>>> Qué es Lawfare?
Guerra jurídica
Guerra jurídica (Lawfare), una palabra inglesa de reciente acuñación que aún no figura en el Diccionario Inglés de Oxford,1 y es una contracción gramatical de las palabras "ley" (Law) y "guerra" (warfare), esta última para describir una forma de guerra asimétrica.2 define "Guerra jurídica" como el uso ilegítimo interno, o del derecho internacional con la intención de dañar a un oponente, consiguiendo de dicha manera la victoria en unas relaciones públicas, paralizar financieramente a un oponente, o atando en el tiempo a estos para que no puedan perseguir otras empresas como presentar sus candidaturas a cargos públicos.32 El término "guerra jurídica" se usa más comúnmente como una etiqueta para criticar a los que utilizan el derecho internacional y los procedimientos legales para hacer reclamaciones contra el Estado, especialmente en áreas relacionadas con la seguridad nacional.1La condena en segunda instancia a Lula da Silva es un paso más en la judicialización de los líderes progresistas que encabezaron el proceso de cambios de inicios de siglo en la región, transformando la vida cotidiana de millones de personas. Si hacemos un breve repaso de la región entenderemos la gravedad del cuadro: golpe en Honduras en 2009, seguido de la posterior inhabilitación de Manuel Zelaya Rosales; golpe en Paraguay en 2012 y, acto seguido, inhabilitación de Fernando Lugo. Por ende, la proscripción (¿qué otra palabra podría definir mejor lo que busca el Poder Judicial con Lula?) al histórico líder sindical es parte del mismo entramado. En el caso brasileño, se trata del segundo paso tras la destitución de Dilma Rousseff: la eyección del PT del Planalto necesita este cierre, al que Lula espera ahora revertir –aún con expectativas moderadas, visto y considerando lo que hasta aquí sucedió– en tribunales superiores y en la propia justicia electoral.
En los últimos meses, en la América latina del intento de restauración neoliberal pasaron las siguientes cosas: en Brasil, Lula condenado; en Argentina, Cristina Fernández de Kirchner procesada y Carlos Zannini preso; en Ecuador, Jorge Glas detenido y Rafael Correa investigado; en Uruguay, Raúl Sendic apartado de su cargo. Se trata de un conjunto de dirigentes, primero bombardeados en términos mediáticos, cuya credibilidad intentó ser erosionada a partir de esta verdadera “guerra jurídica”. En el medio también hubo embates mediáticos a Evo Morales –en Bolivia se llegó a decir que tenía un hijo que no existía, lo cual fue determinante para que perdiera por primera vez una elección– y a José Mujica –una autora uruguaya llegó a inventar las “tupabandas”, que supuestamente financiaban vía asaltos a mano armada al Movimiento de Participación Popular del cual el ex presidente es referente–.
El recuento no es azaroso: da cuenta de una cercanía entre el embate a estos dirigentes populares, y también de una planificación que parece ser externa. El caso chileno también es tristemente célebre: tres años atrás se abrió una causa contra el hijo de Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, por delitos tributarios, tráfico de influencias y compra irregular de terrenos. Permaneció abierta durante la campaña presidencial, y la primera y segunda vuelta electoral. Ganó, bajo un altísimo porcentaje de abstención, el conservador Sebastián Piñera, que venció a Guillier, candidato de Bachelet. ¿Qué pasó a comienzos de este año, ya con la elección definida? Avanzó el sobreseimiento definitivo de Dávalos, una vez que estuviera claro que quien iba a La Moneda era el empresario conservador.
En el Lawfare latinoamericano ya no se necesitan pruebas, sino apenas indicios o impresiones. ¿Qué palabras sonaron en el Tribunal Regional Federal 4 de Porto Alegre? Watergate, Mensalao, Lava Jato, Petrobras. ¿Por qué condenaron a Lula? Por un triplex que no es de él. ¿Qué palabras se escucharon en el impeachment a Dilma? Venezuela, Foro de San Pablo, Lava Jato, Petrobras. ¿Por qué la desalojaron del Planalto? Por “pedaladas” fiscales que hicieron todos los gobiernos contemporáneos en Brasil, incluido el de Fernando Henrique Cardoso.
Finalmente, bajo el velo de la autodenominada “nueva derecha” latinoamericana, con supuesto pedigree democrático, se esconde un furibundo embate a las instituciones en general y a diversos líderes políticos en particular. Bajo el paradigma de la lucha contra los “populismos” –que, hay que decirlo, fueron o son gobiernos populares– se defiende la vulneración a aspectos republicanos básicos, en un vale todo donde las víctimas son estos dirigentes que enumeramos, pero sobre todo, la verdad y la justicia. Esta es, en definitiva, la nueva “guerra jurídica” que vive nuestra región.
¿Hasta dónde llegarán?
>>> Lawfare llegó al Uruguay
>>> ...y Sendiquito pagó el pato (por gil)
La renuncia de Raúl Sendic a la vicepresidencia del
Uruguay resulta una excelente oportunidad para analizar algunas de las
contradicciones y tensiones de la política nacional. Fue un hecho
trascendente en el paisito, como le llamaba Eduardo Galeano, muy estable
después del retorno a la democracia en 1985, que ha constituido un
proceso democrático abierto, con mucha competencia electoral y partidos
doctrinarios fuertes. Una nación que goza de una estabilidad
institucional que descoya en la región por sus logros en materia de
derechos sociales y por la altura para tramitar la intensa (normal)
disputa entre las diversas visiones de país que tiene la sociedad, muy
politizada y participativa.
Algunas
de las claves para entender la situación de dicha ebullición política
que obliga la renuncia de Sendic, más allá de lo anecdotario, pasan por
analizar la creciente presión de la derecha uruguaya para desacreditar
la gestión del Frente Amplio-FA, favorecida por el respaldo de la
derecha brasileña y por Argentina en la búsqueda por hegemonizar por
completo el Mercosur y restar apoyos en la región para las posibilidades
de cambio. También pasa por escudriñar en la propia situación política
de la formación frenteamplista que evidencia un desgaste propio de tres
gestiones consecutivas de gobierno y de las múltiples (contradictorias)
visiones políticas que interactuan en su interior.
La condena en segunda instancia a Lula da Silva es un
paso más en la judicialización de los líderes progresistas que
encabezaron el proceso de cambios de inicios de siglo en la región,
transformando la vida cotidiana de millones de personas. Si hacemos un
breve repaso de la región entenderemos la gravedad del cuadro: golpe en
Honduras en 2009, seguido de la posterior inhabilitación de Manuel
Zelaya Rosales; golpe en Paraguay en 2012 y, acto seguido,
inhabilitación de Fernando Lugo. Por ende, la proscripción (¿qué otra
palabra podría definir mejor lo que busca el Poder Judicial con Lula?)
al histórico líder sindical es parte del mismo entramado. En el caso
brasileño, se trata del segundo paso tras la destitución de Dima
Rousseff: la eyección del PT de Planalto necesita este cierre, al que
Lula espera ahora revertir -aún con expectativas moderadas, visto y
considerando lo que hasta aquí sucedió- en tribunales superiores y en la
propia justicia electoral.
En los últimos meses, en la América Latina del
intento de restauración neoliberal pasaron las siguientes cosas: en
Brasil, Lula condenado; en Argentina, Cristina Fernández de Kirchner
procesada y Carlos Zannini preso; en Ecuador, Jorge Glas detenido y
Rafael Correa investigado; en Uruguay, Raúl Sendic apartado de su cargo.
Se trata de un conjunto de dirigentes, primero bombardeados en términos
mediáticos, cuya credibilidad intentó ser erosionada a partir de esta
verdadera “guerra jurídica”.>>> Entonces OJO! con las "desprolijidades", ehh!
la linea es reivindicar los jodedores, ladrones y corruptos, sean del palo que sean, no....
ResponderEliminarLa corrupción es muy poco generosa e pruebas materiales. Coimas y propinas no dan recibo, inmebles y vehículos no se pasan a nombre de favorecidos, sino de naranjas. La prueba se hace a través de delaciones, testimonios, riqueza sin comprobación, etc. En Italia también fue así. Es muy fácil decir que no hay pruebas. Pero que las hay, las hay.
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