Mapa de la distribución de la riqueza
Distribución de la riqueza mundial: el 86% de la riqueza está en manos del 10%
Según la publicación "Credit Suisse global wealth databook", entidad suiza sobre la riqueza en el mundo, la distribución de los bienes a nivel mundial es abrumadoramente desigual.
En el último número de Caras y Caretas revelamos el informe producido por la banca suiza UBS (titulado “World Ultra Wealth Report 2013 (WUWR-2013”, Informe 2013 de ultrarricos del mundo), donde se recuentan las 199.235 personas que en el mundo poseen más de 30 millones de dólares de riqueza. Son los llamados ultrarricos.
Macha riqueza
El mundo
de los ricos es fundamentalmente masculino. De los 199.235 ultrarricos
mundiales, el 88%, es decir 175.730, son hombres, con una edad promedio
de 58 años y una fortuna media de 138 millones de dólares. De esos
175.730 ultrarricos masculinos, 70% forjó su riqueza por sí mismo, 14%
la heredó y 16% basa su ultrarriqueza tanto en herencia como en creación
propia. En el caso de las mujeres, las ultrarricas son el restante 12%,
o sea 23.505 mujeres en el mundo. Su riqueza promedio se evalúa en 150
millones de dólares y su edad promedio es de 54 años, pero más de la
mitad (53%) heredó la fortuna, sólo 33% la hizo por sí misma, y el
restante 14% heredó fortuna y además la hizo crecer.
En
América Latina, que es el único continente donde los ultrarricos y sus
ultrarriquezas vienen en declive, hay 14.150 ultrarricos, y su
distribución de géneros es todavía un poco peor que en el mundo tomado
globalmente, aunque no alcanza los extremos de desigualdad de género de
Asia o Medio Oriente. Los dos países analizados especialmente, México y
Brasil, muestran que los varones ultrarricos alcanzan el 94%, mientras
que las mujeres son apenas el 6%, aunque sus fortunas individuales
suelen ser promedialmente más altas que las masculinas.
Las
fortunas, tanto en América Latina como en el mundo, no suelen contarse
en capital líquido. Estados Unidos, que es el país en que mayor cantidad
de ultrarricos y ultrarricas hay, también es en el que donde más
proporción de esa ultrarriqueza se mantiene como activos líquidos y el
porcentaje de estos apenas alcanza el 32%.
Mapa de la libertad en el mundo 2014
INFORME DE FREEDOM HOUSE
Uruguay y Chile son las “democracias robustas” del continente
Venezuela y Ecuador ejercen un "autoritarismo moderno'' porque celebran procesos electorales y al mismo tiempo controlan las instituciones para neutralizar a la oposición, según la organización no gubernamental.
La "mano amiga"
La "mano amiga" del imperio "califica" a Uruguay y Chile como "democracias robustas". En base a ello ensucian y calumnian procesos de cambios que implican movilizaciones de masas, estímulo a la confrontación con el imperialismo y su control. En suma, el imperio propagandea los "modelos" que mejor le sirven y los enfrenta a aquellos procesos que han tomado medidas antiimperialistas. Que no se pavonee Mujica con esos halagos, menos aún cuando su "socio" de ruta es nada menos que la derecha chilena que todavía se rige por la Constitución de Pinochet. No es casual que la MAYORÍA de los chilenos se abstiene y no vota. No es casual que tanto Chile como Uruguay no han hecho casi nada contra los criminales de lesa humanidad y en ambos reina la impunidad. En Uruguay es peor aún, cuando la SCJ ha decretado que los crímenes de lesa humanidad son "delitos comunes". Tienen estos procesos una similitud tremenda: los millones de pobres, de excluídos, de sin techo, de marginados, de desocupados y la ENTREGA TOTAL DE LOS RECURSOS NATURALES a la empresas imperialistas. Todo esto nos indica, con claridad, que cuando el imperio promueve un "modelo" es porque -naturalmente- le conviene. Qué bajo se ha caído!.
Uruguay
"En mi Patria no hay Justicia. ¿Quiénes son los responsables?"
18ª Marcha del Silencio.
"Las porciones de la torta"
Renuncias fiscales y distribución del ingreso
Informes sobre “renuncias fiscales” dan pistas sobre la concentración de la riqueza y la injusta distribución del ingreso.
A comienzos de enero el vicepresidente Danilo Astori formuló una contundente condena al proceso mundial que, mediante la acumulación “obscena” de riqueza, profundiza la brecha entre ricos y pobres –naciones, poblaciones, individuos– e incrementa la injusticia y la desigualdad a nivel planetario. “Nosotros podemos exhibir buenos resultados en la economía uruguaya. Podemos, incluso, ser optimistas. Pero nadie tiene derecho a evadirse de este mundo tan injusto, donde la riqueza, las oportunidades, la libertad, en el sentido más elemental y profundo del término, están tan mal distribuidas. Por todo esto es que hay que cambiar, y desde lo más profundo de nuestro fuero interno, sentir esta necesidad como un formidable aliciente para seguir luchando.”
Los conceptos del vicepresidente, contenidos en un artículo difundido por la agencia UyPress, son enteramente compartibles si no fuera porque se percibe algo que no encaja, una nota disonante, una ausencia incómoda: no hay, en su reflexión, ninguna referencia al estado de la distribución de la riqueza en Uruguay, como si el país fuera una simple víctima de la obscenidad mundial y no reprodujera, a escala doméstica, aquellos elementos que describen la injusticia universal.
Podría Uruguay ser una excepción en el esquema dominante del capitalismo, una isla que combate la dependencia sosteniendo un esquema de equidad. Hay que sospechar que no es así, por más que en ocho años los salarios y pasividades aumentaron, la pobreza extrema disminuyó y se incrementó la transferencia a los más pobres. Hay que sospechar que Uruguay, a pesar de esos logros, reproduce voluntariamente en el interior de su sociedad aquellos elementos del capitalismo que convergen en la injusticia y la desigualdad.
Y se subraya el carácter de sospecha, porque, en verdad, no hay estadísticas, ni indicadores, ni informaciones concretas sobre la verdadera distribución del ingreso y la concentración de la riqueza. En un estudio realizado para el Frente Amplio, el economista Jorge Notaro revelaba que el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en la distribución del ingreso, no es totalmente confiable porque, al menos en Uruguay, no toma en cuenta los ingresos del capital. Así, el índice Gini señalaba un avance en la equidad, pero el entonces ministro de Economía, Fernando Lorenzo, admitía que los registros del Banco Central sobre ingresos totales no estaban contemplados. De hecho, el bcu computa como “excedente de explotación” los intereses, las rentas, los beneficios y utilidades. Del total de ingresos generados en 2011, un 40 por ciento correspondió a los sectores populares, y un 30 por ciento correspondió a ingresos del capital, aproximadamente 14.000 millones de dólares.
Se sabe que unos 850 mil uruguayos tuvieron ingresos por más de 32.000 millones de dólares, donde la gran mayoría tuvo salarios inferiores a los 12 mil pesos. Pero, ¿cuántos son los uruguayos o extranjeros que se repartieron los 14.000 millones de dólares de ingresos de capital? No se sabe. Tanto sindicalistas como académicos presumen (porque no se puede expresar certezas) que se ha incrementado notablemente la concentración de la riqueza en Uruguay y que su redistribución se ha vuelto aun más injusta en un período de bonanza caracterizado por aumento de la actividad económica, de los precios de la producción agropecuaria y de la tierra en particular, y por el sostenido incremento de la inversión extranjera directa.
No existen indicadores ni estadísticas, y ni siquiera existe un comienzo de debate público sobre el problema de la concentración de la riqueza, sobre la distribución del ingreso y sobre la justicia tributaria. De modo que, para tener una idea aproximada de la dimensión de la injusticia y sobre los mecanismos más o menos encubiertos que facilitan el privilegio de unos pocos, hay que apelar a datos que de alguna manera cortan tangencialmente el misterio.
Una forma de establecer algún elemento de juicio es interpretar los números de la recaudación del Estado a través de los distintos impuestos. Según Notaro, del total de la recaudación impositiva en 2010, el 63 por ciento correspondió a impuestos al consumo, 17,7 por ciento a impuestos a la renta, y 6,6 por ciento a gravámenes a la propiedad. Los bajos ingresos del Estado uruguayo por impuestos a la propiedad explican que, en porcentajes del pbi, la recaudación uruguaya sea 10 por ciento inferior a la brasileña y 7 por ciento por debajo de la argentina.
El esquema impositivo implantado en 2007 evitó gravar de manera sustancial a la renta del capital y al capital en sí, lo que de hecho constituyó una atenuación del principio: “que pague más el que tiene más”. Pero a lo largo de los años otros mecanismos “indirectos” han acentuado la discriminación. Según dio a conocer la dgi, el Estado dejó de recaudar 3.194 millones de dólares en 2012 por exoneraciones, deducciones y tasas reducidas de impuestos. Esa renuncia, que se califica como “gasto tributario”, alcanzó a un 6,4 por ciento del pbi, y representó el equivalente al 35 por ciento del total aportado por los principales impuestos, 3,5 pesos por cada diez recaudados, según el diario El País. Si las cifras de deducciones y exoneraciones son significativas, más lo es el hecho de que la renuncia a cobrar aumenta cada año: en 2011 fue el 34 por ciento del total recaudado, 6,3 por ciento del pbi.
De los 3.200 millones de dólares “perdidos”, 1.247 millones correspondieron al iva, fundamentalmente por la aplicación de la tasa mínima del 10 por ciento a determinados bienes y servicios, o a exoneraciones, lo que en principio puede interpretarse como un beneficio extendido. En cambio, una renuncia de 828 millones de dólares favoreció a quienes perciben rentas de actividades económicas. De acuerdo al informe de la dgi, la renuncia impositiva del irae ascendió al 69 por ciento de lo recaudado. Particularmente, las exoneraciones de irae beneficiaron a las rentas generadas en zonas francas y a los proyectos de inversión promovidos por el gobierno. Las rentas de zonas francas representaron 25 por ciento de la renuncia fiscal del irae; y los proyectos de inversión, un 20 por ciento.
En el caso del impuesto al patrimonio, la renuncia fiscal fue extrema: 537 millones de dólares, que representaron el 102 por ciento de lo recaudado; por cada 100 pesos cobrados se dejaron de cobrar 102. Las exoneraciones comprendieron especialmente a los “activos exentos”, es decir, títulos de deuda pública (bonos del Tesoro, letras de tesorería, obligaciones hipotecarias), áreas forestadas amparadas en la ley forestal, montes citrícolas, inmuebles destinados a la explotación agropecuaria, obligaciones negociables que coticen en Bolsa.
Otras exoneraciones particularmente irritantes correspondieron al impuesto a las retribuciones de las personas físicas (irpf), que afecta a todos los salarios por encima del mínimo no imponible. Pues bien: la renuncia implicó 314 millones de dólares, equivalente al 24 por ciento de su recaudación de 2012, pero con una peculiaridad: la categoría 1 (rentas del capital) representó el 129 por ciento del total recaudado por la categoría, mientras que las rentas del trabajo sólo resignaron el 6,6 por ciento del total recaudado por la categoría 2.
LA CUESTIÓN DEL MODELO. Existe consenso en que las políticas impositivas son un mecanismo para combatir la desigualdad y la concentración y para impulsar una redistribución de la riqueza. No parece evidente que la izquierda en el gobierno haya utilizado ese mecanismo como elemento de justicia social. Una presión impositiva sobre las grandes ganancias y sobre el capital permitiría aplicar políticas de redistribución; pero el criterio dominante excluye esa posibilidad. Un ejemplo surgió a raíz de la aplicación de los aumentos en el precio de los combustibles. Consultado sobre por qué las naftas uruguayas eran las más caras de la región, un jerarca de ancap explicó que en Argentina, por ejemplo, los combustibles están fuertemente subsidiados. “¿Quién paga los subsidios? –se preguntó–: La gente. En Argentina el subsidio a las naftas sale de las detracciones a las exportaciones de soja”, explicó, sin advertir que en este caso “la gente” son los empresarios que a caballo de los precios internacionales acumularon incalculables ganancias.
La necesidad de utilizar la presión impositiva para operar sobre la injusta distribución de la riqueza se abre camino a distintos niveles del gobierno: el subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Jerónimo Roca, admitió que “se están estudiando propuestas sobre cómo generar espacio fiscal para avanzar más con las políticas en educación, salud y vivienda”. Las opciones son reducir las exoneraciones para achicar el gasto tributario, o aumentar la recaudación de ciertos impuestos.
El ministro de Desarrollo Social, economista Daniel Olesker, adelantó la necesidad de aplicar una batería de medidas, en un documento que entregó a la dirección del Partido Socialista. En las 13 carillas de “Una mirada a la coyuntura política actual y al programa del tercer gobierno del Frente Amplio” Olesker propone:
● un nuevo impuesto específico interno (imesi) para bienes de “consumo suntuario”;
● unificar las tasas en el impuesto a la renta de las personas físicas (irpf) sobre el capital;
● aumentar el mínimo no imponible del irpf y crear una nueva franja para los ingresos más altos;
● un plus de irae para los sectores que ganan más;
● crear un tributo para frenar el ingreso de capitales especulativos al país, en la línea de una tasa Tobin (impuesto a las transacciones financieras);
● redefinir los criterios de los estímulos a exoneraciones fiscales comprendidos en la reglamentación de la ley de inversiones.
Las afirmaciones del ministro Olesker de que el modelo económico aplicado por el equipo económico “está agotado” generó la reacción del vicepresidente Astori, quien machacó en que “el modelo no está agotado, entre otras cosas porque no existe un modelo”, pero no incursionó en un debate sobre las medidas propuestas. Ese debate pospuesto quizás está eludiendo la confrontación con argumentos cada vez más reiterados respecto de que los dos gobiernos frenteamplistas encontraron una fórmula al aplicar políticas sociales compensatorias y una mayor intervención del Estado en el mercado de trabajo, al tiempo que se favorece la acumulación de capital. Un trabajo de Carlos Santos, Ignacio Narbondo, Gabriel Oyhantçabal y Ramón Gutiérrez define esa política como la instalación de un “neodesarrollismo (que) se constituyó como un nuevo modo de regulación del capitalismo en Uruguay”, que sustituyó al neoliberalismo agonizante.
“Las políticas económicas implementadas por el fa no modificaron, sino más bien continuaron y profundizaron el régimen de acumulación forjado durante el período neoliberal, orientado a dinamizar el crecimiento económico en base a la inversión extranjera directa (ied). En particular no modificó la orientación general de las políticas macroeconómicas ni sustituyó el andamiaje legislativo (ley de zonas francas, ley forestal, ley de inversiones, ley de puertos, ley de participación público privada) que montó el neoliberalismo”, sostienen los autores de “Seis tesis sobre el neodesarrollismo en Uruguay”.
Desmontar esas afirmaciones que ubican a los dos gobiernos progresistas como estimuladores de la extranjerización y la primarización de la economía sería un comienzo saludable para saber dónde estamos parados en materia de concentración de la riqueza y en la distribución del ingreso.
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN EN 24 ENERO 2014 ESCRITO POR: SAMUEL BLIXEN
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