Hace 24 años. Tras 293 meses de vigencia de "la ley vergüenza", el Senado con mayoría anulatoria, inicia hoy el debate sobre el proyecto interpretativo que declara "carente de valor jurídico alguno" los artículos 1, 3 y 4 de la Ley de Caducidad.
Por la caducidad de la Caducidad: la madre de todos los horrores llega a su final; hoy se inicia el debate
El mundo nos mira. La comunidad mundial aguarda con singular expectativa la decisión de nuestro país sobre una ley de terror que nunca debió haber existido. Sólo tres testigos de aquella sanción quedan hoy en el Parlamento que la hará desaparecer del mapa jurídico del país: Luis Alberto Lacalle, Luis Alberto Heber y Ope Pasquet. Se estima que el proyecto interpretativo será aprobado en el Senado por 16 votos contra 15, incluyendo entre la minoría al senador frentista Jorge Saravia, que votará en contra de la decisión del lema que lo condujo a la banca. En Diputados habrá una más amplia mayoría a favor del proyecto anulatorio. Todas las instancias culminarán antes del 20 de mayo, día del martirologio de Zelmar Michelini y Gutiérrez Ruiz.
La Ley de Caducidad y la rebelión de los uniformados ante la Justicia en aquel 1986
El Pacto del Club Naval
Negociaciones en el Club Naval. Los frentistas Juan Young y José Cardoso, el 6 de julio de 1984.El Pacto. Lo que acordaron en el Club Naval, Medina, Sanguinetti, Wilson Ferreira
La Ley de Caducidad y la rebelión de los uniformados ante la Justicia en aquel 1986
¿En qué contexto fue aprobada en 1986 la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado? ¿Se pactó la impunidad en el Club Naval? ¿Qué querían los militares? ¿Qué hicieron los partidos?Luis Casal Beck
Los hechos se precipitaron en aquel tumultuoso diciembre de 1986, cuando el juez penal Ricardo Harriague, le comunicó a la Jefatura de Policía de Montevideo que el día 22, a la hora 8, debía presentarse a declarar por el caso Orletti, el teniente coronel José Nino Gavazzo, quien catorce meses antes, desafiante, dijo públicamente: "como militar, no estoy dispuesto a concurrir ante ningún juez civil para que se me juzgue por operaciones militares". Gavazzo era el primero de nueve oficiales convocados (el 23, Manuel Cordero, el 24, Ernesto Ramas).
Ante las primeras denuncias por violaciones a los derechos humanos presentadas en los tribunales, al regresar el país a la democracia (marzo de 1985), la Justicia Militar presentó una contienda de competencias ante la Suprema Corte de Justicia reclamando su primacía respecto a la Justicia ordinaria, para dilucidar estos casos. Los distintos partidos buscaban fórmulas tendientes a encontrar una solución al espinoso asunto. Todas naufragaron con bastante rapidez.
El acuerdo del Club Naval, que viabilizó la salida negociada de la dictadura (iniciado un 6 de julio, y concluido el 3 de agosto), contó con la asistencia de los jefes de las Fuerzas Armadas (Hugo Medina, Ejército; Rodolfo Invidio, Armada; Manuel Buadas, Aeronáutica), y representantes de los partidos Colorado, Frente Amplio, Unión Cívica). Los blancos, (con su líder preso Wilson Ferreira, al regreso del país, 16 de junio) rechazaron esta fórmula, que implicó la realización de comicios y la entrega del gobierno a quien resultara electo.
Inicialmente, los blancos dijeron que "la impunidad" se pactó en el Club Naval. Los testimonios reunidos indican que la revisión de los hechos ocurridos durante la dictadura (1973-1985), no fue abordada. Lo señala el propio secretario político de Ferreira, Diego Achard, en una muy documentada obra de investigación de 1995 ("La transición en Uruguay), en la que concluye: "las violaciones a los derechos humanos durante el proceso, no fue tratada" (página 54).
Sin embargo, Medina reconoció el 1º de diciembre de 1986, en una reunión con el presidente Julio Sanguinetti y los líderes políticos, que en agosto de 1984 tenía la impresión, por la forma en que se produjo la salida, que no existiría "revisionismo". En marzo de 1985, fue aprobada una Ley de Amnistía, que abrió las cárceles políticas. El 18 de mayo de aquel tenso 1986, Medina se preguntó si aquella norma había sido "ecuánime", al excluir a militares y policías.
Las negociaciones políticas fueron intensas, mientras la Suprema Corte decidía qué criterio seguir (Justicia civil o militar). Se integró una comisión de juristas, el gobierno impulsó una ley de amnistía (29 de agosto), que fue rechazada por blancos y frentistas. El Partido Nacional propició en el Parlamento otro mecanismo (18 de setiembre), delimitando ciertos delitos en los que podrían haber incurrido los uniformados, pero tampoco tuvo votos: para los colorados era demasiado amplia; para la izquierda, insuficiente. La demanda por "juicio y castigo" a los culpables ganaba la calle, y se produjeron varias reuniones entre mandos castrenses y líderes blancos.
Sanguinetti reclamaba una "solución política". En un reciente ensayo, Alfonso Lessa gerente de noticias de canal 12, revela que antes del Club Naval, hubo contactos "secretos" entre Sanguinetti y Medina, en los que se habló de todo. "No hubo tema ausente, tampoco el de los derechos humanos(...). Esta sucesión de encuentros y lo que en ellos se conversó, no parece haber estado en conocimiento de los demás negociadores en el Club Naval" (La Primera Orden, página 252). Las fuentes de Lessa fueron Medina, y el propio Sanguinetti.
El 24 de noviembre de 1986, la Suprema Corte falló: era la Justicia ordinaria, la competente. El 3 de diciembre, a través del oficio 1132, el juez Harriague comunicó a la policía la citación a Gavazzo para la mañana del 22. Ni él ni ninguno de sus colegas pensaba presentarse. El proyecto de Ley de Caducidad, que hoy será eliminado, se aprobó en el directorio blanco; contó el 21 con la mayoría en el Senado (22 en 31, en contra el FA y varios blancos), y el mismo 22, en Diputados (60 en 97). El senador frentista Jose Germán Araújo, fue expulsado de ese cuerpo, al ser acusado por blancos y colorados de instigar el rechazo publico desatado.
La Ley establecía en su artículo cuarto, que era el Poder Ejecutivo quien debía determinar, ante una consulta expresa, si los casos estaban o no comprendidos por la norma, ratificada en un referéndum de 1989, interpretado como una amnistía por los gobiernos; hasta que en 2005, con Tabaré Vázquez en el gobierno, varió radicalmente este criterio, con los resultados a la vista.
LAS DOS CONSULTAS
Referéndum del 16 de abril de 1989:
Papeleta amarilla (mantener la Ley): 1.082.454 (55.9 %)
Papeleta verde (anularla): 799.109 (41.3 %); en Montevideo alcanzó el 55 %
Plebiscito del 25 de octubre de 2009
Papeleta Rosada (eliminarla): 1.105.768 (47.98 %). La opción hubiera resultado victoriosa si llegaba a la mitad más uno de los habilitados.
DDHH EN EL CLUB NAVAL
"Ellos (los militares, durante las negociaciones del Club Naval, en 1984), presentaron distintos textos, a través de los cuales pretendían que la Justicia militar siguiera entendiendo en los delitos comunes cometidos por los militares en el ejercicio de sus funciones. Y entonces todo aquello que pudiera haber sido violación de los derechos humanos, hubiera sido competencia de la Justicia militar y no de la Justicia civil (ordinaria). Ese texto fue rechazado y fue el momento más duro de la negociación, donde se interrumpió por un largo rato, hasta que finalmente se llegó a mantener el texto de la Constitución de 1967" (declaraciones de Juan Young, uno de los representantes del Frente Amplio en el Club Naval, y por entonces presidente de la Democracia Cristiana en "La Primera Orden", de Alfonso Lessa, 2009).
Pactos con la pistola en la nuca
Retirados revelan reuniones secretas con Mujica
Admiten acuerdos "entre combatientes" desde antes de 1990
A pocas horas que el Senado vote la media sanción a la anulación parcial de la ley de Caducidad, integrantes del foro militar Libertad y Concordia salieron a relucir viejos acuerdos entre miembros de las Fuerzas Armadas y los tupamaros.
"Habíamos acordado que los desaparecidos habían caído en combate y que el tema se terminaba ahí", aseveró ayer a El País el coronel retirado José Carlos Araújo, vocero de la agrupación castrense.
El militar sostuvo que desde la década de los años de 1990 se produjeron reuniones entre militares y ex guerrilleros con el propósito de alcanzar la "concordia entre los orientales".
Araújo, que en la actualidad conduce un programa en radio Continente, reconoció que él mismo participó de reuniones en las que el propio Presidente Mujica asumió un "compromiso entre excombatientes" terminar con el revisionismo.
Además, reveló que algunas de la reuniones "reservadas" se concretaron en el domicilio del mayor Walter Villanueva. Agregó que en el momento en que se alcanzaron esos compromisos se confeccionó un documento, pero declinó revelar su contenido.
En tal sentido, subrayó que los militares se sienten "traicionados" por Mujica, ya que el primer mandatario "se había comprometido a trabajar en esa línea y no concretó lo que había asumido". "Si bien nunca tomaron el liderazgo del tema, que lo manejaron los Michelini, Familiares y el PCU, el único hito del MPP fue cuando Fernández Huidobro se manifestó en un congreso del Frente Amplio por mantener la ley de Caducidad", aseveró Araújo.
Las conversaciones entre militares y tupamaros comenzaron en 1972 cuando miembros de la Logia Tenientes de Artigas sacaron de la prisión a los jefes guerrilleros para intercambiar información sobre delitos financieros.
Tras el retorno de la democracia hubo otros intercambios. Araújo reconoció que en la actualidad "los canales de diálogo están abiertos".
El vocero del foro militar apuntó sus baterías a la frase del expresidente Tabaré Vázquez, en la que señaló que en "temas de derechos humanos, las mayorías no siempre tienen la razón".
"Lo que dijo Vázquez justifica el golpe de Estado. Si las mayorías se equivocan es lícito que actúe una minoría", ironizó Araújo.
Triunfo. Libertad y Concordia reaccionó con dureza a la confirmación de que el Senado le dará media sanción a la anulación de la ley de Caducidad.
"Para nosotros es un triunfo. Ahora quedará demostrada la catadura moral con la que se mueven nuestros enemigos. Es una profunda inmoralidad, antidemocrática y antiartiguista. En ese marco está quedando en evidencia que no respetan ni siquiera las decisiones del pueblo", afirmó Araújo.
 |
| El pacto de los rehenes |
En tanto, la respuesta de las organizaciones sociales militares sobre lo que resuelva el Senado en la sesión de hoy se conocerá el jueves 14 en dos actos en recuerdo de los muertos en las acciones del 14 de abril de 1972, cuando el MLN atentó contra cuatro sospechosos de integrar los escuadrones de la muerte. El primer acto será a la hora 10:30 en Avenida Italia y Abacú. El segundo acto tendrá lugar en la sede del Círculo Militar a la hora 11:30.
El País Digital
Si vuelve la luz no habrá oscuridad
Por el fin de la impunidad
La Ley de Caducidad tiene las horas contadas. El Senado uruguayo votará hoy el proyecto interpretativo que deja sin efecto la norma que impide el juzgamiento de los represores que actuaron durante la dictadura que gobernó el país entre 1975 y 1983. Si se aprueba, como se prevé, la iniciativa deberá pasar por la Cámara de Diputados para que la ratifique. Desde el gobernante Frente Amplio (FA) esperan que el trámite haya terminado para mayo.
La anulación de la Ley de Caducidad es una vieja y querida bandera para los organismos de derechos humanos y para la mayoría de los sectores que integran el FA. De hecho, la coalición lleven su plataforma de gobierno la propuesta de extirpar esa norma del ordenamiento jurídico uruguayo. Sin embargo, durante varios meses, varios frenteamplistas vieron cómo el consenso para avanzar en ese camino se les escapaba de las manos. En octubre de 2010, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto interpretativo presentado por el FA. Pero desde entonces la iniciativa quedó trabada en el Senado, donde tres senadores oficialistas se negaban a anular la ley aprobada en 1986 y ratificada en dos plebiscitos.
Después de meses de negociaciones, el FA llegó en marzo a un acuerdo. Los parlamentarios díscolos Eleuterio Fernández Huidobro y Rodolfo Nin Novoa se atendrán a la disciplina partidaria y votarán hoy a favor del proyecto interpretativo. El senador Jorge Saravia, que mantuvo su férrea oposición al proyecto, saldrá de la sala y será reemplazado por su suplente Gustavo Guarino, que sí quiere terminar con la Ley de Caducidad.
La sesión está convocada para las 9 de hoy. Por el FA hablará como miembro informante el senador Oscar López Goldaracena, importante jurista y militante de derechos humanos. “Es una alta responsabilidad, por un lado. Por el otro, estaba recordando que antes de que se aprobara la ley ya habíamos publicado un ensayo, en el cual señalábamos que no se podía dictar este tipo de ley. Tengo sentimientos muy especiales”, reconoció ayer a Página/12 el integrante del Movimiento Independiente por los Derechos Humanos, en el FA. El miembro informante del Partido Nacional será el senador Francisco Gallinal. “Nosotros creemos que el proyecto de ley que el FA trae a consideración, más que cerrar, lamentablemente reabre instancias muy duras y muy dolorosas para la vida del país”, se quejó el parlamentario blanco ante la prensa uruguaya mientras evocaba el conocido Pacto del Club Naval, un acuerdo alcanzado en 1984 por las principales fuerzas políticas uruguayas y los militares en el poder, que permitió la apertura democrática en la república oriental. Recurrentemente, cuando los políticos nacionalistas tienen que explicar su apego a la Ley de Caducidad, se refieren al Pacto del Club Naval, ya que los blancos dicen que allí se acordó implícitamente no avanzar en las condenas por violaciones a los derechos humanos.
Los militares retirados, los principales damnificados cuando se anule la ley que los beneficiaba, hace tiempo que pusieron el grito en el cielo. A mediados de marzo, los centros de militares hicieron una presentación ante la Suprema Corte de Justicia para que paralice los procesos contra los represores. Al no obtener respuesta, advirtieron que preparan una ofensiva ante tribunales internacionales, a los que acudirán por una supuesta falta de garantías procesales y porque, según ellos, los delitos ya están prescriptos (ver recuadro).
Días atrás, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió su fallo en el “caso Gelman” dejó en claro que la Ley de Caducidad debe ser dejada sin efecto para que las víctimas puedan obtener justicia. Pero, además, los jueces remarcaron que los delitos de lesa humanidad no prescriben. “En el régimen de persecución y castigo de crímenes de lesa humanidad, no se puede invocar la cosa juzgada ni la prescripción cuando se trata de sustraer a indagados del actuar de la Justicia”, agregó por su parte López Goldaracena.
Los organismos de derechos humanos saben que el logro obtenido ante la CIDH es importante. Pero falta mucho camino por recorrer. Ahora van por la anulación de la Ley de Caducidad. Por eso, desde las 9.30, algunos ingresarán al Parlamento, mientras que el resto se quedará afuera del Palacio Legislativo. Desde allí, seguirán a través de una pantalla gigante la sesión. “Porque el fin de la impunidad en Uruguay es un compromiso de todos, y porque somos todos iguales ante la ley, vamos a rodear el Palacio Legislativo”, dijeron desde la Mesa Permanente contra la Impunidad, que integran los organismos y la central obrera PIT-CNT, entre otros.
Informe: Luciana Bertoia.
La amenaza militar vigente
El general retirado Ricardo Galarza, presidente del Círculo Militar, solicitó además que en el debate se deje en claro la posición de quienes están en contra.
Agentes de la dictadura se quejan de la justicia
 |
| Martes 12 de Abril de 2011 |
Guianze advirtió “gravedad” en acusación de militares
La fiscal Mirtha Guianze aseguró que las críticas de los presidentes de los centros sociales militares al Poder Judicial constituyen una “acusación grave” porque no se limitan a observar un proceso sino a todo el accionar de la Justicia.“Las personas que sienten que no han sido contempladas en todo su derecho por la Justicia siempre pueden acudir a un organismo internacional. En este caso, me parece que se hace un planteo de orden general. No hablan de un juicio sino de todos. Eso es una acusación grave y compromete al país", advirtió la fiscal Mirtha Guianze. Respondió así al anuncio de los presidentes de los centros sociales castrenses de que denunciarán "en el ámbito internacional" la "violación a la libertad" que a su juicio cometieron los magistrados al procesar a militares por delitos de lesa humanidad.
En ese sentido, recordó a Ultimas Noticias que la primera condena a un militar por violar los derechos humanos durante la dictadura data del año 2006. "Hasta ahora nunca denunciaron que hubiera irregularidades. Desde entonces, todos los casos fueron tratados de acuerdo a las normas, con las sentencias en primera y segunda instancia que corresponden y la posibilidad del recurso de casación. La Suprema Corte de Justicia (SCJ) nunca vio una irregularidad en el proceder", enfatizó.
Indicó que si los centros militares quieren llevar sus demandas al ámbito internacional "tendrán derecho a ser oídos" pero garantizó que "en todos los juicios se dieron las garantías del debido proceso".
Hasta el momento, todos los juicios realizados a militares tienen sentencia confirmatoria con excepción del caso del soldado Ernesto Soca, todavía a estudio del tribunal. Soca fue procesado en setiembre pasado por "veintiocho delitos de homicidio muy especialmente agravados", acusado de participar del "segundo vuelo" de Automotores Orletti y reconocido por los sobrevivientes por su risa y su voz.
Los militares niegan la validez de las pruebas presentadas, por lo que el mes pasado los centros sociales resolvieron remitir una carta a la SCJ para pedir al organismo que investigara la actuación de los magistrados en los procesamientos. El 25 de marzo, una semana más tarde, la Corte determinó que no es "jurídicamente competente para rever los errores técnicos graves de los magistrados".
Ante esa resolución, los centros remitieron un nuevo mensaje al presidente de la corporación, Leslie Van Rompaey, para plantear que "lo que pudo y debió" resolverse en la judicatura uruguaya, "deberá ser ventilado en el ámbito internacional".
Guianze recordó que "el derecho internacional prevé que las violaciones a los derechos humanos deben ser investigadas y los responsables, juzgados”.
“De hecho, hay un dictamen internacional que pesa sobre Uruguay, pero toda persona que sienta que no ha sido contemplada puede apelar a la Justicia internacional", agregó.
El mes pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló contra Uruguay en el caso Gelman y estableció que la ley de Caducidad constituye un "obstáculo" y que "carece de efecto por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas", al impedir la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos.
Los uniformados consideran que los procesamientos son "arbitrarios" y que se cometieron "errores técnicos graves" en los fallos
Una producción de El Muerto
.
Muerto, fijate el video que pone "Si vuelve la luz no habrá oscuridad" sale como video privado, si es tuyo cambiale la privacidad xfa
ResponderEliminar