dirigente de la Federación Uruguaya de la Salud Jorge Bermúdez dijo que se reservará su opinión en el debate del Secretariado, aunque sostuvo que no está de acuerdo con “tomar la cabeza de alguien, ponerla en una bandeja y decir ‘acá está la solución de un problema’”. En cambio, Daniel Diverio, del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA), dijo que si bien “se puede investigar todo lo que se quiera, este tipo de actitudes no requieren investigación, no son de trabajadores y no tienen dos lecturas. Aquel que no rechace la situación del Sirpa [Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente] no merece estar en una responsabilidad gremial”.
La defensa
La declaración leída ayer por López buscó transmitir el compromiso de su gremio, el Sindicato Único del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (SUINAU), con las condiciones de reclusión de los adolescentes en los centros del Sirpa. Según dijo, el único sumario del que fue objeto data de 2008 y fue a causa de “haber mostrado públicamente las condiciones deplorables en las que estaban los adolescentes privados de libertad, después de haber recorrido muchos ámbitos del sistema político sin tener respuesta”.
López ya había sostenido la semana pasada que el accionar de los funcionarios estuvo “dentro del protocolo”. No obstante, ayer cuestionó al funcionario que le pega a uno de los menores algunos puntapiés mientras está siendo reducido en el suelo, y sostuvo que a esa persona se la sancionará y se le retirará la asistencia legal si pertenece al sindicato. Según agregó más tarde el secretario general del SUINAU, Carlos Salaberry, el agresor aún no fue identificado. “Nunca vi lo sucedido en ese momento, pero se insiste en obviar el detalle”, justificó López, que aparece por primera vez en la filmación una vez que las agresiones ya fueron consumadas.
El dirigente tampoco perdió la oportunidad de cuestionar a varias organizaciones sociales que lo criticaron, y sostuvo que éstas “respaldan el accionar de una persona que tiene un pasado con más sombras que luces en ámbitos de conducción del Estado: empezó su carrera en servicios penitenciarios en la dictadura, siguió como jerarca en los gobiernos blancos y colorados, donde, según expresa la prensa de la época, tuvo un sumario administrativo con pedido de destitución por conjunción del interés público con el privado”. De este modo hacía referencia a la actual presidenta del Sirpa, Gabriela Fulco, quien denunció los hechos ocurridos el 24 de julio en el Ceprili y que, según el SUINAU, fue la responsable de la filtración del video. López sostuvo que el enfrentamiento de esta jerarca con el sindicato surge debido a que éste salió “al cruce” de la propuesta de la jerarca de “pasar a jóvenes privados de libertad que cumplen la mayoría de edad a las cárceles de adultos”, y también de reabrir el hogar Ser de la Colonia Berro. “No vemos a ninguna de estas organizaciones cuestionar nada de esto. Todo lo contrario”, sostuvo el jerarca. Agregó que “seguramente lo hacen motivados por mantener los recursos económicos que el INAU les destina a las ONG”.
El dirigente aseguró que el sindicato le pedirá a la Justicia que se investigue “por qué en un día tan complicado, en el que sucedieron varios hechos de violencia, los asesores de la presidenta [Fulco], que fueron designados para brindar una supervisión permanente, no se hicieron presentes en el centro”. Luego los dirigentes mostraron una serie de fotos que ilustraban la agresión que sufren los funcionarios del Sirpa por parte de los reclusos. “Somos plenamente conscientes de que la violencia no se combate con más violencia, pero tenemos la necesidad de mostrar en qué condiciones trabajan nuestros compañeros. A nuestras compañeras los jóvenes les tiran orín, materia fecal, semen, las queman con jugos hirviendo, agua caliente, las atacan con golpes de puño y con puntas que pueden herir de muerte”. “Mucho de lo que ha pasado en estos días se enmarca en un operativo político a varias puntas, entre otras, para descentrar la atención de lo que fue el paro más grande de los últimos años que haya realizado el PIT-CNT”, aseguró.
La otra versión
Salaberry dijo que con el video que se filtró se armó una “versión” de los hechos que explota “una situación que naturalmente impresiona a quienes están fuera del sistema”. Según dijo, más temprano en el Ceprili había habido un intento de fuga de seis internos, que fue controlado, pero dejó como saldo cuatro trabajadores lastimados. A partir de eso se resolvió el traslado de 32 jóvenes. En ese marco fue que llegaron “distintos apoyos para ese operativo de traslado”. Eso derivó, aseguró Salaberry, en la cantidad de gente presente en la reducción de los menores. Además, López y otros integrantes de la mesa del sindicato del Sirpa estaban en “una reunión con el equipo de dirección del Ceprili al momento del intento de motín”.
“Es falso que en ese momento se estuviera realizando una asamblea”, dijo Salaberry. Sin embargo, el propio López había dicho la semana pasada a El Observador que “en ese momento hay una asamblea funcionando. Muchos de los que estábamos ahí entramos porque no estaban las autoridades”. Según Salaberry, el único hecho reprobable fueron los puntapiés. Lo demás fue “un procedimiento que para nosotros es habitual: tratar de aplacar un motín mediante la reducción”. Incluso, sostuvo el dirigente, el voluminoso número de funcionarios que participaron en la “reducción” terminó por “favorecer que fuera un procedimiento menos violento”. “El uso de la fuerza que se hizo fue bastante disminuido”, señaló.
Nombre por nombre
Fulco llegó ayer al juzgado penal con un conjunto de hojas impresas con los fotogramas del video de lo sucedido en el Ceprili el 24 de julio. Junto a la imagen de cada funcionario, detalló su nombre y apellido, para ponerlos a disposición del juez Gustavo Iribarren. La directora del Sirpa llegó acompañada por la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, y la presidenta del INAU, Marisa Lindner. Ambas la esperaron el tiempo que duró el interrogatorio, y cuando salió se marcharon con ella en el mismo auto, como una señal de respaldo político. El juez pidió a Fulco detalles de lo sucedido el 24 de julio, “casi el minuto a minuto de lo que pasó”, explicó la directora del Sirpa, quien agregó que está a disposición “por si nos llaman de vuelta”.
También declaró ayer Mirtha Guianze, del consejo directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) y responsable del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, quien también presentó una denuncia penal por el mismo hecho. Guianze explicó la función de la INDDHH y contó la visita que realizaron técnicos del Mecanismo al Ceprili el 28 de julio. Los técnicos, un psicólogo y una abogada, también declararon ante la Justicia ayer. Contaron que algunos de los jóvenes recluidos en el centro no quisieron hablar, pero que otros declararon que los habían “picado” (golpeado). Ahora el juez citará uno por uno a los funcionarios identificados en el video.
López anunció ayer de tarde, durante una conferencia de prensa que convocó COFE, que le exigirá hoy al Secretariado Ejecutivo de la central de trabajadores la creación de una comisión investigadora que incluya a la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, a su equipo de abogados y a representantes de todas las corrientes representadas en el Secretariado. Esta comisión, sostuvo, tendrá como objetivo “evaluar a fondo el accionar de nuestro sindicato y el mío, durante los hechos que se dieron en todo el 24 de julio en el Hogar Ceprili [Centro de Privación de Libertad]”. Ése fue el día en el que se registró el video que evidencia cómo fueron reducidos dos jóvenes recluidos en el centro. La metodología utilizada para reducir a los adolescentes fue cuestionada por organizaciones políticas y sociales, y por dirigentes del PIT-CNT.
Además de la conformación de la investigadora, hoy se discutirá en el Secretariado Ejecutivo si López debe continuar siendo vicepresidente de la central, al menos mientras sesione la comisión. Algunos dirigentes consideran que debería dar un paso al costado. Uno de ellos es Richard Read, de la Federación de Empleados y Obreros de la Bebida. Su agrupación, la 5 de Marzo, es la única que tiene una postura definida con respecto a este tema, aunque el único miembro con voto en el Secretariado es Read. La lista 41, cuyo principal dirigente es López, apoya a este dirigente y tiene tres votos en el Secretariado, aunque uno de ellos es quien está en cuestión. Según pudo saber la diaria, la corriente sindical Articulación -que tiene cuatro votos en el organismo- no propondrá que López se aparte de su cargo. En tanto, la lista 1, integrada mayoritariamente por dirigentes afines al Partido Comunista del Uruguay, definirá hoy, antes del encuentro, su postura, y entre sus dirigentes hay posiciones divergentes. El dirigente de la Federación Uruguaya de la Salud Jorge Bermúdez dijo que se reservará su opinión en el debate del Secretariado, aunque sostuvo que no está de acuerdo con “tomar la cabeza de alguien, ponerla en una bandeja y decir ‘acá está la solución de un problema’”. En cambio, Daniel Diverio, del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA), dijo que si bien “se puede investigar todo lo que se quiera, este tipo de actitudes no requieren investigación, no son de trabajadores y no tienen dos lecturas. Aquel que no rechace la situación del Sirpa [Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente] no merece estar en una responsabilidad gremial”.
La defensa
La declaración leída ayer por López buscó transmitir el compromiso de su gremio, el Sindicato Único del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (SUINAU), con las condiciones de reclusión de los adolescentes en los centros del Sirpa. Según dijo, el único sumario del que fue objeto data de 2008 y fue a causa de “haber mostrado públicamente las condiciones deplorables en las que estaban los adolescentes privados de libertad, después de haber recorrido muchos ámbitos del sistema político sin tener respuesta”.
López ya había sostenido la semana pasada que el accionar de los funcionarios estuvo “dentro del protocolo”. No obstante, ayer cuestionó al funcionario que le pega a uno de los menores algunos puntapiés mientras está siendo reducido en el suelo, y sostuvo que a esa persona se la sancionará y se le retirará la asistencia legal si pertenece al sindicato. Según agregó más tarde el secretario general del SUINAU, Carlos Salaberry, el agresor aún no fue identificado. “Nunca vi lo sucedido en ese momento, pero se insiste en obviar el detalle”, justificó López, que aparece por primera vez en la filmación una vez que las agresiones ya fueron consumadas.
El dirigente tampoco perdió la oportunidad de cuestionar a varias organizaciones sociales que lo criticaron, y sostuvo que éstas “respaldan el accionar de una persona que tiene un pasado con más sombras que luces en ámbitos de conducción del Estado: empezó su carrera en servicios penitenciarios en la dictadura, siguió como jerarca en los gobiernos blancos y colorados, donde, según expresa la prensa de la época, tuvo un sumario administrativo con pedido de destitución por conjunción del interés público con el privado”. De este modo hacía referencia a la actual presidenta del Sirpa, Gabriela Fulco, quien denunció los hechos ocurridos el 24 de julio en el Ceprili y que, según el SUINAU, fue la responsable de la filtración del video. López sostuvo que el enfrentamiento de esta jerarca con el sindicato surge debido a que éste salió “al cruce” de la propuesta de la jerarca de “pasar a jóvenes privados de libertad que cumplen la mayoría de edad a las cárceles de adultos”, y también de reabrir el hogar Ser de la Colonia Berro. “No vemos a ninguna de estas organizaciones cuestionar nada de esto. Todo lo contrario”, sostuvo el jerarca. Agregó que “seguramente lo hacen motivados por mantener los recursos económicos que el INAU les destina a las ONG”.
El dirigente aseguró que el sindicato le pedirá a la Justicia que se investigue “por qué en un día tan complicado, en el que sucedieron varios hechos de violencia, los asesores de la presidenta [Fulco], que fueron designados para brindar una supervisión permanente, no se hicieron presentes en el centro”. Luego los dirigentes mostraron una serie de fotos que ilustraban la agresión que sufren los funcionarios del Sirpa por parte de los reclusos. “Somos plenamente conscientes de que la violencia no se combate con más violencia, pero tenemos la necesidad de mostrar en qué condiciones trabajan nuestros compañeros. A nuestras compañeras los jóvenes les tiran orín, materia fecal, semen, las queman con jugos hirviendo, agua caliente, las atacan con golpes de puño y con puntas que pueden herir de muerte”. “Mucho de lo que ha pasado en estos días se enmarca en un operativo político a varias puntas, entre otras, para descentrar la atención de lo que fue el paro más grande de los últimos años que haya realizado el PIT-CNT”, aseguró.
La otra versión
Salaberry dijo que con el video que se filtró se armó una “versión” de los hechos que explota “una situación que naturalmente impresiona a quienes están fuera del sistema”. Según dijo, más temprano en el Ceprili había habido un intento de fuga de seis internos, que fue controlado, pero dejó como saldo cuatro trabajadores lastimados. A partir de eso se resolvió el traslado de 32 jóvenes. En ese marco fue que llegaron “distintos apoyos para ese operativo de traslado”. Eso derivó, aseguró Salaberry, en la cantidad de gente presente en la reducción de los menores. Además, López y otros integrantes de la mesa del sindicato del Sirpa estaban en “una reunión con el equipo de dirección del Ceprili al momento del intento de motín”.
“Es falso que en ese momento se estuviera realizando una asamblea”, dijo Salaberry. Sin embargo, el propio López había dicho la semana pasada a El Observador que “en ese momento hay una asamblea funcionando. Muchos de los que estábamos ahí entramos porque no estaban las autoridades”. Según Salaberry, el único hecho reprobable fueron los puntapiés. Lo demás fue “un procedimiento que para nosotros es habitual: tratar de aplacar un motín mediante la reducción”. Incluso, sostuvo el dirigente, el voluminoso número de funcionarios que participaron en la “reducción” terminó por “favorecer que fuera un procedimiento menos violento”. “El uso de la fuerza que se hizo fue bastante disminuido”, señaló.
Nombre por nombre
Fulco llegó ayer al juzgado penal con un conjunto de hojas impresas con los fotogramas del video de lo sucedido en el Ceprili el 24 de julio. Junto a la imagen de cada funcionario, detalló su nombre y apellido, para ponerlos a disposición del juez Gustavo Iribarren. La directora del Sirpa llegó acompañada por la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, y la presidenta del INAU, Marisa Lindner. Ambas la esperaron el tiempo que duró el interrogatorio, y cuando salió se marcharon con ella en el mismo auto, como una señal de respaldo político. El juez pidió a Fulco detalles de lo sucedido el 24 de julio, “casi el minuto a minuto de lo que pasó”, explicó la directora del Sirpa, quien agregó que está a disposición “por si nos llaman de vuelta”.
También declaró ayer Mirtha Guianze, del consejo directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) y responsable del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, quien también presentó una denuncia penal por el mismo hecho. Guianze explicó la función de la INDDHH y contó la visita que realizaron técnicos del Mecanismo al Ceprili el 28 de julio. Los técnicos, un psicólogo y una abogada, también declararon ante la Justicia ayer. Contaron que algunos de los jóvenes recluidos en el centro no quisieron hablar, pero que otros declararon que los habían “picado” (golpeado). Ahora el juez citará uno por uno a los funcionarios identificados en el video.
>>> Submarinos y Picana
CARLOS TAPIA11 ago 2015
Como esperando lo peor, adelantó que va a
"aceptar la resolución" que tomé hoy la central de trabajadores, en una
reunión de su secretariado que comenzará en horas de la mañana. Allí se
discutirá sobre la denuncia penal por el accionar violento de un grupo
de funcionarios en uno de los pabellones del centro de reclusión para
menores Ceprili.
"Aceptar es lo que he hecho con todas las resoluciones
que se han tomado, porque nosotros formamos parte de un movimiento
sindical con el principio de que puede haber diversidad en la opinión,
pero unidad en la acción", dijo López en la sede de COFE, rodeado por
sindicalistas del INAU.
Según supo El País, el secretariado del Pit-Cnt está
dividido en cuanto a la decisión que deberá tomar hoy. De los 18
miembros, 13 tienen derecho a voto. Todos están de acuerdo con encargar
al departamento de derechos humanos de la central el inicio de una
investigación sobre los hechos. Pero se espera que algunos también
reclamen que mientras esta se lleva a cabo se inste a López a tomar
licencia.
De los 13 que tienen voto, hay cuatro comunistas, un
socialista y uno de la agrupación 5 de Marzo que votarían a favor de que
López deje su cargo mientras se hace la investigación. En tanto, la
Lista 41 (con tres miembros en el secretariado, entre ellos López) y
Articulación (cuatro) votarían en contra. De esta manera se estaría ante
un empate seis a seis, ya que López no tendrá derecho a votar al
momento de tratarse su caso. Con este panorama, la reunión que
empieza a la hora 10 es muy probable que se extienda por varias horas.
"En varias oportunidades nos ha tocado defender las
resoluciones de la mayoría, aunque no las compartamos", se escudó López
ayer. Luego de que él hablara, el presidente de COFE, Pablo Cabrera,
dijo que pase lo que pase no se le solicitará a López que tome licencia
dentro de la Confederación de Funcionarios del Estado, y que tampoco
está en juego su cargo como presidente del sindicato del INAU.
Defensa.
Mientras López hablaba, la Justicia disponía que los
36 funcionarios que fueron parte del polémico operativo en Ceprili vayan
a declarar a partir de hoy y hasta el jueves. También se llamó a 13
menores que estaban dentro del pabellón donde se sucedieron los hechos
(ver aparte).
López defendió el accionar de los trabajadores que
redujeron a los menores, menos el de uno de ellos que patea en el suelo a
dos reclusos que ya estaban bajo control.
"Sí hay un trabajador que en una actitud deplorable
le da puntapiés en el piso a dos jóvenes reducidos, al cual los mismos
compañeros lo sacan de ese lugar. Yo nunca vi lo sucedido en ese
momento, pero se insiste en obviar este detalle", señaló López, que se
negó a responder preguntas de la prensa. Sin embargo, sus compañeros de
COFE luego aclararon que no tienen identificado a este trabajador y que
cuando sepan quién es tomarán medidas contra él dentro del sindicato.
López insistió que los trabajadores no estaban en
una asamblea cuando se generó el motín, como denunció la presidenta del
Sirpa, Gabriela Fulco. Y dijo que cámaras externas al pabellón muestra
cómo los trabajadores llegan desde puntos distintos hasta el lugar,
mostrando así que no estaban todos juntos. Sobre la excesiva cantidad de
personas que entran a reducir a los menores, señaló que ese mismo día
había habido "un intento de fuga donde resultaron heridos cuatro
compañeros" y que "a eso se debía la presencia del sindicato".
López exhibió varias fotos —que no eran del día del
motín— con trabajadores heridos y también cortes carcelarios que
supuestamente son utilizados por los internos.
"A nuestras compañeras los jóvenes les tiran orín,
materia fecal, semen, las queman con jugos hirviendo, con agua caliente,
atacan con golpes de puño y con puntas que pueden herir de muerte como
las que les vamos a enseñar acá. Tenemos más de 20 compañeros atendidos
por el Banco de Seguros del Estado por este tipo de situaciones. Y
muchas más con licencia por estrés y psiquiátrica por las condiciones de
trabajo", se quejó López ante los medios.
"Informes falsos".
López descargó todo su enojo contra Fulco, a quien
apuntó como responsable de una operación política que, según él, buscó
restarle importancia al paro que hizo el Pit-Cnt el pasado jueves.
"(Fulco) empezó su carrera en servicios penitenciarios en la dictadura,
siguió como jerarca en gobiernos blanco y colorados, y según la prensa
de la época tuvo un sumario administrativo con pedido de destitución por
conjunción del interés público con el privado, y con una denuncia penal
y parlamentaria dado que con informes falsos se terminó privando de
libertad a gente que posteriormente, al comprobar esta situación, la
Justicia tuvo que absolver", manifestó.
Para López, el "enfrentamiento" de Fulco con el
sindicato se debe a que este salió al cruce de una propuesta de la
jerarca de trasladar a los internos que cumplan 18 años a una cárcel de
mayores.
UdelaR exige se tomen medidas.
La Universidad de la República (UdelaR), a través de
una carta firmada por su rector, Roberto Markarian, condenó la
"violencia institucional contra adolescentes privados de libertad y a
cargo del Estado", y reclamó "una exhaustiva investigación" sobre los
hechos sucedidos en Ceprili.
Según el escrito, los "incidentes recientes
confirman denuncias e informes anteriores que muestran que no se han
logrado las mejoras necesarias en cuanto a la dignidad en el trato a
adolescentes privados de libertad y al desarrollo de políticas para su
reinserción".
Ante esta realidad, la Universidad exige "una
exhaustiva investigación sobre los hechos ocurridos" y también pide que
se asignen "las responsabilidades que correspondan".
También felicita la rápida actuación de la
Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y las
autoridades del INAU. Y comunica que la Universidad está dispuesta a
ayudar en la realización de actividades que sirvan para "mejorar la
situación de los sistemas de privación de libertad en el país, a
combatir la estigmatización y la criminalización de la juventud y la
pobreza".
López reconoce que fue “deplorable” la patada en el piso a menor del SIRPA .
COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA
Las organizaciones y personas abajo firmantes repudian los hechos acaecidos en el centro CEPRILI del SIRPA y condenan enérgicamente la defensa que de los mismos realizó el presidente del Sindicato del INAU y Vicepresidente del PIT - CNT Joselo López y la tibia respuesta (primaria) dada por la cúpula de la central sindical.
Desde la perspectiva de la defensa y promoción de los derechos humanos, no es admisible la aceptación del uso de la violencia y el abuso ominoso de poder. La violencia no tiene justificación, y el abuso de poder tampoco. Las respuestas dadas por Joselo López nos recuerdan las justificaciones dadas en la dictadura militar que avalaban torturas y represión.
Independientemente de los procesos administrativos y de la investigación en la órbita de la justicia para identificar responsabilidades, no es posible aceptar como sociedad, y menos como respuesta de una organización social como la sindical, la justificación de una intervención como la que se difundió a través de los medios: literalmente una "patota" u "horda" de gente grande, abalanzándose contra 2 adolescentes desarmados, que no oponían resistencia ni significaban una amenaza para la seguridad de nadie.
La mirada impasible, omisa y avaladora del máximo representante del Sindicato del INAU y de uno de los más altos dirigentes de la central de trabajadores, es éticamente condenable e inadmisible. Quizá Joselo López no haya incurrido en ninguno de los delitos previstos en la ley penal (eso lo dirá la justicia), pero no todas las acciones reprobables en términos de derechos humanos y de conductas éticas, se encuentran tipificadas como delitos.
NADA JUSTIFICA LA VIOLENCIA, Y MENOS LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL.
Hace más de 20 años que las organizaciones sociales nacionales e internacionales vienen denunciando la violación de derechos humanos y la violencia estructural en el sistema de administración de justicia juvenil. Hoy nos congratulamos de que hayan avances en esa dirección, que la Justicia haya intervenido y procesado a algunos de los responsables, que haya más garantías a través de la Institución Nacional de DDHH y que se vaya avanzando en las reformas administrativas y de gestión, para hacer posible la implementación de medidas socio-educativas con los y las adolescentes, acorde a lo que indican las normas y los estándares internacionales y a lo que el país necesita y la sociedad se merece.
Lo que se vio en el video difundido del CEPRILI, es inaceptable éticamente. Una organización como el PIT CNT no debiera necesitar el fallo de la Justicia penal para reprobar la conducta y la defensa de la misma, por parte de una de sus más altas autoridades, el dirigente Joselo López.
Por esto, las organizaciones abajo firmantes exigen:
1) Que el PIT CNT se posicione claramente a favor de los derechos humanos, saque su respaldo a la actual dirección del SUINAU, a Joselo López y a todo aquel que avale y justifique en la existencia de protocolos (o en la ausencia de ellos), el uso de la violencia y el abuso de poder contra los más débiles.
2) Que se avance en el proceso de reforma profunda en el SIRPA acorde al marco de la defensa y garantía de los derechos humanos del conjunto de la sociedad.
Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual, Red Pro cuidados, Accionar entre mujeres Guyunusa, Aire.uy, Agencia Voz y vos, Cire- Ciudadanías en Red, CNS - Mujeres por Democracia Equidad y Ciudadania, Colectivo La Ptanga, Cooperativa Mujer Ahora, Cotidiano Mujer, El Paso, El Abrojo, Gurises Unidos, IACI – Infancia Adolescencia Ciudadana Juventud para Cristo -Programa Clave, MYSU, Mujeres en el Horno, OCAC-Uruguay (Observatorio Contra el Acoso Callejero), Programa Genero y cultura de FLACSO Uruguay, S A I - Arco Iris y Somos.
Las organizaciones y personas abajo firmantes repudian los hechos acaecidos en el centro CEPRILI del SIRPA y condenan enérgicamente la defensa que de los mismos realizó el presidente del Sindicato del INAU y Vicepresidente del PIT - CNT Joselo López y la tibia respuesta (primaria) dada por la cúpula de la central sindical.
Desde la perspectiva de la defensa y promoción de los derechos humanos, no es admisible la aceptación del uso de la violencia y el abuso ominoso de poder. La violencia no tiene justificación, y el abuso de poder tampoco. Las respuestas dadas por Joselo López nos recuerdan las justificaciones dadas en la dictadura militar que avalaban torturas y represión.
Independientemente de los procesos administrativos y de la investigación en la órbita de la justicia para identificar responsabilidades, no es posible aceptar como sociedad, y menos como respuesta de una organización social como la sindical, la justificación de una intervención como la que se difundió a través de los medios: literalmente una "patota" u "horda" de gente grande, abalanzándose contra 2 adolescentes desarmados, que no oponían resistencia ni significaban una amenaza para la seguridad de nadie.
La mirada impasible, omisa y avaladora del máximo representante del Sindicato del INAU y de uno de los más altos dirigentes de la central de trabajadores, es éticamente condenable e inadmisible. Quizá Joselo López no haya incurrido en ninguno de los delitos previstos en la ley penal (eso lo dirá la justicia), pero no todas las acciones reprobables en términos de derechos humanos y de conductas éticas, se encuentran tipificadas como delitos.
NADA JUSTIFICA LA VIOLENCIA, Y MENOS LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL.
Hace más de 20 años que las organizaciones sociales nacionales e internacionales vienen denunciando la violación de derechos humanos y la violencia estructural en el sistema de administración de justicia juvenil. Hoy nos congratulamos de que hayan avances en esa dirección, que la Justicia haya intervenido y procesado a algunos de los responsables, que haya más garantías a través de la Institución Nacional de DDHH y que se vaya avanzando en las reformas administrativas y de gestión, para hacer posible la implementación de medidas socio-educativas con los y las adolescentes, acorde a lo que indican las normas y los estándares internacionales y a lo que el país necesita y la sociedad se merece.
Lo que se vio en el video difundido del CEPRILI, es inaceptable éticamente. Una organización como el PIT CNT no debiera necesitar el fallo de la Justicia penal para reprobar la conducta y la defensa de la misma, por parte de una de sus más altas autoridades, el dirigente Joselo López.
Por esto, las organizaciones abajo firmantes exigen:
1) Que el PIT CNT se posicione claramente a favor de los derechos humanos, saque su respaldo a la actual dirección del SUINAU, a Joselo López y a todo aquel que avale y justifique en la existencia de protocolos (o en la ausencia de ellos), el uso de la violencia y el abuso de poder contra los más débiles.
2) Que se avance en el proceso de reforma profunda en el SIRPA acorde al marco de la defensa y garantía de los derechos humanos del conjunto de la sociedad.
Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual, Red Pro cuidados, Accionar entre mujeres Guyunusa, Aire.uy, Agencia Voz y vos, Cire- Ciudadanías en Red, CNS - Mujeres por Democracia Equidad y Ciudadania, Colectivo La Ptanga, Cooperativa Mujer Ahora, Cotidiano Mujer, El Paso, El Abrojo, Gurises Unidos, IACI – Infancia Adolescencia Ciudadana Juventud para Cristo -Programa Clave, MYSU, Mujeres en el Horno, OCAC-Uruguay (Observatorio Contra el Acoso Callejero), Programa Genero y cultura de FLACSO Uruguay, S A I - Arco Iris y Somos.
La Institución Nacional de Derechos Humanos también había
planteado una denuncia y este lunes la ratificó. mirtha Guianze dijo que
luego de darse a conocer el video, llegaron más denuncias de
familiares.
Mirtha Guianze explicó:
DECLARACION
Ante los hechos de pública notoriedad ocurridos en el Hogar CEPRILI del SIRPA y evidenciados en el video que fuera difundido el pasado miércoles, la Mesa Política Nacional del Frente Amplio DECLARA:
1. Que nuestra fuerza política es inclaudicable en la defensa de los Derechos Humanos en todas sus expresiones y condiciones.
2. Que las premisas que defendimos en octubre pasado, de la No Criminalización de los Jóvenes enmarcadas en la victoria del NO A LA BAJA siguen vigentes y son motivo de nuestro accionar y prácticas cotidianas.
3. Que entendemos que son acciones graves, condenables e injustificables que merecen un accionar claro y decidido por parte de nuestros compañeros y compañeras en el Poder Ejecutivo (SIRPA, INAU y MIDES), quienes ya han tomado las medidas administrativas correspondientes, las cuales respaldamos.
4. Que respaldamos a nuestros legisladores y gobernantes en la puesta en práctica de leyes y políticas de educación, inserción y rehabilitación con base en la defensa de los derechos humanos de todas y todos. En este sentido valoramos como altamente positivo el envío al Parlamento del Proyecto de Ley que separa el SIRPA del INAU.
APROBADA POR UNANIMIDAD
Montevideo, 07 de agosto de 2015
En una declaración firmada por el rector Roberto Markarian y el vicerrector Hugo Calabria, la Udelar expresa «su beneplácito por la rápida reacción de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y las autoridades del INAU». A seguir el texto completo.
Necesidad de una exhaustiva investigación
«Ante los hechos de pública notoriedad sobre situaciones de violencia institucional contra adolescentes privados de libertad y a cargo del Estado, la Universidad de la República expresa:
1. Que incidentes recientes confirman denuncias e informes anteriores que muestran que no se han logrado las mejoras necesarias en cuanto a la dignidad en el trato a los adolescentes privados de libertad y al desarrollo de políticas para su reinserción y educación.
2. La necesidad de una exhaustiva investigación sobre los hechos ocurridos y la eventual asignación de las responsabilidades que correspondan.
3. Su beneplácito por la rápida reacción de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y las autoridades del INAU.
4. El compromiso de la Universidad con la defensa de los derechos humanos en todo contexto.
5. La disposición a continuar y profundizar su participación en actividades orientadas a mejorar la situación de los sistemas de privación de libertad en el país, a combatir la estigmatización y la criminalización de la juventud y la pobreza.
Roberto Markarian, Rector de la Universidad de la República
Hugo Calabria, Vice-Rector
Montevideo, 10 de agosto de 2015».
Para el sacerdote cada centro debe tener su proyecto, no debe existir complicidad entre los adolescentes y los funcionarios y el educador debe pasar por un período de prueba para comprobar si está apto para esta tarea.
Mirtha Guianze explicó:
Se había hecho una denuncia y se comprobó que había golpizas hacia jóvenes, estamos hablando de dos episodios en el intento de fuga y en el otro que sucedió después.Este martes por la mañana concurrirán al juzgado los 13 adolescentes involucrados, y luego serán convocados los 36 funcionarios que aparecen en el video. El juevez deberá declarar Joselo López.
Nosotros ya habíamos presentado una denuncia en nombre de la institución, dando cuenta al juez de que había hechos con apariencia delictiva y que queríamos que se investigara.
Nosotros teníamos denuncias de familiares y algunos relatos de jóvenes. Aportamos un informe del Ceprili con registros fotográficos de cómo está el lugar, los técnicos que declararon son los que hablaron con los jóvenes.
Grave, condenable, injustificable
La Mesa Política reunida este viernes 7 de agosto se expresa sobre los hechos del Hogar Ceprili - SIRPA.DECLARACION
Ante los hechos de pública notoriedad ocurridos en el Hogar CEPRILI del SIRPA y evidenciados en el video que fuera difundido el pasado miércoles, la Mesa Política Nacional del Frente Amplio DECLARA:
1. Que nuestra fuerza política es inclaudicable en la defensa de los Derechos Humanos en todas sus expresiones y condiciones.
2. Que las premisas que defendimos en octubre pasado, de la No Criminalización de los Jóvenes enmarcadas en la victoria del NO A LA BAJA siguen vigentes y son motivo de nuestro accionar y prácticas cotidianas.
3. Que entendemos que son acciones graves, condenables e injustificables que merecen un accionar claro y decidido por parte de nuestros compañeros y compañeras en el Poder Ejecutivo (SIRPA, INAU y MIDES), quienes ya han tomado las medidas administrativas correspondientes, las cuales respaldamos.
4. Que respaldamos a nuestros legisladores y gobernantes en la puesta en práctica de leyes y políticas de educación, inserción y rehabilitación con base en la defensa de los derechos humanos de todas y todos. En este sentido valoramos como altamente positivo el envío al Parlamento del Proyecto de Ley que separa el SIRPA del INAU.
APROBADA POR UNANIMIDAD
Montevideo, 07 de agosto de 2015
Adolescentes. Universidad reafirma compromiso con defensa de derechos humanos en todo contexto
Ante los hechos recientes de violencia institucional contra adolescentes privados de libertad, la Universidad de la República expresa su «disposición a continuar y profundizar su participación en actividades orientadas a mejorar la situación de los sistemas de privación de libertad en el país, a combatir la estigmatización y la criminalización de la juventud y la pobreza».En una declaración firmada por el rector Roberto Markarian y el vicerrector Hugo Calabria, la Udelar expresa «su beneplácito por la rápida reacción de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y las autoridades del INAU». A seguir el texto completo.
Necesidad de una exhaustiva investigación
«Ante los hechos de pública notoriedad sobre situaciones de violencia institucional contra adolescentes privados de libertad y a cargo del Estado, la Universidad de la República expresa:
1. Que incidentes recientes confirman denuncias e informes anteriores que muestran que no se han logrado las mejoras necesarias en cuanto a la dignidad en el trato a los adolescentes privados de libertad y al desarrollo de políticas para su reinserción y educación.
2. La necesidad de una exhaustiva investigación sobre los hechos ocurridos y la eventual asignación de las responsabilidades que correspondan.
3. Su beneplácito por la rápida reacción de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y las autoridades del INAU.
4. El compromiso de la Universidad con la defensa de los derechos humanos en todo contexto.
5. La disposición a continuar y profundizar su participación en actividades orientadas a mejorar la situación de los sistemas de privación de libertad en el país, a combatir la estigmatización y la criminalización de la juventud y la pobreza.
Roberto Markarian, Rector de la Universidad de la República
Hugo Calabria, Vice-Rector
Montevideo, 10 de agosto de 2015».
El padre Mateo Méndez quien durante seis meses de 2008
dirigió el Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil (Interj, lo que
hoy es el Sirpa), dijo a Rompkbzas que hay caminos para la
rehabilitación de los jóvenes en conflicto con la ley.
“Nuestro protocolo siempre fue dialogar. En
un motín pudimos llegar a sentarnos y conversar con los jóvenes y nos
pusimos de acuerdo en que había que atender un par de reclamos como más
tiempo de recreo y poder bañarse todos los días. Se les hizo entender
que lo que pedían con violencia se podía obtener con diálogo. En ese
motín terminamos comiendo asado con los jóvenes y recogiendo juntos los
escombros y limpiando las celdas”, dijo Méndez quien lideró el
Movimiento Tacurú, el proyecto Caqueiro en Rivera y hoy dirige Minga en
Las Piedras.Para el sacerdote cada centro debe tener su proyecto, no debe existir complicidad entre los adolescentes y los funcionarios y el educador debe pasar por un período de prueba para comprobar si está apto para esta tarea.
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