¿Còmo llegamos a esto?

>>>> Oratoria de Madres y Familiares – 30 de Agosto

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Miembro de la International Coalition Against Enforced Desappearances - ICAED

30 de agosto 2018.

Esto que acabamos de escuchar, es de hoy.

¿Cómo llegamos a esto?

El 30 de agosto Día Internacional del Detenido Desaparecido es un día marcado por el dolor y también por la lucha.

Lucha porque fue la respuesta de los familiares, de los compañeros de esos desaparecidos, de sus sociedades, la que resistió y encontró caminos para denunciar y alertar al mundo. Aunque son prácticas de gobiernos autoritarios, dictatoriales, que usan las instituciones del estado para su arbitrariedad, es una modalidad que coexiste con gobiernos democráticamente electos. Y se extiende a otras víctimas, no sólo adversarios políticos y sus familias, sino a periodistas, ambientalistas, migrantes.

La DF articula estrategias de ocultamiento y destrucción de pruebas como forma de invisibilizar su crimen y para que perdure en el tiempo como amenaza desestabilizadora y paralizante para los demás. Su mayor efecto es social y no cesa hasta que se encuentran los restos o se aclara el delito respondiendo nuestras preguntas: ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Responsables?

Esa es nuestra principal tarea. Encontrarlos. Desarticular la impunidad que aún hoy los oculta y mantiene el delito vigente.

Este crimen que permanece en el tiempo lo heredan los sucesivos gobiernos cuando creen que se puede pasar del régimen dictatorial, del Terrorismo de Estado a la democracia como si fuera una simple transición, sin fricciones, como si fueran compatibles los crímenes de la dictadura con el sistema democrático.

Ese rumbo inicial, de negacionismo e impunidad, en los años de Sanguinetti y Lacalle dejaron huellas muy hondas de inmensa gravedad para la democracia.

Pero los tres gobiernos frenteamplistas que los siguieron, a pesar de los tibios avances en la reconquista de derechos avasallados en el pasado, tampoco jugaron un rol profundo que la contradijera, que corrigiera el rumbo, que posicionara a la justicia donde corresponde, que ahondara en la verdad y el esclarecimiento, que exigiera y quebrara el pacto de omertá, que diera de baja a los jefes que no colaborasen , que sancionara la mentira y el ocultamiento de sus funcionarios, que dejara sin efecto la ley de caducidad.

También quedó postergada la imprescindible reformulación del papel de las FFAA, (pilar clave para el Nunca Más) discutiendo para qué y qué FFAA precisa este pequeño país. Su rol. ¿Cuántos efectivos? Sobre todo cuánta oficialidad -que se vio incrementada esos años-. Se debieron retirar los privilegios especiales que se auto otorgaron en dictadura, rectificar la ley orgánica, definir cómo educarlas (dejando atrás definitivamente la Doctrina de la seguridad nacional, con la que se siguen formando hoy), tener un plan de cómo incorporar a la sociedad una Institución que cumplió un papel nefasto contra ella. Todo esto, lamentablemente no pasó.

Recién la semana pasada…luego de idas y vueltas se votan dos proyectos al respecto, (jubilaciones y ley orgánica militar) cuyo impacto se verá recién dentro de 15 o 20 años. Esa conducta tímida y errática la denunciamos todos estos años.

En estas políticas, creció la impunidad, se extendió, se fragilizó al sistema judicial. Las organizaciones de víctimas, de familiares, asumimos entonces un rol mayor, no sólo de denunciantes, de demandantes.

Lo logrado en estos años, ha sido por el trabajo, la movilización, la militancia de ustedes, de nosotros, de todas las organizaciones y colectivos que mantienen los reclamos de V y J, la memoria, y con ella las propuestas, la transmisión.

Desde el histórico referéndum del voto verde, pasando por las causas judiciales, que incorporaron las prácticas de torturas, violaciones, abusos. El nacimiento del Observatorio Luz Ibarburu con su panorama abarcativo, que hoy nos permite cuantificar la ineficiencia de la Justicia. Las iniciativas reparatorias, leyes, placas, plazas, mojones de resistencia. El complejo trabajo de los archivos, los trabajos de memoria. Y las increíbles y conmovedoras marchas del 20 de mayo. La permanencia ha sido nuestro mayor logro. Esos espacios abiertos con tanto esfuerzo, deben continuar, crecer y enriquecerse con el relevo de nuevas generaciones.

Compañeros, compañeras...esta lucha no termina mañana ni en 10 años. Para que los estados rectifiquen su accionar, para que estas prácticas no se extiendan…como lo están haciendo, se necesita una sociedad consciente, permanente atenta y activa.

Interpelamos todos estos años a los tres poderes del estado. Pues ellos son los responsables de la cultura de impunidad que prevalece.

No renunciaremos a que el Poder Judicial incorpore los delitos de lesa humanidad como debiera hacer. Aunque la tardía justicia sea poco o nada reparadora, tenemos claro que la batalla por que se apliquen esos delitos que son imprescriptibles es imprescindible para la sociedad. Hoy la fiscalía especial para delitos de lesa humanidad está desarrollando un trabajo serio y activo. Pero las causas judiciales naufragan mayoritariamente en la Suprema Corte de Justicia que mantiene su posicionamiento de prescriptibilidad sobre estos gravísimos crímenes. En breve tendremos la oportunidad de cambiar la mayoría en contra, al retirarse Chediak.

El Parlamento debe nombrar un nuevo ministro y nuestro reclamo es por alguien que siga los acuerdos internacionales firmados por Uruguay. Los delitos de lesa humanidad deben perseguirse siempre. No es correcto promover a jueces para la suprema corte negociando por debajo de la mesa entre gallos y medias noches, sin cristalinidad, sin transparencia, haciendo de la justicia una mercancía de cambio.

En cada sentencia se juega nuestro destino como democracia. El Parlamento puede hacerlo. Ayer la Comisión investigadora del espionaje en democracia, decidió por unanimidad enviar todo a la justicia y presentar un proyecto de ley para acotar la actividad de Inteligencia, y ese es el lugar q precisamos ocupe el Parlamento.

Sin información de calidad, con las mentiras de los comandantes, que son quienes tienen la obligación de suministrar la información, encontrar a nuestros desaparecidos es una tarea sumamente difícil, aunque el empeño y el trabajo sea mucho. Parece un juego de la mosqueta. Especialmente, cuando el ministro de defensa disculpó las mentiras del Comandante en jefe Manini Ríos al brindar un dato de enterramiento falso. Esa señal contundente, cerró toda posibilidad de recibir información, y las grandes dificultades que el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia arrastraba, se hicieron insostenibles. Para nosotros es un diseño agotado.

No compartimos la idea de que sólo crear Institucionalidades es sinónimo de compromiso y voluntad política. Esta voluntad debe estar al servicio de destrabar los obstáculos. Hace años que reclamamos se forme un equipo de investigación independiente de los poderes políticos, con potestades especiales, con presupuesto propio, con acceso a la información y con capacidad de ir a buscarla y exigirla en todo el estado. Mientras tanto, nuestros desaparecidos seguirán siendo rehenes de los militares desaparecedores. Y se mantendrá la amenaza, que sobrevuela las legítimas luchas actuales y futuras contra todo tipo de desigualdades.

Igual nos pasa con la fuga del ex coronel Eduardo Ferro mientras se esperaban los trámites de extradición. Represor emblemático y por lo visto influyente aún, que se fue de la cárcel sin que nuestro gobierno ni el gobierno español se enteraran!!!! Hoy es buscado internacionalmente por nuestra justicia y por Interpol. Finalmente, este mes el Estado uruguayo resolvió una medida importante que hace tiempo reclamamos: retener sus haberes hasta que se presente a una embajada o Consulado de nuestro país. Esta voluntad medio cansina de nuestros gobernantes, es muy lamentable y deja un terreno libre, anodino, donde fermentan y crecen discursos peligrosos, como es apelar a las medidas prontas como una solución al aumento de la criminalidad, como planteó Faccelo del Partido de la Gente, o la propuesta de “vivir sin miedo” de Jorge Larrañaga proponiendo sacar los militares a la calle. Son acciones tan provocadoras como la vandalización a las placas y al Memorial.

Debemos unirnos para contrarrestar ese discurso. Ya sabemos lo que trae y no debe avanzar. Y para eso debemos sumar nuestros esfuerzos.

Sumar y sumar; abrir con más fuerza espacio a otras voces, otras luchas… porque luchar contra la desaparición forzada, y el Nunca Más Terrorismo de Estado es luchar contra la impunidad del poder, es luchar por una sociedad más equitativa y libre; por una vida que valga la pena para todos. Queremos que esas luchas tengan su espacio legítimo, sin desaparecidos ni muertos, sin espionaje, sin impunidad. Es imposible establecer los caminos a seguir, sin la participación de miradas más jóvenes. Es imprescindible que tengan lugar activo en el intercambio en esta reflexión y nos ayuden a mirar con otra perspectiva. El hoy y el mañana les pertenece.

Hay ganas y fuerza. Las multitudinarias Marchas del 20/5 a lo largo de todo el país, nos hablan de una sensibilidad que -ya establecida en nuestro pueblo- no cesa, y año a año suma nuevas generaciones. La movilización que encabezó Rebeldía Organizada logrando que la AUF desafectara de la selección a Zuluaga, denunciado ante la justicia por su actividad en la DNII, es un ejemplo de lo que pueden lograr la movilización ciudadana.

Allí están las marchas del 8 de marzo y el potente movimiento que las inspira. Esto es parte de una conciencia que hemos acumulado como sociedad y debemos sumar para potenciarla.

Es nuestro necesario desafío.

Verdad justicia y memoria. No a la impunidad

Nunca más terrorismo de estado.

Los esperamos el sábado en el memorial

Autoridades de instituciones de derechos humanos y organizaciones sociales dijeron a Sputnik que el país está atrasado respecto de la región en la búsqueda de los desaparecidos y en la impartición de justicia para los crímenes de lesa humanidad.

"Cuando se comparan los procesos que han tenido Argentina y Chile con las investigaciones uruguayas, se observa que el país ha quedado atrasado en su capacidad para desvelar la verdad de lo que ha ocurrido", dijo a Sputnik el integrante del consejo directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Wilder Tyler.
En América Latina hay más de 90.000 personas que fueron desaparecidas en los regímenes autoritarios de los años 70 y 80, y esta realidad aún no ha logrado despertar al sistema judicial en Uruguay, según comentaron a esta agencia la exfiscal y activista de derechos humanos Mirtha Guianze y el integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Nilo Patiño.
Durante la dictadura militar uruguaya (1973-1985) fueron desaparecidos ciudadanos de este país y extranjeros en acciones represivas, algunas en el marco del Plan Cóndor, una coordinación de regímenes autoritarios sudamericanos para perseguir, detener y asesinar a opositores izquierdistas.
Casi 200 uruguayos continúan desaparecidos.
"Durante todos estos años en Uruguay ha existido una cultura de la impunidad a pesar de que por parte de las organizaciones sociales existe un gran impulso de lucha; sin embargo, no ha habido una respuesta adecuada por parte de los gobiernos", reflexionó Guianze.
Los militares siguen teniendo una "incidencia fuerte" en el poder político, que se vio demostrada en las demoras y resistencias para aprobar la reforma de la caja militar en el Senado, según Guianze.
Patiño afirmó que Uruguay sigue en un "estado de impunidad reinante" y que los poderes políticos no han hecho nada contra ello.
Además, Patiño dijo ver con "muchísima preocupación" el empoderamiento reciente de las Fuerzas Armadas en la región, ya que eso "demuestra que no tenemos ninguna garantía en el futuro de que habrá democracia".
El jueves se conmemoró el Día Internacional del Detenido Desaparecido.
En Uruguay se llevó a cabo un acto en la Facultad de Bellas Artes de Montevideo y el próximo sábado, a las 16:00 hora local se convocará una manifestación en el Memorial de los Desaparecidos en repudio a una serie de actos vandálicos perpetrados contra ese monumento y otros sitios dedicados a la memoria.

IMPUNIDAD DE 97 POR CIENTO
Existen 307 causas presentadas ante la Justicia vinculadas crímenes del período dictatorial, de las cuales 62 por ciento están en fase de presumario, 23 por ciento archivadas, siete por ciento acumuladas a otras, tres por ciento en sumario y dos por ciento no están registradas.
Solo el restante tres de las denuncias terminaron en una sentencia, afirma el no gubernamental Observatorio Luz Ibarburu, que se dedica a seguir la información judicial de estos casos.
La mayoría de estas causas son denuncias de tortura, muerte, privación de libertad, desaparición forzada, detención ilegítima, secuestro y amenazas, delitos cometidos mayoritariamente entre 1972 y 1978.
Guianze confirmó que la "mayoría de las causas judiciales no reciben una sentencia" y que muchas veces ni siquiera se inicia el proceso, ya que "no ha existido voluntad tanto desde el sistema judicial como del poder político de impulsarlas".

"LA SUPREMA CORTE BLOQUEA CAUSAS"
Los tres entrevistados coincidieron en que cierto nivel de reactivación de algunas investigaciones se debió a la nueva fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, "esto no quiere decir que haya un avance sustantivo", observó Tyler.
"Tenemos un Poder Judicial que no ha actuado con la misma fidelidad y una Suprema Corte de Justicia que ha elaborado una doctrina que tiende a no dar lugar a estas causas; entonces, si bien hay más actividad, las perspectivas siguen siendo bastante magras", reflexionó.
La Corte Suprema considera que estos delitos están prescriptos porque el ordenamiento jurídico uruguayo solo adoptó la legislación internacional en materia de crímenes de lesa humanidad a posteriori.
Para el máximo tribunal se debe seguir el principio de legalidad del derecho penal, según el cual "no hay delito ni pena sin ley previa".
Tyler entiende que estas razones técnicas esgrimidas por la Corte "tienen un gran impacto político", pues cuando "las causas llegan se bloquean o directamente se pierden, lo que pone a Uruguay en una situación complicada en materia de derechos humanos".
El jurista observó que sigue existiendo un pacto de silencio entre los militares para negar información sobre el paradero de los desaparecidos, pero aclaró que los jueces de la Suprema Corte no tienen relación con este pacto.
"Lo que creo es que los magistrados deberían saber que lo que hacen tiene un impacto terrible sobre las familias, las víctimas, y que dejan a Uruguay en contravención de las normas de derecho internacional", agregó.
La Secretaría de Derechos Humanos de Uruguay confirmó que todavía 192 personas permanecen desaparecidas desde la dictadura y que aproximadamente hubo 123 asesinatos políticos durante ese período. (Sputnik)