Una venia sin justificación

y un mensaje preocupante


Venias de militares “involucrados en delitos”; Jorge Fernández fue absuelto en dos instancias

El gobierno envió al Parlamento tres pedidos de venia para ascender a tres militares de coroneles a generales, y la Comisión Permanente las someterá a votación este martes.
Los coroneles propuestos para ascender a general son: Julio Ifrán, Luis Mangini y Jorge Fernández.

El coronel Fernández fue jefe de la Brigada de Caballería 1 y es actual ayudante del ministro de Defensa Nacional, Javier García. En diciembre de 2019 la fiscal, Brenda Zapater, acusó a Fernández por falso testimonio.
Siendo jefe de la Brigada de Caballería 1, con asiento en Rivera, Fernández firmó en 2019 dos “revistas de existencia” (documento que acredita que determinada persona existe) en favor del coronel retirado, Pedro Mato, acusado de cometer delitos de lesa humanidad durante la dictadura y prófugo.
El trámite le permitió a Mato –que se cree vive en Livramento– seguir cobrando su jubilación. Mato estaba requerido por Interpol, a pedido de la justicia de Italia, país donde fue condenado a cadena perpetua por su participación en los crímenes del Plan Cóndor. En Uruguay, Mato es investigado por la muerte del militante del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Luis Batalla en 1972 en el Batallón de Infantería 10, pero nunca acudió a las citaciones judiciales.

Prófugo de la justicia el coronel (r) Pedro Mato hace la plancha en Brasil
 

 Opinando N° 1 – Año 10 – 11 de enero de 2021

 

El Poder Ejecutivo ha solicitado la venia para el ascenso a general del actual coronel
Jorge Ignacio Fernández, de acuerdo a lo informado por El Observador, a través de su
cronista, siempre bien informado de la interna militar, Leonardo Haberkorn, quien dió la alerta el pasado sábado 9 de enero.

El fortalecimiento de la institucionalidad democrática supone que los mandos
superiores de las Fuerzas Armadas estén conformados por profesionales de sólidas
convicciones democráticas y una trayectoria intachable al respecto, además de poseer
habilidades y formación específica.
El coronel Jorge Fernández, está documentado, permitió el ingreso a la unidad militar
que comandaba y extendió por dos veces la constancia del vida del prófugo de la
Justicia coronel retirado Pedro Mato Narbondo en el departamento de Rivera.

Gracias a la activa colaboración del coronel Jorge Fernández, Pedro Mato Narbondo se
mantiene prófugo de la justicia uruguaya y de la italiana la cual lo ha condenado por
su participación en los crímenes del Plan Cóndor.

Asesino de Luis Batalla
En abril del año 1972, el Parlamento aprobó el Estado de Guerra Interno y habilitó con
ello a que las Fuerzas Conjuntas, integradas por las tres fuerzas y la Policía, desataran
una masiva y generalizada represión en todo el país. Las detenciones al amparo de la
justicia militar se vieron acompañadas por el uso masivo, sistemático y generalizado
de las torturas a los prisioneros. Luis Batalla, “Lucho”, militante del Partido Demócrata
Cristiano (PDC) fue el primer uruguayo asesinado por torturas en una dependencia
militar. Ocurrió en el departamento de Treinta y Tres.
El expediente judicial aún está en vías de resolución, pero Pedro Mato Narbondo está
sindicado como uno de los asesinos de Batalla y desde hace años se mantiene prófugo
de la justicia. Al igual que lo hiciera también en su momento el coronel retirado
Manuel Cordero, hoy preso en la República Argentina, Mato Narbondo se trasladó a
vivir a Santana do Livramento para evadir a la justicia y seguir cobrando su pensión
militar que le permite vivir con toda comodidad.

Brindó colaboración a un terrorista estatal
Mientras el actual coronel Fernández era el jefe del cuartel de Rivera, Mato Narbondo
ingresó en reiteradas ocasiones a las dependencias militares y dialogó amigablemente
con el jefe de la unidad tal cual ha quedado debidamente documentado. Interrogado
al respecto, tal como lo ha señalado la investigación de Mauricio Pérez en el
semanario Brecha, Fernández mintió al declarar ante la Fiscal. Si bien no es un delito
desde el punto de vista legal, es evidente que sus estándares éticos dejan mucho que
desear en todos los planos.
Pedro Mato Narbondo es uno de los llamados “militares del proceso” y es un
connotado represor del terrorismo de Estado en Uruguay, vinculado directamente al
asesinato de Luis Batalla en mayo de 1972.

Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini
En mayo de 1976 cuando el futuro del proceso cívico militar uruguayo estaba en
discusión, un comando conjunto uruguayo – argentino secuestró al Dr. Manuel
Liberoff, a Rosario Barredo, a William Whitelaw, al exsenador Zelmar Michelini y al
expresidente de la Cámara de Representantes Héctor Gutiérrez Ruiz, en Buenos Aires.
Los últimos cuatro aparecieron acribillados a balazos a los días de su secuestro. El
líder del Partido Nacional Wilson Ferreira Aldunate salvó milagrosamente su vida.
Desde el regreso a la vida democrática hay fuertes e incuestionables testimonios que
vinculan al coronel Pedro Mato Narbondo a los crímenes de Héctor Gutiérrez Ruiz y
Zelmar Michelini en Buenos Aires en 1976 y otras graves violaciones a los derechos
humanos por las cuales fue condenado en Italia en año 2019.

Promueven un coronel de dudosas credenciales

La activa colaboración del coronel Jorge Fernández con un criminal estatal demuestra
una absoluta falta de adhesión de su parte a los principios republicanos de gobierno y
por lo mismo su perfil personal es incompatible con ocupar altos cargos en las Fuerzas
Armadas, incluso como el que ostenta en la actualidad, de acuerdo a los trascendidos
de prensa.
Al solicitar su venia para ascenderlo a general, el Poder Ejecutivo expresa y trasmite a
la población en general un punto de vista que no compartimos y que rechazamos
enérgicamente.
La democracia es una gran conquista del pueblo uruguayo, es un inmenso logro a
preservar. Dada la terrible experiencia que el pueblo uruguayo ha tenido con las
Fuerzas Armadas prestar suma atención a quienes son sus mandos es muy
importante. La dictadura cívico militar fue posible, entre otras razones, porque entre
los mandos de la época eran amplia mayoría los oficiales formados en la Escuela de
las Américas de EEUU, en la Doctrina de la Seguridad Nacional y que despreciaban la
institucionalidad democrática.
Para afirmar el Estado de Derecho hay que designar profesionales con sólidas
convicciones democráticas republicanas, de respeto a la Constitución de la República,
a sus leyes y también al Poder Judicial.