Quien manda en el pais somos nosotros, ya lo dijimos dos veces

Cagalera militar y discursos delirantes

 Apología al delito y amenaza militar
El vocero fue el militar retirado Raul Mermot

 "Quién manda en el país, no es el presidente de la república, el el cuerpo electoral, somos nosotros, todos los que decimos que si o que no. Y ya dijimos que no dos veces, nos guste a unos y a otros no, y hay que respetarlo...y no lo están respetando. Entonces eso puede terminar en una crisis institucional, en un problema "muy mayor"..."

Acto. Retirados cuestionan procesos judiciales

"ONG de DDHH reemplazaron a las organizaciones terroristas"

Reclaman veto presidencial a Ley Interpretativa.
Con críticas al gobierno, a los tupamaros, a las organizaciones de Derechos Humanos y a los dirigentes y legisladores de izquierda, se desarrolló en la víspera en Avenida Italia y Abacú y en el Círculo Militar el acto en recuerdo de los militares y policías caídos en "defensa de las instituciones democráticas y de la libertad".

El acto central, que tuvo lugar al mediodía en el Círculo Militar, contó con la presencia de los ex presidentes Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti, además de un centenar de retirados militares, así como familiares de militares presos en la cárcel de Domingo Arena.

El presidente de la institución, general ( r ) Ricardo Galarza cuestionó el accionar de la Justicia y señaló que en un caso "un acusado de participar en sesiones de tortura y muertes en fecha y lugar determinados quiso exhibir boleto aéreo que probaba la imposibilidad de estar en 2 lugares al mismo tiempo, lo que se desechó".

Más adelante, citando al argentino Mariano Grondona, Galarza manifestó que "las ONG de DDHH reemplazaron a los organismos terroristas, y continuaron la persecución sistemática judicial y de desprestigio, para minar la moral de los militares al máximo". También hizo referencia al supuesto acuerdo divulgado por el coronel José Carlos Araújo "entre miembros de las FFAA y los tupamaros" para declarar que los desaparecidos habrían caído en combate.

Agregó que "los militares se sienten traicionados por Mujica ya que el primer mandatario se habría comprometido a trabajar en esa línea y no concretó lo que había asumido". Por otra parte, sostuvo que ante la aprobación de la Ley Interpretativa de la Ley de Caducidad, "tiene la palabra el señor Presidente de la República, tal como allí se pactara, en cuanto a interponer el veto presidencial".

En el acto, también hizo uso de la palabra el ex legislador colorado Hugo Ferrari. En el acto organizado por la "Asociación Patriótica 14 de abril de 1972", que encabezan el general retirado Raúl Mermot y el ex diputado Daniel García Pintos, la ceremonia contó con la presencia de unas 150 personas, en su mayoría militares retirados.

Mermot cuestionó que el acto, que tradicionalmente se realiza en la Plaza de la Bandera, se haya tenido que trasladar por las obras que allí se vienen realizando. Anunció que se buscará un nuevo escenario porque "todo parece asegurar que no dispondremos más de ese hermoso espacio patrio".

Tras criticar el reciente asesinato de un agente policial, Mermot exhortó a las autoridades a reflexionar sobre el pasado, "cuando los tupamaros se alzaron en armas contra la democracia, para imponer un régimen de terror en el Uruguay y no repararon en asesinar policías, militares y civiles a sangre fría".

"Ellos, los tupamaros, no fueron revolucionarios como dicen haberlo sido, sino inequívocamente terroristas, porque revolución es cuando se lucha por un cambio que a veces erróneamente se cree justo, pero siempre de frente, francamente, no a traición ni desde las sombras, menos aún cuando alevosamente se asesina selectivamente, se secuestra y se tortura; eso sí es terrorismo", enfatizó el militar retirado.

Cuestionó recientes afirmaciones del ex presidente Tabaré Vázquez sobre la relatividad del valor de la decisión de las mayorías, al tiempo que apoyó la "valiente actitud" de los centros sociales y cooperativas de las Fuerzas Armadas, que presentaron un petitorio ante la Suprema Corte de Justicia cuestionando los procedimientos procesales que terminaron con el encarcelamiento de varios militares y policías.

Dijo que observa "tremenda frustración y e impotencia" cuando visita a sus camaradas presos en el establecimiento de Domingo Arena, producto de la "situación de injusticia por la que atraviesan". También cuestionó la situación que continúan atravesando los militares que fueron extraditados hace algunos años hacia Chile, por su vinculación con el asesinato del químico chileno Eugenio Berríos.

Servicio de Paz y Justicia

Respuesta a comentarios realizados por militares el 14 de abril

Montevideo, 15 de abril de 2011

El Servicio Paz y Justicia (SERPAJ - Uruguay) ante comentarios realizados por integrantes de las asociaciones de retirados militares en medios de prensa y en el marco de sus conmemoraciones del día 14 de abril, al referirse a las organizaciones de derechos humanos como “grupos  terroristas” expresa:

SERPAJ es una organización de promoción, educación y defensa de los derechos humanos que durante 30 años ha trabajado por la estabilidad, la profundización del Estado de Derecho y la institucionalidad del país, entendiendo que los avances en la materialización  de los derechos humanos son indicadores claves del grado democrático del mismo.

Los derechos humanos son un todo integral, indivisible e interdependiente por cuanto la conculcación de alguno de ellos vulnera el sistema en su totalidad. La verdad y la justicia son derechos humanos. Un país que no los garantiza no puede desarrollar un tejido social sano para la convivencia plural y pacífica.

La persistencia de representaciones sociales que conceptualizan a quienes disienten como enemigos, hoy encarnados en la figura de terroristas, da cuenta de un estancamiento en los procesos de autocrítica y diálogo democrático. A esta señal ya grave se suman las reiteradas prácticas de amedrentamiento y amenazas de “quiebre institucional”, cada vez que la sociedad uruguaya ha dado algún gesto de avance frente a la consecución de los derechos a la verdad y la justicia.

La historia señala por cierto, que el terrorismo en nuestro país ha sido una práctica del Estado (mediante la tortura, la violación, el asesinato, la desaparición forzada y la apropiación de niños a cientos de miles de uruguayas y uruguayos dentro y fuera del territorio nacional), desarrollada -entre otros- por aquellos sectores que hoy denostan  a las organizaciones de derechos humanos.

Por último, esta organización de derechos humanos quiere recordar que siempre sostuvo que a las personas juzgadas -o pasibles de serlo- por las violaciones a los DDHH cometidas en nuestro pasado reciente, debe garantizárseles el debido proceso y todas las garantías jurídicas que dicta la normativa vigente, a las cuales sus víctimas no tuvieron acceso.