Palos en la rueda de Mujica a la justicia

La jueza Mariana Mota

Roger Rodriguez

¿Qué pienso?... Pienso que es sintomático que se inicie una nueva campaña contra la jueza Mariana Motta, cuando debe tomar una decisión judicial en el caso Perrini que determine, eventualmente, el enjuiciamiento del general Pedro Barniex. Nada de lo que Mota dijo en P12 puede ser considerado "político partidario" que es lo único que esta vedado hacer públicamente a los magistrados. ¿La Suprema Corte de Justicia y el propio presidente Mujica están jugando? ¿Es tiempo de silenciar a los jueces? ¿El caso Garzón se repetirá en Uruguay? ¿Son "cosas que pasan", como las balas de goma y los carros antimotines contra las protestas del Liceo 70?... No sean nabos, ¡por favor!

 El Presidente Mujica pretende ponerle "palos en la rueda" a la Justicia, quiere hacer echar a la Jueza Mota porque fué la que condenó por delitos de lesa humanidad al ex-dictador Bordaberry. La Jueza Mota puede llegar a ser moneda de cambio compensatoria del llamado "perdón del estado". El movimiento de los DDHH debe de ponerse alerta y defender a una jueza valiente, íntegra y COMPROMETIDA CON LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS !! 

Del colectivo `Noticias Uruguayas`

 

EL BOZAL SELECTIVO.

La jueza Dra. Mariana Mota  ha tenido que trabajar en estos años sobre las investigaciones de los crímenes de la dictadura cometidos desde el estado uruguayo.

La inmensa cantidad de causas entradas en los juzgados a fines del año pasado se sumaron a las que ya llevaban años de estar archivadas y vueltas a desarchivar por resolución del poder ejecutivo

La jueza, en su entender jurídico siguió y sigue adelante con las causas, pues en ellas se denuncian crímenes de lesa humanidad, es decir que, aplicó la imprescriptibilidad en las mismas y la imposibilidad de renunciar a su juzgamiento por parte del estado sobre esos crímenes que marcaron una sombría y temible década de calvarios para muchísimas  familias uruguayas.

Familias que siguen buscando a sus seres queridos y que hoy tristemente se los va encontrando en fosas, escondidas  por los militares y civiles cómplices.

Otras causas;  se sumaron por torturas cometidas en los cuarteles y que sus  víctimas removiendo el pasado doloroso pueden relatar hoy ante los estrados judiciales con garantías -a diferencia de aquellas décadas infames de libertad  mutilada-.

Es decir en este caso concreto que nos atañe, la jueza Mota divide su tiempo en las causas "comunes" que llegan día a día a su juzgado y en las de Derechos Humanos que incluyen: tomar testimonios a los sobrevivientes, indagar a los responsables, solicitar documentos de la época  al ministerio de defensa y a otros organismos del estado, todo esto con los  pocos recursos que tiene el poder judicial, volviéndose así, juicios eternos en un proceso penal obsoleto.

Argentina

La magistrada viajó a Buenos Aires, invitada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), para volcar su experiencia como jueza penal de 7° turno de Montevideo, donde investiga los delitos cometidos por la dictadura (entre otras cosas).

El diario página 12 le realizó una entrevista que  es de fácil acceso a los que manejan Internet.

En esa entrevista dice claramente que: “el proceso judicial uruguayo es lento”-

¿Acaso alguno tiene duda de esta verdad incontrastable?

Luego el periodista le hace mención a una situación que se dio el año pasado en la marcha del silencio y de cómo  quisieron recusarla por hablar con un abogado, al cruzar la marcha por una esquina.  Con lo cual la jueza tuvo como consecuencia de ello, que realizar un informe en 24 horas a pedido de la Suprema Corte de Justicia.

 La jueza en los ojos del poder.

La jueza Mariana Mota nuevamente en la mira de la SCJ, pero esta vez por mandato del poder ejecutivo a través del presidente Mujica.

–“El presidente José Mujica expresó a través del semanario Búsqueda, que le “llamó la atención” que “ni la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ni nada parecido” se hubieran pronunciado sobre el hecho. “Esperé a ver qué pasaba, a ver si había naturales manifestaciones tras esas declaraciones, pero por ahora no las hubo”, deslizó Mujica.

Lo que llama la atención es que a tantos años parece ser que aún no aprendimos que algunos medios de prensa, no solo no se opusieron al golpe de estado sino que aplaudieron su paso. Antes para desestabilizar a los gobiernos y dar paso a los golpistas y hoy para sembrar conflictos o caos ciudadano.

En este caso, apoyarse en las líneas tergiversadas de un semanario para pedir que se ''tomen medidas'' contra la jueza Mota se podría calificar- humildemente- de falta de filtro político.  A no ser… que se quiera esconder detrás de ese semanario para aprovechar a sacarla del medio.

El largo camino andado para quebrar el escudo de la impunidad;  ha traído grandes sorpresas en la sociedad, que alberga en su seno a las organizaciones de Derechos Humanos entre ellas la más prestigiosa: Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.

 Un camino de intenso dolor acumulado, en todas las víctimas del terrorismo de estado que no están dispuestas a retroceder ni un paso más.

Hace pocos días todos miramos por cadena de radio y televisión al estado en la figura del presidente decir del cumplimiento del tema derechos humanos.

Y ahora vemos su marcada mirada sobre la jueza Mota, a través de la suprema corte de justicia. Esto nos deja nuevamente una pregunta que a simple vista se responde por sí sola. ¿El poder judicial carece de independencia?

Estemos atentos para que luego de pasada la semana de turismo no tengamos que presenciar el traslado de la jueza Mota para  otro lugar y de esa forma los juicios que están encaminados se paren por otro largo tiempo más.

POR VERDAD Y JUSTICIA. 
  Por Martha Helena Passeggi

DECLARACIONES

Mujica sorprendido por falta de respuesta de la SCJ a dichos de Mota

El presidente José Mujica afirmó que le "llamó la atención" que "ni la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ni nada parecido" se haya pronunciado sobre los dichos de la jueza penal Mariana Mota, quien elogió al gobierno argentino por su política de derechos humanos y cuestionó al uruguayo.
Mota, en diálogo con el diario argentino Página 12, dijo que en uruguay "no hay una promoción de los derechos humanos" para esclarecer los casos aún a estudio, informa hoy el semanario Búsqueda.
La profesional agregó que la posición uruguaya "es bien diferente al gobierno argentino en esta materia" y dijo que era porque tanto Mujica como (el ministro de Defensa) Fernández Huidobro "fueron rehenes de la dictadura" por lo que no pueden "ver con objetividad un proceso dictatorial que los tuvo como víctimas".
En el reportaje, Mota también criticó una resolución de la SCJ que entendió que la jueza "se separó de su deber ético" al participar en la marcha del silencio que cada año organizan familiares de desaparecidos.
"La Corte no me sancionó, pero dijo que había faltado a la ética judicial, cuando en realidad la marcha es convocada por organizaciones sociales y de derechos humanos, sin ningún tinte político", argumentó.
Mujica dijo al semanario que "esperé a ver qué pasaba, a ver si había naturales manifestaciones tras esas declaraciones, pero por ahora no las hubo", dijo.
El presidente uruguayo finalizó suponiendo que "el episodio de los enfermeros tapó todos los hechos".

El País Digital

Una Suprema Corte "objetiva": "los magistrados no pueden hacer manifestaciones político partidarias"
Según la "justa" Suprema de Justicia decir que en Argentina los procesos van más rápido es "político partidario", que ecuanimidad !!

Y el presidente también

SCJ pidió informe a la jueza Mota; Chediak advirtió que los magistrados no pueden hacer manifestaciones político partidarias.

En su penúltima edición, el semanario Búsqueda había levantado declaraciones del diario argentino Página 12 de la jueza Mariana Mota, en las que opinaba sobre la actuación de los gobiernos de José Mujica y de Cristina Fernández respecto a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante las últimas dictaduras militares, cuestionando al primero y elogiando al segundo. Ayer, el presidente José Mujica expresó a través del mismo semanario que le “llamó la atención” que “ni la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ni nada parecido” se hubieran pronunciado sobre el hecho. “Esperé a ver qué pasaba, a ver si había naturales manifestaciones tras esas declaraciones, pero por ahora no las hubo”, deslizó Mujica.
En la tarde de ayer, la SCJ salió a aclarar que el lunes le había solicitado a la jueza un informe sobre sus declaraciones. En el escrito, según pudo saber la diaria, le preguntaba si efectivamente había formulado esas declaraciones, y en su respuesta, ya entregada a la SCJ, Mota contesta que sí, pero no profundiza en si lo dicho vulnera o no su condición de imparcialidad.
En la entrevista con Página 12, Mota declaró textualmente: “No hay una promoción de los derechos humanos para que esta situación, que es nacional y nos marcó a todos, se esclarezca. Es bien diferente al gobierno argentino en esa materia. Mujica y el ministro de Defensa fueron rehenes de la dictadura. Tal vez por eso no puedan ver con objetividad un proceso dictatorial que los tuvo como víctimas”.
El ministro de la SCJ Jorge Chediak dijo a la diaria que el máximo tribunal está analizando el tema, pero que la situación es “delicada”. “Ya hicimos una recomendación en el sentido de que [Mota] se había expuesto a ser imparcial”, recordó. La observación de la SCJ se produjo a raíz de la participación de Mota en la Marcha del Silencio del pasado 20 de mayo, asistencia que también fue difundida por el semanario Búsqueda. El mismo medio había publicado con anterioridad un artículo en el que catedráticos de derecho cuestionaban una sentencia de Mota -que ratificó el procesamiento con prisión del coronel retirado Carlos Calcagno por la desaparición forzada de dos militantes del Partido por la Victoria del Pueblo- por entender que no respetaba el principio legal por el cual ningún ciudadano está obligado a autoincriminarse en un proceso penal. El semanario citó en aquella ocasión sólo una parte de la sentencia, donde Mota señalaba que los acusados debían “cooperar con el oficio en la búsqueda de la verdad”. Omitió la parte donde la jueza aclaraba: “No se pretende que el encausado se inculpe sino que aporte al juzgado las pruebas que tuviere en su poder para alcanzar la verdad material de los hechos, máxime cuando tiene la disponibilidad de la prueba”.
Chediak señaló que la SCJ estudiará “si corresponde algún tipo de acción” en el caso de las declaraciones a Página 12, pero subrayó que a los jueces les está “absolutamente vedado por el estatuto todo tipo de manifestaciones vinculadas a la política partidaria, eso es clarísimo”. “Habrá que ver si hizo las declaraciones, cuál fue el contenido, y analizar si están dentro de ese marco de actuación limitado o no”, indicó. Entre otras causas a su cargo, Mota fue la responsable de la condena a 30 años de prisión del dictador Juan María Bordaberry.

Natalia Uval

Aquí tenemos un ejemplo claro que desmiente a los que andan diciendo que la Justicia dilata y dilata, obsérvese la celeridad en este caso.

"Enseguida Sr. Presidente, como Ud. ordene, faltaba más...no, no es ninguna molestia..."

Derechos Humanos

Suprema Corte abrió expediente a la jueza Penal Mariana Mota

Viernes 30 de marzo de 2012 |
La República

El segundo expediente administrativo en menos de un año le fue abierto a la jueza Penal de 7º Turno, Mariana Mota, por parte de la Suprema Corte de Justicia que analiza sus declaraciones a un medio de prensa argentino, contrastando la política de Derechos Humanos en Argentina y Uruguay.
La jueza dijo en declaraciones a “Página 12¨, refiriendo a la investigación de crímenes de lesa humanidad cometidos en los dos países durante la dictadura, que en Uruguay “no hay una promoción de los derechos humanos”. Apuntó que tanto el Presidente de la República como el Ministro de Defensa, Mujica Cordano y Fernández Huidobro, en su calidad de extupamaros, no ven “con objetividad un proceso dictatorial que los tuvo como víctimas”.
La declaración llamó la atención de la Suprema Corte que le pidió un informe a la magistrada sobre sus dichos, el que debía ser entregado en un plazo máximo de 72 horas. Mota cumplió en tiempo y forma. La Corte se expidió al respecto formando “un expediente con estas actuaciones y estudia el asunto a efectos de su resolución”.

El caso anterior

La jueza Mota que ha tenido en su órbita directa, indagaciones sobre crímenes de la dictadura durante las cuales fue la única magistrada en aplicar la tesis de imprescriptibilidad de esos crímenes, ya sufrió la apertura de un expediente anterior. La Suprema Corte se lo abrió por participar de la Marcha del Silencio el año pasado. El 20 de mayo, como todos los años desde hace 16, se realizó esta marcha –la mayor de cuántas hubo- aunque fue particularmente especial: no alcanzó a ser la primera marcha sin Ley de Caducidad, luego que el Parlamento no aprobara la ley interpretativa de la norma. Mujica, que participó en otras marchas, no lo hizo en esta última.
La jueza acompañó la marcha, lo cual generó una diferencia pública que se extendió por semanas sobre si la conducta había sido la adecuada. Finalmente la Corte archivó el expediente, pero apuntó que la jueza había violentado el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, por cuánto no evitó participar de un hecho que “directa o indirectamente” indicaba un apartamiento de las causas.

La Suprema Corte de Justicia reacciona con celeridad ante las presiones-insinuaciones-críticas-"toque de atención", del Presidente, mostrando así como la SCJ interpreta la SEPARACIÓN DE PODERES Y LA INDEPENDENCIA DE LOS MISMOS

Evalúan sanción a Mota

30.03.2012 |

La Corte Suprema de Justicia (SCJ) analizará si sanciona a la jueza penal Mariana Mota por sus dichos al periódico argentino Página 12.

Mediante un comunicado, se informó que la Corte formó un expediente con el caso y estudia el asunto a efectos de su resolución.

Este jueves, en declaraciones al Semanario Búsqueda, el presidente José Mujica había dicho que le "llamó la atención" que "ni la Suprema Corte de Justicia ni nada parecido” se hubieran pronunciado sobre los dichos de la jueza, quien elogió al gobierno argentino por su política de derechos humanos y cuestionó al uruguayo.

La semana pasada, entrevistada por Página 12, la doctora Mota dijo que en Uruguay "no hay una promoción de los derechos humanos" para esclarecer los casos que todavía están a estudio.

La profesional agregó que la posición uruguaya "es bien diferente al gobierno argentino en esta materia" y dijo que era porque tanto Mujica como (el ministro de Defensa) Fernández Huidobro "fueron rehenes de la dictadura", por lo que no pueden "ver con objetividad un proceso dictatorial que los tuvo como víctimas".

Este es el reportaje de "Página 12" de Argentina a la Jueza Mota que hirió las fibras democráticas del Presidente Mujica qué le reclamó a la Suprema Corte la apertura de un expediente que está en marcha "acusada" de "declaraciones político partidarias" Juzguen ustedes mismos...

MARIANA MOTA, JUEZA QUE INVESTIGA LOS DELITOS DE LA DICTADURA

“El proceso penal uruguayo es lento”

En febrero de 2010, gracias a la actuación de Mota, el ex dictador Juan María Bordaberry fue sentenciado a 30 años de prisión. La jueza critica al gobierno de su país por no hacer más por el esclarecimiento de los delitos del pasado.

“Hay un encasillamiento que me ubica como una persona de izquierda. Si lo soy o no, no le importa a nadie.”

 Por Adrián Pérez
Página 12

Las chimeneas humeantes transpiran el rezago industrial mientras un grupo de pescadores amarran sus barcos al muelle de La Boca. Paisaje portuario, mural de Benito Quinquela Martín, asoma detrás de Mariana Mota, en la planta principal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. “La última vez que me sacaron fotos fue en la audiencia de recusación –recuerda la jurista uruguaya–. No estoy acostumbrada a esto”, agrega ante el pedido del reportero gráfico para hacer un retrato. La magistrada viajó a Buenos Aires, invitada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), para volcar su experiencia como jueza penal de séptimo turno en Montevideo, donde investiga los delitos cometidos por la dictadura. El miércoles, al finalizar su participación en las jornadas “Hacer Justicia: nuevos debates sobre el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad”, la abogada conversó con Página12 sobre el estado de los juicios, el rol de la mujer en la Justicia uruguaya y la persecución mediática que padeció en su país.
“Hay un encasillamiento que me ubica como una persona de izquierda. Si lo soy o no, no le importa a nadie. Fui gremialista estudiantil, que no es lo mismo que una vinculación política partidaria que no tuve”, argumenta Mota. En una entrevista reciente, el diario uruguayo El Observador le preguntó si era militante de la Unión de Jóvenes Comunistas de Uruguay (UJC). La mirada de la jueza atraviesa el ventanal del hall de la facultad. Profuso, el Río de la Plata corre más allá, tapado por el cemento de la urbe porteña. El primer expediente que tramitó tenía, como principal imputado, al presidente de facto Juan María Bordaberry. La querella lo acusó de atentar contra la Constitución y de cometer crímenes de lesa humanidad. En febrero de 2010, gracias a la actuación de Mota, el ex mandatario fue sentenciado a 30 años de prisión. En ese momento fueron hallados los primeros restos de desaparecidos: los del escribano Fernando Miranda fueron encontrados en el Batallón 13; el cuerpo del sindicalista Ubagesner Chávez Sosa apareció en una chacra de Pando en manos de la Fuerza Aérea. Ambos militaban en el Partido Comunista de Uruguay (PCU). En la causa por esos asesinatos, la magistrada cambió la calificación de homicidio, dictada por la jueza Graciela Gatti, su antecesora, por desaparición forzada de persona. Bordaberry murió el año pasado sin recibir sentencia en segunda instancia.
–¿Por qué la calificación de desaparición forzada, en la jurisprudencia uruguaya, tiene un alcance limitado?
–En Uruguay se consagró el delito de desaparición forzada en 2006 por la ley 18.026. Es un delito de ejecución permanente; se continúa cometiendo en el tiempo hasta que se determine el destino del detenido-desaparecido y aparezca el detenido o sus restos. En estos casos, dado el largo tiempo transcurrido, se trataría de la aparición de sus restos. Al continuar ejecutándose en el tiempo, luego del año 2006 corresponde que se aplique el régimen legal vigente, es decir, la Ley 18.026, y se califique como desaparición forzada. Otros juzgados y tribunales consideran –a mi juicio, erróneamente– que al regir en el inicio del delito otro régimen legal, que no tenía esta figura penal, no corresponde su aplicación.
–Quienes defienden el terrorismo de Estado afirman que su país vivió una “dictablanda”.
–Además de los muertos, desaparecidos y presos políticos, toda la gente era controlada. Uruguay pasó a tener el nivel más alto de presos políticos per cápita de Latinoamérica. Con 7 mil detenidos, un 32 por ciento de los uruguayos estuvo en prisión en dictadura. Según un informe de Amnistía, uno de cada cincuenta uruguayos había sido interrogado. Los funcionarios públicos eran calificados según su vinculación con organizaciones sociales o políticas que fueron ilegalizadas. De acuerdo con esa valoración, eran pasibles de destitución. Los despidos se sucedieron durante toda la dictadura, incrementando un elevado número de uruguayos exiliados.
–¿Qué recuerdos guarda de esos años?
–Cursé primaria y secundaria en dictadura. Recuerdo qué profesores habían sido echados. La gente podía enterarse de lo que estaba pasando en la realidad si tenía algún pariente preso o desaparecido. La censura era absoluta.
–También quisieron recusarla por participar en la marcha del silencio, que se organiza cada 20 de mayo en Montevideo.
–Un periodista del semanario Búsqueda publicó que había hablado en la marcha con un abogado de causas por derechos humanos. Efectivamente estuve conversando con él como puedo hacerlo en el juzgado o con cualquier persona. No puedo tener prohibida la palabra con nadie. Como consecuencia de ello, la Suprema Corte me dio una copia del artículo, y me pidió que hiciera un informe en 24 horas.
–¿En qué causas intervenía usted en ese momento?
–En la investigación por el asesinato de Ubagesner Chávez Sosa, donde estaba condenado Bordaberry como co-autor y había dos militares procesados: Jose Araujo Umpiérrez y Enrique Ribero. Y estaba trabajando en la causa por la desaparición de Horacio Gelos Bonilla, obrero de la construcción que además era militante comunista. Los abogados pidieron que me apartara de esas causas.
–¿Bajo qué argumento pidieron eso?
–Dijeron que había cometido delito al manifestarme políticamente y que debían excluirme de continuar conociendo en las causas. Antes que eso, cuando proceso a Calcagno, como no estaban de acuerdo con la tipificación del delito, el ex presidente Balle y el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre fueron a hablar a la Corte para que me sancionaran. Señalaron, ante la prensa, que era una jueza hitleriana. La Corte no me sancionó, pero dijo que había faltado a la ética judicial, cuando en realidad la marcha es convocada por organizaciones sociales y de derechos humanos, sin ningún tinte político.
–¿Cómo analiza el apoyo del gobierno uruguayo al proceso de Verdad y Justicia en su país?
–No hay una promoción de los derechos humanos para que esta situación, que es nacional y nos marcó a todos, se esclarezca. Es bien diferente al gobierno argentino en esa materia. Mujica y el ministro de Defensa fueron rehenes de la dictadura. Tal vez por eso no puedan ver con objetividad un proceso dictatorial que los tuvo como víctimas.
–¿Cuáles son los avances en Uruguay sobre la participación civil en la dictadura?
–Juan Carlos Blanco, ex ministro de Relaciones Exteriores uruguayo, fue sentenciado a veinte años de prisión por la desaparición y asesinato en 1976 de la maestra Elena Quinteros. Es el único civil condenado (N. de R.: el Tribunal de Apelaciones confirmó esa sentencia el mes pasado).
–En 2005, un grupo de arqueólogos de la Universidad de la República excavó en una chacra de Pando, perteneciente a las fuerzas armadas, para buscar restos de desaparecidos. El documental Las manos en la tierra registra ese proceso.
–Ese trabajo rescata la voz de los arqueólogos, de los hijos de las víctimas y de la fiscal Guianze Rodríguez. El enfoque del arqueólogo López Mas es interesante: expresa que la tierra habla cuando están buscando a los desaparecidos. Aparece el testimonio de Macarena Gelman, quien todavía busca a su madre, y de Valentina Chávez, la hija de Ubagesner Chávez Sosa. Javier Miranda, hijo del escribano Fernando Miranda, señala cómo el hecho de recuperar los cuerpos repara, pero muy poquito, porque, en realidad, la destrucción es haberte quitado al familiar en vida. Y Guianze Rodríguez analiza lo difícil de la investigación cuando existe un pacto de silencio.
–¿Qué elementos rescata de los testimonios recogidos en las audiencias?
–Las relaciones antagónicas entre padres e hijos. El destrozo en la psiquis que quedó en cada sobreviviente, porque ésa fue deliberadamente la intención de los militares cuando no los mataban. El proceso penal uruguayo es lento. El declarar después de tantos años permite a las víctimas liberarse de una carga emocional muy grande.