>>> Son números
>>> Los números que son también violencia Pero ingresó este virus, que es mundial, y produjo una brecha aún más significativa a nivel social.
Las
carencias abundan, la economía está estancada, las empresas trabajando
con el mínimo de personal, mucha gente sin trabajo, en seguro de paro,
con pronósticos poco alentadores, vendiendo sus pertenencias y
efectuando changas eventuales para sobrevivir.
Esto ha llevado a
mucha gente a vivir en zonas periféricas, tomando campos baldíos,
aumentando los asentamientos irregulares, con viviendas muy precarias.
No
es difícil suponer que los niños que nacen en este contexto, lo hacen
con muy pocas posibilidades: enfrentan hacinamiento, promiscuidad,
carencias totales, desnutrición, ignorancia, y sobre todo desintegración
familiar, donde generalmente la figura de referencia, padre o madre, no
está.
No generalizo, porque dentro del mismo contexto hay familias con ganas de superación y trabajo.
Pero esto supone también delincuencia; la falta de oportunidades y vivir así, es fuente de cultivo para la ilegalidad.
Un
niño que nace en la miseria, crece con hambre, sufre agresiones físicas
y sexuales en su ambiente diario, sin recibir la protección familiar ni
la transmisión de valores, ¿puede convertirse en algo mejor?
Es por eso que pido al gobierno nacional compromiso y empatía para luchar contra esta desigualdad y falta de oportunidades.
Porque la lucha contra la pobreza y la delincuencia deben darse en paralelo y es obligación del Estado.
https://www.elpais.com.uy/opinion/ecos/pobreza-delincuencia.html
Las cárceles como epicentro de violencia
Al margen de la ley
Camila Ghemi
Brecha 12 febrero, 2021
En lo que va del año ya se contabilizaron seis muertes en custodia –cuatro de ellas violentas–, cifra que, proyectada, amenaza superar el récord del año pasado.
No es novedad que los centros penitenciarios son un cúmulo de
violencia y angustia. En 2020, a pesar de que el ministro del Interior,
Jorge Larrañaga, aseguró que había habido una baja en los delitos, nos
encontramos con una población penitenciaria de 13.039 personas, número
récord en el país, que continúa creciendo aceleradamente. Actualmente,
Uruguay se encuentra en el puesto 28 de los 222 países del mundo con más
presos.
MISMAS HISTORIAS
El comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit, se
presentó en mayo de 2020 ante la Comisión Especial para el Seguimiento
de la Situación Carcelaria para dar su visión sobre la actualmente
vigente Ley de Urgente Consideración. Allí afirmó: «Más presos y más
presos por más tiempo no van a traer más seguridad pública, sino todo lo
contrario: [más] reincidencia [de alrededor del 55 por ciento]».
Asimismo, aseguró que es «imprescindible» dejar de lado la idea de que
más penas y más presos es sinónimo de más seguridad, y destacó que los
estudios muestran que la eficiencia de las penas va acompañada de un
sistema «lleno de contenidos socioeducativos». En esa visita, Petit
habló sobre la First Step Act, o Ley de Primer Paso, aprobada en 2018
por Estados Unidos, cuyo objetivo principal era bajar la reincidencia.
La norma se concibió para disminuir a la mitad la población
penitenciaria, promoviendo penas más cortas con contenidos educativos,
programas de salud mental, la conexión con las comunidades, tareas de
prevención y una reforma de las cárceles. Por otro lado, propuso derivar
a los infractores con un consumo problemático de drogas a juzgados
donde los delitos «no graves vinculados a adicciones reciben un
tratamiento particular, con internaciones en clínicas o centros
especializados para evitar el espiral del deterioro que trae la adicción
no tratada».
Jaime Saavedra, quien cuenta con una larga trayectoria en los centros
penitenciarios y hasta principios de 2020 fue director de la Dirección
Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali), comentó a Brecha
que el período 2016-2020 fue «trágico, porque las muertes violentas en
las cárceles se dispararon a números muy dolorosos». Según datos del
Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), en 2016 y 2017 murieron 47
reclusos cada año; en 2016 fueron violentas 32 de las muertes y al año
siguiente, 28. Durante 2018 se observó una baja, con un total de 37
defunciones, de las cuales 27 fueron violentas. En 2019 la cifra llegó a
44, con 32 muertes violentas. Las cifras de 2020 aún no están cerradas,
pero se estima que las defunciones no serán menos de 44, con 18
homicidios, 15 suicidios y 11 muertes naturales.
Denisse Legrand, coordinadora del proyecto Nada Crece a la Sombra, habló con Brecha
y declaró que en estas estadísticas no se están midiendo las lesiones
discapacitantes, como las producidas en los ojos y la pérdida de
movilidad en brazos y piernas. Enfatizó el alto costo de este tipo de
daños en el sistema de salud, tanto por las curaciones correspondientes
como por los tratamientos específicos que se necesitan luego.
Saavedra apuntó a la cantidad récord de reclusos que hay en nuestro
país y enfatizó que ese número no es un buen índice. «Hay un desafío que
es parapenitenciario y bordea lo penal: la política desquiciada de
meter a todo el mundo en cana, casi como la única opción», sentenció.
Aseguró que «va a contrapelo de lo que las buenas prácticas y las
experiencias exitosas en el mundo están aconsejando». Añadió que el
camino es buscar alternativas de castigos para las personas y que este
problema no surgió en esta administración, sino, «paradójicamente, en el
gobierno progresista». En cuanto a la violencia institucional, opinó
que el problema radica en la organización y el diseño del sistema.
Explicó que Uruguay es el único país del mundo donde los policías
trabajan dentro de las cárceles y que «no hay nada más inconveniente que
eso», no por los policías en sí, sino porque no están capacitados para
cumplir esa función. En 2010, mediante un acuerdo multipartidario, se
decidió comenzar una separación gradual de la Policía de esos cargos y
apareció la figura del operador penitenciario. Según Saavedra, este
camino quedó «congelado». Lamentó que «incluso en el presupuesto
nacional se elimine una serie de cargos, como los de educadores,
licenciados en Educación, profesores y maestros»: «Esos recursos del
área social se transformaron en un rubro para contratar personal
policial».
Legrand, quien también fue consultada sobre el tema, tiene una visión
contraria. Aseguró que la aparición del operador penitenciario fue un
paso fundamental y que, luego de algunos choques, tanto policías como
operadores lograron dinamizar su trabajo y ser necesarios los unos para
los otros. Por otro lado, declaró que estamos «a años luz» de crear
mecanismos de convivencia que no precisen de una segunda línea de
control, que en este caso sería la Policía. Explicó que el policía
penitenciario es «ninguneado» por el mismo sistema, lo que tiene una
repercusión negativa: «Es un policía de baja categoría, cuando lo que
tenemos que hacer es, justamente, de alguna manera, valorizar el trabajo
en cárceles y el esfuerzo inmenso que hacen». Recordó la resolución
aprobada en la gestión anterior que expresa que un policía denunciado
por violencia de género deberá entregar el arma de reglamento y hacer
trabajo de policía penitenciario como «castigo». Remarcó que se
necesitan oficiales profesionales y capacitados para ejercer este
trabajo. Según el informe presentado en noviembre de 2020 sobre la
actividad del comisionado parlamentario del año anterior, el personal
del INR contó con un total de 4.290 funcionarios, de los cuales un 65
por ciento son policías, un 31 por ciento operadores y un 4 por ciento
técnicos.
Otro de los problemas que advirtió Saavedra, relacionado con la
violencia institucional, es que el Ministerio del Interior (MI) no puede
abarcar todo lo que debería. «El MI tiene otras preocupaciones», dijo,
como combatir los delitos en los barrios. «Si iba a decirle al ministro
[Eduardo] Bonomi que estábamos preocupados por la reinserción en el
momento en que estaba combatiendo a Los Chingas, ¿a quién le iba a dar
pelota?», graficó. En su opinión, el INR debería separarse de ese
ministerio y ser ubicado en otro de referencia.
RASTRO DE SANGRE
Un informe publicado en 2018, titulado «Muertes en las cárceles
uruguayas. Magnitud del fenómeno y problemas para estudiarlo», de Ana
Vigna y Santiago Sosa Barón, del Departamento de Sociología de la
Facultad de Ciencias Sociales, trazó el recorrido de la contabilización
de muertes en las cárceles uruguayas. Reveló que la validez y la
confiabilidad de estas estadísticas es causa de «fuertes controversias»,
porque el principal organismo que produce esta información es el propio
INR. Además, para comprender este fenómeno no es suficiente estudiar
variables «fácilmente cuantificables»: se necesita entender aspectos
relacionados a la vida cotidiana y los vínculos de los privados de
libertad.
Hasta 2016 Uruguay no contó con un sistema de monitoreo ni de
seguimiento de la evolución al respecto, lo que complejizó el análisis
del panorama. Ese fue el año en que Petit pidió información que permitió
trazar y reconstruir lo sucedido en las cárceles según el año, la
ocurrencia y el tipo de muerte desde 2006 hasta 2015. Para los años
posteriores se implementó un relevamiento continuo de información a
través de un formulario, aunque obtuvo pocos resultados. A partir de
esta fecha el comisionado monitorea independientemente de las muertes.
En 2017 decidió actualizar el formulario y mejorar el protocolo de
seguimiento. Se incluyó un módulo especial para suicidios y muertes por
enfermedad, en el que se detallan tanto la historia clínica del
individuo como los antecedentes de intentos de autoeliminación, el
estado de ánimo previo y si compartía la celda con otro recluso. Esta
investigación arrojó que la Unidad 5 de mujeres tiene la tasa más alta
de suicidios del sistema, junto con la Unidad 3 (antes, Penal de
Libertad).
Por otro lado, a partir de un pedido del Departamento de Sociología
de la Facultad de Ciencias Sociales, el MI proporcionó la información de
todas las víctimas de homicidio entre 2013 y 2017, y los suicidios
entre 2016 y 2017. A partir de ahí, el comisionado clasificó las causas
de muerte en 11 tipos, y esta clasificación es distinta a la del MI. A
pesar de esta diferencia, «en la mayoría de los casos no hay
discrepancias» entre los registros del MI y los del comisionado, salvo
«excepciones significativas, en las que se registraron versiones
diferentes de los hechos; en algunos de estos casos directamente no hubo
coincidencia en la clasificación». Tomando en cuenta la información
disponible entre 2006 y 2017, hubo un total de 475 fallecidos en las
cárceles: alrededor de 40 personas fallecidas por año. En esta cifra
están contempladas tanto las muertes violentas como las no violentas.
Si comparamos las cifras de homicidios dentro y fuera de los centros
penitenciarios, encontramos que en el período 2006-2017 hubo 117
internos muertos cada 100 mil detenidos; fuera de la cárcel la
proporción fue de 7 homicidios cada 100 mil habitantes. Algo muy similar
sucede cuando se estudian las cifras de los suicidios: en los centros,
un promedio de 75,9 cada 100 mil internos, mientras que la tasa nacional
fue de 17,4 cada 100 mil habitantes. «Dentro de las cárceles no sólo se
muere más, sino que se muere más joven», declara el artículo.
Sobre los suicidios en las cárceles, Legrand afirmó que en 2020 la
tasa aumentó un 67 por ciento y que suelen ocurrir en las mismas
cárceles. Dijo a Brecha que «sobrevivir a la cárcel es
un desafío antihumano», al que se suman el del uso problemático de
drogas (ocho de cada diez privados de libertad lo padecen), los
problemas de salud mental y la angustia del encierro. Estos factores
producen una tasa muy alta de suicidios, que «quintuplica la tasa del
afuera».
Por otro lado, en cuanto a las edades de los reclusos que mueren bajo
custodia, los autores del artículo argumentaron que el dato es «otro
indicador del carácter necrogénico de la cárcel». El promedio de edad de
esos reclusos es de 37 años. Si se consideran solamente las muertes
violentas, el promedio baja a 29 años, mientras que fuera de los penales
es de 35. Si se consideran los suicidios, el promedio es de 34. En
cuanto a la cantidad de población por penal, detallan que «la muerte
tiene una importante sobrerrepresentación en las grandes cárceles, como
el ex-Comcar, Libertad, Canelones (Unidad 7), y en la cárcel de
mujeres», por lo cual se entiende que la sobrepoblación podría ser un
factor que aumenta las muertes violentas en las cárceles. En cuanto a
las causas de las muertes no violentas, califican el panorama de «poco
claro». Explican que los registros médicos son «pobres en general», que
gran parte de la información relevante no está adjuntada en las
carpetas, como corresponde, y que tampoco lo están los dictámenes
forenses. En estos casos, cuando la causa de muerte no es del todo
clara, se registra en la categoría «Otras causas no violentas».
Las fuentes del comisionado dijeron a Brecha que a
partir de julio de 2018 el INR implementa un protocolo de diagnóstico
que se aplica a cada interno al ingresar a un penal, al solicitar un
traslado y al realizar algunas solicitudes judiciales. Esto ayudó a
medir el riesgo de reincidencia y el riesgo de daño a terceros o a sí
mismos.
LA OTRA PANDEMIA
En lo que va del año ya son cuatro las muertes violentas en los
penales: dos en el antiguo Comcar, una en el Penal de Libertad y una en
Punta de Rieles. Sobre el incidente en Santiago Vázquez, Santiago
González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, dijo a Brecha:
«El accionar de la Policía hizo que tuviésemos dos fallecidos y no
más». Las fuentes confirmaron que dos de los cinco heridos en este
suceso fueron dados de alta y trasladados al sector de enfermedades
crónicas de Santiago Vázquez.
Consultado sobre el alto nivel de violencia en las cárceles, González
respondió que se trabaja diariamente para erradicarlo y que «el cambio
se va a notar», pero es un problema demasiado profundo para resolverlo
en los diez meses que lleva la nueva administración. Afirmó que las
cárceles se recibieron «totalmente destruidas, en pésimo estado, en una
clara y notoria violacion de los derechos humanos en la mayor parte», y
que en esas condiciones no se puede hacer un trabajo de rehabilitación.
Debido a eso, las nuevas autoridades crearon el Plan de Dignidad
Carcelaria, que apunta a una refacción total de las cárceles y a crear
más trabajo para los privados de libertad.
Curiosamente, el Módulo 3 de Santiago Vázquez –donde ocurrió el
incidente– fue reacondicionado en 2013. Según Saavedra, «quedó como
nuevo y hasta 2015 casi que era un módulo modelo». Sin embargo, en 2016
comenzó un proceso de «deterioro de la convivencia muy complicado y muy
acelerado, lo que ocurrió con muchos módulos y muchas cárceles de
Uruguay». González acompañó esta afirmación y destacó que los materiales
empleados en el reacondicionamiento eran de «pésima calidad».
Sobre este suceso, Legrand dijo a Brecha que el
módulo donde ocurrió el incidente es de los más complejos y violentos
del penal, donde los operadores y los policías hacen un arduo trabajo y
«un esfuerzo realmente personal y profesional para sacarlo adelante»:
«El módulo está en el horno y, realmente, todo el esfuerzo es de ellos,
junto con el de la dirección de la cárcel». Contó que el equipo de Nada
Crece a la Sombra también trabaja allí, junto con los funcionarios. Al
consultársele sobre su relación con las nuevas autoridades del MI,
contestó que sus tres vínculos institucionales son los que tiene con el
ministro Larrañaga, el director general Luis Calabria y el director del
INR, Luis Mendoza. «Las cárceles son ollas a presión y, obviamente, si
uno les da más calor o les agrega agua, en algún momento explotan»,
apreció. Contó que estas también cuentan con un sistema que se
autorregula y valoró el trabajo de los reclusos. Este año las visitas
fueron reducidas a una persona por privado de libertad, además de que
por un tiempo se prohibieron las visitas de niños y niñas. Lo último
significó que padres y madres no pudieron ver a sus hijos, y este hecho,
sumado al encierro, puede devenir en problemas de convivencia. Por
ello, la coordinadora de la ONG valoró el trabajo de autorregulación de
los reclusos.
Por otro lado, el hacinamiento y la sobrepoblación también son un
problema. González comentó que al recibir las cárceles más de 1.800
reclusos dormían en el piso, lo que actualmente se está resolviendo con
donaciones y las construcciones de los mismos privados de libertad.
Confirmó que en la celda donde se inició el incendio de Santiago Vázquez
había siete reclusos, cuando las plazas eran para cuatro. Pero aseguró
que el incidente no se debió a la superpoblación, sino a los problemas
de convivencia anteriores. En cuanto a la reincidencia y la
rehabilitación de los privados de libertad, el último informe del
comisionado asegura que en 2019 el 73 por ciento de la población
penitenciaria vivía en condiciones que no permitían la rehabilitación.
González acotó que es «imposible» hacer un tratamiento adecuado en esas
condiciones.
¿OTRO CAMINO?
El Plan de Dignidad Carcelaria 2020-2025 fue presentado por el MI en
junio de 2020. Se separa en tres grandes ítems: uno edilicio, uno
educativo y laboral, y uno sanitario e inclusivo. En cuanto al edilicio,
se plantea la reparación del 100 por ciento de las plazas, la
relocalización de cuatro cárceles que aún se encuentran en las jefaturas
departamentales, la instalación de un nuevo sistema de videovigilancia y
la construcción de una cárcel de máxima seguridad. En cuanto al
educativo y laboral, se planea una ampliación de los cupos y de la carga
horaria de la educación en sus tres niveles y la renovación de
convenios con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional,
el Ministerio de Educación y Cultura y la UTU. También se seguirá
trabajando en el Polo Industrial de Santiago Vázquez y los privados de
libertad comenzarán a trabajar en chacras del INR. González aseguró: «Se
creó un gabinete productivo, que recorrió el país entero y vio qué
podemos hacer en las distintas hectáreas para poder producir lo que
nosotros comemos». En cuanto al sanitario e inclusivo, se propone un
programa para tratar las adicciones junto con la Administración de los
Servicios de Salud del Estado, un examen de Papanicolau para las mujeres
privadas de libertad y seguir trabajando con la Dinali.
Sobre el presupuesto, el MI apunta a la venta o el arrendamiento de
terrenos para financiar este proyecto. Al respecto, Saavedra comentó que
el problema no está centrado en presupuestos y que «se gastan fortunas
en las cárceles». «Siendo generoso, se gastan alrededor de 13 mil
dólares por preso: una locura para tener el resultado que tenemos»,
dijo. Agregó que «entre 2010 y 2020 no se deben de haber puesto menos de
40 millones en el Comcar». Aseguró que el problema radica en el mal
diseño organizativo del sistema.
La población penitenciaria crece desde 1999 y en lo que va del siglo
XXI se ha triplicado. Y el problema de las muertes bajo custodia no
presenta mejoras. Las posibilidades de morir en la cárcel son
notoriamente superiores a las de cualquier civil fuera de los centros, y
la prisionización afecta especialmente a los jóvenes. Casi uno de cada
100 menores de 29 años se encuentra privado de libertad.
Positivos
El 2 de
febrero se informó que 135 personas privadas de libertad fueron
hisopadas en el Módulo 7 de Santiago Vázquez, con un total de 52 test
positivos. Desde ese momento las visitas fueron canceladas. El viernes 5
se volvió a hisopar a los privados, lo que arrojó un total de 50 casos
nuevos. Actualmente son 134 positivos, según informó Santiago González,
director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, quienes cursan la
enfermedad en el módulo. Los reclusos con test negativo fueron
trasladados al salón de visitas.
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