Como en 1992

: entre la derogación total y la parcial

25 enero 2021

El tercer año del mandato de Luis Alberto Lacalle Herrera fue testigo de una gigantesca movilización social, que promovió, con éxito, un referéndum contra la ley “buque insignia” del gobierno: la Ley de Empresas Públicas. El 2021 será testigo de una campaña de similares características: el movimiento social uruguayo intentará derogar la urgente ley de la coalición liderada por Luis Alberto Lacalle Pou. No solo se repite el apellido. Con casi treinta años de diferencia, el debate, y el lugar que ocupan los actores más relevantes en el mismo, se reitera: ¿Es más conveniente derogar parcial o totalmente la ley?

El plan neoliberal
El 13 de setiembre de 1990, el flamante Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de “Ley de modificaciones del régimen de empresas públicas de dominio industrial y comercial del Estado”. Lacalle asumía el gobierno en un clima regional privatizador y desregulador; el neoliberalismo estaba en boga, en nuestro continente, tras la ola que vivió el norte con la era Reagan-Thatcher. La creación del Mercosur, las cartas de intención del FMI, el Consenso de Washington y la mar en coche. Toda una avanzada conservadora.
La Ley de Empresas Públicas recogía fielmente ese feroz espíritu privatizador, comandado por un neoliberal a ultranza, con el apoyo de una coalición de derechas que luego se desmembraría. El proyecto tuvo un lento tratamiento parlamentario, y durante ese proceso el campo popular germinó la propuesta de llevar a cabo primero uno y luego dos referéndums.

La Comisión y el sindicato de Pluna
La Ley, finalmente, fue aprobada con un total de 32 artículos. El sindicato de PLUNA presentó la propuesta de refrendar la norma en su totalidad. Por otra parte, se creó la Comisión Nacional de Defensa del Patrimonio y Reforma del Estado, integrada por el PIT-CNT, el Frente Amplio y sectores “progresistas” de los partidos tradicionales. La propuesta, nacida del movimiento sindical, fue tomada y adaptada según las demandas de los actores político-partidarios, que, buscando un “amplio consenso”, derivó en una propuesta para refrendar únicamente cinco artículos considerados “claves”. La explicación es sencilla: el Frente Amplio procuró apuntar a los artículos que, ya en el Parlamento, contaban con la oposición de los sectores moderados del Partido Colorado y el Partido Nacional (el Foro Batllista y el Polo Progresista, respectivamente).
El 1992 tuvo tres instancias eleccionarias distintas: una primera, donde ninguna de las dos propuestas alcanzó el 25% exigido para poder someterse a referéndum. El 5 de julio, la papeleta blanca para derogar parcialmente la ley obtuvo 439.619 votos (un 18,9% del electorado), y la rosada, para derribar toda la norma, obtuvo 21.035 (un 0,9%). En la segunda instancia, llevada a cabo el 1°de octubre, la papeleta blanca alcanzó el 30,5% de los votos sobre el total de habilitados (693.688), mientras que la opción rosada redujo su caudal electoral: 14.960 papeletas (un 0,6% del electorado). La Corte Electoral convocó a un referéndum para el 13 de diciembre de ese año. 

La aplastante mayoría y sus consecuencias
1.289.503 votantes (un 66,3% del electorado) decidieron derogar los artículos 1°, 2°, 3°, 10° y 12° de la Ley de Empresas Públicas. La amplia base de apoyos que recibió la propuesta, que iban desde el PIT-CNT hasta Julio María Sanguinetti, Pablo Millor y Alberto Zumarán, podría ser una de las claves que explique tan aplastante triunfo. El gobierno de Lacalle recibía un primer y duro revés, y su proyecto madre tuvo un freno, importante y parcial.
Dentro de los cinco artículos caídos no se encontraban, por ejemplo, los que permitían la privatización de PLUNA, que vendió el 51% de sus acciones a capitales privados1. En esa línea, se liquidó la Industria Lobera y Pesquera del Estado (ILPE), se desreguló una parte de UTE y se vendió la Compañía del Gas. ANTEL no se pudo privatizar. De hecho, el sindicato de dicha empresa tuvo un rol preponderante en la campaña por el referéndum.

Similitudes y diferencias en un 2021 movido
La Ley de Urgente Consideración, y su campaña para derogarla, es un espejo en muchos aspectos respecto de lo que sucedía en la escena política y social de hace 29 años. Una coalición de derecha que asume y aprueba un gigantesco avance conservador a través del Poder Legislativo. Un PIT-CNT, aliado a la principal fuerza de oposición, el Frente Amplio, que busca derogarlo parcialmente. Y una militancia marginal (¿marginada?) que procura eliminar la normativa en su totalidad.
A lo largo del 2020 se desplegó en el campo social, el debate, en primer lugar, de si era conveniente llevar a cabo una acción de referéndum, pandemia mediante, y en segundo lugar, a través de qué camino. En un primer momento, se amplió la base de organizaciones que comenzaron a discutir estos asuntos en la Intersocial. Cuando en términos numéricos, las organizaciones sociales de postura radical superaban ampliamente en número a la opción moderada, la “mesa chica”, compuesta por las organizaciones “tradicionales” (PIT-CNT, FEUU, ONAJPU, FUCVAM, sumadas a la Intersocial Feminista), decidió emprender por su cuenta el recurso de referéndum por 135 artículos de la LUC, los cuales, mayormente, habían sido rechazados legislativamente por el FA. Días después, las organizaciones sociales que decidieron no plegarse a esta campaña, emprendieron la acción de derogar la totalidad de la ley.
Actualmente, igual que en 1992, hay dos posibles vías de derogación. A diferencia de ese año, y tras haber reglamentado la normativa, se requiere que las iniciativas superen el 25% de las firmas sobre el total del electorado (el “camino largo” fue el elegido por ambas campañas) para someterse a referéndum. Esto permite, a su vez, acompañar (firmando y votando) ambas iniciativas. En esta ocasión, la ley es respaldada en su totalidad por la coalición de derecha, lo cual presenta el escenario de una base electoral de apoyo a un referéndum más acotada.
Entre cálculos electorales y disputas internas. Entre las urnas y las calles. Entre los gobiernos de turno y las políticas de Estado. Entre democracia directa y espejitos de colores. Los debates están vivos. La lucha también.