Las cuadernolas de Blas

DGI denunció a Blás por defraudación y el sector atribuye intencionalidad política

La Dirección General Impostiva (DGI) denunció al edil y candidato blanco a la intendencia, Rodrigo Blás, (Unión y Cambio) por presunta defraudación tributaria en la venta de terrenos del fraccionamiento Valle Di Saronno. La información, divulgada este viernes por el semanario Brecha, fue atribuida por el edil Federico Casaretto a una maniobra política. El abogado de Javipark SA, Álvaro Villegas, presume que la DGI violó el Código Tributario. Por su parte, Luis Lacalle Pou dijo que aguardará el fallo judicial. (actualizado 18.00 hs)
Según el semanario capitalino, Blás y otras seis personas (entre estas otro edil y tres escribanos) fueron denunciados ante la justicia del Crimen Organizado por maniobras para evadir al fisco. La presunta defraudación tributaria se habría producido cuando Blás Propiedades escrituró terrenos que vendía para Javipark SA en el Valle Di Saronno, por montos inferiores acordados con los compradores.

De acuerdo a la publicación, los escribanos eran aportados por la inmobiliaria e inducían a los clientes a declarar montos inferiores mediante engaños. Con esto, según los cálculos de la DGI, se habría defraudado al Estado por unos 6,7 millones de pesos (poco más de 300.000 dólares).

El semanario también indica que la causa judicial está en manos del fiscal nacional Juan Bautista Gómez, quien ya dio las primeras instrucciones para la investigación.

VIOLACIÓN A LAS NORMAS
El abogado de Javipark SA, Álvaro Villegas, manifestó este viernes en FM Gente su molestia porque el expediente de la denuncia “se filtró” a la prensa sin que los denunciados hayan sido notificados ni tuvieran conocimiento de las acciones de la DGI. A su juicio, tal acción vulnera el derecho al secreto tributario, por lo cual anunció que presentarán un escrito ante el organismo estatal “para intentar aclarar esta situación”.

El defensor dijo que a la empresa Javipark SA, de la que Blás es apoderado, “no le consta” esa información. “Las actuaciones administrativas en el ámbito de la DGI están enmarcadas en el secreto tributario y si es que se les hizo una denuncia en el juzgado, hay una reserva presumarial”, enfatizó. Añadió que la presunta violación del secreto tributario había sido advertida por Javipark SA mediante la presentación de un escrito, el 11 de setiembre pasado.

A su juicio, que la prensa se haya enterado antes que los involucrados “es revelador de que estamos ante una situación más política que jurídica”, insistió Villegas, ya que los involucrados no fueron notificados ni han podido realizar “descargos mediante el otorgamiento de una vista” al expediente.

Villegas evitó dar detalles del caso ni expedirse sobre la denuncia. “Si el tema llega a estar en la órbita judicial, se estará ante un Poder independiente, con todas la garantías, para exponer los elementos que se cuentan”, se limitó a expresar. “Enfatizó que Blás no es accionista de Javipark, es un intermediario, y estamos ansiosos de acceder al contenido de ese expediente”, remarcó.

“Es grave la filtración de una serie de actuaciones que tienen carácter reservado para garantizar el efectivo ejercicio del derecho a defensa y a la intimidad. Si se elevaron los antecedentes a la justicia habrá que ver si el fiscal efectuará o no una acusación y habrá que estar a lo que resuelva la Justicia”, concluyó.

INTENCIONALIDAD POLÍTICA
El edil Federico Casaretto atribuyó una “intencionalidad política manifiesta” a la denuncia, que “aparece sin conocimiento de los denunciantes y a diez días de la elección”, además “patrocinada por un operador político del Frente Amplio que incluso aparece en spots de la campaña”.

Añadió que “estas cosas no sorprenden en Maldonado” porque la política se judicializa “sistemáticamente en las campañas electorales”. “Haga memoria de cuál denuncia de una archivó. Esto lo enmarco dentro de la campaña de denuncias a Botana de Cerro Largo, a Zimmer de Colina, a Coutinho en Salto, a Castingdebat en Flores. En Maldonado la figura exitosa en los últimos tiempos ha sido Blás, el Partido Nacional es quien disputa el gobierno al Frente Amplio”, indicó.

También dijo que la DGI le genera “una desconfianza tremenda”, recordando que meses atrás “el Presidente le archivó una denuncia a Paco Casal por un monto de 10 millones de dólares” y miles de irregularidades en declaraciones juradas. A su juicio, ese hecho no da garantías sobre la denuncia de la DGI. Puso en duda, además, que la justicia penal exista y consideró que esto “no hace más que fortalecer” al sector Unión y Cambio.

Opinó que esta es una reacción del Frente Amplio que está “molesto, preocupado y nervioso” por la fortaleza del Partido Nacional en Maldonado.

"HACE MESES QUE SE VENÍA MANEJANDO"
También el ex intendente y candidato a la diputación Enrique Antía fue consultado sobre el caso. Reconoció que lo sigue “atentamente desde hace meses” y deslindó vínculos de su agrupación política, Lista 22, con los dirigentes denunciados, que pertenecen a la Lista 23.

“Yo creo en la justicia de mi país y esto está en manos de la Justicia. Los temas de la vida personal y del manejo empresarial de cada uno poco tiene que ver con la política, la gente es la que después sacará sus conclusiones”, se limitó a señalar, al ser entrevistado por otros temas en FM Gente.

UN TEMA DEL AMBITO PRIVADO
Por su parte, el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, en declaraciones al diario El País, dijo que esperará a conocer el fallo judicial para tomar una resolución al respecto.

“Es un tema del ámbito privado, no es en ejercicio de la política”, argumentó el candidato nacionalista.

Explicó que Blas no es candidato a diputado y que, formalmente, tampoco es candidato a Intendente puesto que aún no se ha celebrado la Convención Departamental Nacionalista que proclamará a quienes participen en la elección de mayo de 2015 como postulantes a Intendente.

De cualquier forma, Lacalle Pou advirtió que “si hay fallo, es otra cosa”. Agregó que “vamos a ser siempre implacables con aquel que actúa mal. Si somos severos con los ajenos, debemos serlo aún más con los propios” .

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Mónica Robaina
17 agosto, 2018

La estructura comercial de la inmobiliaria de Rodrigo Blás fue clave para diseñar y ejecutar un aparato formal ilícito para enriquecimiento indebido / Foto: Leónidas Martínez

El edil herrerista Rodrigo Blás, máximo dirigente de Luis Lacalle Pou en el departamento costero, no fue el único, el organismo de contralor impositivo también sancionó a cinco personas que colaboraron en la maniobra, entre éstas otro edil blanco y un ex jerarca de la antigua Junta Anticorrupción. Paralelamente, el caso está en la justicia penal de crimen organizado desde 2014.
Dos semanas antes de que Rodrigo Blás dejara la presidencia de la Junta Departamental, al cabo de dos períodos de gestión (2016-2018), la Dirección de Rentas confirmó que el político utilizó su inmobiliaria (Blás Propiedades) para evadir parte de los impuestos correspondientes a la venta de terrenos del fraccionamiento fernandino Valle di Saronno, propiedad de la empresa Javipark SA. El 6 de julio el director de Rentas, Joaquín Serra, firmó la resolución –a la que accedió Brecha– que declara a Blás “responsable solidaria e ilimitadamente por el Irae e impuesto al patrimonio, por su actuar doloso en el ejercicio de su función; y personalmente por las acciones de mora, contravención y defraudación” por un total de 57.556.444 pesos (1,9 millones de dólares). En este caso la multa por defraudación equivale a cuatro veces el monto de los tributos defraudados. Por esto también tendrá que responder el empresario argentino Oscar Andorno, quien figura como responsable de Javipark SA, empresa de la que Blás admitió públicamente ser apoderado.
Por otra parte, la Dgi entiende que tres escribanos que trabajan para Blás –José Luis Robatto, miembro de la Junta Anticorrupción durante el gobierno de Jorge Batlle, y dos funcionarias municipales– tuvieron una “participación indispensable en el acto fraudulento” y deberán responder personalmente por defraudación, con multas de 7.337.964 pesos, 24.736.123 pesos y 5.131.896 pesos, respectivamente. Aunque los profesionales alegaron que no están vinculados a Javipark SA y que por eso no se les puede imputar defraudación, la Dgi fundamentó que “faltaron a su deber de depositarios de la fe pública y falsificaron ideológicamente un documento público, lo cual es de trascendencia para que se concretara el engaño”. También se consideró que la participación del edil herrerista Darwin Correa, a cargo de la sucursal fernandina de Blás Propiedades, fue “indispensable” para cometer la maniobra fraudulenta. Una imputación similar se aplicó a la esposa de Blás. Ambos fueron sancionados con 14.389.110 pesos de multa.
Todos los implicados tienen sus bienes y cuentas bancarias embargadas desde setiembre de 2014, y además fueron denunciados por la Dgi en la justicia penal especializada en crimen organizado. Hasta ahora los múltiples recursos que presentaron ante la Dgi y la justicia han sido rechazados. En el ámbito judicial su estrategia de interponer recursos logró dilatar las citaciones de testigos durante meses. No obstante, fuentes del caso adelantaron a Brecha que es inminente el reinicio de las actuaciones a cargo de la sede especializada de segundo turno.
LA MANIOBRA. La Dgi basó su resolución en “exhaustivos informes de la División Fiscalización”, que incluyeron “múltiples declaraciones testimoniales y documentación respaldante”. Así estableció que Javipark SA utilizó la inmobiliaria de Rodrigo Blás para vender inmuebles y operar de la siguiente manera: primero se emitía un boleto de reserva en el que figuraba el precio verdadero pactado entre las partes y por el que el comprador abonaba una seña; el día del otorgamiento de la escritura de compraventa se integraba parte del precio, hasta completar aproximadamente el 40 por ciento; el saldo del 60 por ciento restante que quedaba a pagar en cuotas era el que figuraba como precio en la escritura. “De esta manera, el ingreso o renta bruta consignado documentalmente era significativamente menor al realmente devengado y, por ende, también eran considerablemente menores las obligaciones impositivas asociadas a dicha renta”, resume la citada resolución.
La Dgi también constató que cuando un comprador objetaba la diferencia entre el precio real y el que figuraba en las escrituras se le proponía un acuerdo extrajudicial en el que obtenía beneficios a cambio de guardar reserva sobre el contenido de las negociaciones y “desmentirlas” ante la Dgi, en caso de ser citado. “Con la participación de diversos sujetos y sirviéndose de la estructura comercial de la inmobiliaria de Blás, se diseñó y ejecutó un aparato formal destinado a la obtención ilícita de un enriquecimiento indebido, a expensas de los derechos del fisco”, enfatiza la resolución. Y agrega: “El engaño estaba pergeñado para generar una apariencia de verdad susceptible de error a los funcionarios del fisco. Tan así, que sólo pudo ser expuesto al descubierto por el desarrollo de una exhaustiva y eficaz labor inspectiva, que requirió la colaboración de terceros y una ardua tarea de investigación”. Para esto los investigadores contaron con testimonios de compradores, de escribanos que se negaron a participar de la maniobra, y diversa documentación. Entre esta fueron determinantes varias cuadernolas incautadas en la sucursal fernandina de la inmobiliaria –a cargo del edil Correa–, donde estaban registrados los precios declarados y los verdaderamente cobrados. “El engaño habría tenido total éxito de no haberse presentado la denuncia” por parte de un particular.
Las maniobras confirmadas por los inspectores se registraron entre 2011 y 2014, lapso en el que Blás era edil por la lista 23. En 2014 asumió la presidencia de la Comisión Departamental Nacionalista (cargo que aún ocupa) y trabajó activamente por la candidatura del presidenciable Luis Lacalle Pou. Luego fue candidato de la agrupación Unión y Cambio a la Intendencia de Maldonado, y su caudal electoral resultó determinante para el triunfo de Enrique Antía, en mayo de 2015. Por su poder económico, Blás sigue siendo el máximo aliado en Maldonado para las aspiraciones electorales de Lacalle Pou.
En tanto presidente de la Junta Departamental, se erigió como el principal defensor de los intereses del intendente, sobre todo en la aprobación de excepciones a la normativa para habilitar grandes proyectos edilicios. El empresario inmobiliario, que es edil desde la década del 90, siempre integró la Comisión de Obras del legislativo y varios de sus empleados en la inmobiliaria han sido ediles o concejales del Partido Nacional. Inicialmente su abogado fue el actual prosecretario de la Intendencia de Maldonado, Álvaro Villegas. Luego el caso pasó a manos de la socia de éste, Susana Sotto, e intervino también en la defensa el ex fiscal Enrique Moller, contratado por la Intendencia para llevar adelante denuncias penales contra la pasada administración frenteamplista.
La resolución administrativa de la Dgi (independiente de la investigación judicial) es recurrible ante el propio organismo (en tal caso, la decisión definitiva pasaría al Ministerio de Economía) y ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Los gráficos de "Saracho"


COSECHANDO AMIGOS - ROMPKBZAS
Rodrigo Blás, la punta del iceberg

Mientras el edil herrerista de Maldonado, Rodrigo Blás esbozó un intento de defensa en su muro de Facebook después que Brecha informara que la DGI lo multó a él y varios asociados en casi dos millones de dólares, la Comisión de Ética del Partido Nacional lo convocó a dar explicaciones.
“Estoy tranquilo de que el final de este camino va a demostrar que tenemos la razón, el tiempo pondrá las cosas en su lugar .Recién ahora empieza una etapa donde uno puede defenderse. No hay ningún fallo judicial ni resolución firme de la DGI.
La DGI hizo y deshizo como quiso durante 4 años. Quedan etapas por cumplir y donde deberán demostrar y comprobar lo que dicen”, escribió Blás.
Es cierto que aún no hay resolución judicial porque una posible sentencia se ha dilatado en el tiempo a causa de la enorme cantidad de recursos presentados por los acusados. Que son además del mencionado, 3 escribanos, uno de ellos ex miembro de la Junta Anticorrupción en el gobierno de Batlle y otras dos funcionarias municipales: también la esposa de Rodrigo Blás y el también edil herrerista, Darwin Correa, funcionario de la inmobiliaria de Blás.
La DGI probó que hubo una estructura organizada para evadir el pago de impuestos. Y lo hizo no sólo con testimonios, sino con grabaciones y profusa documentación incautada en la referida inmobiliaria, entre ellos tres cuadernos donde se llevaba la contabilidad en negro.
La abogada defensora de Blás ha negado cualquier vínculo entre la inmobiliaria y la empresa propietaria de los terrenos en el fraccionamiento Valle Di Saronno.
Pero un documento en nuestro poder prueba que sí hay vínculos. Un recibo fechado en abril de este año, en papel común sólo con el logo y el nombre de la empresa propietaria, está firmado por Alejandro Lussich “por Javipark S.A:”. Lussich era edil herrerista cuando se aprobó el fraccionamiento, es funcionario de la inmobiliaria Blás y actual Director de Vivienda de la Intendencia de Maldonado.
En todo este trámite ha quedado claro algo muy importante y sobre lo que seguramente debería expedirse la Comisión de Ética del Partido Nacional.
Blás votó como edil la aprobación del fraccionamiento; enseguida pasó a ser apoderado de Javipark S.A., según él mismo lo reconoció. Y finalmente, su inmobiliaria fue la vendedora de los lotes.
Pero esto no es la primera vez que ocurre. En el 2004 el entonces gobierno nacionalista aprobó importantes excepciones a las normas de construcción para “grandes emprendimientos”. Ediles que votaron ese cambio de normas fueron luego constructores de los edificios y otros, a través de sus inmobiliarias, vendieron las propiedades. Incluso un edil, también escribano, fue por única vez a la Junta Departamental a dar su voto afirmativo a un proyecto en el que estaba directamente involucrado.

La columna de Carlos Peláez en Rompkbzas810
AUDIO: http://www.espectador.com/…/rodrigo-blas-la-punta-del-icebe…