14 de abril, un día peligroso

Estertores de la Ley de impunidad
Toman previsiones ante hipótesis de “acción militar” el 14 de abril


El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Gelman, la decisión del plenario del Frente Amplio de anular la ley de caducidad, la sentencia judicial que condena al dictador Gregorio Álvarez por el homicidio de Roberto Luzardo y el inicio de 19 causas en el Juzgado a cargo de la jueza Mariana Mota, provocan un nuevo giro en el escenario uruguayo: se diluye la “ofensiva psicopolítica” de los represores de la dictadura y, ahora, los servicios de inteligencia del Estado toman previsiones ante la hipótesis de algún tipo de “acción militar” el próximo 14 de abril.

TEXTO: ROGER RODRÍGUEZ

rogerrodriguez@adinet.com.uy



El contundente pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el que condenó al Estado uruguayo a dejar “sin efectos” la ley de caducidad y ordenó una serie de reparaciones políticas, morales y económicas para los familiares de María Claudia García de Gelman, se constituyó en el más duro de una serie de golpes que, en los últimos días, sufrieron la impunidad uruguaya y quienes la usufructúan.

“El hecho de que la Ley de Caducidad haya sido aprobada en un régimen democrático y aun ratificada o respaldada por la ciudadanía en dos ocasiones no le concede, automáticamente ni por sí sola, legitimidad ante el Derecho Internacional”, establece el fallo del organismo de la OEA, que dio razón al reclamo de Juan y Macarena Gelman ante la falta de respuesta del Estado por la desaparición de María Claudia en 1976.

Casi en forma simultánea se conoció el fallo judicial del juez penal Juan Carlos Fernández Lecchini por el que condenó al dictador Gregorio Álvarez como cómplice del homicidio del tupamaro Roberto Luzardo, detenido en un operativo represivo donde fue herido de bala y muerto en el Hospital Militar luego de que se diera la orden de que no fuera atendido ni curado.

Álvarez “dirigió la organización ilícita que se dedicó a luchar contra la subversión con cualquier medio, incluida la tortura. La tortura activa y pasiva eran instrumentos concebibles entre los necesarios. Por lo que lo de Luzardo, intolerablemente abandonado en un hospital, era previsible y previsto en el marco de la guerra sucia”, sentenció el magistrado.

Por su parte, el plenario del Frente Amplio impuso como asunto político la votación del proyecto de anulación de la ley de caducidad y obliga a todos sus legisladores a votar la norma interpretativa por la que se procura “dejar sin efectos” la ley de impunidad como lo pide la Corte Interamericana. La propuesta ingresará al Senado el 12 de abril y se pretende su sanción para antes del 20 de mayo.

Finalmente, la jueza Mariana Mota –principal objetivo de una ofensiva jurídica en la que el fiscal Miguel Langón, el ex presidente Jorge Batlle y el ex vicepresidente Gonzalo Aguirre intentaron denigrarla– comenzará en los próximos días a tratar el caso de los 19 muertos por tortura que la Suprema Corte de Justicia decidió excluir de la ley de caducidad a la que consideró inconstitucional.

La causa, que tiene a la fiscal Ana María Telechea al frente del Ministerio Público, promete desentrañar parte de la llamada Operación Morgan contra el Partido Comunista del Uruguay y coloca como indagables a un treintena de oficiales militares y policiales responsables de torturar a las víctimas hasta la muerte o provocarles daños irreversibles que derivaron en sus fallecimientos.



“ASUNTOS MILITARES”



La ofensiva psicopolítica y mediática que había lanzado un grupo de ex represores de la dictadura terminó diluyéndose. Una agresiva carta a los comandantes de las tres armas no logró sus objetivos, en la medida en que se hizo público que el autodenominado Foro de Libertad y Concordia contaba con el sustento nacional e internacional de grupos de ultraderecha o definidamente nazis en su página Facebook.

Tampoco ayudó al grupo que defiende a los criminales de lesa humanidad presos en la cárcel de la calle Domingo Arena, la información sobre un supuesto video en el que tres personas vestidas con uniforme militar y enmascaradas anunciaba el comienzo de “operaciones” de un autodenominado Ejército Nacional Libertador (ENL) de cuyas amenazas ningún sector político o militar se hizo responsable.

Sin embargo, la aparición de un discurso de ultraderecha lanzado por organizaciones o personas en las páginas de Facebook provocó un reordenamiento de lo objetivos de las organizaciones de información del Estado, donde se aceleró el nombramiento del inspector mayor José E. Colman como encargado de despacho de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) del Ministerio del Interior.

Las investigaciones policiales no permitieron encontrar el amenazante video, cuyo texto fue difundido por el semanario Búsqueda y que sólo el presidente José Mujica dice haber visto, pero la operación mediática del supuesto ENL alentó un trabajo de inteligencia que, según pudo saber Caras y Caretas, confirmó la existencia de “grupos activos” de ultraderecha con capacidad de realizar “operaciones”.

A similares conclusiones habría llegado la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado (Dinacie), cuya mesa de análisis estudia la eventualidad de “acciones militares” en varias fechas conmemorativas del Bicentenario, particularmente en los próximos 14 de abril (Día de los Caídos en la Lucha contra la Subversión), 19 de abril (Desembarco de los 33 Orientales) y 18 de Mayo (Día del Ejército), dijeron las fuentes consultadas.

Algunos de los miembros de la ahora cerrada página de Apoyo al Foro Libertad y Concordia se volvieron a reunir en el Facebook denominado 'Asuntos Militares' (http://www.facebook.com/profile.php?id=100001839761243&sk=wall) y en la web 'Homenaje a los cuatro soldados asesinados por los tupamaros en Uruguay' (http://www.facebook.com/pages/Homenaje-a-los-cuatro-soldados-asesinados-por-los-tupamaros-en-Uruguay/141059219245541).

En esas páginas vuelven a aparecer como “amigos” María Noel Larrosa Rombys, Aníbal Bozi, el nazi Manuel Ayres, Enzo Santillán, Alexander Torres Mega, Artigas Álvarez, el coronel Carlos Silva Valiente y Juliana de Sarro, junto a Alternativa Nacionalista, grupos anticomunistas y anticubanos, Uruguay Militaria, el criadero Von Zucker Brot, Derecha Uruguaya, la Escuela Militar y el Liceo Militar José Artigas.

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