Desinteligencias del lavado

Inteligencia, la SIDE argentina,el Opus Dei,el lavado de activos,el Grupo Puente (Massera,Moneta,Opus Dei) el World Trade Center ,la justicia penal militar, y un capitàn de navìo Enzo Baudo

la punta de la madeja.

http://www.surysur.net/?q=node/501

Las relaciones amorosas de un jerarca uruguayo de Inteligencia encarcelado

Samuel Blixen *

Las actividades clandestinas de un jerarca militar ponen en estado de alarma a la inteligencia del Estado y disparan la inquietud del Partido Colorado.

El procesamiento por la justicia militar del capitán de navío Enzo Baudo, director de Seguridad Interior de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado (DINACIE) explotó la semana pasada como un torpedo en la línea de flotación de la Inteligencia del Estado. El episodio, cuyos alcances recién comienzan a calibrarse, exhibe el esquema de una novela de John le Carré: contactos horizontales entre agentes de inteligencia de dos países, reclutamientos mediante ardides amorosos, viajes clandestinos, tráfico de información, presuntas operaciones de tipo financiero, relaciones empresariales, vínculos políticos y una labor de contrainteligencia en que los espías resultan espiados.

No existen antecedentes recientes de una medida tan grave como el procesamiento con prisión, por delitos militares, de un oficial de ese rango. El ministro de Defensa, José Bayardi, prefirió bajar el perfil del suceso al mencionar públicamente que Baudo cumplía la "sanción" en una unidad militar, cuando en realidad lleva ya 35 días de prisión en el FUSNA. Los delitos que el juez militar Washington Bertrand le tipificó comprenden los de omisión de servicios y desobediencia en reiteración. La omisión refiere al abandono del comando en 13 oportunidades, entre abril y julio de 2007, sin establecer un relevo y sin comunicarlo a sus superiores, dejando expuesta a la División de Seguridad Interior de la DINACIE mientras hacía sus viajes a Buenos Aires, casi siempre los miércoles entre las primeras horas de la mañana y las últimas de la noche; la desobediencia refiere a no cumplir, en dos oportunidades, una orden verbal que le prohibía hacer esos viajes y cualquier contacto con servicios argentinos.

En primera instancia, el procesamiento está motivado en el abandono del trabajo y en el uso de vehículos oficiales para desplazamientos personales, pero la causa que impulsa a decretar la prisión (en una pena que puede extenderse de cuatro meses a cuatro años) tiene que ver con las verdaderas razones de sus viajes a Argentina, lo que abre un campo alarmante de posibilidades y una delicada preocupación ante eventuales filtraciones en la inteligencia militar.

El capitán de navío Baudo fue arrestado a rigor por 30 días en agosto del año pasado, después de una investigación administrativa originada en una tarea rutinaria de control del uso de los vehículos oficiales y del gasto de combustible en la DINACIE. Dichos controles revelaron que en diversas oportunidades Baudo utilizó un vehículo oficial para trasladarse a Colonia, donde quedaba estacionado durante todo el día; también lo dejaba estacionado durante horas en la terminal de Tres Cruces, mientras viajaba a Buenos Aires vía Buquebus.

La investigación sobre sus movimientos dejó al descubierto una inesperada historia, cuyos alcances aún no están totalmente determinados, aunque la labor de contrainteligencia descartó las especulaciones de la prensa, especialmente la argentina, sobre un eventual espionaje relacionado con el conflicto por las pasteras.

UNA RELACIÓN AMOROSA

Baudo, que se había desempeñado como ayudante del ministro de Defensa Yamandú Fau durante la presidencia de Jorge Batlle, fue designado como agregado naval ante la Junta Interamericana de Defensa, en Washington, en una decisión polémica, adoptada a fines de enero de 2005, un mes antes de que Batlle traspasara el gobierno a Tabaré Vázquez. Baudo integró el estado mayor de ese organismo dependiente de la OEA hasta principios de 2007. En su calidad de participante en congresos y encuentros sobre terrorismo, tráfico de estupefacientes y lavado de activos, conoció a María José Meincke, una abogada argentina, magíster de la Universidad Católica Argentina, que se desempeñaba en cargos de responsabilidad en la Unidad de Investigaciones Financieras del Ministerio de Justicia, organismo que tiene un destacado protagonismo en la represión del lavado de activos de origen delictivo.

Tal como confesó al juez militar, Baudo mantuvo una intensa "relación sentimental" con la abogada, relación que no se suspendió cuando fue trasladado a Montevideo en febrero de 2007. En el curso de 2006, a pesar de los esfuerzos realizados por operadores del Opus Dei argentino, Meincke fue forzada a abandonar la Unidad de Investigaciones Financieras debido a que, entre otras razones, estaba vinculada a dos personajes investigados por dicha unidad, el abogado Emilio Eduardo Massera, y el empresario y banquero Raúl Moneta. Massera ­hijo del almirante Emilio Massera, integrante de las juntas militares de la dictadura, con responsabilidad directa en las atrocidades cometidas en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA)­ es cabeza del Grupo Puente, una sociedad de bolsa con oficinas en Buenos Aires y en el World Trade Center en Montevideo; Moneta fue procesado por su responsabilidad en el vaciamiento de dos instituciones bancarias. Ambos están acusados de participar en esquemas de lavado de dinero.

Quizás porque Baudo integra en la Armada el grupo conocido como La Higuera (porque a su sombra no crece nadie), el comando de dicha fuerza lo propuso para servir en la Inteligencia del Estado; asumió como jefe de la División de Seguridad Interior de la DINACIE en marzo de 2007. Seguridad Interior se ocupa de las tareas de inteligencia en el ámbito local y coordina con distintos organismos estatales.

A comienzos de abril de 2007, apenas un mes después de ingresar en la inteligencia militar, Baudo retomó su relación con Meincke. Se trasladaba una vez por semana a Buenos Aires para lo cual, según confió a su abogado defensor, concurría a su oficina a las 6 de la mañana, para "adelantar trabajo" y disponer órdenes y medidas que dejaba por escrito; y por la noche, a su regreso, tomaba conocimiento de la actividad del día.

El argumento pretende establecer que en realidad abandonaba su puesto apenas unas dos horas, en la medida que su horario de trabajo era de seis horas diarias. Sin embargo, fuentes militares aseguraron a Brecha que el cargo de jefe de división implica una "actividad de combate", es decir una disponibilidad de 24 horas. En su alegato, Baudo sostiene que mientras se ausentaba de Montevideo por "razones personales" mantenía permanente contacto telefónico mediante el sistema de roaming de su celular. Los viajes a la capital argentina se reiteraron semanalmente hasta julio de 2007.

CONTRAINTELIGENCIA

A partir del control del uso de vehículos, y una vez que quedaron en evidencia los viajes a Buenos Aires, Baudo fue objeto de una vigilancia que desembocó rápidamente en una investigación administrativa orientada a establecer la razón de esos viajes. Se obtuvieron constancias de los pasajes y de la forma de pago y se investigaron las llamadas telefónicas que hacía desde su celular. Así se descubrió que Baudo mantenía frecuentes conversaciones telefónicas con distintos interlocutores en Argentina, entre ellos con la abogada Meincke, contactos que no estaban justificados por su actividad como jefe de Seguridad Interior.

Pero el rastreo de las llamadas telefónicas de Baudo deparó una sorpresa. Algunas de ellas fueron realizadas a la central telefónica de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y otras a personas vinculadas con ese aparato de inteligencia argentino. Baudo, en principio, negó esas llamadas y después, cuando las admitió, no supo explicar el contenido de sus conversaciones con agentes de la SIDE. Fuentes consultadas en Buenos Aires sostienen que la abogada Meincke también mantiene un vínculo con la SIDE. Sin embargo, en principio se descarta que las actividades de Baudo en Argentina tengan que ver principalmente con un esquema de agentes dobles, aunque se presume que hubo trasiego de información de inteligencia.

Se cree, por el contrario, que son relaciones de tipo personal, en las cuales la condición de agentes de inteligencia facilita el acceso a información sobre elementos relacionados con actividades del crimen organizado. Durante la investigación se pudo comprobar que en diversas oportunidades Baudo se interesó por cuestiones de lavado de dinero, un tema que no entra en las atribuciones de la división a su cargo. La SIDE exhibe una abundante historia de funcionarios o ex funcionarios que aplican sus conocimientos para provecho personal, historia que está relacionada con el papel de la inteligencia del Estado argentino en el terrorismo de Estado de la dictadura, cuando la "guerra sucia" facilitaba la incursión en otro tipo de delitos. Algo similar ocurrió en Uruguay con los aparatos dedicados a la represión de actividades subversivas.

PREOCUPACIÓN COLORADA

La investigación administrativa llevada adelante por el coronel Luis Mayer derivó en el arresto a rigor de Baudo por 30 días, y en el arresto por diez días de otro oficial de la Armada adscrito a la DINACIE, el capitán de navío Gastón Tournier, quien, luego de cumplir la sanción, solicitó la baja. Tournier oficiaba de enlace con otros aparatos de inteligencia.

Los datos recabados en la investigación y en el sumario indujeron a elevar todos los antecedentes a la justicia militar, además de solicitar un tribunal de honor al comandante de la Armada. Baudo fue interrogado primero por los oficiales que instruyeron el sumario (interrogatorio en el que cayó en varias contradicciones) y después por el juez Bertrand, quien, según pudo saber Brecha, fue objeto de fuertes presiones. Ante el juez se presentaron, en forma conjunta, el ex ministro de Defensa Fau y la esposa de Baudo, quien en una carta alegó a favor de su marido afirmando que éste era objeto de persecución política, cuando la falta cometida por su esposo estaba motivada en una aventura amorosa.

El juez Betrand, según fuentes de Brecha, se sintió particularmente molesto cuando, durante una reunión en el Centro Militar, el senador Julio María Sanguinetti intentó un acercamiento, preguntándole si él era juez militar. Sospechando la intención, el coronel Bertrand habría respondido, secamente: "Hace 14 años que soy juez, y usted lo sabe". La defensa de Baudo está a cargo del abogado Jorge Barrera. El capitán hoy en prisión es identificado como simpatizante del Foro Batllista, aunque esa única relación no explicaría el interés que han manifestado por el caso los dirigentes de ese grupo del Partido Colorado.

El procesamiento dictado por el juez, por los delitos de omisión de funciones y desobediencia, se apoya exclusivamente en los elementos confirmados de la investigación. Los otros elementos de la conducta de Baudo sugieren aspectos más complejos, referidos a sus relaciones "personales", que no se sabe a ciencia cierta hasta qué punto configuran una brecha en la seguridad del aparato de inteligencia del Estado. Si como hipótesis se analiza que los viajes frecuentes de Baudo a Buenos Aires no tenían como objetivo único (ni siquiera principal) los encuentros amorosos, entonces todo el episodio representa apenas "la punta de iceberg", como dijeron a Brecha las fuentes consultadas. La eventualidad de que una nueva investigación abunde en esos aspectos queda exclusivamente en manos del ministro de Defensa, quien podría derivar los antecedentes a la justicia ordinaria, en la medida en que la justicia militar no cuenta con instrumentos ni pericia para analizar delitos complejos.

* Publicado en Brecha

Capitan De Navio Enzo Baudo Realizo Espionaje A Favor De Argentina

Servicios de inteligencia uruguayos vigilan a los asambleístas de Gualeguaychú

Los servicios de inteligencia del Uruguay están operando en territorio argentino, con tareas casi exclusivas de vigilar los movimientos de los integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, publicó el diario El Argentino.

Si bien se sabe que personal de la poderosa Dirección Nacional de Inteligencia del Estado (Dinacie) del Uruguay se encuentra instalada en Fray Bentos desde el año pasado e incluso es “consejera” extraoficial en materia de seguridad de la planta de Botnia, ahora los “servis” incursionan en territorio argentino, más precisamente en Colón y Gualeguaychú “y hacen seguimiento al gobierno entrerriano desde Paraná”, indicó una alta fuente del Ejército uruguayo.

La Dinacie es considerada en Uruguay como el organismo de Inteligencia estatal más importante que dispone el Presidente de la República. En teoría, en la Dinacie deben confluir todos los demás servicios de información e inteligencia del Ejército, la Armada, la Aeronáutica, de Policía e incluso de Cancillería. Pero, como ocurre en casi todos los países de América Latina, esto no siempre se lleva a la práctica porque entre las propias fuerzas existen “celos” y “roces” que impiden una real y concreta coordinación.

De todos modos, al frente de la Dinacie está designado un oficial general que cada dos años rota entre el Ejército, la Armada y la Aviación. Actualmente el jefe es el contralmirante Manuel Burgos, que asumió en febrero de este año luego del retiro obligatorio del contralmirante Carlos Maglioca. Y ya se sabe, para la Armada uruguaya el conflicto ha sido clave para engordar sus presupuestos e incluso reactivar la industria naval.

La Armada uruguaya completa su período de dos años al frente de la Dinacie en febrero de 2008, y aunque la ministra de Defensa, Azucena Berrutti, quiere que Burgos siga un tiempo más en el organismo, actualmente ni ella misma está segura en el cargo de ministra, porque es intención del presidente Tabaré Vázquez hacer cambios en varias áreas de gobierno luego de las vacaciones de enero.

De todos modos, la Dinacie ha logrado que el personal de Armada y especialmente de Prefectura Nacional Naval y de la Policía de Río Negro, acepten la teoría de que es necesario proteger siete áreas clave de Botnia “de todo posible atentado de los piqueteros”, como mal denominan (y peor caracterizan) en Uruguay a los asambleístas.

Los servicios de inteligencia del Uruguay, especialmente la Dinacie, se ha encargado de alimentar en el más alto nivel del gobierno que la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú es un peligro para el país.
Según El Argentino, la teoría encierra altos intereses económicos (la Dinacie como la Armada recibe mayores presupuestos); políticos-empresariales (porque hasta para la empresa Botnia le conviene sustentar la teoría del sabotaje y los atentados y así evitar dar explicaciones de su contaminación).

Pero, llamativamente, miembros de la Dinacie están operando en territorio argentino, más precisamente en Colón, Gualeguaychú y Paraná.

Las áreas clave de Botnia que pueden sufrir algún sabotaje y que fueron señaladas por al Dinacie son:
1) Transporte: especialmente el fluvial desde y hacia Fray Bentos-Nueva Palmira; y el terrestre, especialmente el vinculado con el proceso primario de la producción, esto es la extracción de la madera y su manipulación hasta la planta. Para la Armada es técnicamente imposible custodiar todas las barcazas que salen desde Botnia, de ahí que valoran el intercambio de información que le suministra la Prefectura Naval Argentina, tal como lo reconocieron las máximas autoridades de la marina uruguaya.

2) Línea de producción de la fibra de celulosa. Los “servicios de inteligencia” alertan sobre posibles sabotajes dentro de la planta de Botnia. Esto a su vez es funcional a la empresa, que ya tiene “armada” la teoría para cuando tenga que dar explicaciones sobre contaminación en grado imposibles de disimular.

3) Depósito de madera. La Dinacie alertó sobre posibles atentados incendiarios, lo que obliga a reforzar la seguridad en grandes predios a costos importantes y contratando a personal vinculado directamente con las Fuerzas Armadas o con empresas de seguridad que regentea algún alto oficial ya retirado.

4) Zona de tratamiento de efluentes que van a parar al río. En los piletones de la pastera se “limpian” los residuos que se descargan luego en el río en un lugar indeterminado por las autoridades del Uruguay y desconocido por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). La Dinacie estima que un atentado en este sistema podría provocar un alto nivel de polución. Y este punto es similar al 2), que le da a Botnia la excusa para no reconocer su contaminación.

5) Todo el predio de la planta química de Kemira.

6) El puerto donde se cargan y descargan los insumos y productos finales de Botnia. Especialmente cuando se opera con productos químicos y combustibles.

7) Temor social: La Dinacie busca evitar que en Fray Bentos y en Uruguay crezca una entidad similar a la Asamblea de Gualeguaychú y por eso “aconsejaron” desarticular todo posible contacto. A ese objetivo respondió -entre otros- el cierre de frontera decidido por el gobierno uruguayo y el constante seguimiento que se les hacen a los asambleístas cada vez que pasan la frontera.

Como cada uno de estos siete focos de seguridad implican fuertes partidas presupuestarias, la Dinacie es la que se encarga de mantener siempre “viva” la posibilidad de todo sabotaje o atentado.

Dos hechos

Hubo en septiembre dos hechos llamativos. El 2 de septiembre, cuando en forma masiva la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú cruzó en caravana automovilística hacia Fray Bentos. Ese día, la Dinacie coordinó un operativo fastuoso de “registro”. Según fuentes del Ejército uruguayo (que no participaron de ese operativo, que estuvo a cargo de la Prefectura Nacional y contó con la “colaboración” de la Policía de Río Negro), “fue financiado en gran parte por Botnia”. La explicación que la fuente ofreció fue que “la empresa también está interesada en crear la percepción de atentados o sabotajes porque así tendrá una magnífica excusa a la hora de dar explicaciones cuando la contaminación no pueda ser disimulada”.

El otro hecho ocurrió cuatro días después. El 6 de septiembre se conoció públicamente que el jefe de Inteligencia militar fue removido por “falta de lealtad”. Se trata del capitán de navío, Enzo Baudo, quien fue sospechado de realizar un acto de espionaje a favor de Argentina, aunque luego “oficialmente” se descartó esa teoría. Se trata de un oficial de la Marina, que en varias oportunidades fue crítico del accionar de Prefectura Nacional Naval y tenía estrechos vínculos con el Ejército uruguayo.

De todos modos, el Ministerio de Defensa uruguayo arrestó a Baudo por veinte días y terminó de removerlo en el cargo (se desempeñaba hasta entonces como jefe de Seguridad Interior de la Dinacie), y a quien se le atribuyó “falta de lealtad” en el cumplimiento de sus funciones.

A la hora de las explicaciones, fuentes militares del Uruguay indicaron que se había comprobado que Baudo había utilizado en horas de servicio un vehículo oficial para ir hasta el puerto de Colonia y desde allí embarcarse hacia Buenos Aires. “Eran viajes no oficiales, utilizando vehículos oficiales”, se agregó.

Como en la presidencia hay “psicosis”, la Armada y Prefectura Nacional Naval se encargaron de acusar por lo bajo a Baudo de estar entregando información a la Argentina.

“Oficialmente” el Ministerio de Defensa públicamente no adhirió a esa teoría y sostuvo que su agente no estaba vinculado al tema Botnia, aunque se lo consideró una falta grave y desleal no comunicar sus viajes a Buenos Aires.

Baudo había sido designado el 7 de junio y desde entonces venía descartando los informes de la Armada y de Prefectura Nacional con respecto a posibles “sabotajes” o atentados e incluso era de la teoría de retirar de Fray Bentos toda presencia del organismo. “Esto molestó mucho a Botnia y una gran parte de la oficialidad de la Marina”, sostuvo la misma fuente.

Incluso, el propio Baudo desestimó un informe elevado al Ministerio de Defensa por la Prefectura Nacional Naval, que apoyándose en informes confidenciales de la superioridad de la Prefectura Argentina, daban cuenta “de lo peligroso que eran los piqueteros” (sic) tal como denominan a los asambleístas.

La Dinacie fue la repartición que siempre emitió los informes más apocalípticos en torno a la pastera Botnia y ahora se encuentran “operando” en territorio argentino, dado que sostienen que es más fácil desarticular la estrategia de la Asamblea y no esperar los hechos consumados en territorio uruguayo.

Fuente:

Cronista Digital

CRISIS EN LA UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS

Besos a Massera

La Unidad de Investigaciones Financieras del ministerio de Justicia, el organismo encargado de investigar el Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo, está en crisis. Uno de sus directores, Marcelo Saín, está de licencia y no volverá al cargo; su presidenta, Alicia López, anunció que a fin de año dejará la función y el Opus Dei ejerce la mayor presión para que sea confirmada María José Meincke, vinculada con Massera y Moneta, dos de los investigados de la UIF.


Por Horacio Verbitsky
Una de las integrantes del directorio de la Unidad de Investigaciones Financieras del ministerio de Justicia, el organismo encargado de investigar el Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo, mantiene cordiales relaciones con algunas personas y empresas cuyas actividades debe controlar, como el financista Emilio Esteban Massera y el escribano Raúl Juan Pedro Moneta. El organismo creado hace cuatro años está en crisis. Uno de sus directores está de licencia y no volverá al cargo, su presidenta anunció que a fin de año dejará la función y el Opus Dei ejerce la mayor presión para que sea confirmada la directora vinculada con Massera y Moneta, dos de los investigados de la UIF.
En febrero de este año Massera recibió un e-mail alborozado, de una joven corresponsal que se despidió de él con un beso. Le decía que estaba “sorprendida y agradecida por la invitación” y le pedía que le contara “detalles del motivo de este viaje tan divertido”. En espera del encuentro, previsto para una semana después, le comentaba algunas cuestiones laborales. “Acabo de llegar de Trinidad & Tobago, donde estuve en la reunión plenaria del CICTE, con una importante presencia de la delegación argentina.” Firmaba la comunicación María José Meincke. El acontecimiento requiere de algunas precisiones. Son las que siguen, por orden de aparición:

- Emilio Esteban Massera: es uno de los hijos del ex dictador Emilio Eduardo Massera. Junto con su hermano Eduardo Enrique Massera conduce el Grupo Puente, formado por varias empresas financieras, de bolsa, de garantías recíprocas, de turismo y de leasing, en la Argentina y el Uruguay.

- CICTE: es el Comité Interamericano contra el Terrorismo, organismo de la OEA que se encarga de lo que su nombre indica.

- María José Meincke: es directora de la Unidad de Investigaciones Financieras del ministerio de justicia. Tiene un marcado interés en las cuestiones de inteligencia y contactos en ese campo con oficiales navales de Colombia y el Uruguay. Vinculada con el Opus Dei, dictó clases en el instituto de Bioética de la Universidad Católica. Es autora de un trabajo opuesto a la fecundación asistida, basado en encíclicas papales y documentos de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, a los que la autora considera “únicas pautas fundadas en la Verdad”. También ha escrito artículos críticos sobre la ley de salud reproductiva de la Ciudad de Buenos Aires.

Etica pública

Ese e-mail forma parte de una serie de comunicaciones afectuosas entre el hijo del ex almirante y la responsable del organismo de control de sus actividades, a quien Massera se dirige como “Querida Majo”, y le cuenta asuntos íntimos, como el estado de salud de su suegra. La invitación era para viajar a Mendoza en ocasión de la Fiesta de la Vendimia, cuya organización está a cargo de Moneta, otro hombre de negocios cuya supervisión concierne a la UIF. Los detalles del viaje fueron coordinados por la asistente de Massera en el Grupo Puente, Teresita Ortino. Massera se encargó de los pasajes (en Aerolíneas Argentinas a la ida, el 3 de marzo; en Southern Winds al regreso, lo cual inquietó a Majo) y de su alojamiento, en la habitación 802 del hotel Aconcagua, de cuatro estrellas, en el centro de Mendoza. Tanto el decreto 1025/01 que reglamenta el funcionamiento de la UIF, como la ley de ética pública castigan este tipo de promiscuidad entre los funcionarios públicos y las empresas sobre las que pueden pronunciarse. El artículo 18 de esa ley dice que “no podrán recibir regalos, obsequios o donaciones, sean de cosas, servicios o bienes, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones”. La relación no es hipotética, ya que la UIF tenía en marcha dos investigaciones por operaciones sospechosas que involucraban una a Massera y la otra a Moneta y que dieron lugar a denuncias judiciales.

La banda

El otro hijo de Massera, Eduardo Enrique, está detenido desde hace dos meses por formar parte de la banda dirigida por su padre. Con el pretexto de la denominada guerra contra la subversión, Massera y sus cómplices se apoderaron de los bienes de las personas secuestradas en la Escuela de Mecánica de la Armada, entre ellos 26 hectáreas en Mendoza. Valuadas en 10 millones de dólares, pertenecían a la sociedad Cerro Largo, integrada por los detenidos-desaparecidos Victorio Cerutti, Conrado Gómez, Horacio Palma y Omar Masera Pincolini, quien no tiene parentesco con su verdugo. En la ESMA les obligaron a firmar documentos de cesión de sus bienes. De ese modo creían comprar su supervivencia, pero una vez que entregaron todo lo que tenían los asesinaron. La causa contra Massera (h) por privación ilegal de la libertad, extorsión y asociación ilícita es instruida por el juez federal Sergio Torres y también incluye a varios oficiales del grupo de tareas de la ESMA. El ex almirante quedó a salvo porque fue declarado incapaz para enfrentar un juicio, a raíz de un accidente cerebrovascular que padeció en diciembre de 2002. Las 26 hectáreas están en Chacras de Coria, que a principios del siglo pasado fue zona de viñedos y bodegas. A medida que la capital se urbanizó, las plantaciones se fueron alejando de la ciudad y llegó a convertirse en la zona residencial más cara de los suburbios de Mendoza. Toda la burguesía emergente apetecía construirse una casa allí, apenas a 12 kilómetros de la ciudad. La banda vendió y revendió esas tierras a una serie de sociedades integradas por personas inexistentes que usaron documentos falsos, con la clásica técnica del lavado de dinero originado en actividades delictivas. Luego de una serie de transacciones ficticias fueron inscriptas a favor de otra compañía, esta vez integrada por personas muy reales, como el hijo y un hermano de Massera, y domicilio en un local del Partido para la Democracia Social, que presidía el almirante. Las principales calles del loteo se llamaron Justicia, Equidad, Patriotismo y Honor. Además de detener y procesar a Massera, el juez Torres le embargó 1.250.000 pesos. Hasta ahora no hay investigaciones judiciales que tiendan a establecer si el producto de los bienes saqueados a los detenidos-desaparecidos forma parte del capital con que operan las empresas del Grupo Puente, con oficinas en Sarmiento 444 de Buenos Aires y el edificio World Trade Center de Luis A. Herrera 1248 en Montevideo. La presentación institucional del Grupo no menciona a los Massera. Sólo dice que “Puente Hnos. Sociedad de Bolsa” es “uno de los brokers más importantes de la Argentina”, y que fue “fundada en 1915”. Ofrece “servicios de brokerage y asesoramiento utilizados por diversos inversores institucionales, empresas, e individuos”. También manejan Puente.net, un portal de inversiones financieras on line. Puente Hermanos aparece mencionada con tres transacciones sospechosas en uno de los anexos del informe de la comisión parlamentaria sobre lavado de dinero que presidió la ex diputada radical Elisa Carrió. El año pasado, Puente Hermanos organizó un seminario sobre lavado de dinero en Montevideo. Majo Meincke trajo una invitación de Massera para que los directores de la UIF asistieran, con todos los gastos pagos, y dictaran conferencias durante el seminario. La presidenta de la UIF, Alicia López y otros dos directores, Carlos del Río y el actual interventor en la Policía de Seguridad Aeronáutica, Marcelo Saín, anunciaron que no asistirían. Saín recordó que la UIF estaba investigando operaciones sospechosas del grupo de los Massera, lo cual ponía la asistencia al seminario claramente en colisión con la normativa vigente. Ningún representante del organismo argentino participó. La investigación abierta involucraba también al agente de Bolsa oriental Ignacio Róspide, un vértice habitual en las triangulaciones de muchas financieras argentinas fantasmales, como Barnum&Strauss, de Moneta. Cuando la investigación concluyó, este año, la UIF la elevó al ministerio público y hoy forma parte de la causa 1498, en el mismo juzgado de Torres que investiga los negocios del otro hermano Massera.

Hecha la ley

Los legajos de la UIF sobre las operaciones del escribano Moneta involucran a dos de sus empresas. Una de ellas, Refco (República Finance Co.) escapó a las observaciones de la comisión legislativa sobre lavado. En este caso su banco corresponsal no era el Citi sino el Chase. La otra, ELP Investment, entró en el radar del modo más extraño. El organismo de investigación de lavado de dinero de las islas Cayman (sí, no es una broma, las instituciones de la República del Lavado incluyen una UIF) comunicó a la UIF argentina que había detectado en esa empresa a tres ciudadanos argentinos: el escribano Moneta, su tío Benito Lucini y su yerno Eduardo Pearson. Como sabía que eran investigados en el país, ofrecía determinar si poseían otros activos en esa jurisdicción. Al poco tiempo comunicó que no había encontrado nada más sobre ellos. Más que una investigación parecía un preconstituido certificado de inocencia. Meincke firmó su envío al ministerio público. Hoy se acumuló a la causa por asociación ilícita en la que se investiga al escribano.

Utilidad dudosa

La utilidad de la UIF en su actual estado es dudosa. El Banco Central tiene su propia línea de trabajo contra el lavado de dinero, a cargo de Zenón Biagosh, quien cuenta con el respaldo del ministerio de Economía, donde actúa como asesor su padre, Alberto Biagosh (colaborador de Julio Aráoz durante la intervención federal en Tucumán). La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se niega en forma sistemática a responder a los requerimientos de la UIF y, a favor de la descomunal recaudación impositiva de los últimos años, actúa como un verdadero intocable. La Corte Suprema de Justicia no tiene una base de datos que permita efectuar consultas rápidas y/o seguras, como quedó demostrado en el caso de Adolfo Vázquez. Sin una conducción centralizada, el directorio de cinco miembros no se caracteriza por su efectividad y las relaciones entre ellos no son las mejores. De hecho, Meincke intentó desbancar a Alicia López, pretextando una resolución inconsistente de la jueza María Servini, quien mencionó a López en un párrafo traído de los pelos en una causa en la que sobreseyó al ex presidente del Banco Central Pedro Pou. El gobierno de los Estados Unidos presiona para que la ley que la creó sea reformada, de modo de incluir el financiamiento del terrorismo, objetivo que parece contradictorio con el originario. Las organizaciones delictivas intentan blanquear activos de origen espurio. El terrorismo procura financiar sus gastos clandestinos con fondos originados en actividades lícitas o que lo parezcan. En un caso se analizan millones de operaciones financieras, en bancos de datos y por medio de informes de corresponsales. Así se buscan anomalías que puedan responder a la intención de lavado. En el otro, se parte de pistas previas sobre personas u organizaciones determinadas.
El Congreso está estudiando una reforma de la ley para contemplar los “reclamos” estadounidenses. Quien se encarga del tema es el diputado Jorge Argüello. Una asesora de Argüello que fue alta funcionaria en el gobierno de Fernando de la Rúa recibió un llamado de un compañero de aquellos tiempos, el banquero Fernando de Santibañes. Le dijo que sabía que estaba trabajando sobre la ley de prevención del lavado de dinero y que quería conversar. Cuando la mujer llegó a las oficinas del ex secretario de la SIDE, De Santibañes la recibió en compañía del escribano Moneta. Sin reparos le dijeron que tenían interés en el proyecto, sobre el que querían hacer algún aporte, y del que estaban al tanto a través de María José Meincke.

Después de diciembre

Alicia López interpreta que el 3 de diciembre termina su mandato de cuatro años y anunció que no buscará la reelección. Saín está ocupado en otros menesteres y tampoco muestra interés en regresar a la Unidad. Meincke en cambio ha dirigido la presión del Opus Dei sobre el Senado, con el argumento de que un acuerdo de esa Cámara le permitiría continuar en funciones más allá de esa fecha. La senadora salteña Sonia Escudero (una de las pocas manos justicialistas que se alzaron en contra de la expectoración de Antonio Boggiano de la Corte Suprema) recibió una visita para interesarse por Meincke. El intermediario fue otro personaje notable, Julio Rodolfo Comadira. Nacido en 1947 en la ciudad naval de Bahía Blanca, Comadira fue auditor en la Asesoría Jurídica de la Armada cuando su jefe era el padre del amigo de Majo Meincke. Pasó a retiro el 1º de agosto de 1989 y ese mismo día desembarcó en el gobierno de Carlos Menem. Fue Director de Asuntos Jurídicos del MOSP durante 90 días, los suficientes para elaborar el marco jurídico (por así llamarle) para el desguace del Estado, cuando el ministro era Roberto Dromi y el vice Rodolfo Barra. También fue asesor de Carlos Corach en la licitación de los Documentos Nacionales de Identidad, jefe de gabinete de Raúl Granillo Ocampo en el ministerio de Justicia, e interventor en la Sigen durante la gestión del ex senador Eduardo Duhalde a cargo del Poder Ejecutivo. Comadira fue profesor de derecho administrativo en las universidades Santo Tomás de Aquino y Austral y dirigió el Master en Derecho Administrativo de la Universidad Austral, orientada espiritualmente por el Opus Dei. Comadira murió la semana pasada, pero ésa es otra historia.

Alumnos de la Escuela de las Américas
La DINACIE cuenta con diez cargos de dirección, cuyos titulares se mantienen en
funciones, aunque no existe información actualizada. Algunos, no obstante, fueron
trasladados a otros destinos: un caso distinto es el del Capitán de Navío Enzo Baudo,
removido de su cargo de jefe de Seguridad Interior después de cumplir 20 días de
arresto a rigor en setiembre del año pasado por "falta de lealtad", al utilizar un vehículo
oficial para trasladarse a Buenos Aires en un viaje no oficial y sin autorización de sus
superiores.
Los jerarcas de la DINACIE de 2005 que no aparecen en la lista del Portal Uruguay eran:
Pedro Barneix, Director General; Coronel Juan de Dios Troche, coordinador General;
Coronel Carlos Delgado, jefe de asesoría técnica; Coronel Héctor Etchevers, jefe de
secretaría General; Coronel Elmar Castiglione, jefe de División I; Coronel aviador Carlos
Palermo, jefe de División II; Coronel Ricardo Queirolo, jefe de División III; Capitán de
Navío Roberto Dopicco, jefe de División IV; Coronel Luis Beracochea, jefe de División V;
y Coronel Julio Silva Ledesma, jefe del departamento de enlace.
De todo ellos, seis tienen un elemento en común: habían realizado cursos en la Escuela
de las Américas del Comando Sur , en las bases del Pentágono en el canal de Panamá.
Barneix, Troche, Castiglioni y Beracochea cursaron "Operaciones de seguridad interna";
Etchevers, un curso de "Orientación para líderes de pequeñas unidades"; y Queirolo, un
curso "Básico de operaciones de combate y contrainsurrección". Todos ellos asistieron a
la Escuela de las Américas entre 1973 y 1976.