Como
muchas veces se ha dado la alarma, los pactos con la derecha solo
llevan a qué ésta vaya por más y aumente su agresividad. A causa de que
el Presidente Mujica ha abierto la cacería de brujas Siglo XXI al
PÚBLICAMENTE EXIGIRLE A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA SANCIONES CONTRA LA
JUEZA MARIANA MOTA O SU DESPLAZAMIENTO, VIOLANDO ASÍ LA INDEPENDENCIA
DE LA JUSTICIA, la derecha lo ha interpretado como carta blanca para
pasar al ataque en todos los frentes contra la Justicia, tratando así de
frenar los enjuiciamientos contra los criminales de lesa humanidad de
la patota de la mafia militar.
Es la razón por la cual ahora pretenden frenar a la fiscal Mirtha Guianze de reconocida trayectoria independiente en defensa de la verdad y justicia. Con el inédito ataque a la Jueza Mota por parte del Presidente de la República y su incursión en la independencia del Poder Judicial se ha abierto un proceso en el cual la derecha considera que lo puede aprovechar para ganar posiciones. Mujica le ha hecho el juego a la derecha, igual que con sus ataques al movimiento sindical y los trabajadores que protestan.
Es la razón por la cual ahora pretenden frenar a la fiscal Mirtha Guianze de reconocida trayectoria independiente en defensa de la verdad y justicia. Con el inédito ataque a la Jueza Mota por parte del Presidente de la República y su incursión en la independencia del Poder Judicial se ha abierto un proceso en el cual la derecha considera que lo puede aprovechar para ganar posiciones. Mujica le ha hecho el juego a la derecha, igual que con sus ataques al movimiento sindical y los trabajadores que protestan.
Martes 10 de abril de 2012
Mirtha Guianze, miembro
Asamblea General: bancada oficialista hará pesar su mayoría para el Instituto de Derechos Humanos
Pascua nostálgica: la crucifixión laica de Mariana Mota
La oposición ha denunciado que la fiscal Guianze
tiene una “visión hemipléjica” de los derechos humanos, ante lo cual
blancos, colorados e independientes están de acuerdo en no votarla para
la comisión.
El partido de gobierno más allá de los votos, está intentando un
acuerdo al menos con el Partido Nacional para que la acepte, a fin de
que no se transforme en una situación de tires y aflojes en cada ocasión
que se requiera votar decisiones. Sin embargo los nacionalistas no
están dispuestos a dar el brazo a torcer de momento habiendo manifestado
que esa elección será “un golpe de muerte a un organismo nuevo”. Los
colorados por su parte acusan a la fiscal de “falta de equilibrio para
un cargo como éste”. Los independientes dicen que con la designación el
FA “está viciando a un organismo nuevo”.
Los tres partidos en la oposición tienen sus propios nombres para el puesto.
Apoyo a la Dra Mariana Mota
Por
formular públicamente declaraciones a un medio de prensa argentino, de
un tenor inferior a cualquier titular tremendista del matutino El país,
acerca de la lentitud del sistema judicial uruguayo y otras debilidades
del mismo, la jueza Mariana Mota ha sido nuevamente colocada en la
picota pública mediante un tsunami mediático con epicentro en el Spa de
la calle Domingo Arenas.
El
pasado 26 de octubre, el Parlamento restableció la pretensión punitiva
del Estado al tiempo que señaló que las graves violaciones a los
derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado son crímenes
de lesa humanidad. Por lo mismo, imprescriptibles e inamnistiables. Como
debe ser.
La
eliminación de los obstáculos legales que impedían al Poder Judicial
llevar a cabo sus cometidos constitucionales sin contar con la
autorización expresa del Poder Ejecutivo fue un enorme avance desde
varios ángulos. El Poder Judicial, que ya en octubre de 2009 había
declarado que la Ley de Caducidad era inconstitucional, recobró
plenamente su independencia en lo referido a los temas del pasado
dictatorial.
La
plena independencia de los tres poderes del Estado es uno de los
principios básicos del sistema republicano uruguayo que fue vulnerado
por la Ley de Caducidad en el afán de consagrar la impunidad para los
golpistas y perpretradores de graves violaciones a los derechos humanos.
El Estado ausente y omiso.
Hasta
el momento, la justicia uruguaya no ha investigado ninguna violación a
los derechos humanos del terrorismo de Estado por iniciativa propia de
ningún juez. En estos 27 años del retorno a la institucionalidad
democrática ha actuado de oficio incluso en una riña en un espectáculo
deportivo pero no ha iniciado proceso judicial en ninguna causa de
violaciones a los derechos humanos.
Durante
la larga noche dictatorial, miles de uruguayos fueron privados de su
libertad por las fuerzas represivas. Fueron sistemáticamente sometidos a
apremios físicos, sicológicos y emocionales. Los abusos sexuales fueron
parte del “tratamiento riguroso” que el dictador Juan María Bordaberry,
elegido por el Partido Colorado, defendió pública y descaradamente en
su momento.
Miles
de uruguayos con declaraciones arrancadas bajo torturas fueron
inculpados y condenados por tribunales militares sin ninguna
legitimidad. Fueron recluidos en cárceles semejantes a campos de
concentración, diseñados para lograr su destrucción.
Desde
el 25 de mayo de 1972 en que fue asesinado Luis Batalla por torturas en
el cuartel de Treinta y Tres hasta el 26 de abril de 1984 en que en
Fray Bentos fue asesinado el Dr. Vladimir Roslik, casi un centenar de
uruguayos fallecieron mientras eran torturados o durante su reclusión.
La
prisión prolongada y la tortura fue la metodología represiva
deliberadamente seleccionada por las Fuerzas Armadas para destruir a sus
opositores, para gobernar y amedrentar al conjunto de la población con
el propósito de mantenerse en el poder.
Las víctimas y sus familiares.
Han
sido las propias víctimas o sus familiares en el caso de los detenidos
desaparecidos o los asesinados quienes han tenido que asumir la
responsabilidad ineludible del propio Estado para presentar las
denuncias y movilizarse, incansable, heroicamente, para que los hechos
fueran investigados, esclarecidos, identificados los responsables y
castigados judicialmente.
Ninguna
dependencia estatal, hasta el momento, ha acompañado ni apoyado a las
víctimas y a sus familiares en su calvario en demanda de justicia.
Solamente la Facultad de Psicología ha tomado la decisión de respaldar
terapéuticamente a los denunciantes en los procesos judiciales,
angustiantes y dolorosos como las mismas situaciones. Las víctimas
testigos reviven sus sufrimientos y sus dolores, sus humillaciones y
victorias, ante la total indiferencia del gobierno, del Parlamento y del
mismo poder judicial.
Mariana Mota tiene razón.
La
jueza Mariana Mota tiene razón. El Estado uruguayo no ha cumplido aún
con todas sus obligaciones con respecto al pasado terrorista. A
diferencia de lo ocurrido en la vecina orilla, muy especialmente desde
el momento en que Néstor Kirchner designó al Dr. Eduardo Luis Duhalde
como secretario de DDHH, el estado uruguayo no promueve ni impulsa ni
apoya activamente causas judiciales como correspondería.
Las
víctimas directas del terrorismo de Estado no fuimos, no somos ni
seremos objetivos o imparciales con respecto a los sufrimientos
padecidos ni ante la experiencia que destruyó nuestros proyectos de
vida, destrozó al país generando la deuda externa odiosa, quitando a los
jubilados y pensionistas el aguinaldo y reduciendo sustancialmente el
poder adquisitivo de los trabajadores y de los sectores populares.
La
Suprema Corte de Justicia ha demostrado una exquisita sensibilidad ante
las declaraciones formuladas por la jueza Mariana Mota. Fueron
amplificadas como presuntamente delictivas por el vocero oficial de la
dictadura. Luego, comentadas ampliamente por “analistas” políticos que
han hecho de “hemipléjico” el adjetivo único a utilizar cuando se habla
de los crímenes del Estado terrorista.
Las
ex presas y los ex presos políticos, junto al movimiento sindical, las
organizaciones defensoras de los DDHH y la mayoría de la ciudadanía,
seguiremos demandando Verdad y Justicia y el cumplimiento a cabalidad de
las directrices de la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas.
La
Dra. Mariana Mota, la única jueza que hasta el momento ha cumplido con
lo dispuesto por la sentencia de la Corte Interamericana de DDHH en el
caso Gelman, no será crucificada con nuestro silencio.
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