12 de febrero de 2021
Dos funcionarios habrían violado las medidas de seguridad y se analiza su destitución.
La Dirección Nacional de Identificación Civil fue hackeada el 8 de diciembre, confirmó el Ministerio del Interior (MI) después de que lo revelara en su cuenta de Twitter el periodista Gabriel Pereyra. Según supo la diaria, todavía se está investigando el origen del hackeo, que provocó el sumario y la eventual destitución de dos funcionarios que habrían violado las medidas de seguridad, pero la situación no implica a las jerarquías de la dirección.
El MI indicó este viernes en un comunicado que ese día hubo “un incidente de ciberseguridad que se contuvo y por el que se desplegaron medidas técnicas, operativas y administrativas”, tanto desde el MI como desde el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática. Posteriormente, este último presentó un informe en el que indica que “no se detectaron pérdidas de información” y presenta una serie de recomendaciones “para mejorar el sistema de seguridad de esta Dirección”.
Más temprano, en otro comunicado, el MI había informado que ante la “alta demanda” en la solicitud de audiencias para renovar la cédula de identidad o sacarla por primera vez, la base de datos “se saturó lo que entorpece el normal funcionamiento y afecta directamente la emisión de documentos en nuestras sedes”.
Por este motivo, el MI informó que “hasta nuevo aviso” no se expedirían nuevos turnos por las redes de cobranza, teléfono, Tuapp y la web y se incentivaba a que las personas hicieran el trámite presencialmente. Fuentes del MI aclararon, sin embargo, que ambos episodios no estarían relacionados.
El hackeo de Defensa
El 14 de enero, la Armada Nacional sufrió un hackeo en el sistema y tomó conocimiento del ataque tras recibir un correo electrónico del hacker pidiendo dinero. No se pudo confirmar quiénes fueron los autores, pero el titular del Ministerio de Defensa, Javier García, en una comparecencia al Parlamento por el ataque, maneja que el ataque tuvo origen ruso, con el objetivo de obtener rédito económico por la información sustraída.
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