Dolor y lucha olimareña

Marys Yic – Abril 2012

En abril de 1975, cuando todavía Juan María Bordaberry encabezaba el gobierno de facto, en el marco de los festejos del “Año de la Orientalidad” en el Departamento de Treinta y Tres, llegó una terrible represión contra militantes y simpatizantes de organizaciones de izquierda que adquirió características singulares por ser masiva y extensa. De esa forma se apuntaba a desarticular el foco de oposición a la dictadura existente en dicho departamento. Era el comienzo de la llamada “Operación Morgan”, un operativo represivo a gran escala para hacer desaparecer del país al Partido Comunista y sus aliados.

Dolor y lucha Olimareña

 A partir del golpe de Estado, el 27 de junio de 1973, el gobierno cívico militar ejerció la violencia sistemática y generalizada que habría de durar hasta mediados de los años 80. A pesar de que, la  represión fue aplicada desde la década de los 60 contras quienes enfrentaban los desbordes autoritarios del gobierno, donde detenían, torturaban y asesinaban a luchadores sociales bajo las Medidas Prontas de Seguridad.
En dictadura, militares, policías y algunos civiles, ejercieron el poder sin límites como parte de una metodología de exterminio de opositores políticos. Se utilizó la fuerza de las armas y se anularon los derechos de los ciudadanos, incluso el más básico: el derecho a la vida. Los crímenes entonces cometidos representaron una tragedia que afectó al conjunto de la sociedad.
Se instaló el terrorismo de Estado, tan evidente e inhumano, que también condenó a miles de menores de edad que debieron vivir lo peor. Si bien no constituyen un grupo totalmente homogéneo, todos fueron víctimas de vulneraciones a los Derechos del Niño y en consecuencia a los Derechos Humanos. Les tocó vivir instancias que no eligieron y que los colocaron frente a hechos y situaciones difíciles y peligrosas. Se les generó daño y sufrimiento por acción, omisión o actuación ilegítima del Estado.

Represión en Treinta y Tres

En abril de 1975, cuando todavía Juan María Bordaberry encabezaba el gobierno de facto, en el marco de los festejos del “Año de la Orientalidad” en el Departamento de Treinta y Tres, llegó una terrible represión contra militantes y simpatizantes de organizaciones de izquierda que adquirió características singulares por ser masiva y extensa. De esa forma se apuntaba a desarticular el foco de oposición a la dictadura existente en dicho departamento. Era el comienzo de la llamada “Operación Morgan”, un operativo represivo a gran escala para hacer desaparecer del país al Partido Comunista y sus aliados.

A partir del 12 de abril, y en pocos días, se realizó un gran operativo militar, coordinado y simultáneo, a cargo del Teniente Juan Luis Álvarez. Hicieron varios allanamientos y montaron “ratoneras” con el objetivo de detener a integrantes de la Unión de Juventud Comunista (UJC) y del Movimiento Juvenil Patriótico (MJP), otro movimiento político de izquierda. Fueron detenidas aproximadamente 60 personas, de las cuales 25 de ellas tenían entre 13 y 17 años de edad y 7 entre 18 y 21 años. Todos tenían una vida socialmente activa y acorde a sus edades. El resto eran mayores de 21 años entre los que se encontraban familiares y amigos de los mismos.

En busca del “hombre nuevo”, hacían asambleas, repartían volantes y pintaban muros por una sociedad libre, justa y digna. Comprometidos con la realidad olimareña y resistiendo a la dictadura en un pueblo chico, donde todos se conocían y donde era muy difícil ser revolucionario. Un caso más, entre tantos, que representa las vivencias del horror y del dolor extremo, donde la impunidad resulta ser un factor común. 

Fueron llevados a la “Cárcel del Este” en el Batallón de Infantería Nº 10 de ese departamento. El jefe del Batallón era el Mayor Juan Cruz y los oficiales a cargo; el Mayor José Luis Lete y el Capitán Héctor Rombis, que después fue el juez sumariante cuando los pasaron a la justicia militar. El Capitán Juan Luis Alves era el responsable de la tortura; a su cargo estaban los Tenientes J. Garmendia, G. Grau, J. Silvera y Juan Antonio Cuadrado, y el Alférez D. Feola, Wellington Sarli, Mohasir Leites y Justo Medina.

A las 48 horas dejaron en libertad a los niños de 13 y 14 años de edad. Los jóvenes entre 15 y 21 años pasaron un mes dentro del cuartel sin que un juez de menores ni sus padres supieran nada de sus vidas. Un tiempo después los mayores de 18 fueron procesados por la justicia militar; estarían en prisión de 2 a 6 años. Los hombres fueron primero al RC8 de Melo y luego al Penal de Libertad, mientras que las mujeres permanecieron en el Batallón Nº 10 donde ya existía una cárcel de mujeres presas políticas.

No tuvieron ningún trato especial, por el contrario, durante ese periplo, conocieron y vivieron lo peor. Todos fueron sometidos a diversos y terribles métodos de tortura. Un vaivén incesante entre la vida y la muerte para lograr la victoria absoluta sobre las resistencias físicas, psicológicas y morales de aquellos jóvenes Una macabra pluralidad de procedimientos de martirio, sin límites, para mantener los  prisioneros en una completa incertidumbre respecto al tiempo y espacio, buscando despedazarlos y lograr su total sometimiento.

“La máquina” duró toda la estadía, pero el 17 de abril son trasladados a la cuadra que fue compartida por hombres y mujeres, mayores y menores de edad. Allí pudieron dormir, bañarse y comer. Cuando pensaron que lo peor había pasado, llegó el Comandante de la División  de Artillería Nº IV, con asiento en Minas, Gregorio Álvarez. El 19 de Abril había desfile militar por el festivo de la fecha, así que en la tarde y noche del día 18, los volvieron a torturar salvajemente, pero no para interrogarlos, sino “en honor al Goyo” y para complacer al Teniente Pedro Buzzó, un sanguinario profesional de la tortura y símbolo del terror. “La máquina” consistía en: Capucha permanente, plantones, colgadas, palizas, perros entrenados, submarino, picana, teléfono (golpes en los oídos), caballete, manos atadas con alambres que cortaban la piel, hambre, sed, prohibición de ir al baño, etc. También estaba incluida la tortura psicológica y moral.

Un día llevaron a las mujeres encapuchadas a la enfermería. Allí estaban con guantes puestos, los médicos militares José Cúneo y Hugo Díaz Agrelo, iban pasando de a una y les hacían tacto vaginal. Fueron acusadas de ser portadoras de enfermedades venéreas por prostituirse y vivir en la promiscuidad. La persecución “moral” comprendió, entre otras cosas, que al día siguiente les inyectaran penicilina por personal de enfermería en el patio del cuartel, a la vista de la tropa, que luego difundió lo que presenció fuera del cuartel.

Una perversa mentira

 El 30 de abril el Comando General del Ejército libró un comunicado que fue publicado por la prensa. “El País”, diario oficial de la dictadura, se hacía eco de esta campaña titulando: “Marxismo: Única meta de la destrucción moral. Descubren campamento: Prostituían a más de 60 jóvenes”. En el mismo decía que “El marxismo era ilegal desde 1973 y que la organización pretendía nuclear a personas menores de edad y prepararlas políticamente para cumplir tareas que el marxismo internacional determinara”. El comunicado agrega: “Se pudo detectar que en la ciudad de Treinta y Tres, se estaba incrementando las actividades clandestinas, por lo que se efectuó la detención de las 60 personas citadas”. El objetivo de tal canallada era justificar, ante la opinión pública de la ciudad conmocionada por esa situación, las detenciones y las torturas a menores de edad, tratando de convencer que el marxismo “atentaba contra la moral y las buenas costumbres de la sociedad”.

En realidad, unos 20 jóvenes, estudiantes y militantes de la UJC, habían acampado en el mes de enero en Rocha, Balneario “La Esmeralda”. Se trataba de una convención informativa, actividad militante clandestina, y hacerlo en un lugar tan alejado y agreste, les permitiría mayor seguridad.

Traslados

 Sus padres perdieron la patria potestad que quedó en poder de la justicia militar hasta que cumplieron 21 años de edad. Estuvieron en el Batallón Nº 10 hasta mediados de mayo. Allí mismo el juez militar sumariante, Teniente Héctor Rombis, les tomó declaración y el juez militar  Coronel Libio Camps los procesó tipificándoles “Asociación ilícita para delinquir, Delito de Lesa Nación (Art. 60 del Código Penal Militar) y Atentado a la Constitución en grado de Conspiración” A pesar de que los que atentaban contra la Constitución eran los mismos militares que ejercían el poder dictatorial. 

Una madrugada los despertaron y los cargaron en un camión, encapuchados, con las manos atadas con alambre y custodiados por ocho soldados armados. El operativo de traslado estuvo bajo la dirección del militar Germendia. Fueron llevados en forma secreta a Montevideo, sin dar aviso a sus padres. Al llegar a la capital son encerrados sin explicación alguna en el “Consejo del Niño”. Ocho mujeres en el Hogar Femenino Nº 2 y cinco varones en el Centro de Observación Nº 1 Dr. Álvarez Cortés. El juez militar Coronel Libio Camps controlaba semanalmente, montando todo un operativo, que las medidas tomadas se cumplieran. Una vez dentro de estos centros, pasaron a la revisación médica donde se le hicieron exámenes y donde se comprobó que no eran portadores de enfermedades venéreas, y que además las adolescentes eran vírgenes.

Estos “reformatorios” se usaron especialmente para encarcelar militantes políticos, sindicales y estudiantes menores de edad. Eran lugares de detención organizados y conducidos por personal del Estado, en los cuales imperaron durísimas condiciones de reclusión y se produjeron violaciones a los derechos humanos y a los derechos del niño. Los jóvenes recluidos necesitaron desplegar múltiples formas de solidaridad y compañerismo para crear un espacio de resistencia, imprescindible para el mantenimiento de su integridad física y emocional.

Siete meses después fueron puestos en libertad y entregados a sus padres en el mismo Juzgado Militar, con la amenaza de que si volvían a caer, serían torturadas sus familias también. Como eso no era suficiente, les prohibieron  asistir a las dependencias de enseñanza, públicas o privadas. Aún estando en libertad fue muy difícil incorporarse nuevamente a la sociedad. Estaban clasificados como categoría “C” y ya nada era igual. No obtendrían la “Fe Democrática” que se pedía para acceder a un empleo, fueron expulsados de los centros sociales y debían presentarse a firmar la libertad vigilada. Padecimientos que se extendieron a lo largo de sus vidas. Algunos partieron al exilio y otros salieron de su ciudad natal hacia otro departamento. La mayoría sobrevivió con la ayuda de sus familiares.

Causas penales

 El Comité Central del Frente Amplio de Montevideo, puso a disposición un estudio de abogados para que patrocinaran la causa. En octubre del 2011, y al otro día que el Parlamento aprobara la Ley 18.831 por la cual se eliminaron los obstáculos que impedían la acción de la justicia, el Dr. Di Giaccomo, junto a los denunciantes, presentaron la denuncia penal en el Juzgado Departamental de Treinta y Tres de 1º Turno. Dicha causa está a cargo de la Sra. Jueza Dra. Patricia Rodríguez y de la Sra. Fiscal Dra. Sandra Fleitas. A abril del 2012 ya declararon los denunciantes y se comenzará con los indagados. Dicha denuncia es contra los responsables de los hechos ocurridos y que son considerados, entre otros, delitos de lesa humanidad.

Los delitos de lesa humanidad son delitos  cometidos por agentes del Estado amparados por el poder contra la población civil, identificadas por sus ideas políticas entre otras. Las normativas internacionales sobre Imprescriptibilidad, marcan que  “Los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad donde sean y cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido, serán objeto de investigación, y los individuos contra los que existan pruebas de culpabilidad en la comisión de tales crímenes, serán buscados, detenidos, enjuiciados y en caso de ser declarados culpables, castigados.” Todas las víctimas tienen el derecho de saber la verdad, de buscar justicia y de tener una reparación, y un aspecto reparatorio de este punto, es poder salir del lugar pasivo del sufrimiento y pasar al lugar activo y dignificante del denunciante.

No solo es reparatorio que los responsables sean castigados, es primordial que como sociedad, aprendamos de este pasado tan doloroso para que nunca más se repitan estos aberrantes hechos. Si no podemos demostrar que la impunidad no tiene más cabida en la realidad nacional, Uruguay se estará haciendo un suicidio político y social imperdonable. Porque dejar que prevalezca la impunidad, no condenando los crímenes del terrorismo de Estado, es continuar enviando mensajes a la sociedad de que dichas conductas son aceptadas. Es decirles a los verdugos que no serán enjuiciados, confirmando su teoría de “los dos demonios” y su convicción de que la acción terrorista en el marco del Estado, es impune. Esto significaría su perpetuación y la aceptación social, y generaría un sentimiento de desconfianza de los ciudadanos al sistema judicial.

A todos ellos, que venciendo el dolor hoy denuncian, les decimos que nos solidarizamos con su lucha, convencidos de que ésta debe continuar, generando además, espacios necesarios para la memoria, que está más viva que nunca, y exigiendo Verdad y Justicia, porque solo así fortaleceremos la democracia.