"Ulises" uno de los mas siniestros capitanes de "La Tablada"

El represor Enrique Uyterhoeven Foto: Martha Passeggi

El Juzgado Penal ; en la calle Uruguay y Convención, cerca de las 14 y 30 horas, compareció uno solo de los represores;- Enrique Uyterhoeven - los otros citados por delitos de torturas y asesinatos eran Jorge Gundelzoph, Taramasco (fallecido) Terra y Grau, que al parecer objetaron la no comparecencia por haber tenido un acv.
Es una causa colectiva de víctimas prisioneras políticas bajo el Terrorismo de Estado-en el siniestro centro clandestino de detención y tortura, La Tablada, ( camino Melilla 6227, entre Eduardo Pérez y Antonio Rubio).
En ese lugar operó la OCOA (Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas).
Permanecen muchos compañeros desaparecidos aún.

Este único represor-genocida Enrique Uyterhoeven, fue a su salida del juzgado seguido hasta la esquina por la hija de Miguel Angel Mato Fagián, y militantes.
La hija de Miguel Angel Mato Fagián le dijo que él era el único que podía decir dónde estaba su padre a lo cual este respondió- " que no lo recuerda"-
Al momento del secuestro Miguel Angel tenía 39 años, casado, padre de una hija, estudiante de derecho, empleado de Funsa y militaba en la Unión de Juventudes Comunistas (UJC).
Fue secuestrado el 29 de enero de 1982 luego de una reunión con una compañera en un bar.
Ni olvido Ni perdón!!!

>>> Solo Enrique Uyterhoeven se presentó en el juzgado





>>> Jorge Gundelzoph, el “Charleta” no se presentó

Hay que preguntarle al pelado si lo vió







>>> Ruego al represor




>>> La hija de Miguel Angel Mato




 

Tras 36 años de la desaparición de su padre, siguió a un militar y le dijo que su abuela, de 97 años, necesitaba saber de su hijo.
Verónica Mato recuerda que tenía cinco años cuando vio por última vez a su padre en el verano de 1982. El 29 de enero Miguel Mato desapareció, tenía 28 años. Como de costumbre, ese día, sobre las seis de la mañana, salió de su casa en el barrio Conciliación a trabajar pero no llegó a destino, posiblemente porque se dio cuenta que lo estaban siguiendo. A las cinco de la tarde, se encontró con una compañera de militancia de la Unión de Juventudes Comunistas (UJC) y le advirtió que lo estaban buscando, que la cosa estaba difícil y se fue. Desde entonces, no se supo más nada de él.

Más de 36 años después, Verónica está en la puerta del juzgado ubicado en Uruguay y Convención. Es martes 21 de agosto y junto a ella hay unas diez personas más. Son alrededor de las 14.30 y de allí sale Enrique Uyterhoeven, alias Ulises, quien fue citado a declarar por delitos de tortura en La Tablada en la última dictadura cívico-militar que sufrió el país.

El hombre está junto a su abogada, comienza a caminar y detrás suyo lo sigue Verónica, sin pensarlo, por instinto. Camina una cuadra, lo intercepta y lo mira. Él también la mira. Le pide que de su testimonio que "es muy importante" para encontrar los restos de su padre; también le dice que su abuela, la madre de su padre, tiene 97 años, está muy viejita y necesita saber dónde está su hijo.

Uyterhoeven no se detiene en su caminata y le responde que no lo conoce. Ella está segura que es para zafar. Pero aún tiene esperanzas de que se pueda hacer justicia por su padre y por todos los demás que fueron desaparecidos, torturados y asesinados. Quizás, es porque es más joven y no recibió tantos cachetazos como las víctimas que también luchan como ella por verdad y justicia.

Uyterhoeven es señalado como capitán del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y reconocido por las víctimas en La Tablada, centro de tortura y reclusión de desaparecidos durante la dictadura. Allí se los torturaba para poder obtener información. En general, no estaban más de cinco meses en el lugar. Todos estaban encapuchadas y distribuidos en celdas individuales, pese a ello tenían formas de reconocerse y saber quienes estaban en el centro. Miguel Mato estuvo en La Tablada, según sus propios compañeros.

Para ese día, también estaban citados en el juzgado penal de 25º turno, a cargo de la jueza María Noel Tonarelli, Jorge "El Charleta" Guldenzoph, Jorge Grau Olaizola y Robert Terra Do Campo, pero ninguno se presentó. Este último, envió documentación alegando que no podía concurrir a la audiencia como consecuencia de un episodio de ACV. Uyterhoeven fue el único que llegó a las 14 horas como estaba pactado. Le pidió a la jueza Tonarelli que cerrara la causa por prescripción y se negó a declarar.

Cuenta Ivonne Klinger que en enero de 1982 caminaba por la calle cuando la detuvo Uyterhoeven y Jorge Grau Olaizola. Era estudiante de medicina y había participado en la ocupación de ese centro de estudios, también era militante de la UJC. Ella pudo verle la cara a ambos antes de que la encapucharan, luego estuvo en La Tablada y allí fue torturada. Por ello, presentó una denuncia. Ahora el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, logró unificar todas las denuncias por torturas en La Tablada que van desde el 1977 hasta el 1983. Las víctimas estiman que por ese centro pasaron más de 200 personas.

Están previstas más citaciones para el próximo jueves y viernes por esta misma causa.



>>> Miguel Angel Mato desaparecido en La Tablada

>>> Miguel Mato, tenía 28 años cuando desapareció.

Salió de su domicilio a la hora 06.10 para su trabajo en la fábrica FUNSA pero nunca llegó. Hizo un contacto militante con una compañera en un café de 8 de Octubre y Larravide, a quien le manifiesta que una camioneta lo venía siguiendo. Ella se asusta y Mato le dice “tú quedate, yo me voy” para tratar, así, de salir de la situación. A las 15.30 horas parte en dirección al Hospital Pasteur siendo seguido por una camioneta Volkswagen de color blanco.

Testimonio de Brenda Fagián de Mato ante la Comisión Investigadora Parlamentaria sobre situación de personas desaparecidas y hechos que la motivaron: “(...) Un día él me dijo: “Mamá, están desapareciendo compañeros; no sé si estoy siendo vigilado. Lo único que te voy a pedir es que si algún día llego a desaparecer, tomes el primer ómnibus que pase y te vayas de aquí”. Esto sucedió el día antes de su desaparición. Yo le respondí: “Soy vieja; si te llegan a agarrar y te hacen cualquier cosa, yo no me voy a ir. Si me llegan a agarrar y me torturan delante de tí, no te preocupes. Si no tenés nada que decir, no lo digas, porque yo ya viví mi vida”. Esto me lo dijo el 28 de enero de 1982, mientras tomábamos mate juntos. El viernes desapareció.”

>>> Dr Pablo Chargonia a la salida del juzgado

Este martes se reactivaron dos casos de violación a los derechos humanos en dictadura: una causa colectiva por torturas en La Tablada y otra de la detención ilegal de militantes comunistas en Treinta y Tres en 1975.

En el primer caso estaban citados Jorge "El Charleta" Guldenzoph, Enrique Uyterhoeven Castiglioni (conocido como Ulises), Jorge Grau Olaizola (alías Gonzalo), Robert Terra Do Campo (Gonzalo).
El único que se presentó a declarar fue Uyterhoeven, y su abogado pidió archivar el caso.
Terra envió un certificado médico en el que dice haber tenido un accidente cerebral, por lo que no puede presentarse a declarar.
Guldenzoph y Grau directamente no fueron y la Justicia ordenará su búsqueda y detención.
En los próximos días continuarán las citaciones por este y otro caso recientemente abierto por el fiscal especializado Ricardo Perciballe.

La república

Un testigo reveló cómo era La Tablada durante la dictadura.

"Los gritos que venían de La Tablada, eran desgarradores". "Se oían desde la calle cuando uno pasaba de noche"."Pude ver la cama donde hacían las torturas, y el lugar donde desde unas argollas colgaban a los detenidos. Las vi ensangrentadas. Colgaban desde una pared, donde estaba el signo del Ejército".

"Conozco el sótano, al que bajé varias veces, era grande y frío, y ocupaba gran parte del edificio". "No sé quién le puso Base Roberto, para nosotros ese lugar siempre se conoció como el infierno de La Tablada".

MARIO DELGADO GEREZ

Así relató a LA REPUBLICA uno de los tantos vecinos que conoció desde adentro La Tablada. Antes de ser centro de detención, cuando lo era y después de dejar de serlo.

Quien se prestó a dialogar con LA REPUBLICA es conocedor del lugar, ya que nació en el barrio.

Este lugareño, que prefirió mantener el anonimato, dijo: "Conozco bien el lugar porque íbamos ahí. Antes era solamente el edificio, después le pusieron el alambrado que tiene ahora y los galpones".

"La calle, que era entonces Camino de las Tropas, rodeaba el edificio, y no como ahora que el tránsito sigue hacia Lezica. Lo demás era todo campo.

"Pero como lo vi desde adentro, le puedo decir que cuando los militares lo entregaron, estaba todo cambiado. No era el mismo edificio que yo conocí". "Las celdas que habían construido no estaban".

"Recuerdo muy bien lo que era aquello. Le puedo decir que cuando el Ejército se hizo cargo de lo que fue el ex hotel de La Tablada, los soldados que había era toda muchachada joven. Venía desde San Ramón, los cambiaban dos por tres".

"Ellos se mezclaban con el vecindario. Jugaban al fútbol, con la misma ropa de fajina y recuerdo muy bien que dos por tres rompían los vidrios de los ventanales, que al otro día ya los reponían. "Había una cosa muy singular.

En la entrada de La Tablada habían puesto una campana que hacían sonar cada vez que venía Cristi, el que fue general, que en esa época no sé qué grado tendría. Como La Tablada está en la altura, desde ahí se veía cuando venía el auto. Entonces los milicos hacían sonar la campana, como aviso para que nosotros nos fuéramos, al grito de "viene Cristi, viene Cristi". Una vez casi nos agarra adentro de La Tablada. Estaba prohibido que entraran civiles al lugar.

"Después todo cambió. Vino gente más madura y se nos prohibió entrar.

Seguramente fue cuando empezaron a traer a los detenidos".

"Eran gritos desgarradores".

"No creo que nadie que viviera cerca de La Tablada y que viva todavía, pueda olvidar los gritos que se escuchaban de noche. Eran desgarradores, se escuchaban desde la calle, cuando uno pasaba por allí. Era atroz aquello", relata nuestro entrevistado.

"No sé quién le puso la Base Roberto a eso, para nosotros siempre fue 'el infierno de La Tablada'".

"Cuando los milicos se retiraron entró la gente del Ministerio de Transporte a arreglar el edificio.

Ahí pude ver la cama donde hacían las torturas, que era una cama muy especial, y vi también las argollas que estaban clavadas, colgando de una pared que tenía de fondo el signo del Ejército.

La vi con sangre. Seguramente era el lugar donde colgaban a los detenidos y los torturaban. Eso duró pocos días, porque después la sacaron al toque. No sé cómo dejaron eso ahí".

La Tablada es clave.

Para nuestro entrevistado el edificio de La Tablada y su entorno es clave en la búsqueda de los restos de los detenidos-desaparecidos.

"Eso está todo cambiado. En esa época era todo tierra greda. Los animales se enterraban en el suelo y ahora hay tierra seca. Hay que pensar que lo sucedido aconteció hace 30 años, Para mí el edificio de La Tablada es clave. En ese sótano puede haber de todo.

Antes de irse los milicos, sacaron camiones y camiones de escombros: se ve que rompieron todo lo que habían construido, porque eso no quedó como yo lo conocí".

Ahora no sé cómo van a hacer para buscar adentro. Ese sótano era grandísimo y la única manera de trabajar tranquilo ahí es sacar a los presos, no queda otra. La verdad que no se cómo harán".

"Ojalá que encuentren algo donde están excavando, pero es medio raro que enterraran a los detenidos tan cerca de donde pasaba toda la gente.

Fíjese que donde buscan ahora está prácticamente encima de lo que era entonces Camino de las Tropas, el camino principal que unía La Tablada con la zona del puerto".

LA REPUBLICA PAG.. 9

Al menos 9 desaparecidos.

Luis Arigón fue detenido por la OCOA el 14 de junio de 1977. Muere en la tortura el 15 de junio de 1977 en La Tablada.

Oscar Tassino: detenido por la OCOA el 14 de julio de 1977. Muere durante la tortura en La Tablada el 21 de julio de 1977.

Serían nueve las personas detenidas en Uruguay que fueron muertas por tortura en La Tablada cuando el lugar era utilizado por el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA). Allí, en algún lugar, podrían estar enterrados los restos de: Amelia Sanjurjo (fecha de detención: 1977), Julio Castro Pérez (1977) , Luis Eduardo Arigón (1977), Oscar José Baliñas (1977), Oscar Tassino (1977) , Ricardo Valiente (1978) , Félix Ortiz (1981), Antonio Omar Paitta (1981) y Miguel Angel Matto (1982). A ellos se podrían agregar los cuerpos de otros cuarenta uruguayos secuestrados en Argentina y traídos ilegalmente al país, en el denominado "tercer traslado". 


  >>> Entrevista canal 10 Arriba Gente al Dr Chargoñia

Brecha   El fiscal Ricardo Perciballe se propuso terminar, en un lapso de tres años, con el letargo y la incertidumbre que fueron apilando más de doscientos expedientes que denuncian crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado. En sus primeros seis meses a cargo de la fiscalía especializada solicitó el procesamiento de 25 militares, policías y civiles en ocho causas y archivó otras ocho. Además, aceleró la búsqueda de restos de desaparecidos: esta semana se ingresó al Batallón número 14 y en los próximos días se comenzará a excavar en un predio de Neptunia, en el cual nunca se trabajó.

Buscar restos de detenidos de-saparecidos y darles un cierre a todas las causas en trámite son los objetivos de la altisonante fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad, que comenzó a funcionar hace exactamente seis meses. Para cumplir con esa tarea, el fiscal Ricardo Perciballe se impuso “un lapso prudencial”: tres años.

Desde su designación en febrero, Perciballe se reunió con decenas de personas vinculadas con las investigaciones judiciales referidas al período 1968‑1985. La lista incluye a víctimas, testigos, representantes de colectivos de víctimas y abogados denunciantes, y también a militares y a sus abogados. A esto hay que sumarle los encuentros periódicos con integrantes de organismos estatales que pueden coadyuvar en la investigación: la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, la unidad especial de investigación del Ministerio del Interior –que funciona bajo la órbita de la Dirección de Asuntos Internos–, el Archivo General de la Nación, la Cátedra de Medicina Legal de la Udelar y el Archivo Judicial de Expedientes Provenientes de la Justicia Militar (Ajprojumi).

El cruzamiento de datos entre expedientes judiciales y los archivos oficiales permitió avanzar en una investigación global sobre estos crímenes, detectar nombres que se repiten en las decenas de miles de páginas analizadas y confirmar el modus operandi de la represión dictatorial en Uruguay. Detención, capucha, apremios físicos y pase a la justicia militar. “Eso es una constante en el mayor porcentaje de los casos, salvo en aquellos en los que hubo muertos o desapariciones forzadas”, explicó el fiscal a Brecha.

La siembra le permitió a la fiscalía concretar el pedido de procesamiento de 25 personas, entre militares, policías y civiles, en ocho causas distintas, y la indagatoria de decenas de efectivos cuyos nombres aparecen vinculados con la represión dictatorial. Sin embargo, también solicitó el archivo de otras ocho causas al considerar que los hechos denunciados –la mayoría ocurridos en el Interior– no están probados o que no representan crímenes de lesa humanidad.

Los testimonios recopilados permitieron definir algunos sitios de interés para la búsqueda de restos. En efecto, las autoridades ingresaron esta semana al Batallón de Infantería número 14 y en los próximos días iniciarán las excavaciones en un predio ubicado en Canelones que hasta ahora no había sido explorado. Paralelamente, está en etapa de corroboración una nueva información sobre enterramientos clandestinos en un tercer sitio para determinar si se concreta la búsqueda.

EN LA TIERRA. El martes 21, integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (Eaaf) y del Grupo de Investigación en Antropología Forense (Giaf) de Uruguay ingresaron al Batallón número 14 en busca de restos de desaparecidos. El trabajo se concentró en una edificación identificada como “la enfermería y los galpones aledaños”, a los fondos del predio, a partir de una publicación del periodista Marcelo Falca que indica que debajo de los cimientos de esa edificación podría haber enterramientos (La República, 12-V-18).

La investigación periodística se basó, a su vez, en diversos testimonios y en los datos aportados por el Comando General del Ejército en respuesta a un pedido de acceso a la información pública. De acuerdo a dicha investigación se concluyó que esas edificaciones fueron construidas entre 1983 y 1987, y se contrastaron los datos con fotografías aéreas de 1981 y 1986 obtenidas por los arqueólogos José María López Mazz y Octavio Nadal, que permiten establecer que esas construcciones se hicieron sobre el final de la dictadura, en una zona de interés para la búsqueda. Los trabajos se realizaron con georradar (Ground Penetrating Radar, Gpr), una técnica geofísica no destructiva que permite detectar indicios de posibles movimientos de tierra o cavidades en el subsuelo. La información obtenida será analizada por el Eaaf, a partir de lo cual se definirá si comienzan o no las excavaciones en el predio.

En los próximos días, integrantes del Giaf ingresarán a un predio ubicado en el balneario Neptunia (Canelones) para realizar trabajos prospectivos, es decir, excavaciones. Según pudo confirmar Brecha, se trata de un predio que “desde hace muchos años” los vecinos señalan como un posible lugar de enterramientos, y que hoy pertenece a una empresa privada. El cruzamiento de algunos testimonios con información oficial permitió establecer que se trata de un área de interés para la búsqueda. Los trabajos en el predio se harán sin orden judicial, ya que los propietarios de la empresa autorizaron el ingreso del Giaf y las excavaciones. El tercer sitio se trata de un lugar en el que ya se trabajó, pero en el cual podría ampliarse el radio de búsqueda.

IDAS Y VUELTAS. En los últimos meses la Suprema Corte de Justicia (Scj) retomó su postura de declarar la inconstitucionalidad de dos artículos de la ley 18.831, de restablecimiento de la pretensión punitiva del Estado. La posición pareció implicar un freno a las investigaciones sobre los crímenes de la dictadura, un retorno a la tesis de “la muralla”. Sin embargo, Perciballe explicó que si bien la postura de la Corte “es muy clara”, aún no existe un pronunciamiento respecto a la prescripción de los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado, por lo que ninguna causa fue archivada por estos fallos. “En estos momentos no hay ningún impedimento para que las causas avancen y se resuelvan”, resumió Perciballe a Brecha.

Más allá de esto, esta norma aprobada en 2011 representa un obstáculo para el avance de las causas, ya que cada vez que un juez o un tribunal de apelaciones la invocan en un fallo se abre paso a los pedidos de inconstitucionalidad y el proceso se paraliza. Perciballe dijo que esto es parte de una estrategia válida de defensa, pero señaló que en otros casos se constata cierto abuso de las vías procesales: “Hemos visto todo tipo de chicanas –como le decimos en el mundo jurídico– interpuestas por las defensas, y lamentablemente eso sí ha entorpecido las actuaciones”. Como consecuencia, se adoptaron varias medidas para evitar estas dilatorias, entre ellas pedir que los eventuales recursos de prescripción o de inconstitucionalidad se tramiten en piezas separadas, como forma de evitar que una causa quede meses paralizada por los recursos “en cascada” de los indagados.

La actuación de la fiscalía también recibió algunas críticas. Una de ellas refiere a la no tipificación del delito de tortura para juzgar los crímenes cometidos dentro de las unidades militares. Para Perciballe, utilizar el delito de tortura vulneraría el principio constitucional de legalidad: “Si a uno le aplican submarino, picana eléctrica, caballete, colgamientos, quemaduras de cigarrillos, etcétera, etcétera, es clarísimo que estamos hablando de torturas. Pero más allá de que efectivamente lo que acontecieron fueron torturas en el sentido técnico de la palabra y en el que le da la ley 18.026 (de 2006), en el momento en que acaecieron los hechos este delito no estaba previsto, y no puedo aplicar una figura que no existía en ese momento”, argumentó. En su lugar, la fiscalía utiliza el delito de apremio físico contra los detenidos.

IMPUTADOS. Óscar Fernández Mendieta era militante del Partido Comunista Revolucionarios (Pcr). Tenía 26 años y estaba casado –su esposa estaba embarazada–; en 1973, pocas semanas antes del golpe de Estado, fue detenido por oficiales del Regimiento de Caballería Blindada número 2 de Durazno y torturado; falleció el mismo día que ingresó al regimiento, mientras era interrogado. La autopsia oficial decía que la muerte se había producido por un infarto, pero un médico allegado a la familia constató que tenía lesiones provocadas, quemaduras de cigarrillos y “un gran hematoma” en el cráneo.

En abril de 2018, casi cuarenta y cinco años después del hecho, el fiscal Perciballe ratificó la postura de la fiscal Ana María Tellechea y solicitó el procesamiento con prisión de cuatro militares por el homicidio muy especialmente agravado de Fernández Mendieta. Los imputados fueron los oficiales Daniel Blanco, Gustavo Mieres, Alberto Ballestrino –hijo del general homónimo– y Líber Molinelli, jefe del S2 (inteligencia) de Durazno. Fue la primera imputación que realizó la fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad.

A esta le siguieron otras. Una de ellas fue el pedido de procesamiento con prisión de seis personas por las torturas cometidas contra presos políticos en las entrañas del Batallón de Ingenieros número 4 de Laguna del Sauce, entre 1972 y 1976 (Brecha, 25-V-18). Este recayó en los oficiales Artigas Rivera Bianchi –ex jefe del batallón–, Víctor Stocco –jefe del S2–, Nelson Silveira y Plácido Gregorio Amorín, el juez sumariante Julio Antonio Techera y el médico militar José Luis Braga. En esta causa se libró un pedido de captura internacional contra el que fuera también jefe del S2, Dardo Barrios, y se pidió la citación de dos oficiales, entre ellos, un juez sumariante.

La indagatoria sobre los delitos cometidos en el Grupo de Artillería número 1 y durante la Operación Morgan (operativo militar contra militantes del Pcu y la Ujc) derivó en la imputación de José Nino Gavazzo, Jorge “Pajarito” Silveira y Ernesto Ramas –los tres condenados por crímenes de la dictadura–, y la citación de varios oficiales en calidad de indagados. Gavazzo y Silveira volvieron a ser imputados por las torturas ocurridas en el 300 Carlos, centro clandestino de detención ubicado en el Batallón número 13. En esta causa también se pidió el procesamiento de los militares Mario Aguerrondo, Rudyard Scioscia, Mario Franchelle, Mario Manuel Cola y Homero González.

Otras dos causas con pedidos de procesamiento recientes fueron el secuestro en Brasil y traslado clandestino a Uruguay del matrimonio de Universindo Rodríguez y Lilián Celiberti y el homicidio de Nelson Berreta. En el primer caso fueron imputados tres militares (Glauco Gianone, José Bassani y Carlos Rosell); por el segundo, el oficial Leonardo Vidal Antúnez.

Asimismo, ratificó dos pedidos de procesamiento aún pendientes. Por un lado solicitó –como lo hiciera la fiscal Mariela Luzi– procesar al policía José Lemos Pintos y a Jorge Guldenzoph, alias “Charleta”, por los ilícitos cometidos en la Dirección Nacional de Inteligencia y Enlace –hoy Dnii–. Guldenzoph, ex militante del Pcu devenido empresario, fue denunciado como activo colaborador en la represión dictatorial. Por esta causa también se pidió la captura internacional de Ariel Ricci, otro ex militante comunista acusado de colaborador, y se citó a una decena de ex policías. El otro caso fue por las torturas perpetradas en el Grupo de Artillería número 2 en Flores. Se pidió enjuiciar al coronel Mario Simón y al médico militar Nelson Fornos, en línea con los argumentos utilizados por la fiscal Gabriela Rusiñol. Ninguno de estos ocho dictámenes fue resuelto por la justicia.

Seis de las ocho causas archivadas refieren a hechos ocurridos en Tacuarembó. En cinco se estableció que no existían indicios de tratarse de crímenes de lesa humanidad; en la otra, referente a un militante del Mln que se suicidó antes de ser detenido, no se pudo establecer un nexo causal entre la muerte y el operativo represivo. Otro caso archivado fue la muerte de Roberto Barbeito Felippone, en el penal de Libertad en 1978, y el último, un caso ocurrido en Carmelo. La investigación determinó que en 1980 en la subprefectura de Nueva Palmira (Colonia) se mantuvo diez días privado de libertad a un hombre, que era indagado por varios delitos comunes. Perciballe entendió que esta persona sufrió una violación de sus derechos como parte de un proceder ilegítimo y arbitrario de las autoridades, pero los hechos “no encartan en las condiciones requeridas para ser considerados de lesa humanidad y por ende imprescriptibles”. En su análisis, esto demuestra que la investigación “no está flechada”: “Se solicitaron tantos archivos como pedidos de procesamiento. Si bien desde la fiscalía hay un compromiso muy grande con este tema, a los fiscales nos rigen los principios de objetividad y de legalidad. En ese marco, en las causas en las que no esté probado lo que se denuncia o no se constate que estamos frente a delitos de lesa humanidad, vamos a solicitar el archivo”.