21 de enero 2014
JUAN PABLO CORREA
Pero también advirtió que no le reconoce
competencia a los gobiernos departamentales para prohibir la minería a
cielo abierto y que habrá aspectos del contrato que serán secretos.
A través del ministro interino de Industria, Edgardo
Ortuño, el gobierno salió ayer nuevamente con fuerza a defender su
posición respecto al que considera un proyecto "estratégico", preocupado
por los crecientes cuestionamientos a su decisión de firmar el acuerdo
aún cuando la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) todavía está
lejos de dar las autorizaciones ambientales pertinentes.
Dinama aún no se ha expedido
El titular interino de Industria, Energía y Minería, Edgardo Ortuño,
destacó el avance del proyecto de minería de gran porte en el país. Dijo
que debe llevarse adelante con las más rigurosas garantías de cuidado
medioambiental. Ortuño enfatizó que “no habrá explotación minera sin
permisos ambientales”. La firma del contrato con Aratirí es un paso
previo que habilita a la DINAMA a realizar los estudios y presentar
informes.
Van a firmar sin tener el permiso de DINAMA?
.
Inconstitucionalidad.
En tanto, el fiscal Enrique Viana Ferreira presentó
ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) un recurso de
inconstitucionalidad contra la denominada "ley Aratirí 19.126", por
considerar que "esquiva la prohibición constitucional de causar daños
graves al medio ambiente", según estampó en el escrito, al que accedió
El País.
"Es una ley regresista, que retrocede en la tutela de un derecho humano como es la protección ambiental", afirmó el fiscal.
"Si la protección del medio ambiente es de interés
general por voluntad de la Constitución, mal puede una ley como la de
Minería de Gran Porte declarar de utilidad pública una actividad
contraria a ese interés general", insistió.
Y agregó en el escrito que "nadie discute que la
megaminería a cielo abierto del proyecto Aratirí causará destrucción y
contaminación graves del medio ambiente. Lo que la ley 19.126 hace es
justificarla, declarándola de utilidad pública e identificando sus
impactos ambientales. No cabe concluir algo distinto que su
inconstitucionalidad".
Política 21.1.14
No será graciosa
Mujica pidió a ministros que aclaren que concesión a Aratirí se hará “con todas las garantías” ambientales y económicas.
El presidente José Mujica planteó ayer en el Consejo
de Ministros la necesidad de que el gobierno “salga a aclarar” aspectos
vinculados a la inversión de Aratirí que “no se están transmitiendo
bien”, informaron a la diaria asistentes al encuentro. El presidente
consideró que la oposición y “analistas” en los medios de comunicación
quieren sembrar “confusión” con respecto a este tema.
En declaraciones a La República publicadas ayer, Mujica dijo que van cuatro años “de idas y venidas” con el proyecto Aratirí y que “se acabó el tiempo”. “Ahora hay que decidir y el país tendrá que entender y participar en esta discusión”, manifestó. Agregó que defiende la producción tradicional, pero cuestionó a quienes tienen “un alma derrotista” y plantean “siempre que esto no se puede, que lo otro tampoco se puede y que lo de más adelante menos”.
Al término del Consejo de Ministros de ayer, el subsecretario de Industria, Energía y Minería, Edgardo Ortuño, y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, José Bayardi, defendieron el carácter “estratégico” del proyecto de la minera. Ortuño dijo que el contrato de concesión de explotación con Aratirí se firmará “en las primeras semanas de febrero” y remarcó que la empresa no comenzará a operar hasta tanto no obtenga la autorización ambiental correspondiente. Afirmó que el contrato incluirá una cláusula específica que condicionará el inicio de la explotación a los permisos ambientales.
“El gobierno entiende que [el emprendimiento] debe llevarse adelante con las más rigurosas garantías de cuidado del medio ambiente y con garantías de que la sociedad uruguaya tendrá los beneficios que debe tener en proyectos de este tipo”, manifestó Ortuño. Enfatizó que el gobierno se ciñe “rigurosamente” al marco normativo actual y aclaró que no se impondrá plazos a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) para expedir los permisos ambientales.
Consultado con respecto a por qué no se aguarda la autorización ambiental para suscribir el contrato, Ortuño argumentó que éste es “un paso previo que habilita el avance de los estudios” y “la presentación de información que se está requiriendo a la empresa”. Indicó que el contrato permitirá “brindar el conjunto de elementos para que la Dinama realice los estudios”. Sostuvo que “el contrato previo” es “una condición para el desarrollo de los estudios finales” que “le den a la Dinama todos los elementos que necesita para la aprobación final”.
En la Ley de Minería de Gran Porte no se explicita claramente que la autorización ambiental deba ser previa a la suscripción del contrato. No obstante, cuando se habla de los contenidos del contrato se señala que “las disposiciones del contrato deberán ajustarse a las condiciones comprendidas en las autorizaciones ambientales correspondientes”, con lo que se da a entender que estas autorizaciones serían previas.
Por otra parte, la ley también prevé que se pueda declarar reservada o confidencial determinada información contenida en el contrato. Ortuño dijo ayer que la voluntad del gobierno es que el texto del contrato esté disponible, “salvo los aspectos técnicos”. El subsecretario señaló que el gobierno quiere suscribir el contrato “en tiempo razonable”, en atención a “los recursos que generará para el país”, pero aseguró que esto no implica dejar a un lado las garantías económicas y ambientales.
Califican de “completamente falsa” la afirmación del ministro de Industria, Roberto Kreimerman, en cuanto a que el Estado recaudará 50% de las ganancias del emprendimiento, ya que la ley habilita deducciones que no están comprendidas en los cálculos del secretario de Estado. Afirman que Aratirí está exenta de pagar el Impuesto al Patrimonio, el Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto Específico Interno y los aranceles de importación y exportación.
Finalmente, recuerdan que el Movimiento Uruguay Libre de Megaminería está recolectando firmas para convocar un plebiscito que establezca en la Constitución la prohibición de la actividad de minería a cielo abierto. Deben juntar 260.000 firmas antes de fines de abril.
En declaraciones a La República publicadas ayer, Mujica dijo que van cuatro años “de idas y venidas” con el proyecto Aratirí y que “se acabó el tiempo”. “Ahora hay que decidir y el país tendrá que entender y participar en esta discusión”, manifestó. Agregó que defiende la producción tradicional, pero cuestionó a quienes tienen “un alma derrotista” y plantean “siempre que esto no se puede, que lo otro tampoco se puede y que lo de más adelante menos”.
Al término del Consejo de Ministros de ayer, el subsecretario de Industria, Energía y Minería, Edgardo Ortuño, y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, José Bayardi, defendieron el carácter “estratégico” del proyecto de la minera. Ortuño dijo que el contrato de concesión de explotación con Aratirí se firmará “en las primeras semanas de febrero” y remarcó que la empresa no comenzará a operar hasta tanto no obtenga la autorización ambiental correspondiente. Afirmó que el contrato incluirá una cláusula específica que condicionará el inicio de la explotación a los permisos ambientales.
“El gobierno entiende que [el emprendimiento] debe llevarse adelante con las más rigurosas garantías de cuidado del medio ambiente y con garantías de que la sociedad uruguaya tendrá los beneficios que debe tener en proyectos de este tipo”, manifestó Ortuño. Enfatizó que el gobierno se ciñe “rigurosamente” al marco normativo actual y aclaró que no se impondrá plazos a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) para expedir los permisos ambientales.
Consultado con respecto a por qué no se aguarda la autorización ambiental para suscribir el contrato, Ortuño argumentó que éste es “un paso previo que habilita el avance de los estudios” y “la presentación de información que se está requiriendo a la empresa”. Indicó que el contrato permitirá “brindar el conjunto de elementos para que la Dinama realice los estudios”. Sostuvo que “el contrato previo” es “una condición para el desarrollo de los estudios finales” que “le den a la Dinama todos los elementos que necesita para la aprobación final”.
En la Ley de Minería de Gran Porte no se explicita claramente que la autorización ambiental deba ser previa a la suscripción del contrato. No obstante, cuando se habla de los contenidos del contrato se señala que “las disposiciones del contrato deberán ajustarse a las condiciones comprendidas en las autorizaciones ambientales correspondientes”, con lo que se da a entender que estas autorizaciones serían previas.
Por otra parte, la ley también prevé que se pueda declarar reservada o confidencial determinada información contenida en el contrato. Ortuño dijo ayer que la voluntad del gobierno es que el texto del contrato esté disponible, “salvo los aspectos técnicos”. El subsecretario señaló que el gobierno quiere suscribir el contrato “en tiempo razonable”, en atención a “los recursos que generará para el país”, pero aseguró que esto no implica dejar a un lado las garantías económicas y ambientales.
No hagan campaña
El Movimiento Uruguay Libre de Megaminería emitió ayer un comunicado de prensa en el que cuestiona la “campaña oficial del gobierno en defensa de Aratirí”. Sostiene que la minera no ha cumplido con los requisitos legales e institucionales “fundamentales para asumir ese compromiso”. Recuerdan que Aratirí “no ha completado los requisitos de documentación ante la Dinama y la Dinamige [Dirección Nacional de Minería y Geología]” y que “esto hace inconveniente y posiblemente ilegal la firma de un contrato en tales condiciones”.Califican de “completamente falsa” la afirmación del ministro de Industria, Roberto Kreimerman, en cuanto a que el Estado recaudará 50% de las ganancias del emprendimiento, ya que la ley habilita deducciones que no están comprendidas en los cálculos del secretario de Estado. Afirman que Aratirí está exenta de pagar el Impuesto al Patrimonio, el Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto Específico Interno y los aranceles de importación y exportación.
Finalmente, recuerdan que el Movimiento Uruguay Libre de Megaminería está recolectando firmas para convocar un plebiscito que establezca en la Constitución la prohibición de la actividad de minería a cielo abierto. Deben juntar 260.000 firmas antes de fines de abril.
Las necesidades de la política de gobierno, no han encontrado un mejor modo de apagar las luchas sociales que juntando firmas, un procedimiento legítimo a nivel popular pero que en la búsqueda de su legitimación los nuevos aprendices de brujo muestran caminos sin salida que favorece no bjetivamente la política de entrega de la soberanía del gobierno buscando legitimar sus intenciones políticasy compromisos económicos.
ResponderEliminarSin duda que está en la tapa del libro y es uno de los caminos que sistemáticamente ha tomado el gobierno, en materia de orientación política para legitimar susproyectos sin oposición política, ni social.Sin duda que será éste un año donde se avizoran grandes contradicciones en la aplicación de la política del gobierno del Frente Amplio, pues los efectos negativos de su política en la sociedad y en importantes áreas de la política económica, está acarreando importantes efectos sociales.Lo que está por demás claro es que los proyectosque vienen a instalarse de grandes inversiones de capitales internacionales, necesitan sustento político,es decir, en lo posible nadie que se les oponga y que les otorgue la legitimidad para las enormes irregularidades constitucionales, verdaderas violaciones de la Constitución de la República que se cometen en materia de entrega de la soberanía. El camino entonces que se recorre conviene tenerlo presente sobre todo a los efectos de los tiempos que transitamos en la vida política nacional.
http://www.diariolajuventud.com.uy/arch/140116.pdf