Finlandeses cercanos

 

El reclamo uruguayo hizo carne en Finlandia y llegó a la ONU

 

Los delegados de organizaciones ambientalistas de Finlandia decidían tomar partido, activamente, por una cuestión cercana a Pueblo Centenario, departamento de Durazno.
Así, presentaban ante el CESCR de la ONU un informe —que era denuncia— sobre la inversión de UPM en Uruguay y la responsabilidad de Finlandia de asegurar y monitorear que se respeten los derechos humanos, económicos, sociales y culturales en cumplimiento de las obligaciones del PIDESC.
Ese texto fue presentado en idioma inglés, compuesto por varias páginas y asociado a las organizaciones ambientalistas de Finlandia que llegaron a la ciudad más importante de Estados Unidos.
“Uruguay se ha comprometido a invertir 4.000 millones de euros —más del 7 % de su PIB anual— en dicho ferrocarril, infraestructura, educación, etc., que están estructurados para atender la producción de celulosa UPM a gran escala y que no serán debidamente productivos o beneficiosos”, dice la nota en un principio.
Desde Finlandia se tiene claro que UPM invierte para construir al norte del departamento de Durazno la mayor fábrica de celulosa del mundo, a cuya productividad está destinada la inversión de esos 4000 millones de euros.

El país y UPM

“Uruguay y UPM, una corporación transnacional, acordaron en esta su inversión común que Uruguay debe primero construir el ferrocarril, la terminal portuaria y las obras de infraestructura, así como introducir cambios en la educación, las leyes y las condiciones laborales del país para atender los negocios de UPM. y solo si UPM consideraba que eran idóneos decidiría realizar su inversión. Por lo tanto, UPM tendrá una enorme influencia para exigir más y más a Uruguay para servir solo a los intereses comerciales de UPM, porque los 4 mil millones de euros que Uruguay invirtió por adelantado para atender dicha producción de celulosa de UPM, seguirán siendo un gran desperdicio si la UPM no invierte sus 2,4 mil millones de euros a la producción de celulosa”, comienza diciendo el texto derivado a la ONU.
El Instituto de Derechos Humanos de Uruguay ha determinado que los impactos acumulativos que tendrá este proyecto sobre los derechos humanos y el medio ambiente no han sido debidamente evaluados con la participación de las personas afectadas y no son debidamente conocidos por el pueblo uruguayo, es otro de los párrafos acumulados al informe.
De acuerdo con esta denuncia, “los derechos humanos se ven amenazados por un acuerdo de proyecto en el que una nación invierte una cantidad superior al 7% de su PIB anual, en un proyecto que puede no realizarse en absoluto si una empresa privada no considera que los esfuerzos de Uruguay sean suficientes. Por lo tanto, el proyecto no puede verificar que haya asegurado adecuadamente que los impactos de dicha inversión no debilitarán la realización de los derechos humanos económicos, sociales y culturales. No es posible verificar adecuadamente los impactos de un proyecto, donde se ha acordado depender del destino de una gran extensión de los recursos de Uruguay - tierras, agua, ecosistemas, biodiversidad, infraestructura, condiciones ambientales, laborales y educativas-, lo que UPM decide para ser adecuadamente rentable para su negocio”.

Ambientalistas de allá

Las organizaciones New Wind Association de Finlandia, el Grupo de Acción de Justicia Económica de Amigos de la Tierra, Finlandia y Emaús Aurinkotehdas, Finlandia, son las que firman el texto, fechado el 15 de enero.
Traductor mediante, El Acontecer indagó en la denuncia.
“La inversión de UPM-Uruguay afectará la calidad y circulación ecológica del agua y las condiciones de acceso a la misma, las condiciones de uso del suelo, la biodiversidad, los ecosistemas, el trabajo, la vivienda y los transportes en la zona de manera que descuidan las obligaciones de derechos humanos y amenazan con violar derechos humanos a un nivel de vida adecuado, en relación con los derechos a la alimentación, el agua y la vivienda, y los derechos humanos a la salud, un medio ambiente limpio y seguro, la cultura, el trabajo y la educación, privando a las personas de sus medios de subsistencia localmente autodeterminados. Como las condiciones establecidas por las actividades y decisiones de la UPM pueden poner en peligro los derechos humanos económicos, sociales y culturales en Uruguay de muchas maneras y como la UPM actúa ampliamente bajo la jurisdicción de Finlandia, Finlandia también es responsable de los impactos en la medida de lo posible. Por sus leyes, la gobernanza y las políticas influyen en las condiciones de las actividades de UPM y las decisiones sobre cómo UPM está haciendo sus negocios”, reza un nuevo párrafo, previamente a involucrar a Finlandia como responsable.
“Finlandia es responsable en virtud del PIDESC de actuar para garantizar, en cooperación con Uruguay, que las condiciones no afecten negativamente la realización de los derechos humanos en los siguientes aspectos, en los que Finlandia actualmente descuida sus obligaciones extraterritoriales, ya que Finlandia no ha actuado adecuadamente para garantizar que la tierra y el agua se utilizarán principalmente para garantizar los derechos humanos mediante los medios de subsistencia autodeterminados de las personas.”
Los ambientalistas que firman la denuncia elevada a la ONU en Nueva York al cierre de la pasada semana, agregan que Uruguay y Finlandia deben garantizar los derechos humanos de las personas a una alimentación, agua, vivienda y condiciones de vida dignas y adecuadas, y que las fuentes de acceso de las personas a ellas permanezcan en manos de las personas sin retrogradación, que no se las quiten bajo control comercial para otros fines de UPM u otros intereses comerciales.

Más información

Otro aspecto subyacente en la denuncia es el derecho de las personas de nuestra región de estar debidamente informadas.
“Las personas de Uruguay que se ven afectadas deben estar debidamente informadas sobre los impactos, sobre sus derechos y el medio ambiente, evaluados y verificados por terceros —titulares independientes competentes de derechos humanos y competencia ambiental— con respecto a las respectivas obligaciones ambientales y de derechos humanos de Uruguay, Finlandia y UPM y compromisos sobre responsabilidades de los actores empresariales bajo la jurisdicción o influencia de los Estados Partes”.
Se agrega que si bien UPM ha realizado muchas evaluaciones, no han sido evaluaciones de los impactos generales sobre los derechos humanos y diversas comunidades afectadas que no han podido participar.
“Finlandia también tiene que ayudar a garantizar que se establezca una comisión o entidad de revisión independiente e imparcial que los respectivos órganos de la ONU puedan nominar o aprobar como competente para evaluar los impactos del proyecto UPM planeado en los derechos humanos económicos, sociales y culturales y en el medio ambiente, en particular en la biodiversidad y el agua. Finlandia debe contribuir a cubrir junto con Uruguay los costos de dicha comisión de evaluación guiada de la ONU y respetar sus hallazgos en términos de sus obligaciones como estados parte de la ONU”, concluye la demanda en su parte medular.