Compromiso de Porto Alegre

Cumplir con la verdad

Los participantes del 5to. Encuentro Latinoamericano por la Memoria, Verdad y Justicia- “Cumplir con la Verdad”, reunidos en la Asamblea Legislativa de Río Grande del Sur, en la Ciudad de Porto Alegre, entre el 30 de marzo al 1° de abril del 2012, a los 48 años del golpe de Estado en el Brasil, concordamos en declarar que nuestros países deben respetar y aplicar el Derecho Internacional y las resoluciones de los organismos responsables por su aplicación y que también deben cumplir con la Verdad, aclarando las graves violaciones a los derechos humanos ocurridos durante las dictaduras vigentes en la región, en la segunda mitad del siglo XX.
Como en los encuentros celebrados durante todo el año 2011, en Buenos Aires, Montevideo, Santiago de Chile y La Paz, en las fechas de sus golpes de Estado, nos comprometemos a llevar adelante, donde quiera que sea, en carácter supranacional de las convenciones y de los tratados internacionales a que nuestros Estados hayan adherido, los cuales deben ser incorporados a nuestras constituciones, admitiendo una jerarquía equivalente en la medida en que esas normas  acogen el derecho de las personas, pueblos y permiten la convivencia entre nuestras naciones.
Nos comprometemos también a confrontar toda ley, decreto o norma que puedan reducir, anular o restringir la protección a los derechos humanos y propugnar que los Estados creen legislaciones nacionales para asegurar la ejecución  y el cumplimiento de las sentencias penales de los organismos internacionales sin que puedan ser invocados conceptos de amnistía, prescripción,  irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, “ne bis in ídem”, o cualquier excluyente similar de responsabilidad que obstruya la investigación y la punición de los crímenes contra la humanidad, conforme establece la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
A la luz de las experiencias recogidas en varios de nuestros países, nos comprometemos a exigir que las Comisiones de la Verdad, que deben ser constituidas para el esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos, tengan autonomía y poder que les permita realizar plenamente su trabajo, y que las instituciones o entidades creadas por nuestros países para la protección y la vigilancia de los derechos humanos tengan la autonomía necesaria para actuar con independencia a fin de que aquellos sucesos nunca más se repitan.
Reiteramos el compromiso de exigir la apertura de todos los archivos de Estado, particularmente aquellos de los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas (necesariamente sometidas al poder civil), para reconstruir el pasado y simultáneamente, exigir la aprobación de  “habeas data” que protejan a las víctimas y denuncien a los violadores. En este sentido, nos comprometemos con la lucha, desde el ámbito de nuestras naciones, para exigir de nuestros representantes “una voluntad política” que trascienda los programas de gobierno y que constituya una política de Estado para defensa de los derechos humanos.
Conocedores de todos los horrores que sufrieron millones de latinoamericanos en centros clandestinos de tortura y desaparición, en campos de concentración, en cárceles y cuarteles, redoblamos nuestro comprometido esfuerzo para que los agentes del Estado, así como sus cómplices  civiles, que violaron los derechos humanos sean procesados y  juzgados con penas proporcionales a sus crímenes. El Estado tiene la obligación de impedir crímenes de guerra, genocidios y crímenes de lesa humanidad.
Los Estados deben también reparar integralmente a las víctimas de las graves violaciones al derecho internacional humanitario, acatando y cumpliendo la Resolución N° 60/147 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de 2005, cuando estableció el derecho a la reparación integral de las víctimas con medidas adecuadas: restitución, indemnización , rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición y de prevención, lo que también contribuirá para garantizar que nunca más ocurra Terrorismo de Estado.
Presentamos nuestra solidaridad a los ex presos políticos de las dictaduras en Bolivia, los cuales esperan el cumplimiento por parte del Estado, de la Ley 2640, de reparación, deuda aún pendiente con el pueblo boliviano.
Nos comprometemos también, a apoyar el esfuerzo del Estado argentino de investigar los crímenes de lesa humanidad que tuvieron por víctimas a todos los soldados combatientes en 1982, en las Islas Malvinas (que constituyen una parte integral e indivisible del territorio argentino, cuya soberanía se ve violentada por la ocupación colonialista del Reino Unido). Entendemos que tales crímenes fueron cometidos por sus superiores formados en la Doctrinan de Seguridad Nacional, suministrada por la Escuela de las Américas para implantar tortura, la desaparición de criaturas y violaciones masivas a los derechos humanos a nuestros pueblos. Tales prácticas apartó a los Estados de las enseñanzas de los Libertadores de nuestra América.
Convocamos finalmente al 6to. Encuentro Latinoamericano por Memoria, Verdad y Justicia que se celebrará en Paraguay, en lugar y fecha que serán comunicados oportuna

 Por Uruguay participaron Crysol , Ana María Telechea, Macarena Gelman, Roger Rodriguez, Carlos Etchegoyen

http://youtu.be/rKifMWhwYOw