No todo es futbol

>>> Abulafia el elegido presidencial

Presidente Tabaré Vázquez eligió a Eduardo Abulafia como gerente del equipo oficial de Uruguay que llevará adelante, junto con autoridades gubernamentales y empresarios privados de Argentina y Paraguay, la postulación de los tres países para ser sedes de la disputa del Campeonato del Mundo de 2030.

>>> Preparado para triunfar
En Panamá

Abulafia es socio de un “lavador de dinero” en una offshore panameña

>>> El amigo de Paco Casal

.se está destapando una olla muy grande  en Uruguay, primero The Grand con capitales de  hezbollah y ahora todos estos. Y nadie desmiente nada. Abulafia es socio de un “lavador de dinero” en una offshore panameña

Eduardo Abulafia, candidato a la presidencia de la AUF, es propietario del hotel Serena ubicado en Las Delicias parada 25 de La Mansa. En tal condición es directivo del Centro de Convenciones de Punta del Este (CIEPE)

Este Centro fue una obra impulsada por el ex intendente Oscar De los Santos para la cual la intendencia , los ministerios de Economía; de Turismo y la Corporación para el Desarrollo aportaron poco más de 35 millones de dólares para la compra del predio, la construcción del edificio y su equipamiento. La operativa fue concesionada a un consorcio argentino e inaugurado en el año 2015.

Los concesionarios deben pagar un canon a la intendencia y dar cuenta previa de cualquier cambio societario.

Sin embargo a principios del 2016 uno de los socios argentinos vendió su parte sin dar aviso al gobierno departamental. En su lugar ingresó una empresa local, integrada por empresarios esteños.

Entre los directivos del Centro de Convenciones están un testaferro de Sanabria; Abulafia y un empresario hotelero llamado Alvaro Ignacio Manzino Israel.

En el año 2006 Manzino fue acusado de lavar dinero producto de la venta de drogas en España en la denominada “Operación Campanita”. Por esa razón fue procesado y marchó a prisión porque, además, tenía un antecedente por estafa. En ese operativo también fue procesado y preso el abogado penalista Carlos Curbelo Tammaro.

Curiosamente el 4 de diciembre del 2015 , poco antes de la venta de una parte de la sociedad que dirige el Ciepe, se constituyó en Panamá una sociedad offshore llamada International Events Investment S.A. cuyos directores son: Alvaro Ignacio Manzino Israel, presidente; Eduardo Abulafia Salinas, tesorero y la esposa de Manzino como secretaria.

Manzino dirige un grupo hotelero (Chic Hoteles) integrado por el hotel Barradas, uno de sus propietarios es el contador Nelson Moreira procesado años atrás por una millonaria defraudación fiscal; el hotel del Lago, al que está vinculado el grupo Ortolani (Logia P Due) y el hotel Golden Beachs, centro de la “operación Campanita”.

Carlos Peláez en Rompkbzas810

>>> Los embargos

El disparo de Edinson Cavani se metió en el palo más lejano del golero Rui Patricio; el grito de gol retumbó en la noche rusa y la tardecita uruguaya. Uruguay pasaba a ganar 2 a 1 frente a Portugal, en un partido cerrado y emotivo; media hora de sufrimiento más tarde, la selección nacional confirmaba su llegada a los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018. El sueño de ser campeones del mundo era posible.
Apenas un mes después, la realidad golpeó sin miramientos. La elección del nuevo presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (Auf) estuvo signada por un escenario menos idílico. Una campaña política dura, tensa, con acusaciones cruzadas, palabras hirientes, rencillas personales, denuncias públicas sobre eventuales actos de corrupción. Pero fue algo más.
Cuatro días antes de la elección prevista para el martes pasado, Wilmar Valdez anunció a sus colaboradores su renuncia indeclinable a la presidencia de la Auf y el retiro de su candidatura a la reelección. Horas después, el propio Valdez confirmó la noticia en entrevista con el periodista Julio Ríos, en Punto penal, de Canal 10. La noticia sacudió las estructuras del fútbol uruguayo y produjo un shock inesperado para la mayoría de los dirigentes. Así, la elección quedó restringida a dos candidatos: Arturo del Campo –productor agropecuario y ex presidente de Danubio– y Eduardo Abulafia, quien se presenta por tercera vez.
Valdez justificó su decisión en “razones personales”, pero la atención estaba centrada en un conjunto de audios cuyo contenido aún permanece ignoto para el grueso de la población. Apenas algunas trazas se fueron reconstruyendo, en una trama que involucra a Valdez, Del Campo, Ríos, y es investigada por la fiscal Silvia Pérez, luego de que el fiscal de Corte, Jorge Díaz, tomara cartas en el asunto.
Con este trasfondo, en la noche del martes una tensa asamblea de clubes decidió, por un voto de diferencia, postergar la elección hasta el 21 de agosto. El objetivo fue “bajar la pelota” y, en la volada, reiniciar la negociación en busca de un candidato de consenso, que tenga el respaldo suficiente para enfrentar un asunto central para el futuro del fútbol uruguayo: la renegociación del contrato por los derechos de televización del torneo local con la empresa Tenfield SA, propiedad del empresario Francisco “Paco” Casal.
LA COCINA. El edificio de la calle Guayabos era un polvorín. Los dirigentes de los clubes iban llegando espaciadamente pero sin cesar, y subían raudos las escaleras rumbo a la sala de sesiones, casi sin detenerse. Una treintena de periodistas se aglomeraban en el hall central del edificio, con sus celulares en las manos, procurando saber lo que sucedía en el piso superior.
Pese al cerco impuesto por los dirigentes, que sesionaban a puertas cerradas, la información fluía a través de Whatsapp y los rumores se intensificaban. El destino parecía marcado: Abulafia sería electo presidente. “Tiene diez votos, le faltan dos.” “Peñarol y Nacional lo van a votar.” “Hay clubes que quieren postergar la votación.” “¿Tienen los votos?” “No. Puede ser, les falta un voto.”
Finalmente los rumores se volvieron certeza y los periodistas con más experiencia en la compleja interna de la Auf trasmitieron la noticia: “Cuarto intermedio”. Por nueve votos contra ocho la asamblea decidió postergar la elección. El improvisado vocero fue el presidente interino, Edgar Welker: “Se entendió que hay circunstancias que no dan garantías para una votación. Fue una decisión meditada, discutida, y es una muestra de madurez”.
La postergación se sustentó en dos argumentos. Por un lado, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) informó que ninguno de los dos candidatos en carrera tenía aprobado el examen de idoneidad, obligatorio para ejercer la representación de la Auf ante ese organismo, y envió una nota sugiriendo postergar la elección. Por el otro, se supo que uno de los candidatos, Del Campo, debía declarar ante la Fiscalía en relación con la indagatoria penal abierta a raíz de los audios que involucran a Valdez.
La decisión generó molestia entre los impulsores de la candidatura de Abulafia. “Se debió haber votado. Mi club (Defensor Sporting) no necesita esperar que la justicia se expida sobre la honorabilidad o la inocencia de Arturo del Campo. Es política”, dijo el presidente violeta, Daniel Jablonka. Y estimó que dentro de 15 días Abulafia tendrá los mismos votos que tenía el martes, y será electo presidente de la Auf.
En el otro bando había conformidad. Se insistía en que en el actual contexto era inviable una votación. El principal vocero era José Luis Palma, presidente de Liverpool, quien apuntó directamente contra Abulafia: “Hubiera sido un día muy triste para la Auf, el más triste de los últimos veinte años; la elección de Abulafia como presidente de la Auf, hubiera sido estar muy de rodillas ante la empresa Tenfield”. Palma dijo que los clubes que promovieron su candidatura son los más alineados con las políticas de Tenfield, y que le sorprendió y le amargó que algunos clubes se sumaran a esa propuesta.
El paso de las horas pareció beneficiar los intereses de este segundo grupo. En el seno de la dirigencia clubista se procesan incesantes reuniones de un lado y de otro, intentando asegurar los votos para cada uno de los candidatos. Pero el avance de las agujas del reloj abrió paso a la posibilidad de nuevas candidaturas, entre ellas la del secretario general de la Intendencia de Montevideo, Fernando Nopitsch (ex presidente de Wanderers) y de Ignacio Alonso, integrante del actual consejo ejecutivo de la Auf, con amplio respaldo entre los clubes menores.
LA SOMBRA DE PACO. Eduardo Abulafia intentó ser presidente de la Auf en las elecciones de 2006 y en 2014, pero en ambas fue derrotado. Ex presidente de la Segunda División Profesional y ex dirigente de Defensor Sporting, carga con un estigma que resurge ante cada elección: es el candidato de la empresa Tenfield.
Esta vez se le sumó otro: es el candidato del gobierno. Abulafia conoció al presidente Tabaré Vázquez en 1987 y en 2005 se integró al programa Gol al Futuro, impulsado por la Presidencia de la República, junto al actual técnico de la selección uruguaya Óscar Washington Tabárez, el periodista Alfredo Etchandy (subsecretario nacional de Deportes) y otras personas vinculadas al fútbol, incluido su rival en esta elección, Arturo del Campo.
Sin embargo, la referencia apunta a un hecho más cercano. En noviembre de 2017 fue designado como gerente del grupo intergubernamental para la candidatura del Mundial 2030 (que sería organizado por Uruguay, Argentina y Paraguay). Su nombre fue propuesto por la Secretaría de Deportes y la designación lleva la firma del primer mandatario. Se trata de un cargo honorario de segunda jerarquía dentro del comité organizador (véase entrevista con Fernando Cáceres). En esa calidad, Abulafia viajó al Mundial de Rusia en misión oficial, para participar del lanzamiento de la candidatura en Moscú y la presentación de la muestra fotográfica Mundial de Fútbol 1930, en Kazán.
Frente a un eventual triunfo suyo en las elecciones de la Auf, estos hechos, de acuerdo a las consultas realizadas por Brecha, generan suspicacia entre algunos actores del fútbol uruguayo, en particular los referentes de la selección nacional y los nuevos dirigentes de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (Mufp), nucleados en el colectivo Más Unidos que Nunca. Incluso varios dirigentes tenían la certeza de que su elección como presidente desencadenaría un paro de actividades por parte de los futbolistas, que están enfrentados a la empresa de Casal por los derechos de imagen.
Sin embargo Abulafia rechazó ambas vinculaciones y se proclamó independiente. “No tengo nada que ver con Tenfield, ni tengo nada que ver con el gobierno. Por suerte tengo conocidos y amigos en todos lados, nada más”, reafirmó a Brecha. Y prometió que en caso de ser electo buscará negociar el mejor contrato de televisación para los clubes, porque de eso proviene un dinero importante para la subsistencia del fútbol uruguayo.
Con los votos casi seguros para ser electo, salvo que se consolide un candidato alternativo, su principal escollo parece estar en el plano internacional y en un litigio de hace 20 años. El “Estatuto 2017”, de la Conmebol –elaborado a partir de los casos de corrupción en el organismo y que aún no fue aprobado por la Auf–, obliga a que los candidatos a presidente de las asociaciones o federaciones nacionales superen un examen de idoneidad, en línea con el nuevo reglamento de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (Fifa).
En el caso de la Conmebol, el examen es realizado por una subcomisión de control –bajo la órbita de la Comisión de Gobernanza y Transparencia– formada por tres técnicos independientes (un brasileño, un colombiano y un ecuatoriano) que realizan un estudio pormenorizado de la vida profesional y empresarial de los candidatos. Para ello cuentan con el asesoramiento de una empresa internacional que se encarga de rastrear y chequear los datos proporcionados por cada postulante.
La información requerida refiere a posibles apartamientos de las normas legales o éticas en su actuación profesional, e incluye informar si fue condenado por algún delito grave o por violentar las normas éticas de la Fifa, si en alguna oportunidad recibió una sanción de carácter disciplinario o similar por un organismo de la Conmebol, y si es objeto de investigaciones o procedimientos civiles, penales o disciplinarios pendientes. Varios dirigentes uruguayos ya recibieron la certificación para ejercer cargos en la Fifa o en la Conmebol, como Valdez, Eduardo Ache, Alejandro Balbi, Leonardo Goicoechea y Fernando Goldie, al tiempo que Del Campo inició el proceso.
Abulafia, en tanto, envió el jueves 2 toda la documentación que exige la Conmebol para ejercer como presidente de la Auf y expresó su confianza en que obtendrá el certificado correspondiente, ya que los casos judiciales que lo involucran refieren a situaciones de los años noventa, que derivaron en el quiebre de dos de sus empresas. En efecto, entre 1996 y 2003 Abulafia enfrentó 17 procesos civiles por su actuación empresarial en el rubro automotor. Dos de ellos aún se mantienen vigentes, según registros públicos a los que accedió Brecha.
Uno de ellos fue iniciado por la Dirección General Impositiva (Dgi) en 2000. El fiscal demandó a Vehículos Industriales SA y a Eduardo Abulafia Salinas por adeudos tributarios. En esa causa el Juzgado Civil de 7º Turno dispuso un embargo genérico de bienes por 18,6 millones de pesos, que fue reinscripto cada cinco años, sin que la Dgi pudiera cobrarse la deuda. Ese expediente sigue vigente, confirmaron a Brecha fuentes judiciales y de la Dgi. Este proceso derivó incluso en una denuncia penal contra Abulafia (véase recuadro).
El otro está vinculado con la operativa de Central Motors, concesionaria de Ayax para la venta de las marcas Toyota y Suzuki. Por estos hechos, la central de riesgo del Banco Central del Uruguay calificó a Abulafia como deudor grado 5, es decir, como “irrecuperable”.
Estos embargos son uno de los puntos en los que se centrará la subcomisión de control previo para definir si le otorga o no el certificado a favor de Abulafia. Además, se tendrá en cuenta su extensa trayectoria en el mundo empresarial, que actualmente tiene su base en Punta del Este (véase recuadro).
ESCUCHAME BIEN. “Aporté toda la verdad, lo que yo sé; lo importante es que se investigue y que se aclare todo cuanto antes, por el bien de todos.” Wilmar Valdez se retiraba tranquilo, tras una larga declaración ante la fiscal Silvia Pérez. Su rostro se veía distinto a un rato antes, cuando denotaba tensión y nerviosismo.
Ante la representante del Ministerio Público Valdez explicó que los audios le llegaron a través de Del Campo y de Ríos, y que reconocía la voz de quien lo había grabado. El responsable era Walter Alcántara, quien fue director ejecutivo de Deporte total, el programa conducido por Carlos Muñoz que estuvo casi veinte años al aire.
Las grabaciones corresponden a una serie de conversaciones informales que Valdez mantuvo con Alcántara en 2016, sobre la convocatoria a oferentes para brindar ideas para la remodelación del Estado Centenario (Búsqueda, 2-VIII-18) y la inclusión de cámaras de reconocimiento facial para enfrentar la violencia en el deporte. En esas conversaciones Valdez habría señalado presiones del gobierno para incorporar al proceso a una empresa que asesora Javier Vázquez, hijo del presidente Tabaré Vázquez.
Asimismo, Valdez incorporó al proceso penal una serie de mensajes de texto enviados por Alcántara; dijo que él se sintió perseguido y que los vinculaba con un intento de impedir su reelección. Horas antes, Del Campo también había mencionado a Alcántara. Dijo que lo conocía, pero que desde hacía varios años no tenía relación con él y que le sorprendió recibir los audios.
Al conocer su contenido se comunicó con un abogado y decidió presentárselos a Valdez. En esa reunión también participó Ríos. Entre ambos tenían unos veinte audios de Whatsapp con conversaciones privadas entre Valdez y Alcántara. Al enterarse de que estos audios estaban circulando, Valdez decidió retirar su candidatura. “No tengo nada que esconder. Si tuviese que actuar de nuevo lo haría exactamente de la misma manera. (…) Pienso que con el paso de los días mucha gente pensará que se me juzgó mal”, afirmó Del Campo al retirarse de la Fiscalía.
Con estos elementos, la fiscal Pérez dispuso la citación de Alcántara con el objetivo de interrogarlo sobre el origen de los audios y sus motivaciones. La audiencia se concretó este jueves sobre las 14 horas. Al retirarse, el empresario dijo que no se arrepiente de su actuación: “Hice todo lo que tenía que hacer, entregué todo lo que tenía que entregar. Todo lo que hice, lo hice por el fútbol uruguayo y ojalá todos se animen a hacer lo que yo hice”.

Negocios en Punta del Este, una offshore y algunas coincidencias

No todo es fútbol

Mónica Robaina
Eduardo Abulafia desarrolla una intensa actividad empresarial en Punta del Este. En este balneario reside y dirige el emprendimiento familiar Serena Hotel, ubicado en la Playa Mansa y concesionado durante el primer gobierno de Enrique Antía en acuerdo con el Ministerio de Turismo, propietario del inmueble. El histórico edificio, donde Abulafia tiene su oficina esteña, es punto de encuentro de empresarios vinculados al fútbol y también del ámbito turístico. Paralelamente, el empresario y su hijo Alejandro son directivos del consorcio Ciepe SA, que desde 2014 gestiona el Centro de Convenciones y Predio Ferial de Punta del Este.
El consorcio de capitales uruguayos y argentinos ganó una licitación internacional en 2012 y dos años después firmó el contrato de gestión con la Intendencia de Maldonado, los ministerios de Economía y de Turismo y la Corporación Nacional para el Desarrollo. Estos organismos públicos aportaron al menos 35 millones de dólares para la compra de los terrenos, construcción del centro y su equipamiento.
El Ciepe será concesionario durante al menos dos décadas, y se comprometió a pagar un canon del 20 por ciento de las utilidades. Inicialmente participaban del consorcio privado dos empresas argentinas (Fénix Entertainment Group y La Rural SA) y una uruguaya, cuya razón social no trascendió en aquel momento, integrada entre otros por los Abulafia, los hoteleros Álvaro Manzino y Florencia Valenzuela, más el experto internacional en congresos Arnaldo Nardone, como “estrella” del equipo gerencial. Durante 2015 Valenzuela figuró como presidenta del Ciepe, pero en enero de 2016 primero y luego en octubre de ese mismo año el consorcio vendió parte de su paquete accionario sin comunicarlo a la Intendencia, en clara violación del contrato. Entonces salió del consorcio la empresa argentina de espectáculos musicales y deportivos Fénix. El 64 por ciento de las acciones quedó en poder de La Rural SA y el 36 por ciento restante a nombre de Ubatur SA, una empresa de la que sólo se sabe que está integrada por empresarios de Punta del Este.
En este contexto, es llamativo que en diciembre de 2015 (justo antes del primer cambio en la estructura accionaria del Ciepe, que implicó una venta por 1,2 millones de dólares) se creó la offshore panameña International Events Investments SA (“Inversiones en Eventos Internacionales”, en español), todavía vigente. Según constató Brecha, en el directorio de la offshore figuran Eduardo Abulafia como tesorero, Álvaro Manzino como presidente, y la pareja de éste, Florencia Valenzuela, como secretaria. Durante una entrevista concedida a este semanario en julio de 2016, Eduardo Abulafia explicó los planes de la empresa y contó que el evento estrella de la inauguración, la entrega de los premios Platino, cuajó en parte gracias al mundo futbolero. “El fútbol es promoción”, sostuvo entonces el empresario. Enseguida relató que Enrique Cerezo, además de presidir la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda), era el presidente del Atlético Madrid y “muy hincha de los uruguayos” Diego Forlán y Diego Godín, además de haber “comprado jugadores muy jóvenes”. “Por eso conoce Uruguay y Punta del Este, y le gustó para hacer el evento acá, además del trabajo que en los últimos años hicieron Florencia Valenzuela, quien fue presidenta (del Ciepe) y ahora es directora, y su esposo (en referencia a Manzino)”, contó Abulafia, café mediante, en su despacho del Serena Hotel una mañana de invierno de 2016.

Con Eduardo Abulafia, candidato en la Auf

“Soy un hombre de trabajo y fui embargado”

Eduardo Abulafia reconoció que actualmente existen dos embargos en su contra, vinculados con su operativa empresarial en los años noventa. Dijo que en ese momento habían “montones de problemas” con cheques librados que debían pagarse, y deudas bancarias y con el personal por cifras “muy importantes”. “De todo eso quedaron dos cosas puntuales con la Dgi”, reconoció Abulafia a Brecha.
Uno de ellos refiere a la actividad de Vehículos Industriales SA, una rama de la empresa Fiat dedicada a la venta de camiones, de la cual era representante: “La empresa nuestra comenzó con muy buen suceso en la importación de camiones, pero en determinado momento la Dgi entendió que a una cifra de camiones que habíamos vendido le correspondía pagar el impuesto específico interno (Imesi), que lo pagan los autos y no los camiones”.
En esa instancia la empresa presentó una consulta vinculante que explicaba la operativa y aclaraba que sólo vendía camiones. “Esa consulta demoró más de un año y medio en ser contestada, y nos dieron la razón. El embargo que hicieron por los vehículos vendidos es la cifra que aparece ahí, y eso hizo que muchas de las unidades para la venta estuvieran paralizadas en el puerto sin que pudiéramos sacarlas, y eso inmovilizó a la empresa. Esta empresa la tuvimos que cerrar y se negoció con la empresa Sevel”, concesionaria de Fiat en Uruguay.
Ese proceso tuvo una derivación penal que implicó la detención de Abulafia. El fiscal Eduardo Fernández Dovat solicitó su procesamiento, pero posteriormente cambió su posición y pidió el sobreseimiento, por lo que el caso fue archivado. “Quedó una deuda con la Dgi, por la cual yo podría haber iniciado un juicio al Estado, pero no lo hice. Ya me había ido al Interior y no quería seguir con todo eso, porque fue un gran dolor, y quise empezar una vida nueva. Vendí mi casa, mi auto y otros bienes y cubrí todas las deudas generadas por la empresa.”
En el caso de Central Motors, Abulafia explicó que el litigio se produjo por la decisión de la casa matriz de Ayax de romper el contrato entre las partes. Ese litigio se subsanó, pero más tarde se presentó una demanda por “una cifra sin sentido, que no se justificaba”, por varios millones de dólares. “Eso quedó para atrás, y tampoco quise insistir. Esa es mi verdad”, dijo Abulafia a Brecha.

>>> Ver además
http://www.lr21.com.uy/politica/56779-justicia-decreto-quiebra-de-eduardo-abulafia

https://www.referi.uy/los-puntos-oscuros-del-escandalo-la-auf-y-los-que-empiezan-quedar-claros-n1260287