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La LUC se presentó como "buque insignia" del gobierno de la derecha. Un paquete de leyes que favorece los intereses de la clase dominante, representada por los distintos sectores de la "coalición multicolor".
Significa, según sus promotores, la puesta a punto para dejar atrás las políticas de los gobiernos progresistas.
En realidad, la LUC termina siendo una profundización de las políticas regresivas que ya se habían empezado a implementar en los gobiernos del Frente Amplio. Esto es importante recordarlo porque explica que hoy tengamos dos referendums contra la LUC.
Muchas de estas políticas que pretende "introducir" la LUC, ya estaban vigentes y tal vez el ejemplo más evidente sea la ley que prohibe los piquetes, decreto presidencial impuesto por Vázquez en 2017, aunque no el único.
Ahora, una cosa es lo que dicen los papeles y otra cosa lo que pasa en la realidad.
Una ley puede existir pero eso no quiere decir que se pueda aplicar sin resistencia.
Para poder aplicarla es necesario que haya un consenso social que lo permita (o en el caso de las leyes con respaldo popular, una correlación de fuerzas favorable). Es en este plano, justamente, donde cobra importancia la LUC.
Hemos visto cómo la policía avasalla el derecho de reunión esgrimiendo la reciente aprobación de la LUC. Hemos leído u oído la frase: "ahora ajo y agua" haciendo referencia a que nada se puede hacer salvo esperar las elecciones para, en teoría, frenar el avance represivo.
Acá, en el plano de lo subjetivo, donde se juega la legitimidad, es que tenemos la posibilidad de dar la batalla y frenar la ofensiva neo-liberal.
En este sentido, es que cualquier golpe contra la LUC es necesario para fortalecer los movimientos sociales de cara a las luchas que se nos vienen
Una de esas luchas es que el sindicato policial no esté en el PIT-CNT. El SIFPOM considera que algunos de los artículos que introduce la LUC son reivindicaciones históricas. Además, ya declaró que no participará de la campaña de recolección de firmas de la convención que integra.
Los referendums y plebiscitos son lo más cercano a la democracia directa que este sistema representativo contempla; son la posibilidad de ejercer la ciudadanía sobre un tema, sin representante.
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