El protocolo de los gordos

Gordos apaleadores reducen protesta de menores

Ya desde las anteriores agresiones ha quedado claro que el maltrato, las golpizas, el aislamiento y otras variantes de perversas mortificaciones a los detenidos SON TORTURAS Su repetición indica impunidad y desprecio tanto a la Convención de la ONU sobre la infancia como a la también Convención de la ONU contra la tortura. El que los ejecutores sean funcionarios del Estado que torturan a menores privados de su libertad por el Estado convierte estas situaciones en delitos de lesa humanidad. Para ellos no hay justificación alguna, los cobardes responsables, los torturadores, deben de ser despedidos de inmediato. La presencia en el lugar de un dirigente sindical que ni interviene ni trata de frenar la tortura inhabilita a dicho sindicalista como dirigente. Debe renunciar o ser renunciado. Los sindicatos no cobijarán a torturadores ni tampoco cobijarán a los que cobijan torturadores, por más dirigentes que sean y peor aún si son dirigentes centrales del PITCNT. Joselo López debe renunciar o ser removido de su cargo en el PITCNT, esto es una cuestión de principios abonada por la sangre derramada por miles de sindicalistas torturados o asesinados en la tortura.

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Los antecedentes de denuncias en hogares del Sirpa

El padre Mateo Méndez dijo que el video del Sirpa le generó "indignación"

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Comunicado de PRENSA ante un nuevo episodio de violaciones a los derechos humanos en cárceles de adolescentes 

Montevideo, 06 de agosto de 2015

El Comité de los Derechos del Niño Uruguay y las organizaciones firmantes ante un nuevo episodio de violaciones a los derechos humanos en cárceles de adolescentes reitera:

1. Estos episodios de violencia institucional son parte de una lógica de ejercicio del poder instaurada desde hace más de 20 años en estos centros, que se han expandido y profundizado como forma habitual de práctica desde la pasada administración. Estos métodos cotidianos de trato con adolescentes detenidos son los que hemos denunciado junto a los familiares de los detenidos y a lo que se ha respondido con silencio, con ataque a los denunciantes o, directamente, con el aval u ocultamiento de las prácticas denunciadas.
2. Los protocolos internos de actuación, aprobados por el Estado uruguayo de acuerdo a la normativa internacional vigente, establecen: “Sólo podrá hacerse uso de la fuerza o de instrumentos de coerción en casos excepcionales, cuando se hayan agotado y hayan fracasado todos los demás medios de control y sólo de la forma expresamente autorizada y descrita por una ley o un reglamento¹.”
3. La banalización de la tortura y los ataques de dirigentes sindicales a las organizaciones defensoras de ddhh toda vez que toma estado público un episodio de violencia institucional, forman parte de una triste página que aleja al sindicalismo de su otrora rol en defensa de las causas más elementales de derechos humanos. Solamente con la actuación judicial no se termina con la cultura de la tortura. Por eso es responsabilidad de los integrantes de la central de trabajadores condenar, desterrar y eliminar estas prácticas. Nada nunca puede legitimarse en el presente cuando se actúa a la sombra de las herramientas heredadas del Terrorismo de Estado.
4. Exigimos una pronta actuación de la justicia penal ante las denuncias presentadas. Exhortamos al sistema de justicia de adolescentes (jueces, fiscales y defensores) a que termine con la desidia institucional para que otorgue las garantías del debido proceso a los adolescentes privados de libertad. Demandamos más presencia en los ámbitos que correspondan para prevenir y desactivar estas situaciones.
5. Solicitamos a los partidos políticos una manifestación clara acerca de la violencia institucional en el sistema de privación de libertad adolescente y, a su vez, un cambio radical en las políticas públicas en materia de administración de justicia penal juvenil. Puesto que todos los partidos aprobaron -en los últimos años- leyes de carácter netamente regresivo, que promovieron la criminalización de los adolescentes y fomentaron el populismo punitivo. Los discursos pronunciados por actores políticos, sindicalistas y operadores del sistema de justicia son construidos bajo una misma matriz de hegemonía conservadora.

Adhieren:
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos

Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU)

Comité de los Derechos del Niño Uruguay (CDNU)

PRODERECHOS

Casa Bertolt Brecht

Mujer y Salud en Uruguay- MYSU

Cotidiano Mujer

Mujer Ahora

Ovejas Negras

Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR)

Servicio Paz y Justicia Uruguay (SERPAJ)

Centro de Archivos y Acceso a La Información Pública (CAINFO)

Vida y Educación

Defensa del Niño Internacional DNI

El Abrojo

SAI Arcoiris

Coordinadora de Apoyo a Madres y familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos

Gurises Unidos

RebelArte

Agencia Voz y Vos

El Tejano

Luna Nueva

Red Uruguaya Contra la Violencia Doméstica y Sexual

Te Digo la Otra

Defensa de los Niños Internacional- DNI

Asociación Civil El Paso

Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar (RELAF)

Instituto de Promoción Económico y Social del Uruguay (IPRU)

Ciudadanías en Red (CIRE)

Comisión NO a la baja Flores

Comisión NO a la baja Salto

La Barca

Fundación Ricardo Zabalza

Fundación Justicia y Derecho

La tortura no se negocia, se denuncia y se investiga

>>> El video
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El presidente del sindicato del Instituto del Niño y Adolescente (INAU) y vicepresidente del Pit-Cnt, Joselo López, indicó que los trabajadores que intervinieron en los incidentes en el Hogar Ceprili del Sirpa actuaron en base "al protocolo de intervención".

En un video difundido por El Observador este miércoles, se ve la presencia de dos jóvenes que abandonan sus celdas y pretenden ser atendidos. Al no recibir respuesta de los funcionarios que estaban en el lugar, comienzan a romper una loza del piso.
Al mismo tiempo, se realizaba en ese hogar una asamblea del sindicato del INAU por un intento de fuga que se dio anteriormente, donde cuatro funcionarios y dos internos habían resultado heridos.
En determinado momento, según se ve en el video, los funcionarios se hacen presentes donde estaban los dos jóvenes y comienzan a reducirlos de manera violenta. De allí en adelante, ingresan más funcionarios, llegando a ser más de 20, creándose una situación en la que notoriamente nadie dirige el accionar. Con la misma violencia, los trabajadores sacan a otros jóvenes de sus celdas y los reducen de igual manera. 
Incluso, uno de ellos se niega a salir y un funcionario lo saca con gas mediante un bomberito, lo que a su vez motiva un ahogo en el joven que no es atendido enseguida, sino un rato después, con un inhalador.
Joselo López, cuya presencia se puede ver en el lugar de los hechos, dijo a El Espectador que la unidad de traslado y seguridad es la que actúa en estos casos y que se basó en el protocolo existente.

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>>> Entre bomberos no se pisan la manguera

 

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Betania Nuñez
6 agosto 2015

Más que mil palabras  

El poder de las imágenes descorrió el velo. Tras la divulgación de un video que muestra cómo una horda de funcionarios reprime brutalmente a un grupo de adolescentes privados de libertad, apareció la indignación, ahora sí, de la sociedad uruguaya. Las imágenes traen consigo la incertidumbre sobre la actitud que tomará el gobierno y el PIT-CNT.

Las palabras se tradujeron en imágenes. Las denuncias que hace años reiteran organizaciones sociales e instituciones internacionales, familiares y adolescentes privados de libertad, autoridades y trabajadores del Inau, se materializaron en un video que muestra la violencia con que un grupo de al menos 20 funcionarios –algunos de ellos a las patadas y con saña– reprimieron el pasado 24 de julio a varios adolescentes internados en el Centro de Privación de Libertad, que desde un patio con rejas, y con golpes, gritos y algunos destrozos, llamaban la atención de los funcionarios (véase recuadro “En patota”).
En modo respuesta automática, el presidente del sindicato y vicepresidente del Pit-Cnt, Joselo López, se embarcó en un manido tour por los canales de televisión y repitió el discurso de siempre: que los procedimientos se ajustan al protocolo, que no violan los derechos humanos, que “como sindicato hicimos lo que teníamos que hacer, y lo volveríamos a hacer”, tal como dijo, por ejemplo, a Telemundo. Creyó que, como de costumbre, sería suficiente explicación. Pero desestimó el poder de la imagen.
A 24 horas de que El Observador y Subrayado difundieran el video, la indignación social se hizo casi unánime; en las redes sociales se replicó con furia el video, con comentarios de repudio al sindicato y a López; varias paredes cercanas a la sede del Pit-Cnt amanecieron con pintadas del tipo “Si torturar es un trabajo, sos el primer trabajador. Joselo renunciá”, o “Joselo: no hay protocolo que termine en tortura”.
Políticos del Frente Amplio (FA) y de la oposición fueron duros con el sindicato y patearon la pelota a la cancha de la central sindical. “La patota de tipos que se la dieron a los dos pibes de la colonia del Inau y su líder @joselosuinau, una forma de naturalizar la violencia”, escribió sin vueltas en Twitter el diputado socialista Daniel Arbulo.
Propios del Pit-Cnt, que inmediatamente después de difundidas las imágenes habían respaldado y repetido el speech de López, matizaron su apoyo: “Visto de afuera, a mí no me gusta lo que veo. Capaz que habrá otros procedimientos similares, capaz que en la interna está legitimado. Sobre eso es que hay que establecer con claridad”, dijo al semanario Búsqueda el secretario general de la central. Otros, en una escena inusual, fueron más categóricos al cuestionar la actitud de los trabajadores del Inau (léanse las opiniones de Richard Read en el recuadro “Diametralmente opuesto”). En este contexto, no está claro cuál será el panorama del próximo martes, cuando el secretariado de la central obrera se reúna y discuta el tema. No obstante, resulta significativa la ausencia de López en la mesa de oradores durante la conferencia de prensa que la central sindical dio ayer jueves, en el marco de su primer paro general desde el inicio del nuevo gobierno.
También se expresaron instituciones como Unicef, que en un comunicado sentenció: “Las imágenes muestran la utilización innecesaria y desmedida de la violencia”, y agregó que “preocupa” su naturalización a través de dichos como “normalmente se actúa así” y que “la actuación responde al protocolo vigente”.
En medio del revuelo mediático las autoridades se llamaron a silencio, y pese a que Brecha llamó insistentemente a la presidenta del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), Gabriela Fulco, a la presidenta del Inau, Marisa Lindner, y a la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, no obtuvo respuesta. Quien sí habló fue el director y miembro de la Comisión Delegada del Sirpa Edgard Bellomo, que explicó los entretelones de la presentación de la denuncia ante la justicia, de la que forman parte el video y los registros médicos que dan cuenta de las secuelas de la golpiza en los adolescentes.
A LA JUSTICIA. “Hoy (por el miércoles) se ratificó la denuncia. Se borró el nombre del director del centro, Alfredo Rivas, que se lo mencionaba para decir que no se le pidió autorización para hacer la asamblea. Y se borró el nombre de Joselo López, del que se decía que era llamativa su participación” durante la represión a los adolescentes, dijo a Brecha el director. De hecho, confirmaron Bellomo y diversas fuentes, la carátula original del expediente era “Fulco contra José López”. La presidenta del Sirpa había pedido a su asesora letrada, Mónica Rodríguez, que presentara una notitia criminis (una nota con información sobre hechos que podrían considerarse pasibles de ser juzgados). Pero en lugar de eso la abogada habría presentado directamente una denuncia el viernes 31 de julio y vuelto al Sirpa con el número de expediente y el número de juzgado que la recibió.
Sin embargo, la versión que maneja la justicia es otra. Tanto la fiscal Adriana Umpiérrez como el juez Gustavo Iribarren dijeron a este semanario que la denuncia se concretó recién el miércoles 5, por lo que no hubo una primera y una segunda carátula, y que lo que se trasladó el 31 de julio fue una consulta a la Oficina de Recepción y Distribución de Asuntos del Poder Judicial para averiguar en qué juzgado penal correspondía efectuar la denuncia. El mismo miércoles, pocas horas después, se sumó una denuncia de la Institución de Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) ante el Juzgado Penal de 3er Turno. Allí se puso a disposición información recabada el 27 de julio durante una visita que hizo la institución para relevar lo ocurrido en el motín del 24, en la que se tomó testimonio a cinco adolescentes, se realizó un registro fotográfico del lugar y de uno de los agredidos, al que durante la golpiza los funcionarios le partieron varios dientes. En la misma denuncia, a la que accedió Brecha, se establece que “la gravedad de estos hechos comprometen seriamente al Estado uruguayo al constituirse en garante de la integridad física y psíquica de los adolescentes privados de libertad” y que “los actos cometidos son de especial significación y magnitud no sólo de quienes golpean a los adolescentes sino de todos aquellos quienes presencian impasibles esta escena dantesca”.
Por estas denuncias el juzgado dispuso que el próximo lunes declaren Fulco e integrantes de la Inddhh, además de solicitar al Inau que identifique a los funcionarios que participaron en los hechos y que están registrados en la grabación. Por el momento, Brecha detectó entre el malón de funcionarios a Wilmar García, Luis Escuarcia y Henry Ponce, todos señalados en diversas denuncias por maltratos, todos miembros del primer tribunal de concursos del Sirpa (que en 2012 se encargaba de determinar quiénes ingresaban como nuevos funcionarios), todos con cargos de dirección actuales o pasados en el sistema de privación de libertad. Hay además otros funcionarios de la vieja guardia (véase recuadro “Estos son”), mezclados entre nuevos trabajadores.
IGUAL QUE AYER. “Todas las semanas estamos iniciando dos o tres investigaciones, no hay semana que no haya alguna sanción, y ha habido ya algunos pedidos de destitución al directorio del Inau”, aclaró Bellomo en relación con la política cotidiana de la administración. El jerarca dijo sobre los hechos registrados: “Nunca tenemos tantos funcionarios para reprimir ni para atender las situaciones, no creo que este sea el procedimiento normal, pero lamentablemente todas las semanas estamos detectando malos procedimientos y recibiendo denuncias”. Y es que los abusos no empezaron ayer: “Estos episodios de violencia institucional son parte de una lógica de ejercicio del poder instaurada desde hace más de 20 años en estos centros, que se ha expandido y profundizado como forma habitual de práctica desde la pasada administración”, expresó ayer jueves en un comunicado el Comité de los Derechos del Niño.
Salvo durante la gestión de Ruben Villaverde, en la que sugestivamente hubo paz sindical, ausencia de fugas y reducción de motines, en el resto de las gestiones frenteamplistas, a veces explícita y otras más sutilmente, los presidentes de la institución alegaron que su alejamiento se debía a la imposibilidad de desarrollar un plan de transformaciones debido al relacionamiento con el sindicato. Mateo Méndez, a su salida en 2009 y sólo seis meses después de asumir el cargo, dijo que se trata de un ámbito que “tiene mucho de enfermo, de perverso y de corrupción”, y donde “el poder político o sindical” se utiliza “para recaudar beneficios personales o sindicales”. En las mismas circunstancias, aunque más poéticamente, Rolando Arbesún twiteó que “parar las fugas era un imperativo moral con la ciudadanía, mi renuncia un imperativo moral con mi conciencia”.
Algunos años después, este miércoles, al mismo tiempo que se difundía el video de la golpiza se grababa otro en el que, a lo barra brava, algunos funcionarios cantaban, micrófono en mano y con Joselo López arengando detrás, “Fuera la Fulco/ del Sirpa ya / Vamo’ la Berro/ que no se va”. Es parte de la misma historia.
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El video según Richard Read, dirigente del Pit-Cnt

Diametralmente opuesto

“Lo que se ve realmente asusta”, manifestó en diálogo con Brecha Richard Read, dirigente sindical. “No sólo es grave la violencia física, que los caguen a patadas en el piso, sino el patoterismo, que entren 30 tipos a patotear”, dijo el dirigente, quien agregó, en clara discrepancia con lo manifestado a la prensa por Joselo López, que “no creo que eso (la actuación de los trabajadores) esté dentro del protocolo de un funcionario público que atiende a gurises menores de edad”. El sindicalista remató: “Lo peor que se puede hacer es actuar con corporativismo. Este va a ser el primer tema de la agenda del secretariado del martes. Hay un tema de derechos humanos que no se puede obviar”.

El video y su contexto

En patota

Los funcionarios tardan en reaccionar, pero cuando lo hacen aparecen en patota. Hacía más de tres minutos que dos adolescentes habían estrellado una tapa de hormigón contra el suelo y trataban de usarla para romper los candados de las celdas del Centro de Privación de Libertad (Ceprili). Como algunas otras veces durante esos minutos, los internos se acercan y gritan para reclamar la atención de los funcionarios a través de una puerta enrejada que los separa de la asamblea. Esta vez alguien se acerca. De un lado de la reja, dos adolescentes desarmados; del otro, decenas de funcionarios que se amontonan y esperan todavía un minuto más mientras aúnan fuerzas. Los adolescentes reculan pero más de veinte funcionarios se abalanzan sobre ellos, los tiran al piso, los esposan, los patean, los hieren. Después del primer amontonamiento se ve que uno de ellos queda inmóvil por algunos minutos, al otro le mana sangre del cuello.
Es 24 de julio y faltan pocos minutos para las 8 de la noche cuando se desata lo que los funcionarios catalogarán luego de “motín”. El registro de las cámaras de vigilancia no tiene audio pero los gritos se escuchan a través de los gestos, la mano dura a través de los golpes y la complicidad a través de la participación de decenas de funcionarios. Cuando los dos jóvenes ya están esposados, boca abajo en el piso, ingresa al patio central que da a las celdas Joselo López, vicepresidente del Pit-Cnt y presidente del sindicato de Inau, que se acomoda a un lado, manos en los bolsillos y observa lo que sucede. Pero pese al relato que construyen las imágenes que López presenció, dirá antes de la difusión del video que la seguidilla de motines se debe a que Fulco dio orden de reducir a los gurises con colchones para no entrar en contacto físico directo, lo que genera que los trabajadores tengan miedo de actuar por posibles sanciones. Declarará al portal del Pit-Cnt que “mientras nosotros estuvimos reunidos, éramos seis personas allí, pero el resto de los trabajadores estaban en sus lugares de trabajo”. Y resumirá el hecho en una judicialización más de la protesta.

“Así es el Suinau”

Lo que sigue es un comunicado de la lista 10 del Sindicato Único de Trabajadores del Inau, la que desde hace años coloca en la presidencia del sindicato a Joselo López y que ha sido coherente en la defensa cerrada de los funcionarios denunciados por abusos, malos tratos y torturas dentro de los centros de privación de libertad. Refiriéndose al comunicado que sigue, López aseguró a la prensa no ser el autor, pero sí compartir los puntos que plantea. Huelgan los comentarios:
“¡Pa’ que vayan sabiendo!: En este momento la reflexión que se nos ocurre es pensar que es demasiado evidente la campaña contra nuestro sindicato, y contra nuestro compañero presidente, y lo que se nos viene a la mente es el Suinau impone respeto, les guste o no les guste al poder de turno, siempre fuimos iguales, siempre defendimos a los compañeros a ultranza, jamás dejamos a un compañero tirado, así es el Suinau, así hemos sido históricamente, aunque intenten desvirtuar la verdad algunos medios de prensa que le hacen la ‘venia’ a la innombrable full coronel (por Gabriela Fulco, actual directora del Sirpa), que lo tengan claro si nos quieren doblegar todo el Suinau va a redoblar. Conocemos bien estas luchas a contramano, ¿saben por qué?, porque en el Inau, trabajamos en las peores condiciones, para que los gurises tengan la mejor calidad de atención, y si será que sabemos los trabajadores del Inau lo que significa tener todo en contra y salir adelante de todas maneras.
Hoy tuvimos una nueva oportunidad de mostrar y demostrar la fuerza y la unidad que caracteriza a nuestro sindicato, más de 800 compañeros se movilizaron hasta las cerradas oficinas del Sirpa, y ahí full coronel acuarteló a sus alcahuetes que no dieron la cara, y lo decimos sin vuelta: ¡no tenemos miedo!, ¡tenemos convicciones y principios que defenderemos con uñas y dientes!, ¡más que nunca viva el Suinau!, ¡más que nunca por una patria sin gurises marginados ni trabajadores explotados!, ¡solidaridad con los compañeros de Rivera y Cerro Largo, recientemente procesados en el desempeño de la función!”.

Los funcionarios registrados

Estos son

Algunos de los funcionarios de la vieja guardia que participaron de la asamblea del 24 de julio en el Ceprili y que fueron registrados por las cámaras de seguridad son Gustavo Olivera, Walter Barboza, Pablo di Mateo, el “Bocha” Sarmiento, Artigas Rodríguez, Antonio Millán, Gustavo Martínez, además de los ya mencionados Wilmar García, Luis Escuarcia y Henry Ponce.

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Daniel Erosa
16 agosto 2015

La rosca impune  

La aparición del video de la represión en el INAU termina por despejarles muchas dudas a los incrédulos. Otros, convenientemente, seguirán dudando. Mientras, el sindicato de trabajadores cierra filas para amparar a los torturadores y acusar a los denunciantes.

El relato de los hechos huele a rancio. Hace por lo menos 20 años que gira esta calesita de denuncias de torturas y prácticas sistemáticas de violencia en el sistema de privación de libertad de los jóvenes infractores, y la negación –también sistemática– del sindicato de trabajadores del Inau, que cierra filas para amparar a los torturadores y acusar a los denunciantes. Era previsible que ante la postura adoptada por la actual presidenta del Sirpa, Gabriela Fulco, de no admitir el maltrato, el sindicato le declarara la guerra. Lo que no era previsible era la aparición de este video que termina por despejarles muchas dudas a los incrédulos. Otros todavía, convenientemente, seguirán dudando.
En la historia reciente el sistema ha cambiado muchas veces de nombre y de directores, pero las peores prácticas sobreviven en la oscuridad sórdida de los centros de detención que paradójicamente se llaman “hogares”. Los distintos gerentes que actuaron en los últimos años, con estilos y estrategias diferentes han intentado revertir la tradición de abusos, corrupción y violación sistemática de los derechos humanos, pero fracasaron con todo éxito. Así pasaron Carlos Uriarte, el padre Mateo, Jorge Juroff, Rolando Arbezún, por nombrar sólo algunos de los que asumieron durante los gobiernos frenteamplistas. Unos se retiraron calladitos, otros sentenciaron abiertamente a la institución: está enferma y alberga todo tipo de canalladas. Para investigar más adelante está el caso de Ruben Villaverde, que quién sabe a qué precio consiguió el cero en las fugas y la desaparición en las noticias de los clásicos motines adolescentes. Indudablemente no hizo de-
saparecer la memoria más podrida del sistema, porque apenas asumió Fulco las fugas y los motines rebrotaron como hongos. ¿Será casual?
¿Y por qué se puede cronificar esta barbarie impune? Porque las lógicas que se enquistan en el encierro condicionan cualquier proyecto o propuesta socioeducativa o de rehabilitación. Amparados en que para casi todo el resto de la sociedad –el sistema político incluido– lo único que importa respecto de los jóvenes infractores es que estén encerrados, se han atrincherado en los puestos de poder varios funcionarios –según una fuente consultada: “casi todos golpeadores, con varias denuncias y sumarios, y muchos tienen antecedentes penales”– que manejan las direcciones de los distintos centros e integran los tribunales que eligen al personal, escogiendo siempre gente “del palo”. Así, según la fuente, “hay complicidades en las fugas, hay núcleos mafiosos de protección y de silencio” donde abundan las mentiras, que pueden ser “por complicidad o por miedo”. Así, “hay deslealtades permanentes, y si no estás en la rosca te aíslan, te dejan solo y no resistís”. Ese corporativismo mafioso se resiste obviamente a la existencia de protocolos de actuación –aunque públicamente los reclamen–, privilegia la lógica del menor esfuerzo y expulsa a los funcionarios que llegan al sistema con la idea de poner a los internos en el centro de su atención. Esta “rosca” es cobijada por la discrecionalidad y cierta desidia de las autoridades: no hay una presencia institucional en la regulación de las prácticas cotidianas del sistema, y el bajo nivel de formación de los funcionarios hace que muchas veces intenten solucionar las situaciones conflictivas de forma doméstica: me-pegás-te-pego-más. En ese marco prima la manera de hacer de los funcionarios “experimentados” y el respaldo del sindicato que con elocuencia se expresa en un reciente comunicado de antología: “El Suinau impone respeto, les guste o no les guste al poder de turno, siempre fuimos iguales, siempre defendimos a los compañeros a ultranza”.
Pero defender los derechos humanos de los adolescentes encerrados no paga ni un voto. Por eso el sistema político mira vergonzantemente para el costado un segundo después de hacer declaraciones rimbombantes y garantistas. Y a la hora de actuar, los únicos que están son los “brazos gordos” haciendo lo que saben hacer, a sus anchas. Así, como dijo un viejo militante del Suinau, “aunque pongas al papa Francisco a dirigir la cosa, va a fracasar, el problema es la privación de libertad y no ensayar ninguna otra opción”.

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Están naturalizando la tortura

Legalizando la sociedad carcelaria, se viene El Guardián.

¿No es hora de decir ¡BASTA!?

Las imágenes de la represión a jóvenes por parte de funcionarios del hogar Ceprili del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU),son más poderosas que mil palabras. Pero sin duda no debemos callar. Esta afrenta a estos gurises es la afrenta a todos nosotros y a la memoria.

Las imágenes de milicos yanquis golpeando y matando negros por ser negros no tienen nada de diferente con la actuación de esta patota organizada, siendo amparados por el dirigente Joselo López del SUINAU, y por todos los que no hablan y estuvieron en esa Asamblea que irrumpe y reprime.

Las palabras del Sr. Joselo López para justificar el video trascendido fueron: “Normalmente se actúa así. Es parte del protocolo”. Sus palabras, nos devuelven el carácter de dirigente que es y tienen el mérito de develar sin tapujos el habitual comportamiento tras los muros. Y preguntamos: ¿no es complicidad la de sindicatos que callan, contemplan y justifican las estrategias destructivas contra los más desamparados? Rescatamos  la conducta de quienes han denunciado una y otra vez cuál es el sistema, cuál es la política que sostiene estas prácticas sistemáticas.

Este mal trato convertido en acciones diarias nos da la real dimensión del régimen que se aplica a niñas, niños y jóvenes. La violación, la prostitución, la tortura sigue instalada. 

Las palabras del ahora dirigente del PITCNT, que acaba de recorrer Europa en nombre de los trabajadores uruguayos, son la naturalización de estas prácticas represivas. Es decir, lo que hace el Estado en barrios, comisarías, cuarteles y cárceles.

Las potentes imágenes no son lo único importante. Estas acciones, al igual que Joselo, tienen defensores y no son solo abogados. Emanuel Seropián, quién se definió como compañero del dirigente en su cuenta de Facebook, dijo “Yo no vi ningún exceso de fuerza y me pareció que se manejaron bien, protegiéndose en primer lugar los funcionarios, como corresponde. Los internos del SIRPA no son carmelitas descalzas, no son pobres huérfanos sin hogar, son delincuentes menores de edad que comenzaron rompiendo una tapa de cemento (rompen bienes públicos) para obtener piedras (objetos contundentes) y uno se pregunta ¿con qué fin? ¿Pacífico? ¿Qué era eso sino un inicio de un motín y de una agresión mayor, con intención de romper más los bienes públicos y con la intención de agredir a los funcionarios? Se ve claramente que estos delincuentes allí encerrados no tienen respeto alguno por la autoridad (si lo hubieran tenido alguna vez no estarían allí) (…).”Toda una mentalidad reflejada en pocas líneas. Todo un alegato a favor de mantener cárceles y carceleros. Toda una alegoría que defiende el status actual, la “autoridad”, que carece de sueños. Es así como piensan muchos: “No hay otra que reprimir”.

Sabemos bien que el sistema no crea carmelitas descalzas, crea la horrenda barbarie de pobres contra más pobres. La justificación de la represión, la tortura, el abuso, tiene implícita la violación de los Derechos Humanos (DDHH)y la fundamentan en que “¡son delincuentes irrecuperables!”.Pero están hablando de jóvenes, niños o niñas. Así el Estado se deslinda de la responsabilidad que tiene en las conductas de estos jóvenes, como si nada tuviera que ver con la violencia que se expande.

La defensa de los derechos de los trabajadores no justifica que estos asuman la violación de los DDHH. La seguridad de los trabajadores no justifica ni los habilita a  reprimir. Ese perverso planteo naturaliza la oscura condena  a los gurises. Si debemos luchar por cambiar las cosas, ¿No es más humano tejer las redes solidarias que nos diferencien del enemigo del garrote?

El Sr. Joselo López–Sr. porque no es compañero nuestro-, vicepresidente de la Mesa Representativa del PIT-CNT, dice que estuvo allí como garante. ¿Garante de qué? ¿De que golpearan a los gurises? Hace poco, el dirigente López asumió ese rol sindical en la central de trabajadores con el voto de más de mil delegados en el último Congreso del PIT-CNT. ¿Qué harán ahora? Hace algunos días, Aníbal Corti escribió en el semanario Brecha que con esta promoción de Joselo se ha optado“ por ser moral y políticamente cómplices de la tortura en los centros de detención de adolescentes del Inau”.

Nosotros y nosotras no queremos mirar para otro lado. Por eso no solo condenamos la larga lista de violaciones en estos sitios, condenamos al sistema del encierro en sí, condenamos la impunidad de ayer y hoy, condenamos las torturas de ayer y hoy.

Todos estos delitos cometidos contra cualquiera en cualquier lugar del mundo y tiempo merecen memoria y condena social, merecen justicia.

Tanto los torturadores como los que miraron sin intervenir, intervinieron. El sistema represivo es eso, un sistema. Actúa en cadena: alguien mandó a matar o torturar, alguien torturó, alguien ejerció el abuso; todos deben ser repudiados.

Es  igual a lo que fue bajo el terrorismo de Estado, el que miró como violaban a una compañera, hoy el que vende a gurisas del INAU en Rivera para ejercer la prostitución, el que dispara sin más a un gurí en la calle. Todos son culpables. No hay obediencia debida que los justifique. Y si Joselo López “garantizó” la aplicación de ese protocolo merece el repudio, al igual que los que salen a ampararlo sosteniendo que la única salida es la defensa a ultranza.

¿O acaso no debemos matar en nosotros al milico que llevamos dentro? Si nos creemos el discurso de una sociedad compuesta por “buenos trabajadores” o “buenos vecinos” por un lado y los “delincuentes” por otro, caemos en una moderna teoría de los dos demonios. Antes eran los tupas y los milicos fachos; ahora son “los buenos” y “los delincuentes”.

¿Acaso no sabemos quiénes somos? ¿Acaso no sabemos quiénes son? Para nosotros y nosotras la base sustancial de esa violencia está en la injusticia social. Es la que toma nuestras vidas para su existencia, que se cobra la vida de tantas mujeres, niños, niñas y jóvenes, de seres indefensos, la que nos encierra tras las rejas, tras las empresas de (in)seguridad y tras El Guardián. La que se refleja en la obscenidad de la riqueza y la vida esclava de la mayoría de la humanidad. Para justificarla y perpetuarla se edifican más cárceles, se sancionan más leyes que solo amparan y profundizan este estado de impunidad.

Nosotros queremos construir sueños: otra sociedad es posible.

Es hora de actuar contra esta sociedad carcelaria, en la cotidianidad de nuestras cabezas y acciones.

Es hora de rechazar los asquerosos intentos de “reformar las cárceles” y de oponernos a este sistema de muerte. Es hora de ejercer la solidaridad.

Contra la impunidad de siempre, memoria y justicia.