Organizaciones sociales finlandesas denunciaron ante la ONU contrato entre Uruguay y UPM
Exigen “una auditoría independiente que determine la afectación de los derechos humanos económicos, sociales y culturales de la población por el contrato firmado en 2017”.
15 enero 2021
Este viernes fue denunciado ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el contrato firmado por el gobierno uruguayo con la empresa finlandesa UPM.
La denuncia presentada por organizaciones sociales finlandesas ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) de Naciones Unidas solicita "una auditoría independiente que determine la afectación de los derechos humanos económicos, sociales y culturales de la población por el contrato firmado en noviembre de 2017 entre la empresa UPM y el gobierno uruguayo", informaron desde el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus).
La denuncia integra además la responsabilidad que le cabe a Finlandia por las acciones de UPM, en el entendido de que UPM "es una corporación transnacional en la que están involucrados intereses públicos y privados cruciales de Finlandia, los impactos en los derechos humanos de la mega inversión de UPM en la producción de celulosa en Uruguay son un ejemplo de condiciones con respecto a las cuales Finlandia es responsable de desarrollar un marco para garantizar que no descuida sus obligaciones".
Entre otras cosas se destaca en la denuncia que "numerosos grupos y comunidades han expresado una profunda preocupación sobre cuáles serán los impactos de ese contrato de inversión en sus derechos humanos y el medio ambiente, ya que el proyecto de UPM gastará miles de millones, la mayoría del dinero de los contribuyentes uruguayos para crear un gran cambio en la tierra y el agua de Uruguay".
Desde MOVUS se han presentado en reiteradas ocasiones informes y denuncias, incluso ante la justicia, por lo que entienden una "continua violación de derechos que supone la obra de UPM en Durazno; obra que se realiza sin haber completado los estudios previos de línea de base y el sistema de dilución de los efluentes requeridos en la autorización ambiental previa de la planta de celulosa".
Cabe recordar que en noviembre la Justicia desestimó la demanda de Movus contra la empresa finlandesa UPM. La decisión estuvo a cargo de la jueza Magela Otero e implica que no se frenarán las obras de la construcción de UPM II, que se están desarrollando en Pueblo Centenario, Durazno.
Organizaciones sociales finlandesas demandan a Naciones Unidas una auditoría independiente para saber si los efectos del Contrato con UPM afectan o no los derechos humanos económicos, sociales y culturales de los uruguayos.
Víctor L. Bacchetta
New Wind Association, Economic Justice Action Group of Friends of the Earth y Emmaus Aurinkotehdas, tres organizaciones sociales de Finlandia, elevaron hoy al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas una denuncia sobre los impactos de la nueva inversión de UPM en Uruguay y la responsabilidad de Finlandia de asegurar y controlar el respeto por esa empresa de los derechos humanos económicos, sociales y culturales de la población de este país.
«Como UPM es una corporación transnacional en la que están involucrados intereses públicos y privados cruciales de Finlandia, los impactos en los derechos humanos de la mega inversión de UPM en la producción de celulosa en Uruguay son un ejemplo de condiciones con respecto a las cuales Finlandia es responsable de desarrollar un marco para garantizar que no descuida sus obligaciones», afirma la denuncia.
«Toda persona tiene derecho a un orden social e internacional en el que los derechos […] puedan realizarse plenamente», recuerdan las organizaciones citando la Declaración de Derechos Humanos de la ONU. Y agregan que «todos los órganos de la sociedad» deberán «promover el respeto de estos derechos y libertades»,así como adoptar las medidas nacionales e internacionales para asegurar su reconocimiento.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR, por sus siglas en inglés) es un órgano compuesto por expertos independientes con el fin de supervisar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este Pacto fue aprobado por la Asamblea General de la ONU el 16 de diciembre de 1966 y, tras ser ratificado por los Estados, entró en vigor el 3 de enero de 1976.
El CESCR fue creado el 28 de mayo de 1985 por resolución del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) para llevar a cabo las funciones de seguimiento del Pacto asignadas a este Consejo. El CESCR está integrado por 18 expertos independientes de alta consideración moral y reconocida competencia en el ámbito de los derechos humanos elegidos por los Estados partes del Pacto.
Los miembros del Comité desempeñan sus funciones a título personal por un período de cuatro años y pueden ser reelegidos. La presidencia es ocupada en la actualidad por el jurista brasileño Renato Zerbini Ribeiro Leão. En la próxima reunión del CESCR, a celebrarse del 15 de febrero al 5 de marzo, se tratarán los informes de Finlandia y Latvia que incluyen las presentaciones de organizaciones de la sociedad civil.
«Numerosos grupos y comunidades han expresado una profunda preocupación sobre cuáles serán los impactos de ese contrato de inversión en sus derechos humanos y el medio ambiente, ya que el proyecto de UPM gastará miles de millones, la mayoría del dinero de los contribuyentes uruguayos para crear un gran cambio en la tierra y el agua de Uruguay», señalan las organizaciones finlandesas al CESCR.
Y agregan que, como Finlandia y otros estados tienen poderes para controlar a «las corporaciones constituidas bajo sus leyes, o que tienen su sede estatutaria, administración central o lugar principal de negocios en su territorio», el estado finlandés «tiene que usar ese poder de control para asegurar los derechos humanos en particular en megainversiones público-privadas en el exterior como ésta».
Un acuerdo desigual no ofrece garantías
El informe presentado al CESCR, titulado «Sobre la mega inversión de UPM-Uruguay y la responsabilidad de Finlandia de asegurar y monitorear que respete los derechos humanos económicos, sociales y culturales en cumplimiento de las obligaciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales», realiza un análisis detallado del nuevo proyecto de UPM y de sus consecuencias.
Reproducimos a continuación fragmentos del Prefacio del documento (*).
«Uruguay y la corporación trasnacional UPM acordaron en esta su inversión común que Uruguay debía primero hacerse cargo de construir el ferrocarril, la terminal portuaria y las obras de infraestructura, así como introducir cambios en la educación, las leyes y las condiciones laborales del país para atender los negocios de UPM. y solo si UPM consideraba que eran idóneos decidiría realizar su inversión.
UPM tendrá así una enorme influencia para exigir más y más a Uruguay para servir a sus intereses comerciales porque los 4.000 millones de euros que Uruguay invirtió por adelantado para atender el proyecto de UPM, serán un gran desperdicio si UPM no invierte sus 2.400 millones de euros para la producción de celulosa.
La Institución Nacional de Derechos Humanos de Uruguay ha determinado que los impactos acumulativos que tendrá este proyecto sobre los derechos humanos y el medio ambiente no han sido debidamente evaluados con la participación de las personas afectadas y no son debidamente conocidos por el pueblo uruguayo.
Los derechos humanos están amenazados por un acuerdo en el cual una nación invierte una cantidad superior al 7% de su Producto Interno Bruto anual en un proyecto que puede no realizarse en absoluto si una empresa privada considera que los esfuerzos de Uruguay no son suficientes.
No se pueden verificar adecuadamente los impactos de un proyecto cuando el destino de una gran extensión de los recursos de Uruguay – tierras, el agua, ecosistemas, la biodiversidad, infraestructura, condiciones ambientales, laborales y educativas, etc. – depende de lo que a UPM se le ocurra decidir que es rentable para su negocio.
Los órganos y relatores de la ONU han señalado que los estados no pueden dejar en manos de los actores empresariales privados, que tienen intereses comerciales en las inversiones, la evaluación de los impactos sobre los derechos humanos y el medio ambiente, sino que los estados son responsables de evaluar, los impactos y actuar para garantizar los derechos humanos y la integridad ambiental.
Con respecto a cómo los derechos humanos económicos, sociales y culturales pueden ser afectados por el proyecto, como país de origen de UPM, Finlandia es responsable junto con Uruguay de garantizar el respeto de estos derechos humanos y su adecuada protección para que las actividades comerciales de UPM en Uruguay no afecten negativamente sino promover la realización de estos derechos.
Con respecto a dichos impactos, Finlandia también debe ayudar a establecer una comisión o entidad de revisión independiente e imparcial que los órganos respectivos de la ONU puedan nominar o aprobar como competente para evaluar los impactos del proyecto de UPM sobre los derechos humanos económicos, sociales y culturales y en el medio ambiente, en particular en la biodiversidad y el agua.
Finlandia debe contribuir a cubrir junto con Uruguay los costos de dicha comisión de evaluación guiada de la ONU y respetar sus hallazgos en términos de sus obligaciones como estados parte de la ONU de proporcionar de manera transparente toda la información solicitada por la comisión con respecto al proyecto.»
Comunicado de prensa
UPM denunciada en Naciones Unidas
En el día de hoy fue denunciado en la ONU el contrato firmado por el gobierno uruguayo con UPM.
La denuncia presentada por organizaciones sociales finlandesas ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) de Naciones Unidas solicita una auditoría independiente que determine la afectación de los derechos humanos económicos, sociales y culturales de la población por el contrato firmado en noviembre de 2017 entre la empresa UPM y el gobierno uruguayo.
La denuncia integra además la responsabilidad que le cabe a Finlandia por las acciones de UPM, en el entendido de que UPM:«es una corporación transnacional en la que están involucrados intereses públicos y privados cruciales de Finlandia, los impactos en los derechos humanos de la mega inversión de UPM en la producción de celulosa en Uruguay son un ejemplo de condiciones con respecto a las cuales Finlandia es responsable de desarrollar un marco para garantizar que no descuida sus obligaciones»
Entre otras cosas se destaca en la denuncia que «Numerosos grupos y comunidades han expresado una profunda preocupación sobre cuáles serán los impactos de ese contrato de inversión en sus derechos humanos y el medio ambiente, ya que el proyecto de UPM gastará miles de millones, la mayoría del dinero de los contribuyentes uruguayos para crear un gran cambio en la tierra y el agua de Uruguay».
Desde el MOVUS se han presentado en reiteradas ocasiones informes y denuncias, incluso ante la justicia, por la continua violación de derechos que supone la obra de UPM en Durazno; obra que se realiza sin haber completado los estudios previos de línea de base y el sistema de dilución de los efluentes requeridos en la Autorización Ambiental Previa de la planta de celulosa.
Otras organizaciones también han presentado denuncias por la violación de los derechos humanos, en especial por la construcción del tren para UPM cuya obra y futura operación supone riesgo de vida para miles de uruguayos y sobre lo que se ha expedido concordantemente la Institución Nacional de Derechos Humanos en el período de gobierno pasado.
El texto completo de la denuncia se encuentra en: http://www.observatoriodelaguaenuruguay.com/report-to-un-cescr-on-upm-investment-in-uruguay/
Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus)
15 de enero 2021
Contactos:
Victor Bacchetta 098935317;
Ana Filippini 098407572;
Raúl Viñas 099648685
El reclamo uruguayo hizo carne en Finlandia y llegó a la ONU
Los delegados de organizaciones ambientalistas de Finlandia decidían tomar partido, activamente, por una cuestión cercana a Pueblo Centenario, departamento de Durazno.
Así, presentaban ante el CESCR de la ONU un informe —que era denuncia— sobre la inversión de UPM en Uruguay y la responsabilidad de Finlandia de asegurar y monitorear que se respeten los derechos humanos, económicos, sociales y culturales en cumplimiento de las obligaciones del PIDESC.
Ese texto fue presentado en idioma inglés, compuesto por varias páginas y asociado a las organizaciones ambientalistas de Finlandia que llegaron a la ciudad más importante de Estados Unidos.
“Uruguay se ha comprometido a invertir 4.000 millones de euros —más del 7 % de su PIB anual— en dicho ferrocarril, infraestructura, educación, etc., que están estructurados para atender la producción de celulosa UPM a gran escala y que no serán debidamente productivos o beneficiosos”, dice la nota en un principio.
Desde Finlandia se tiene claro que UPM invierte para construir al norte del departamento de Durazno la mayor fábrica de celulosa del mundo, a cuya productividad está destinada la inversión de esos 4000 millones de euros.
“Uruguay y UPM, una corporación transnacional, acordaron en esta su inversión común que Uruguay debe primero construir el ferrocarril, la terminal portuaria y las obras de infraestructura, así como introducir cambios en la educación, las leyes y las condiciones laborales del país para atender los negocios de UPM. y solo si UPM consideraba que eran idóneos decidiría realizar su inversión. Por lo tanto, UPM tendrá una enorme influencia para exigir más y más a Uruguay para servir solo a los intereses comerciales de UPM, porque los 4 mil millones de euros que Uruguay invirtió por adelantado para atender dicha producción de celulosa de UPM, seguirán siendo un gran desperdicio si la UPM no invierte sus 2,4 mil millones de euros a la producción de celulosa”, comienza diciendo el texto derivado a la ONU.
El Instituto de Derechos Humanos de Uruguay ha determinado que los impactos acumulativos que tendrá este proyecto sobre los derechos humanos y el medio ambiente no han sido debidamente evaluados con la participación de las personas afectadas y no son debidamente conocidos por el pueblo uruguayo, es otro de los párrafos acumulados al informe.
De acuerdo con esta denuncia, “los derechos humanos se ven amenazados por un acuerdo de proyecto en el que una nación invierte una cantidad superior al 7% de su PIB anual, en un proyecto que puede no realizarse en absoluto si una empresa privada no considera que los esfuerzos de Uruguay sean suficientes. Por lo tanto, el proyecto no puede verificar que haya asegurado adecuadamente que los impactos de dicha inversión no debilitarán la realización de los derechos humanos económicos, sociales y culturales. No es posible verificar adecuadamente los impactos de un proyecto, donde se ha acordado depender del destino de una gran extensión de los recursos de Uruguay - tierras, agua, ecosistemas, biodiversidad, infraestructura, condiciones ambientales, laborales y educativas-, lo que UPM decide para ser adecuadamente rentable para su negocio”.
Las organizaciones New Wind Association de Finlandia, el Grupo de Acción de Justicia Económica de Amigos de la Tierra, Finlandia y Emaús Aurinkotehdas, Finlandia, son las que firman el texto, fechado el 15 de enero.
Traductor mediante, El Acontecer indagó en la denuncia.
“La inversión de UPM-Uruguay afectará la calidad y circulación ecológica del agua y las condiciones de acceso a la misma, las condiciones de uso del suelo, la biodiversidad, los ecosistemas, el trabajo, la vivienda y los transportes en la zona de manera que descuidan las obligaciones de derechos humanos y amenazan con violar derechos humanos a un nivel de vida adecuado, en relación con los derechos a la alimentación, el agua y la vivienda, y los derechos humanos a la salud, un medio ambiente limpio y seguro, la cultura, el trabajo y la educación, privando a las personas de sus medios de subsistencia localmente autodeterminados. Como las condiciones establecidas por las actividades y decisiones de la UPM pueden poner en peligro los derechos humanos económicos, sociales y culturales en Uruguay de muchas maneras y como la UPM actúa ampliamente bajo la jurisdicción de Finlandia, Finlandia también es responsable de los impactos en la medida de lo posible. Por sus leyes, la gobernanza y las políticas influyen en las condiciones de las actividades de UPM y las decisiones sobre cómo UPM está haciendo sus negocios”, reza un nuevo párrafo, previamente a involucrar a Finlandia como responsable.
“Finlandia es responsable en virtud del PIDESC de actuar para garantizar, en cooperación con Uruguay, que las condiciones no afecten negativamente la realización de los derechos humanos en los siguientes aspectos, en los que Finlandia actualmente descuida sus obligaciones extraterritoriales, ya que Finlandia no ha actuado adecuadamente para garantizar que la tierra y el agua se utilizarán principalmente para garantizar los derechos humanos mediante los medios de subsistencia autodeterminados de las personas.”
Los ambientalistas que firman la denuncia elevada a la ONU en Nueva York al cierre de la pasada semana, agregan que Uruguay y Finlandia deben garantizar los derechos humanos de las personas a una alimentación, agua, vivienda y condiciones de vida dignas y adecuadas, y que las fuentes de acceso de las personas a ellas permanezcan en manos de las personas sin retrogradación, que no se las quiten bajo control comercial para otros fines de UPM u otros intereses comerciales.
Otro aspecto subyacente en la denuncia es el derecho de las personas de nuestra región de estar debidamente informadas.
“Las personas de Uruguay que se ven afectadas deben estar debidamente informadas sobre los impactos, sobre sus derechos y el medio ambiente, evaluados y verificados por terceros —titulares independientes competentes de derechos humanos y competencia ambiental— con respecto a las respectivas obligaciones ambientales y de derechos humanos de Uruguay, Finlandia y UPM y compromisos sobre responsabilidades de los actores empresariales bajo la jurisdicción o influencia de los Estados Partes”.
Se agrega que si bien UPM ha realizado muchas evaluaciones, no han sido evaluaciones de los impactos generales sobre los derechos humanos y diversas comunidades afectadas que no han podido participar.
“Finlandia también tiene que ayudar a garantizar que se establezca una comisión o entidad de revisión independiente e imparcial que los respectivos órganos de la ONU puedan nominar o aprobar como competente para evaluar los impactos del proyecto UPM planeado en los derechos humanos económicos, sociales y culturales y en el medio ambiente, en particular en la biodiversidad y el agua. Finlandia debe contribuir a cubrir junto con Uruguay los costos de dicha comisión de evaluación guiada de la ONU y respetar sus hallazgos en términos de sus obligaciones como estados parte de la ONU”, concluye la demanda en su parte medular.
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